INFORMACIÓN NACIONAL

VI. INFORMACIÓN NACIONAL

De encuentros y complots


Editorial| 25 Ago 2008 - 9:33 pm

UN NUEVO ESCÁNDALO MEDIÁTICO —como si hicieran falta en la cotidianidad nacional— estremece a los colombianos, por cuenta esta vez de la revelación el fin de semana de la reunión que en la Casa de Nariño sostuvieron hace algo más de cuatro meses el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, con el abogado de alias Don Berna, Diego Álvarez, y quien fuera su mano derecha, Antonio López, alias Job, para conocer de las supuestas denuncias que estos últimos tenían en contra de la Corte Suprema de Justicia, a partir de grabaciones ilegales que habían hecho de algunos de sus miembros.

Ha salido el propio Presidente de la República en defensa de sus funcionarios con argumentos que en principio suenan válidos. Ha defendido, como encargado del orden público, el derecho y el deber que le asiste en recibir informaciones sobre posibles delitos. Ha demostrado que no se trató de un encuentro clandestino en la Casa de Nariño, sino que existen los registros pertinentes de la visita. Ha asegurado que no había intención de “enlodar” la labor de la Corte Suprema de Justicia, lo cual quedaría demostrado con que no se filtró la información que en su contra traían los delegados del mafioso de marras. Y ha sostenido que sus funcionarios no formularon denuncia alguna porque encontraron la información “irrelevante” o porque la transcripción de las grabaciones entregadas no se ha terminado, cuatro meses después.
Todas estas clarificaciones, en efecto, darían para pensar que se trata de un escándalo de poca monta, magnificado por la tensión cada vez más aguda entre las ramas del poder público a raíz de las investigaciones que adelanta la justicia por las para-farc-yidispolítica. Con todo, hay elementos de este episodio que generan dudas.
De entrada, por ejemplo, y así no sea delito, es un despropósito que el secretario jurídico de la Presidencia —cuya función es dar conceptos jurídicos, preparar proyectos de ley, decretos y resoluciones, revisar contratos y a lo sumo colaborar en los juicios contra la Nación, y no como se presentó ayer, ser “el abogado del presidente Uribe”— haya promovido una reunión con paramilitares para recibir acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia. Mayor despropósito aún es que haya asistido a una reunión de ese corte el secretario de prensa, cual si estuviera presto a manejar la información que de allí saliera de manera estratégica. Esa fue una reunión que, si se consideraba importante que se tramitara desde la Casa de Nariño, debió conducir desde el comienzo el Alto Comisionado de Paz o que, de lo contrario, se debió evitar y remitir a las autoridades judiciales.
Son elementos de procedimiento tan sencillos como esos los que llevan a algunos a pensar que todo se trató de una operación de la Casa de Nariño, en alianza con peligrosos delincuentes, para desprestigiar a los magistrados. La informalidad en asuntos de tan alto calibre y con tan oscuros personajes no parece la mejor manera para tramitar los asuntos públicos, así a veces se obtengan informaciones valiosas.
También sorprende la afirmación de que no se hizo nada con el material entregado, porque se consideró que era “irrelevante”. Ante una denuncia de tal gravedad, como la que supuestamente contenía el material ofrecido, la relevancia de la información no era asunto que el secretario jurídico de la Presidencia, y menos el de prensa, pudieran valorar, sino que debieron haber permitido que las autoridades judiciales lo hicieran. E igual, si les resultaba irrelevante la denuncia, los funcionarios de Palacio deberían haberse cuando menos escandalizado de comprobar cómo unos peligrosos delincuentes intentaban desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y salir a denunciarlo a voz en cuello, como seguramente lo hubieran hecho si las denuncias contra la Corte hubiesen tenido sustento.
Porque una cosa que sí queda clara de este escándalo con que comienza la semana, es que las maniobras que pretenden enlodar a la Corte Suprema de Justicia, y seguramente también a la Presidencia de la República y otras instancias del Estado, van muy en serio. Con lo cual lo que urge repetir, aunque suene a cantaleta, es que las instituciones y quienes temporalmente las representan deben actuar con mayor serenidad cada vez que surgen informaciones de este tipo, con amplia resonancia mediática, pues mientras tanto, los delincuentes están buscando —y consiguiendo muchas veces— pescar en el río revuelto de estas peleas insulsas entre las diferentes cabezas del organigrama del Estado.
