LA CRECIENTE OLEADA MILITARISTA ESTADOUNIDENSE EN EL SIGLO XXI

Desde Clinton y Bush hasta Obama y Trump

La creciente oleada de militarismo estadounidense en el siglo XXI

SurySur

James Petras

Introducción

El militarismo de Estados Unidos ha crecido exponencialmente a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, amparado tanto por los presidentes demócratas como por los republicanos. La histeria con la que los medios de comunicación de masas se han hecho eco del aumento del gasto militar del presidente Trump ignora deliberadamente la enorme expansión que tuvo el militarismo, en todas sus facetas, bajo la presidencia de Obama y de sus dos predecesores, Bill Clinton y George Bush hijo.

En este artículo procederemos a comparar y analizar el ininterrumpido aumento que ha experimentado el militarismo en los últimos diecisiete años. Luego demostraremos que el militarismo es un rasgo estructural esencial mediante el cual el imperialismo estadounidense se inserta en el sistema internacional.

Militarismo

Los enormes incrementos en el gasto militar han sido una constante con independencia de quién fuera el presidente de EE.UU. y de la retórica utilizada en campaña sobre el recorte del gasto militar para dedicar más recursos a la economía interna.

Bill Clinton incrementó el presupuesto bélico de 302.000 millones de dólares (m$) en 2000 a 313.000 m$ en 2001. Bajo el presidente Bush hijo, el gasto militar se disparó de 357.000m$ en 2002 a 465.000 m$ en 2004 y a 621.000m$ en 2008. Bajo el presidente Obama (el “candidato de la paz”), el gasto militar siguió creciendo de 669.000m$ en 2009 a 711.000m$ en 2011 para luego “aparentemente” descender a 596.000m$ en 2017. En la actualidad, el recién instalado presidente Trump ha solicitado un incremento hasta los 650.000m$ para 2018.

Es necesario clarificar algunas cosas: el presupuesto militar de Obama en 2017 no incluía el coste de diversos departamentos del gobierno “relacionados con la Defensa”, entre ellos el aumento de 25.000m$ para el programa de armas nucleares del departamento de energía. El gasto militar total de Obama para 2017 ascendió a 623.000m$, es decir, 30.000m$ menos que la propuesta de Trump. Además, el presupuesto asignado por Obama a las Operaciones de Contingencia en el Exterior (OCO, por sus siglas en inglés), que no se incluye en las propuestas presupuestarias anuales, se disparó durante su mandato. Esta partida se destina a pagar las guerras de EE.UU. en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia y muchos otros países. La realidad es que, en sus ocho años de presidencia, Obama superó en más de 816.000m$ el gasto militar de George Bush hijo.

El aumento del gasto militar propuesto por Trump está en consonancia con la trayectoria del presidente demócrata, al contrario de lo que afirman los medios de comunicación de masas. Claramente, tanto demócratas como republicanos han aumentado tremendamente su dependencia del ejército como fuerza impulsora del poder mundial. El presupuesto bélico de Obama incluyó 7.500m$ para “operaciones contra el ISIS” (un aumento del 50%) y 8.000m$ para la ciberguerra y el (contra)terrorismo, pero el mayor incremento fue el destinado a aviones de combate indetectables por radar, submarinos nucleares y portaaviones, claramente destinados a enfrentamientos con Rusia, China e Irán. Las tres cuartas partes del presupuesto fueron destinadas a la Armada y la Fuerza Aérea.

Bajo la presidencia de Obama, la escalada de armamento no tuvo como objetivo el combate contra “grupos terroristas” sino contra China y Rusia. Washington tiene la determinación de llevar a la bancarrota a Rusia, con el fin de retornar al vasallaje de la época anterior a Putin. La feroz campaña de la CIA (Obama) y del Partido Republicano contra Trump se fundamenta en su apertura hacia Rusia. La clave para alcanzar la dominación unipolar que EE.UU. lleva décadas intentando lograr depende ahora de que pueda despojar a Trump de su poder y de su gabinete, los cuales se considera que socavan, parcial o totalmente, la estructura del imperialismo estadounidense basado en la potencia militar que han intentado lograr las previas cuatro administraciones.

Aparentemente, el incremento del gasto militar de Trump responde a que quiere convertirlo en una “baza de negociación” de su plan para expandir las oportunidades económicas estadounidenses, llegando a acuerdos con Rusia y renegociando el comercio con China, Asia Oriental (Singapur, Taiwán y Corea del Sur) y Alemania, países acreedores de la mayor parte del déficit comercial anual de Estados Unidos, cifrado en cientos de miles de millones de dólares.

Los repetidos contratiempos de Trump, la presión constante ejercida sobre los cargos que ha nombrado y los estragos que han causado en todas las facetas de su persona y de su vida personal los medios de comunicación de masas, a pesar del ascenso histórico del mercado de valores, indican la existencia de una profunda división en el seno de la oligarquía estadounidense sobre el manejo del poder y sobre “quién gobierna”. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habíamos presenciado unas divisiones tan fundamentales en torno a la política exterior. Las anteriores discusiones partidistas han quedado desfasadas. La prensa financiera (el Finantial Times y el Wall Street Journal) está descaradamente alineada con los militaristas, mientras que los agentes financieros de Wall Street respaldan los programas internos favorecedores del empresariado y la apertura conciliatoria con Rusia y China. La mayor parte de la maquinaria de propaganda, es decir, los llamados laboratorios de ideas o think tanks, con sus establos de académicos, “expertos”, editorialistas e ideólogos liberales y neoconservadores, promueven una agresión militar contra Rusia. Mientras tanto, los medios de comunicación populistas, los seguidores de base de Trump, los empresarios nacionales y las cámaras de comercio del país presionan para conseguir rebajas fiscales domésticas y medidas proteccionistas.

El ejército está a favor de Trump y de su concepto de guerras regionales que logren beneficios económicos. Por el contrario, la CIA, la Armada y las Fuerzas Aéreas, que se beneficiaron enormemente con los presupuestos bélicos asimétricos de Obama, buscan una política de confrontaciones militares globales con China y Rusia y múltiples guerras contra sus aliados, como Irán, sin considerar la devastación que provocarían tales políticas en la economía interna.

El concepto de imperialismo de Donald Trump se basa en la exportación de productos y la captura de los mercados, al tiempo que atrae el capital de las corporaciones multinacionales de regreso a Estados Unidos para que reinviertan sus beneficios (actualmente cifrados en más de un billón de dólares que se quedan en el extranjero) en el mercado interno. El nuevo presidente se opone a las alianzas económicas y militares que han incrementado el déficit comercial estadounidense, en contraste con las anteriores administraciones de militaristas que aceptaron gigantescos déficits comerciales y un gasto desproporcionado en intervenciones militares, bases en el exterior y sanciones contra Rusia y sus aliados.

El objetivo de Trump de obligar a que Europa Occidental contribuya económicamente con una mayor cuota de los gastos de la OTAN (reduciendo así la dependencia europea de los gastos militares estadounidenses) cuenta con el rechazo de ambos partidos políticos. Cada uno de los pequeños pasos acometidos por Trump para mejorar las relaciones con Rusia ha levantado la ira de los imperialistas militaristas que controlan las direcciones de demócratas y republicanos.

El imperialismo militarista ha ofrecido unas pocas concesiones tácticas a los aliados de Rusia: los acuerdos inestables con Irán y el Líbano y los endebles acuerdos de paz en Ucrania. Al mismo tiempo, Washington está ampliando sus bases militares desde las regiones nórdicas-bálticas hasta Asia. Y amenaza con apoyar golpes militares en Brasil, Venezuela y Ucrania.

La finalidad estratégica de estas acciones belicosas es rodear y destruir a Rusia como potencial contrapeso independiente a la supremacía global estadounidense.

Las políticas iniciales de Trump tienen como objetivo convertir Estados Unidos en una “fortaleza”: el aumento del presupuesto militar, el reforzamiento del poder policial y militar a lo largo de la frontera mexicana y en los estados del Golfo ricos en petróleo. La agenda de Trump pretende reforzar el poder del ejército en Asia y otros lugares con el fin de mejorar la posición económica de Estados Unidos de cara a una negociación bilateral con el objetivo de aumentar los mercados para la exportación.

Conclusión

Estados Unidos está presenciando una confrontación letal entre dos imperialismos muy polarizados.

El militarismo, la forma asentada del imperialismo estadounidense, está profundamente arraigado dentro del aparato permanente del Estado. En este se incluyen los 17 organismos de inteligencia, los departamentos de propaganda, la Armada y las Fuerzas Aéreas, así como el sector de alta tecnología y las élites económicas capitalistas que se han beneficiado de las importaciones extranjeras y de la mano de obra cualificada barata a expensas de los trabajadores estadounidenses. Su historial está repleto de guerras desastrosas, pérdida de mercados, reducción de los salarios, deterioro del nivel de vida y traslado de empleos bien remunerados al extranjero. En el mejor de los casos, lo único que han conseguido es asegurarse la lealtad de unos pocos regímenes vasallos débiles, pagando un precio enorme.

La pretensión del régimen de Trump de diseñar una alternativa imperialista se basa en una estrategia más sutil: utilizar el poder militar para mejorar el mercado laboral interno y conseguir el respaldo de las masas para realizar intervenciones económicas en el extranjero.

Ante todo, Trump es consciente de que no es posible aislar a Rusia de sus mercados europeos ni derrotarla mediante sanciones. Esto le ha llevado a proponer la negociación de un acuerdo global que permita tratos comerciales a gran escala, lo que favorecería a los bancos estadounidenses, así como a los sectores del petróleo, la agricultura y la alta industria.

En segundo lugar, Trump es partidario del “imperialismo social”, gracias al cual los mercados de exportación basada en la industria local, mano de obra y bancos estadounidenses producirían un aumento de los salarios y de los beneficios para las empresas y los trabajadores de este país. El imperialismo de EE.UU. no dependería de invasiones militares costosas y destinadas al fracaso, sino de “invasiones” del extranjero a cargo de las industrias y bancos estadounidenses que luego retornarían sus beneficios a EE.UU. para poder invertir e impulsar el mercado de valores ya estimulado por sus planes anunciados de desregulación y recortes fiscales.

La transición del presidente Trump hacia este nuevo paradigma imperial se enfrenta a un adversario formidable que hasta el momento ha conseguido bloquear su agenda y que amenaza con derribar su régimen.

Trump no ha sido capaz, desde el principio, de consolidar el poder del Estado, un error que ha socavado su administración. Aunque la victoria electoral le situó en la Oficina de la Presidencia, su régimen es solo un aspecto del poder del Estado, vulnerable a la erosión y destitución inmediata por parte de las ramas coercitiva y legislativa, determinadas a provocar su defunción política. Las otras ramas del gobierno están llenas de remanentes del régimen de Obama y de los anteriores y completamente comprometidas con el militarismo.