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Notas de buhardilla: Carta al fiscal Moreno.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Opinión| 23 Ago 2008 - 1:46 am
Bienvenido a Colombia. Convencido de que una carta de este servidor al Fiscal colombiano terminaría en la basura o en el olvido, le escribo a usted, Señor Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para compartirle algunas preocupaciones.
Empiezo por señalarle que veo con sorpresa que la CPI no tenga un funcionario permanente en Colombia, como lo permite el Estatuto de Roma, cuando por razón de todo lo grave que aquí está ocurriendo en materias de su competencia, muchos temas deberían ser abordados personalmente, no a través de la ampulosa correspondencia oficial.
¿Sabe usted, Señor Fiscal, que con ocasión de su comunicación del 18 de junio a nuestro embajador en La Haya, en la que formuló requerimiento al gobierno colombiano para que le informara cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, la Cancillería colombiana trasladó su solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en términos que suscitaron inquietud grande?
Sí, doctor Moreno, es probable que a estas alturas esté enterado de que el Gobierno colombiano inicialmente no le entregó su carta a la CSJ, ni tampoco los informes y documentos remitidos por usted, sino que el 10 de julio de 2008 la Cancillería le envió un resumen de su nota, obviamente editado. En otras palabras, de su carta le llegó a la CSJ lo que buenamente interpretaron en la Cancillería. Fue necesario que la CSJ reclamara para que le hicieran llegar su carta y anexos.
Hay más datos del interés de la CPI, frente a los cuales los ciudadanos estamos viendo impotentes lo que ocurre a nuestro alrededor.
Se habrá enterado, Señor Fiscal, que el Gobierno lidera una feroz campaña de desprestigio contra la CSJ, precisamente cuando ésta adelanta los procesos por la denominada parapolítica contra congresistas, en su mayoría miembros de los partidos oficialistas. Nunca antes en la historia se había visto a un mandatario enfrentado con tan alta corporación judicial, ni se le habían escuchado adjetivos tan severos respecto de la justicia, como la de calificarla de “golpista”, o acusarla de obrar con “sesgo político”, o la de sindicar a los magistrados de simpatizar con las Farc, entre otras graves y mentirosas sindicaciones.
A eso se suman episodios tan confusos, como la acusación que el presidente Uribe lanzó contra el magistrado auxiliar de la CSJ que adelanta las investigaciones por la parapolítica, fundado en el dicho de un delincuente, alias Tasmania, que después se retractó. O la insólita grabación de una conversación con un técnico judicial que a sus espaldas realizó la presidenta del Congreso, también militante uribista.
Si alguien de la CPI habitara en estas tierras, usted percibiría el ambiente hostil en el que la CSJ tramita los procesos por la parapolítica, y le podría informar que ahora varios de los congresistas que habían prometido no hacerlo, están renunciando a sus fueros como parlamentarios para que sus litigios sean trasladados a la Fiscalía, donde esperan contar con la buena estrella que ya alumbró a varios de sus colegas.
De tener un subalterno en Bogotá, él lo enteraría también de cómo el Gobierno ejerce su inmenso poder para que sus amigos y aliados sean nombrados en las Altas Cortes, todo dentro de una calculada estrategia para apoderarse de la Rama Judicial, mientras el Presidente asegura su propia reelección.
En fin, Señor Fiscal, comprendo que sus múltiples ocupaciones le impidan responderme esta respetuosa nota. Lo que sí le pido, en nombre de muchos compatriotas que estamos expuestos a la furia oficial, es que al menos estas reflexiones no le resulten indiferentes.
~~~
Adenda.- Increíble que Uribe pretenda encarcelar ahora al periodista Daniel Coronell, porque destapó la yidispolítica. Su secretario jurídico haría bien en explicarle que de acuerdo con el artículo 441 del Código Penal, un particular no está obligado a denunciar el cohecho, menos si es periodista, porque lo protege el secreto profesional previsto en el artículo 74 de la Constitución y en la Ley de Prensa. Soplan vientos de dictadura.

notasdebuhardilla@hotmail.com
Ramiro Bejarano Guzmán
"Que pena que Uribe se defienda con su rabia y no con su inteligencia"


26 Ago 2008 - 4:03 pm

El ex presidente Cesar Gaviria respondió airado a las nuevas críticas que
en su contra formuló el Jefe de Estado. "El Presidente debe dedicarse a explicar el ingreso a la Casa de Nariño, tan fácil y tan frecuentemente, de reconocidos delincuentes del paramilitarismo, con el fin de realizar maniobras contra la Corte Suprema de Justicia", señala la misiva.

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De acuerdo con Gaviria, "El presidente Álvaro Uribe vuelve a atacarme con su lenguaje camorrista y pendenciero,en una actitúd impropia del Jefe del Estado. Lo hace en un tema en el cual su trayectoria es muy pobre. Le recuerdo que en aquellos días aciagos yo me expresé en centenares de ocasiones en contra de la eliminación de la extradición de nuestra Constitución".
De igual forma, señala Gaviria, "si la Constituyente votó en contra de la tesis del gobierno no fue por influencia del narcotráfico, sino porque la mayoría ciudadana compró la tesis de que el terrorismo era igual a extradición. La Constitución del 91 tiene un origen limpio en sus decisiones, el Presidente no lo va enlodar con sus rabietas. Nunca escuché en aquellos años un solo comunicado o una sola declaración o intervención del entonces Senador Álvaro Uribe a favor de la extradición de narcotraficantes colombianos".
En la carta, Gaviria dice que el presidente Uribe "no tiene autoridad alguna para darme lecciones en esa materia. En lugar de tender cortinas de humo, el Presidente debe dedicarse a explicar el ingreso a la Casa de Nariño, tan fácil y tan frecuentemente, de reconocidos delincuentes del paramilitarismo, con el fin de realizar maniobras contra la Corte Suprema de Justicia".
"El Presidente debe también explicar a la Corte Penal Internacional por qué deslegitima de manera tan burda y reiterada las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en relación con las investigaciones que ella realiza en contra de los políticos aliados del paramilitarismo", agrega.
Finalmente, el ex mandatario dice que "es lamentable tener un Presidente tan poco ponderado, tan poco reflexivo, tan poco calmado. Que pena que el presidente Uribe se defienda con su rabia y no con su inteligencia. Cada día lo vemos mas alejado del respeto al Estado de Derecho al que está obligado como Presidente de la República".
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Orlando Fals y el ordenamiento territorial
Por: Álvaro Camacho Guizado

pinión| 23 Ago 2008 - 1:52 am
UNA DE LAS REALIZACIONES MÁS importantes, y frustrantes, de Orlando Fals Borda fue su propuesta de un nuevo ordenamiento territorial. Su trabajo en la Constituyente se concentró en buscar criterios sólidos para proponer una mejor organización del territorio, más acorde con realidades históricas, culturales y sociales.
Así fue clave en la discusión del Título XI y en particular los artículos 287 a 290, en los que se consagran principios asociados con el tema. Una vez promulgada la Constitución, Fals fue el Secretario General de la Comisión de Ordenamiento Territorial, de donde debería salir la ley respectiva, que aún duerme el sueño de los justos.
Al tiempo con su trabajo en la comisión, Fals se dedicó a divulgar sus propuestas, y como resultado escribió dos libros en los que plantea sus principios de ordenamiento. Ellos son Región e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia (1996), y Acción y espacio. Autonomías en la nueva república (2000). En ellos resaltaba el carácter democrático de la propuesta: No se trataba sólo de rediseñar líneas de separación y reagrupación territorial: la base estaba en el desarrollo de la autonomía regional, el control ciudadano del poder y una amplia inclusión y participación popular en las decisiones. No contento con esto, dedicó un enorme esfuerzo a debatir con colegas, discípulos, políticos y masas populares sobre las ventajas de darle una nueva fisonomía al país.
En algunos de esos debates salieron a relucir algunos argumentos a los que debería enfrentar la iniciativa: el primero, que es necesario reconocer que el actual ordenamiento territorial tiene, además del componente histórico, una nueva variante: la presencia de ejércitos privados que han construido un ordenamiento ad hoc a partir del dominio violento, la imposición brutal de intereses, el despojo y el destierro. Aunque las líneas delimitantes no son jurídicas ni reconocidas formalmente, sí lo son en la práctica: el narcotráfico, venga el caso, ha construido un nuevo ordenamiento territorial.