En tercer lugar, Trump no ha conseguido movilizar a sus partidarios entre las élites y a su masa de seguidores en torno a unos medios de comunicación alternativos. Sus “tuits de primera hora de la mañana” son un contrapeso muy débil al ataque concentrado de los medios de comunicación sobre su forma de gobierno.

En cuarto lugar, aunque Trump ha logrado algunos apoyos internacionales tras sus encuentros con gobernantes de Japón e Inglaterra, dio marcha atrás a sus negociaciones con Rusia, fundamentales para socavar a sus adversarios imperiales.

En quinto lugar, Trump no ha conseguido conectar sus políticas de inmigración con un programa eficaz para relanzar el empleo interno ni sacar a la luz y capitalizar las draconianas políticas antiinmigración puestas en marcha por la administración Obama, mediante las cuales se encarceló y se expulsó del país a millones de personas.

En sexto lugar, Trump ha fracasado a la hora de comunicar el vínculo entre sus programas económicos favorecedores del mercado y el gasto militar y su relación con un paradigma totalmente diferente.

Como consecuencia de todo ello, el éxito del ataque militarista liberal-neoconservador al nuevo presidente ha puesto en retirada su estrategia central. Trump se encuentra sometido a un asedio que lo pone a la defensiva. Aunque consiga sobrevivir a este ataque concentrado, su concepción original de “reconstruir” la política imperial y la política interna de EE.UU. está destruida y los pedazos de esta mezclarán lo peor de ambos mundos: Sin la expansión de los mercados exteriores para los productos estadounidenses y un programa de empleo interno que logre el éxito, las perspectivas de que Donald Trump vuelva a las guerras en el extranjero y abra paso a la caída del mercado no dejan de aumentar.

Fuente: Rebelión

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224178

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DESPUÉS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS FISCALIA PIDE INVESTIGAR A GENERAL POR FALSOS POSITIVOS

Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar a general del Ejército por falsos positivos

Por José Marulanda

Trece años después, la Fiscalía General de la Nación apenas compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al hoy brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci por su participación en la ejecución extrajudicial del líder campesino del Putumayo Silvio Hernán Argotty y de un ciudadano ecuatoriano aún sin identificar, conocido sólo como Amilkar. La denuncia la hizo el abogado defensor de derechos humanos Alexander Montaña, quien representa a la familia de una de las víctimas.

El caso ocurrió en el año 2004 en el Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, cuando integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia le entregaron al Ejército, según este abogado, a los dos hombres que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Debido a la impunidad que ha reinado en este caso, la defensa de las víctimas tomó la decisión de llevarlo a instancias internacionales.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia acepte el caso y se disponga a investigarlo y precise la responsabilidad del alto mando militar en esta ejecución extrajudicial.

http://www.pazificonoticias.com/fiscalia-pide-a-la-corte-suprema-investigar-a-general-del-ejercito-por-falsos-positivos/

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TEMER, AL BASURERO DE LA HISTORIA...BRASIL SE LEVANTA CONTRA LOS AJUSTES NEOLIBERALES DE TEMER

DOSSIER: 

CIENTOS DE MILES SALIERON A LA CALLE EN MÁS DE VEINTE CIUDADES PARA REPUDIAR A TEMER

Brasil lucha contra el ajuste jubilatorio

La Central Unica de Trabajadores y otros gremios convocaron a un acto ayer en San Pablo, al que asistieron más de 300 mil personas, en el que Lula dijo que la lucha recién empieza.

Miles de personas protestan contra Temer en el acto de la CUT en San Pablo. 

Cerca de un millón de personas participó en huelgas y protestas en más de veinte ciudades de Brasil contra los ajustes impulsados por el gobierno del presidente Michel Temer.

San Pablo, capital económica del país, amaneció sin metro y con pocos autobuses por el paro gremial. La Central Unica de Trabajadores y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto ayer por la tarde en la Avenida Paulista, al que asistieron alrededor de 300 mil personas, y que culminó con un durísimo discurso del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. “El pueblo seguirá protestando hasta que haya un gobierno democráticamente elegido,” arengó. La manifestaciones se repitieron en decenas de ciudades, para defender los derechos sociales. Las protestas se extendían a más de 20 capitales de todo el país, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, lo mismo que en Río de Janeiro, mientras unos 30.000 se manifestaron en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y en Goiania (Goiás, centro-oeste).

El Ministerio de Hacienda, en Brasilia, fue ocupado por unos 500 militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que colgaron pancartas para denunciar los proyectos de reforma del régimen de las jubilaciones y de la ley laboral. Por otro lado, unas 5.000 personas, según la policía, participaron en la protesta contra el gobierno en la Explanada de los Ministerios de Brasilia. Temer sostuvo ayer en un evento público que su gobierno busca rescatar al sistema de jubilaciones del colapso, “para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro”. “Nadie va a perder sus derechos”, aseguró. El gobernante insistió en que la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones es necesaria y urgente para evitar su inminente quiebra. Temer recordó que el gobierno federal de Brasil tuvo que socorrer financieramente a algunos estados, como Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, en los que el colapso del sistema de jubilaciones provocó una crisis en las finanzas públicas sin precedentes. “No queremos que Brasil de aquí a seis o siete años tenga que hacer lo que hicieron estos estados o lo que hizo Portugal, que tuvo que cortar los salarios de los trabajadores activos y de los jubilados, así como elevar la edad de jubilación”, aseguró.

Desde que reemplazó en el 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía del gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años. La próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro. El otro proyecto en tramitación, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6 por ciento, casi 13 millones de personas).