El segundo: una propuesta de modificación de los actuales linderos departamentales y municipales podría convertirse en una nueva fuente de violencia, adicionada a la ya elevada conflictividad regional, señalada por el mismo Fals. La evidencia de este riesgo la vivió Orlando en dos ocasiones: la primera, con ocasión del lanzamiento de Región en historia, cuando un ex presidente de la República le comentó que cualquier intento de convertir a Urabá en una región autónoma de Antioquia podría suscitar una reacción violenta de los antioqueños. Poco tiempo después, en acto en la Universidad del Valle, el rector de esa institución le dijo en público que los vallecaucanos no se desprenderían jamás por las buenas de su porción territorial del Pacífico.
Ambos, antioqueños y vallecaucanos, no permitirían que esas dos regiones, a las cuales tradicionalmente han dominado y mantenido en el abandono, pero que les ha producido enormes ganancias, dejaran de pertenecerles. No importa mucho, en efecto, que culturalmente Urabá no sea Antioquia, o que el Pacífico sur no sea el Valle del Cauca: son periferias necesarias para la acumulación y extracción de recursos que benefician a los centros regionales y que las dejan en la miseria.
El programa de ordenamiento, por lo demás, ha encontrado toda clase de trabas en el Congreso. Aunque ha habido desarrollos en los últimos años (ver el trabajo de Ángel Massiris Cabezas, “Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y legales realizados en Colombia”), (en http://www.lablaa.org/blaaavirtual/georgrafia/orden/6htm), lo cierto es que no se ha producido una verdadera ley de ordenamiento territorial acorde con los parámetros planteados por Fals Borda: las resistencias no provienen exclusivamente de los vallunos o los antioqueños, sino de los caciques regionales, quienes siempre han temido que el reordenamiento se traduzca en una pérdida de sus poderes locales y por ende las posibilidades de ejercer el clientelismo y la corrupción a sus anchas.
El pobre Orlando se debe revolver en su tumba al ver a caciques de ese corte organizando un referendo para lograr la reelección presidencial.
• Álvaro Camacho Guizado




Una pésima noticia


EditorialEl Espectador| 23 Ago 2008 - 2:02 am


RAZONABLES LAS VOCES DE PROTESTA que han surgido esta semana por la inusitada petición del presidente Álvaro Uribe según contó el representante a la Cámara Édgar Ulises Torres para que se investigue al director del noticiero Noticias Uno, Daniel Coronell, por haber ocultado por años su entrevista con la ex congresista Yidis Medina de la que se desprende la investigación por cohecho que sigue su curso contra el Presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos.
Ha dicho el primer mandatario que Coronell omitió hacer la denuncia sobre un posible delito y decimos posible, claro, porque de lo contrario el Presidente se estaría algo menos que autoincriminando.
Sobre la acusación en sí, ya el propio Coronell y varios juristas consultados en estos días han destacado que el cohecho no está entre los delitos que un particular está obligado a denunciar. Pero más allá de la letra del Código Penal, de hasta dónde pueda llegar la Fiscalía en la investigación que le solicita el Presidente de la República y de cuál fue la declaración textual del primer mandatario en su declaración ante la Comisión de Acusación de la Cámara el pasado jueves, el hecho representa de entrada una intromisión inaceptable en la labor de los periodistas y un ataque velado al sagrado derecho al secreto profesional que protege a la prensa libre y es garantía para su función fiscalizadora.
Lo más preocupante de todo, sin embargo, es que no parece ser simplemente una salida en falso coyuntural del presidente Uribe. En el ambiente de polarización insoportable en que ha caído el país por la lucha de poder en que se ha convertido la relación entre las ramas Ejecutiva y Judicial por cuenta de las investigaciones de la para, farc y yidispolítica, parece querer tomar carrera en el país la intención de, primero, alinear a la prensa en uno u otro bando en esa disputa perversa y, segundo, imponer restricciones al periodismo para hacer su trabajo.