Las resistencias al endurecimiento de la legislación social también se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines del 2018, en un clima político enrarecido por el escándalo Petrobras, que salpica a todo el arco parlamentario.

https://www.pagina12.com.ar/25990-brasil-lucha-contra-el-ajuste-jubilatorio

Movilizaciones populares ponen freno a Temer

Emir Sader

Lula vive una semana impresionante. El lunes habló en la apertura del congreso de los trabajadores rurales, a una platea de miles de personas, en Brasilia. El martes tuvo que declarar en un proceso absurdo en el cual es reo, sin ningún argumento. El fue, acompañado de la militancia política, contestó a todo, concluyó con un discurso político sobre su trayectoria, sobre su gobierno y la denuncia de las persecuciones que sufre. Fue tan demoledor, que el principal cronista de derecha, de la revista Veja, dijo que Lula se había comido totalmente al juez, había salido muy bien.

El miércoles fue un día muy importante en la lucha en contra del paquete neoliberal del gobierno de Temer. Fue convocada una jornada de movilizaciones nacionales y de huelga en contra específicamente de la reforma sobre las jubilaciones y de la reforma laboral que el gobierno tramita en el Congreso.

Fue la jornada de movilizaciones populares más grande que Brasil ha conocido desde la ruptura de la democracia. Hubo manifestaciones callejeras en cientos de ciudades por todo el país. En una ciudad como Sao Paulo, por primera vez los servicios del Metro y de omnibús pararon, generando una situación nunca antes conocida en la ciudad más importante de Brasil.

La concentración más grande de la jornada fue en la avenida Paulista, la principal vía de Sao Paulo, donde se concentraron 500 mil personas, las cuales se las arreglaron para llegar, pese a la huelga de los transportes. Líderes sindicales y de movimientos sociales –como los Sin Tierra y los Sin Casa, entre otros– hicieron uso de la palabra, hasta que llegó Lula.

Lula dijo que el pueblo sólo se detendrá cuando pueda elegir democráticamente su gobierno, mientras la multitud que lo escuchaba coreaba su nombre. Criticó las medidas propuestas por el gobierno de Temer y afirmó que debería ser presidente de una empresa, para vender lo que produjera y no los bienes del pueblo brasileño. Agregó: Este país era respetado en todo el mundo; hoy tenemos un presidente que no tiene coraje ni de ir a Bolivia.

Como pasa ahora con todas las reuniones en que participa Lula, terminan teniendo un carácter de campaña electoral, con las consignas tradicionales de las campañas anteriores de Lula. De hecho, el PT ha decidido que lanzará la precandidatura de Lula a la presidencia de Brasil antes incluso del congreso del partido –que se realizará los días 1, 2 y 3 de junio–, para imponer un clima de disputa electoral desde ahora. Para ello Lula prepara un plan de seminarios para discutir su plataforma política para la campana del próximo año.

Un reportaje de Folha de Sao Paulo, de una periodista de Curitiba, a partir de hechos de la Operación Autolavado y los procesos en contra de Lula, dijo que el plan es tratar de sacar al ex presidente de la vida política entre junio y octubre de 2018, es decir, en el auge de la campaña electoral, que se concluirá en octubre de ese año. Es difícil imaginar, a partir del clima de movilización de masas en la perspectiva electoral ya iniciado en Brasil, sumado al desgaste cada vez más grande del gobierno, que sea posible una operación jurídica en contra del líder más popular de la historia brasileña, desde ahora ya el líder de las encuestas en todas las circunstancias, en primera y segunda vuelta.

El día 3 de mayo, el juez Sergio Moro, quien directamente se erigió en el enemigo político de Lula y busca inhabilitarlo electoralmente, el mismo que ha intentado meterlo a la cárcel desde hace un año, convocó a Lula a declarar en Curitiba. Una ciudad que no es el feudo privilegiado de Moro –él la llama república de Curitiba–, a tal punto que una manifestación convocada por sus simpatizantes para apoyarlo, la semana pasada, tuvo la participación de solamente 15 personas.

Por otra parte, se convoca a una inmensa manifestación para acompañar a Lula el día de la declaración, que se anuncia en una circunstancia especial, con el enfrentamiento entre los partidarios del ex presidente y de sus detractores, además de que se verán frente a frente por primera vez Lula y Moro. Por la experiencia de esta semana, Lula, quien ya llamó a los jueces responsables por la persecución a su mujer, no dejará pasar esa oportunidad para no sólo defenderse de las acusaciones, sino también para relatar su trayectoria como líder social y político, recordar las conquistas de su gobierno y denunciar las persecuciones de que es víctima.

Pero antes de ese momento, concluyendo una semana muy intensa, Lula irá, con Dilma, al noreste, a la provincia de Paraiba, hacia donde llega el río más importante de Brasil, el río Sao Francisco, cuya obra es responsabilidad de los gobiernos del PT, pero que Temer fue a inaugurar la semana pasada, bajo protestas de la población local, que sabe que la paternidad de la obra es de Lula y de Dilma. Será una manifestación extraordinaria, para la cual se preparan caravanas de todo el noreste del país. Será un fin de semana simbólicamente muy fuerte y políticamente consagrador para Lula y también para Dilma.

Mientras tanto, si el gobierno ya sufría muchas dificultades con su propia base parlamentaria para aprobar su proyecto de modificaciones del sistema de jubilaciones, a partir de las manifestaciones de hoy las perspectivas son todavía peores para el gobierno. A lo que se suma el inicio de los procesos en contra de por lo menos cinco ministros de Temer, en el Supremo Tribunal Federal.

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/16/opinion/018a1pol

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POR PRESIÓN MILITAR SE MANIPULÓ ACUERDO DE LA HABANA EN EL CONGRESO

¿Se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso?

   

"...sólo los soldados -como actores materiales de delitos- serán juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”

Las víctimas de crímenes de estado denuncian la modificación unilateral del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y advierten de que puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad.

¿Cuánto ha cambiado la Jurisdicción Especial de Paz desde La Habana?, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se ha excedido el Gobierno en sus atribuciones? Este lunes, tras cuatro debates y sesiones maratonianas, quedaba refrendado en el Senado la ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Pero el texto final no es el mismo que salió del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno y las FARC. Incluye unos cambios sustanciales sobre los que advierten el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Más allá del contenido, se trata de modificaciones unilaterales que, a su juicio, “exceden” las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para la implementación de los acuerdos y por ello podrían incurrir en una declaración de inconstitucionalidad como ya ocurrió con el decreto ley 2204 de 2016 sobre la Agencia de Renovación del Territorio Sentencia (C-160 de 2017).

Por ello este miércoles han emitido un comunicado en el que exigen al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final “respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación da cobijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Tras el debate del lunes, el Movice critica que las proposiciones realizadas, y aprobadas, por miembros los de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno no solo modifican “sustancialmente” elementos del Acuerdo Final, sino que “afectarán de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. En este sentido resaltan especialmente que se restringe la posibilidad de investigar y sancionar la financiación de los grupos paramilitares, se limita la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad y se debilita la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de Estado. El Movice destaca que los partidos que promovieron estas proposiciones “son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares”.

Financiación paramilitar

Las asociaciones rechazan que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares. En este sentido recuerda que esta situación es aún más censurable cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad.

La modificación introducida en el acto legislativo sobre esta cuestión fue presentada por el senador Germán Varón Cotrino. Ahora solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

“Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos”, lamenta el Movice quien insiste en que “sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera”.

Las víctimas y el Tribunal para la Paz

Los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como insumos para que el Tribunal para la Paz citara a presuntos responsables ya no serán suficientes. El Senador Roosvelt Rodríguez –ponente del Acto Legislativo- presentó y consiguió el apoyo para una modificación que dice querer prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos. El Movice lamenta que esta proposición “equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales”.

La presión militar y la cadena de mando

Para el Movice, en el acuerdo final sobre la JEP ha quedado en evidencia, una vez más, “la presión del estamento militar sobre el poder civil”. Las Fuerzas Militares han logrado debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modifica principios del Derecho Internacional (Artículo 28 del Estatuto de Roma) que tendrá como consecuencia que sólo los soldados -como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”.

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación y se aprobara el Sivjrnr, como instrumento “fundamental” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludan la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria. “Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique”, concluye el comunicado.

Equipo Colombia Plural

Fotos: Arianna Giménez

https://colombiaplural.com/se-manipulo-acuerdo-la-habana-congreso/

La ONU critica con dureza el blindaje de los militares en la JEP

El informe 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia advierte sobre las restricciones, vacíos y ambigüedades de la ley de Amnistías o de la JEP en cuanto a los funcionarios públicos. Exige el reconocimiento de los crímenes de Estado.

Paco Gómez Nadal

Foto: Nelson Cárdenas

El informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016 no es complaciente con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Si bien reconoce la oportunidad y el esfuerzo de las instituciones y de las propias FARC, el representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (HCHR, por sus siglas en inglés), Todd Howland, lanza varias señales de alerta referidas a la legislación, a la seguridad en áreas rurales, a las vagas garantías de no repetición y a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Acto Legislativo que se aprobó esta semana en el Congreso que pone en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), el HCHR cree que “restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando”. De hecho la ONU pide a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se pronuncie al respecto para aclarar “las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”.

Tampoco cree la ONU que Ley 1820 sobre amnistías e indultos (Ley de Amnistía) cumpla con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: “La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”. Tal y como quedó formulada la ley, “puede favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En general, el informe correspondiente a 2016, plantea muchas dudas sobre cómo serán tratados los funcionarios públicos (militares y civiles) que hayan sido señalados por crímenes en el marco del conflicto armado. “El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos”.

Crímenes de Estado

Para la ONU, los avances en el reconocimiento de los hechos de guerra aún es parcial e insuficiente. En el caso de las FARC, el informe destaca los actos de reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos en los casos de La Chinita, en Apartadó, en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o en la muerte de un líder afrocolombiano en Nariño, pero estas solicitudes de perdón sólo “cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”.

También reconoce la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno en el genocidio de la Unión Patriótica, pero, insiste Howland en su informe, “el reconocimiento de las violaciones cometidas por servidores públicos debe tomar en cuenta las dimensiones estatales, políticas, institucionales e individuales, en su totalidad. Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”.

Esta falta de reconocimiento del papel de los agentes del Estado en la guerra sucia y el exceso de vaguedad de las referencias en el Acuerdo de Paz a las garantías de no repetición se quedan cortos. “La no-repetición implica reformas estructurales institucionales, con la participación de las víctimas y de la sociedad, a fin de garantizar el respecto, la protección y la garantía de los derechos humanos y el goce de una vida digna”.

En general, a la ONU le preocupa que el SIVJRNR pueda naufragar ante “la ambigüedad y la falta de precisión en los nuevos mandatos institucionales y marcos legales, la necesidad de recursos, la superposición de las funciones y el gran número de casos que deben ser procesados”. El esfuerzo de “coherencia y coordinación” que tendrán que hacer las instituciones del Estado es monumental.