No se puede desligar, en efecto, la petición del Presidente con la igualmente insólita referencia que hizo en un comunicado en días recientes la Corte Suprema de Justicia a los que ha llamado “formadores de opinión”, a quienes “exhorta enérgicamente a cumplir el deber constitucional de ofrecer información veraz, e imparcial, sustentada en el estudio serio, ponderado y responsable de cada tema, como conviene a los elevados intereses de la Nación, sin asumir la posición de contradictor o contraparte que a ningún columnista otorga la Corte”.
No a lugar a ese llamado de atención en clara respuesta a opiniones libres sobre sus actuaciones o a publicaciones de hechos sucedidos alrededor de sus investigaciones. Y mucho menos al señalamiento que de los periodistas hace la misma Corte Suprema, en su carta de respuesta a la Corte Penal Internacional, al decir que su trabajo independiente tiene “el propósito de torpedear las investigaciones”.
Sintomático también del ambiente hostil al trabajo libre de la prensa son los procesos que se siguen contra algunos columnistas de prensa, en particular porque avanza ya en la etapa del juicio contra Alfredo Molano por un escrito en el que criticó las cuestionables prácticas de los que denominó “notables” de Cartagena y Valledupar, al igual que la citación a varios periodistas en calidad de testigos por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusación de la Cámara, para corroborar diversos hechos contenidos en notas periodísticas, con la velada intención de que violen el secreto profesional que estos organismos de justicia deberían proteger.
No se trata aquí, por supuesto que no, de plantear la infalibilidad de los periodistas, ni mucho menos su inmunidad ante la ley. Excesos se cometen, quién lo va a negar, y existen en la legislación suficientes normas a las que pueden acudir quienes se sienten agredidos más allá de lo permitido en la defensa de su buen nombre. Pero acudir a ellas para pretender tipificar el delito de opinión, para abolir la inviolabilidad del secreto profesional o sencillamente para intentar alinear al periodismo en las disputas de poder según lo que publican u opinan en favor o en contra de unos u otros es desconocer de plano la función de control social que ejerce la prensa libre en una sociedad democrática.
Preocupante y peligroso, pues, que hoy en Colombia, como tantas veces en la historia, parezca estar renaciendo la tesis de que hay que ejecutar al mensajero porque es portador de malas noticias. Esa sí que resulta una pésima noticia para la salud de nuestra democracia.
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Contrastes
Por: Alfredo Molano Bravo


Opinión| 23 Ago 2008 - 1:56 am
CUANDO LLEGO A UN PUEBLO EN LA noche, me cuesta trabajo ubicarme. Me desperté en un lugar lleno de pájaros que echaron a cantar entre oscuro y claro. La luz apenas entraba por la hendija del visillo. Salida de la niebla fue apareciendo una catedral enorme en piedra con una fachada llena de pequeñas columnas, detrás de un par de cipreses. Sentí que había amanecido en la Toscana. La niebla fue disipándose con lentitud, dejando al descubierto una gran plaza, llamada de La Pola, o La de Abajo.
Porque hay otra, claro está, La de Arriba, o de San Sebastián, donde vivían —y aún viven— los ricos propietarios de las minas de oro, los comerciantes acomodados, los altos empleados, en una palabra, los notables. En la plaza de Abajo, la chusma: indígenas, mestizos, mulatos, negros, los que trabajaban minas y tierras desde el siglo XVI. La Corona española concedió a los indígenas cuatro resguardos para defender su población del exterminio y, por supuesto, para evitar que los mineros se quedaran sin comida. Los de Arriba y los de Abajo estuvieron separados físicamente por un muro construido a principios del siglo XIX para impedir que las niñas de arriba bajaran y los muchachos de abajo subieran.
Pero el comercio pudo más que el moralismo racista y el enfrentamiento social y así nacieron las Fiestas del Diablo, en las que todos se disfrazaban de todos, todo se podía decir a grito herido de todos y quien mandaba, por esos días, era el diablo. Santo remedio, llegó la paz y se cayó el muro. Desde esos días hasta hoy se celebra el Carnaval del Diablo. Anualmente —y durante buena parte del año—, las exclusiones sociales se caen al suelo y notables y todo el mundo sale a la calle al son de bandas y chirimías a gozársela. Estuve en una fiesta previa, la de los Decretos —que llaman en otras partes bandos—, que es un precarnaval.