La Colombia invisible requiere especial atención

Ese esfuerzo deberá ser más intenso allá donde hay menos presencia del Estado. La HCHR está especialmente preocupada por la seguridad y el futuro en las zonas rurales: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”. Y es que, además del abandono secular de las zonas rurales, la ONU constata que “los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el crimen local, las disidencias de las FARC-EP, así como los grupos armados organizados del ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”, reza el informe.

De hecho, según la ONU, de los 59 líderes y lideresas asesinados en 2016 -aseguran que hay más víctimas mortales pero que no eran líderes-, 43 (el 73%) desarrollaban su labor en zonas rurales. Detecta la Oficina del Alto Comisionado que en 2016 se incrementaron esas agresiones en zonas rurales y, especialmente, en aquellas de las que las FARC comenzó a salir. También alerta sobre la detención de hasta 11 líderes en capturas que se convierten en “detenciones prolongadas antes de que el acusado seas liberado por falta de pruebas”. “Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”. Y, aunque valoran en el informe el esfuerzo de la Fiscalía en estos casos, reiteran el alto índice de impunidad relacionado con los casos de agresiones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad, la ONU también manifiesta su preocupación sobre la asignación de roles para luchar contra la inseguridad que persiste en le país y “observa con preocupación la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”. Y esta realidad es fruto de la confusión de roles y de la herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la que pone a las fuerzas militares a luchar contra el enemigo interno. “La Oficina reitera que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana. Constitucionalmente, tienen la finalidad de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía nacional tiene la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades”. Esta realidad parece especialmente grave cuando esta Oficina constató en 2016, al menos, 11 ejecuciones extrajudiciales perpetradas “por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña”.

De las ejecuciones extrajudiciales “del pasado” también se preocupa Howland, quien, tras reconocer al Ministerio de Defensa y al Ejército por admitir los hechos, insiste en que, “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los ‘falsos positivos’, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio”.

Por estas irregularidades y para definir el papel de las fuerzas militares en el país, la ONU cree que hay que dar pasos más acelerados ya que “el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado”.

El informe profundiza sobre aspectos como el acceso a la salud o, en general, a los derechos económicos y sociales. Seguiremos analizando sus contenidos.

(Descargar el Informe Derechos Humanos 2016)

https://colombiaplural.com/la-onu-critica-dureza-blindaje-los-militares-la-jep/

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CUNDE LA INDIGNACIÓN Y PROTESTAS EN OCCIDENTE, PERO ¿PORQUÉ SEGUIRÁ GANANDO EL SISTEMA?

Indignación y protestas por todo Occidente

Por qué seguirá ganando el sistema

Perry Anderson

Le Monde Diplomatique

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Brexit, victoria de Trump, movimientos populistas de Europa: desde la izquierda a la derecha, Occidente protesta contra las ortodoxias neoliberales y globalistas de los últimos 40 años.

Hace 25 años era usual utilizar el término “movimientos antisistema” (1) para caracterizar a fuerzas de la izquierda que se alzaban contra el capitalismo. Actualmente no ha perdido relevancia en Occidente, aunque ha cambiado su significado. Los movimientos de revuelta que se han multiplicado en la última década ya no se rebelan contra el capitalismo, sino contra el neoliberalismo —flujos financieros desregulados, servicios privatizados y aumento de la desigualdad social, esa variante específica del reinado del capital establecido en Europa y Estados Unidos desde la década de 1980. El orden económico y político resultante ha sido aceptado casi indistintamente por gobiernos de centro derecha y de centro izquierda, de acuerdo con el principio fundamental de la pensée unique, el dictado de Margaret Thatcher de que “no hay alternativa”. Actualmente se presentan dos tipos de movimientos contra este sistema. El orden establecido los tilda de amenaza del populismo, ya sea de derecha o de izquierda.

No es casual que estos movimientos aparecieran antes en Europa que en Estados Unidos. Sesenta años después del Tratado de Roma, la razón es clara. El mercado común de 1957, un producto de la comunidad del carbón y del acero del Plan Schuman, concebido tanto para evitar cualquier retorno de un siglo de hostilidades franco-alemanas como para consolidar el crecimiento económico de la postguerra en Europa occidental, fue el producto de un período de pleno empleo y aumento de los ingresos populares, afianzamiento de la democracia representativa y desarrollo de los sistemas de bienestar. Sus disposiciones comerciales incidieron muy poco en la soberanía de las naciones que lo formaban, que resultaron más fortalecidas que debilitadas. Los presupuestos y los tipos de cambio los determinaban internamente los parlamentos nacionales que tenían que rendir cuentas al electorado nacional y en los que se debatían enérgicamente políticas opuestas políticamente. París rechazó los intentos de agrandarse de la Comisión de Bruselas. No sólo Francia bajo la dirección de Charles de Gaulle, sino también, a su propia manera más discreta, Alemania Occidental bajo Konrad Adenaue siguieron unas políticas exteriores independientes de Estados Unidos y capaces de desafiarlo.

El final de los trente glorieuses supuso un cambio fundamental para esta construcción. Como analiza el historiador estadounidense Robert Brenner, (2) desde mediados de la década de 1970 el mundo capitalista avanzado entró en una larga recesión: tasas de crecimiento más bajas y aumentos más lentos de productividad década tras década, menos empleo y mayor desigualdad, salpicados de fuertes recesiones. Desde la década de 1980 se invirtieron las direcciones políticas, empezando en Reino Unido y Estados Unidos para a continuación extenderse a Europa gradualmente: se recortaron los sistemas de bienestar, se privatizaron las industrias y servicios públicos, y se desregularon los mercados financieros. Había llegado el neoliberalismo. En Europa esto ocurrió con el tiempo para adoptar una forma institucional excepcionalmente rígida: la cantidad de Estados miembros de lo que era la Unión Europea se multiplicó por más de cuatro al incorporar una vasta zona de bajos salarios en el este.

Austeridad draconiana

Desde la unión monetaria (1990) al Pacto de Estabilidad (1997) y después el Acta del Mercado Único (2011) se anularon los poderes de los parlamentos nacionales en una estructura supranacional de autoridad burocrática protegida de la voluntad popular, tal como había profetizado el economista ultraliberal Friedrich Hayek. Una vez instalada esta maquinaria se pudo imponer a los electorados indefensos la austeridad draconiana bajo la dirección conjunta de la Comisión y una Alemania reunificada, ahora el Estado más poderoso de la Unión, donde importantes pensadores anuncian francamente su vocación de hegemonía continental. Externamente, en el mismo periodo la UE y sus miembros dejaron de desempeñar cualquier papel significativo en el mundo contrario a las directrices estadounidenses y se convirtieron en la vanguardia de las políticas de una nueva Guerra Fría respecto a Rusia establecidas por Estados Unidos y pagadas por Europa.

Así pues, no es de extrañar que al desobedecer la voluntad popular en los sucesivos referendos e incorporar al derecho constitucional los decretos presupuestarios, el cada vez más oligárquico elenco de la UE haya generado tantos movimientos de protesta en su contra. ¿Qué panorama ofrecen estas fuerzas? En el núcleo de la UE anterior a la ampliación, la Europa occidental de la era de la Guerra Fría (la topografía de Europa oriental es tan diferente que se puede dejar de lado a este respecto), los movimientos de derecha dominan la oposición al sistema en Francia (Frente Nacional), los Países Bajos (Partido para la Libertad, PVV), Austria (Partido de la Libertad de Austria), Suecia (Demócratas Suecos), Dinamarca (Partido del Pueblo Danés), Finlandia (Finlandeses Verdaderos), Alemania (Alternativa para Alemania, AfD) y Gran Bretaña ([Partido de la Independencia de Reino Unido] UKIP).

En España, Grecia e Irlanda han predominado los movimientos de izquierda: Podemos, Syriza y Sinn Fein. De manera excepcional, Italia tiene tanto un fuerte movimiento antisistémico de derecha en Lega como otro aún mayor más allá de la división izquierda/derecha en el Movimiento Cinco Estrellas (M5S): su retórica extraparlamentaria sobre las tasas y la inmigración lo sitúa a la derecha aunque a la izquierda lo sitúan su trayectoria parlamentaria de continua oposición a las medidas neoliberales del gobierno de Matteo Renzi (particularmente respecto a la educación y a la desregulación del mercado laboral) y su papel fundamental en la derrota de la apuesta de Renzi para debilitar la constitución democrática de Italia (3). Se puede añadir Momentum, que surgió en Gran Bretaña tras la inesperada elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista. Todos los movimientos de derecha excepto AfD son anteriores a la crisis de 2008; algunos se remontan a la década de 1970 e incluso antes. Syriza creció y M5S, Podemos y Momentum nacieron a consecuencia directa de la crisis financiera.

El hecho fundamental es el mayor peso global de los movimientos de derecha respecto a los de izquierda, tanto por la cantidad de países donde tienen ventaja como por fuerza de voto. Ambos son reacciones a la estructura del sistema neoliberal, que encuentra su expresión más marcada y concentrada en la actual UE, con su orden basado en la reducción y privatización de los servicios públicos, la derogación del control y la representación democráticos, y la desregulación de los factores de producción. Los tres están presentes a nivel nacional en Europa, como en otras partes, pero tiene un nivel mayor de intensidad a nivel de la UE, como atestiguan la tortura de Grecia, el hecho de pisotear los referendos y la magnitud del tráfico de personas. En el ámbito político esas son las cuestiones que más preocupan a la población y mueven las protestas contra el sistema respecto a la austeridad, la soberanía y la inmigración. Los movimientos antisistema se diferencian por la importancia que otorgan a cada uno, a qué color de la paleta neoliberal son más hostiles.

Los movimientos de derecha predominan sobre los de izquierda porque desde muy pronto hicieron suya la cuestión de la inmigración jugando con las reacciones xenófobas y racistas para lograr un amplio apoyo entre los sectores más vulnerables de la población. Con excepción de los movimientos en los Países Bajos y Alemania, que creen en el liberalismo económico, eso está típicamente vinculado (en Franca, Dinamarca, Suiza y Finlandia) no a la denuncia del Estado de bienestar sino a su defensa; se afirma que la llegada de inmigrantes lo mina. Pero sería erróneo atribuir toda su ventaja a esta carta, en ejemplos importantes (el Frente Nacional (FN) en Francia es el más significativo) también tienen ventaja en otros frentes.

La unión monetaria es el ejemplo más obvio. La moneda única y el Banco Central, diseñados en Maastricht, han hecho de la austeridad y la negación de la soberanía popular un sistema único. Los movimientos de izquierda pueden atacarlos tan vehementemente como cualquier movimiento de derecha, si no más. Pero las soluciones que proponen son menos radicales. A la derecha, el FN y Lega tiene remedios claros para las tensiones de la moneda única y la inmigración: salir del euro y detener el flujo. A la izquierda, con excepciones aisladas, nunca se han hecho unas demandas tan inequívocas. En el mejor de los casos, se sustituyen por ajustes técnicos de la moneda única, demasiado complicados para tener mucha aceptación popular, y por alusiones vagas y avergonzadas a las cuotas, que los votantes no entienden tan fácilmente como las francas propuestas de la derecha.