En medio de esta algarabía franca y sana tuvo lugar un evento no menos popular: Encuentro con la Palabra, un festival contra el silencio, la mordaza audiovisual y la falsificación: poesía, crónica, ensayos, investigaciones históricas, teatro, música. Contrastan estas fiestas del diablo y la palabra con la tan aplaudida guerra y con el ensangrentamiento y la impunidad que nos rodean. Las viejas peleas por suelo y subsuelo siguen. Los indígenas embera-chamí de la región no han dejado de reclamar su territorio a pesar de las matanzas, las persecuciones judiciales, la quema de sus títulos en una notaría. Han perdido su lengua, su vestido, y saben que sólo defendiendo su territorio sobreviven como cultura.
En 2003 los paracos del bloque Cacique Pipintá asesinaron a su cabildo gobernador y candidato a la alcaldía de Riosucio. Hace unos meses apareció un helicóptero cargado de aparatos y duró, según dicen, varias semanas fotografiando desde el aire la tierra y la región. No sé cómo descubrirían que se trata de estudios previos de localización de minas hecho por un consorcio de las compañías Anglo Gold Ashanti, Colombian Gold Field y la Kedahda.
De Riosucio para Medellín. La Alcaldía de Salazar organizó, con la dirección de Jorge Melguizo, el nuevo capítulo del Concurso de Becas Creación. Se trata de premiar con una pequeña ayuda económica a artistas de todo género, desde el ensayo y la poesía, pasando por la danza clásica y la música andina, hasta los títeres y las artesanías. Fue emocionante ver a muchachas y muchachos recibir los pequeños aportes para hacer realidad su modesto sueño. En realidad, son migajas si se les compara con lo que se gana un cabo del Ejército, un curador urbano, un notario, y una brizna si se ponen al lado de los negocios que hacen fiscales regionales como Valencia Cossio o Perla Dávila.
El ‘Encuentro con la palabra’ de Riosucio y el ‘Concurso de Becas’ de Medellín son en el fondo un severo reproche contra el gasto militar y toda la corrupción a que da lugar la tal Seguridad Democrática.
• Alfredo Molano Bravo









Populismo y crisis
Por: Armando Montenegro

Opinión| 23 Ago 2008 - 1:46 am

El fuerte deterioro de la economía internacional es la principal causa de la desaceleración del crecimiento de Colombia (cerca de 4% este año). Las mejores previsiones dicen que los problemas de Estados Unidos, Europa y los principales países emergentes están apenas comenzando.
Nouriel Roubini, profesor de NYU, quien ha acertado en sus predicciones sobre la crisis en marcha, afirma que estamos ad portas de una severa recesión internacional. El 2009 no será bueno.
Hace más de un año, la Comisión del Gasto, presidida por Rodrigo Botero, advirtió que la economía colombiana debería prepararse para el final de la fiesta. Señaló que si una recesión externa cogía desajustada nuestra economía, los efectos serían lamentables. Esto fue lo que sucedió a finales de los años noventa: una crisis internacional encontró a Colombia con enormes desequilibrios; vino una grave recesión, aumentó la pobreza y la distribución del ingreso se hizo más desigual.
Fedesarrollo y los analistas más serios del país le vienen sugiriendo al Gobierno que ajuste sus finanzas y que colabore con la reducción de la inflación (el impuesto a los pobres, por excelencia). Fedesarrollo piensa que los gastos deben reducirse por su monto excesivo y por el infundado optimismo en la estimación de los ingresos.
El Gobierno se niega a escuchar las señales de que se está incubando un serio problema internacional que puede dañarnos.
En contra de la evidencia de que son los pobres quienes más sufren en medio de las crisis, el Presidente afirmó en un consejo comunitario: “Prefiero cerrar el déficit social antes que el déficit fiscal”. Y esta semana, en un foro empresarial: “Se debe aplazar el equilibrio fiscal, pero avanzar en la equidad social”.
Estas frases, que comparten el tono de las pronunciadas por tantos caudillos latinoamericanos, de Perón a Hugo Chávez (“se debe pagar la deuda social antes que la deuda externa”), son desatinadas y erróneas. No sólo porque son los pobres quienes más sufren en medio de las recesiones y más se empobrecen con la inflación, sino porque el déficit fiscal colombiano eleva la desigualdad.
Una parte importante del déficit se origina en la reducción de los ingresos tributarios a causa de los regalos, exenciones y canonjías a los contribuyentes más ricos. Y buena parte del denominado gasto social no tiene un impacto significativo sobre la pobreza. La escasa calidad de varios programas sociales, un hecho confirmado por distintas evaluaciones, impide que la plata llegue a los más pobres.
Hay desorden en el diseño de la política económica. Los ministros de Agricultura y Comercio pontifican todo el día sobre la inflación y las tasas de interés y atacan al Banco de la República. El Presidente fija la política fiscal en sus foros y discursos. El Ministro de Hacienda, mientras tanto, carece de un espacio para fijar sus criterios en materias que deberían ser de su jurisdicción.
Y, para cerrar un círculo de desconcierto, una parte del sector privado, desorientada y malhumorada, ha perdido el rumbo y hace parte de un juego camorrista que le puede costar muy caro (Juan Carlos Echeverri dice que algunos empresarios acusan a Jota Uribe de haber causado la crisis internacional que hoy los golpea).
Hace falta sensatez y buen juicio. Un buen diagnóstico de lo que está pasando debe comenzar por entender el sombrío entorno internacional y comprender su previsible impacto sobre la economía nacional. Está en marcha una profunda crisis que ya ha hecho mella sobre los resultados domésticos y que infortunadamente seguirá pesando sobre las cifras nacionales. No es hora de imitar a Perón y a Chávez.
• Armando Montenegro






CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DENUNCIA LA MUERTE DE 27 DIRIGENTES

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y organizaciones no gubernamentales han registrado durante 2008 el asesinato de 27 dirigentes sindicales (66 por ciento del total de muertos en 2007), pero sus denuncias han sido sofocadas por la atención que los medios de información han dado a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por el hecho de que muchos de los crímenes ocurren en pequeñas localidades o zonas rurales.

Uno de los casos más graves ha sido el de Guillermo Rivera Fúquene, quien era dirigente del sindicato de la Contraloría Distrital cuando fue reportado por sus compañeros como desaparecido en Bogotá, el 22 de abril pasado, y cuyo cadáver fue encontrado el 15 de julio en el registro público de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, donde había sido sepultado seis días después de su desaparición con las insignias “NN”, correspondientes a los cuerpos no identificados.

Apenas en marzo el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Carbón había denunciado el homicidio de Adolfo González Montes, un miembro de la dirección de esta agrupación, quien fue sacado de su casa en la ciudad de Riohacha, el día 22, y luego fue torturado hasta provocar su deceso.

Los casos de asesinatos, precedidos muchas veces de actos de hostigamiento de elementos de la Policía Nacional colombiana o de grupos armados ilegales, se extiende también a militantes de la oposición de izquierda y a líderes comunitarios y campesinos, a quienes se les acusa de tener vínculos con la guerrilla y se les detiene sin orden judicial.

Decesos no aclarados

Un ejemplo de los actos contra la oposición de izquierda ocurrió el 8 de agosto, cuando fue asesinado el miembro de la dirección del Polo Democrático Alternativo en el departamento de Arauca, Luis Mayusa Prada, de 46 años, cuyo fallecimiento no ha sido esclarecido por las autoridades hasta la fecha, según informó la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

Otra acción de hostigamiento e intimidación a líderes sociales fue denunciada por el Consejo de Comunidades Negras de la Coordillera Occidental de Nariño, luego que dos de sus dirigentes, María Antonia Amaya y Jospe Arcos, fueron interceptados el 11 de julio en un retén instalado en el municipio de Policarpa por un grupo paramilitar autodenominado Nueva Generación, lo que prueba que la desaparición de la fuerza ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 no acabó con ese tipo de agrupaciones armadas.

También asociaciones indígenas han sido amedrentadas este año. El Consejo Regional del Norte del Cauca y en general indígenas nasa habitantes de esa región fueron amenazados por un grupo que se hace llamar Campesinos Embejucaos (furiosos) del Cauca.

Con motivo del homicidio de González Montes, los carboneros afirmaron que con frecuencia se profieren amenazas en “pasquines” en los que se enumera con nombre y apellido a quienes se señalan como las posibles siguientes víctimas.

Denuncias como las anteriores llevaron a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a expresar el 13 de marzo su preocupación por las amenazas contra líderes sociales, las cuales se intensificaron después de la manifestación contra los crímenes de Estado y los paramilitares, realizada en las calles Bogotá el 6 de marzo pasado.

En el ámbito rural, el 30 de marzo, fue asesinado el dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Gerardo Antonio Ciro, quien había conseguido la animadversión de algunos funcionarios regionales y directivos de la policía nacional en la zona, a causa de sus reclamos en favor de las comunidades agrícolas.

El 9 de agosto la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) expresó su preocupación por las “desinformaciones aparecidas en diferentes medios hablados y escritos” en los que se pretendió relacionar a la organización con las FARC.

La Fensuagro señaló que en los primeros días de este mes las autoridades del país presentaron ante los medios a una mujer de nombre Liliany Patricia Obando Villota como presunta representante legal de la federación agropecuaria, lo que es falso.
La organización aprovechó la oportunidad para reclamar por el hecho de que 450 miembros de la Fensuagro hayan sido ultimados desde 1976 ¬12 años después del inicio del conflicto armado interno en Colombia¬ en circunstancias que todavía no han sido aclaradas.

Con todos esos antecedentes, la organización Human Rights Watch, que calcula que entre 1986 y 2008 han sido asesinados dos mil 500 sindicalistas, envió al virtual candidato presidencial republicano, John McCain, una carta en la que le hizo ver que la situación de los derechos humanos en Colombia está distorsionada por las informaciones oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Hasta junio, cuando McCain estuvo en Bogotá, la lista de sindicalistas muertos sumaba 26 personas, pero no había sido reportada la muerte de Guillermo Rivera.

Human Rights Watch, que afirma que 98 por ciento de los casos de sindicalistas fallecidos en 22 años han quedado sin esclarecimiento judicial, ratificó su postura en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, con el argumento de que Washington “no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchas situaciones, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”.

Depone armas Ejército Guevarista

En Bogotá, fuentes del Departamento de Defensa informaron que este domingo entregaron sus armas 45 miembros del Ejército Revolucionario Gueverista (ERG) que se movilizaban en el noroeste del país.

La deposición del armamento (31 fusiles, una ametralladora, un mortero y un lanzagranadas) fue pactada con el alto comisionado de paz del gobierno colombiano. Entre los desmovilizados se encuentra el principal dirigente del ERG, Olimpo de Jesús Sánchez, conocido también con el nombre de Cristóbal, informaron las agencias de prensa internacionales.

La Jornada / RECOSUR
















Dramática situación de la prostitución infantil en Colombia


Publicado: 08/26/2008 17:09:29 |

BOGOTÁ, Colombia, Agosto 26 Desde 50.000 y hasta 150.000 pesos (27 a 81 dólares), se está pagando en las calles de Cali para conseguir una "niña virgen" y tener relaciones sexuales, dijo Caracol.

Infantes entre los ocho y los 15 años de edad están siendo explotados sexualmente por sus padres, quienes los obligan a que vendan su cuerpo o se dejen tocar por dinero o de lo contrario los maltratan o los dejan en la calle. Ese es el caso de María, que los 15 años se prostituye en las calles de la capital del Valle.
Maria dijo que luego de ser violada por varios hombres, durante una fiesta con algunas amiguitas, se dedicó a la prostitución. Sostiene que varones maduros en autos lujosos y hasta estadounidenses, pagan desde 20.000 a 50.000 pesos para que les consigan niñas menores de 10 años para tener relaciones sexuales.

La menor agregó que los padres obligan a los niños a que consigan dinero y si no lo hacen, les pegan o no los dejan entrar a la casa. "Cali se ha convertido, junto con Pereira y Cartagena, en un destinos del turismo sexual", dijo la sicóloga Clemencia Prieto, experta en el tema.

LATAM: Reporte
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