El reto de la cada vez mayor emigración

La inmigración y la unión monetaria crean dificultades especiales a la izquierda por razones históricas. El Tratado de Roma se basó en la promesa del libre movimiento de capital, mercancías y mano de obra dentro de un mercado común europeo. Mientras la Comunidad Europea estuvo confinada a países de Europa occidental, los factores de producción donde más importaba la movilidad eran el capital y las mercancías: en general la migración a través de las fronteras internas de la Comunidad eran bastante escasa. Pero a finales de la década de 1960 ya eran significativas las cifras de mano de obra inmigrante procedente de las antiguas colonias africanas, asiáticas y caribeñas, y de regiones semicoloniales del antiguo imperio Otomano. Más adelante la ampliación de la UE hacia el este de Europa incrementó drásticamente la migración interna de la UE. Por último, las aventuras neoimperialistas en las antiguas colonias del Mediterráneo —el bombardeo de Libia y el alimentar por intermediación la guerra civil en Siria— han provocado grandes oleadas de refugiados a Europa, junto con represalias terroristas por parte de militantes procedentes de una región en la que Occidente continua instalado como cacique, con sus bases, sus bombarderos y sus fuerzas especiales.

Todo esto ha provocado xenofobia: los movimientos antisistema de derecha se han alimentado de ella y los movimiento de izquierda han luchado contra ella leales a la causa del internacionalismo humano. Los mismos compromisos subyacentes han llevado a la mayor parte de la izquierda a oponer resistencia a cualquier idea de acabar con la unión monetaria, lo que se considera una regresión a un nacionalismo responsable de las pasadas catástrofes de Europa. Para ellos el ideal de unión europea sigue siendo un valor esencial. Pero la actual Europa de integración neoliberal es más coherente que cualquiera de las vacilantes alternativas que han propuesto hasta ahora. Austeridad, oligarquía y movilidad de factores forman un sistema interrelacionado. La movilidad de factores no se puede separar de la oligarquía: históricamente no se ha consultado a ningún electorado europeo acerca de la llegada de mano de obra extranjera o sobre la magnitud de esta; esto siempre ocurría a su espalda. La negación de la democracia, que se convirtió en la estructura de la UE, excluía desde el principio cualquier opinión acerca de la composición de su población. El rechazo de esta Europa por parte de movimientos de derecha es más consecuente políticamente que el de la izquierda, otra razón de la ventaja de la derecha.

Unos niveles récord de descontento de los votantes

La llegada de M5S, Syriza, Podemos y el AfD marcó un aumento del descontento popular en Europa. Las encuestas actuales registran unos niveles récord de desafección de los votantes a la UE. Pero, ya sean de derecha o de izquierda, el peso electoral de los movimientos antisistema sigue siendo limitado. En las últimas elecciones europeas los tres mejores resultados para la derecha —UKIP, el FN y el Partido del Pueblo Danés— supusieron aproximadamente el 25 % de los votos. En elecciones nacionales la cifra media en toda Europa occidental para estas fuerzas de derecha y de izquierda unidas es de aproximadamente el 15 %. Este porcentaje de electorado supone una amenaza pequeña para el sistema; el 25 % puede representar un quebradero de cabeza, pero a día de hoy el “peligro populista” del que alertan los medios sigue siendo muy modesto. Los únicos casos en los que un movimiento antisistema ha llegado, o pareciera que podría llegar, al poder son aquellos en los que un mal reparto deliberado de escaños, a través de una prima electoral creada para favorecer a la clase dirigente, sale mal o puede salir mal, como en Grecia e Italia.

En realidad, existe una enorme diferencia entre el grado de desilusión popular con la actual UE neoliberal (el verano pasado las mayorías en Francia y España expresaron su aversión a ella e incluso en Alemania apenas la mitad de las personas encuestas tenía una opinión positiva de ella) y la magnitud del apoyo a fuerzas que se declaran contrarias a ella. Es común la indignación o la aversión por aquello en lo que se ha convertido la UE, pero desde hace algún tiempo el determinante fundamental de las pautas de las elecciones europeas ha sido, y sigue siendo, el miedo. Se detesta de manera generalizada el status quo socioecónomico, aunque este es ratificado regularmente en las elecciones con la reelección de aquellos partidos que son responsables de él debido al temor a que alterar dicho estatus y alarmar a los mercados conlleve una miseria aún mayor. La moneda única no ha acelerado el crecimiento en Europa y ha infligido enormes penalidades a los países del sur más afectados. Pero la posibilidad de una salida aterroriza incluso a aquellas personas que ahora saben cuánto han sufrido por ella. Hay más miedo que ira. De ahí la conformidad del electorado griego con la capitulación de Syriza ante Bruselas, los reveses de Podemos en España, el arrastrar de pies del Parti de Gauche en Francia. Lo que subyace en todas partes es lo mismo. El sistema es malo, hacerle frente es arriesgarse a un castigo.

Entonces, ¿cómo se explica el Brexit? En toda la UE se teme a la inmigración masiva. Ese temor lo fomentó la campaña a favor de la salida en Reino Unido, campaña en la que Nigel Farage fue un destacado orador y organizador, junto con importantes conservadores. Pero por sí misma la xenofobia no es en absoluto suficiente para tener más peso que el temor a un colapso económico. En Inglaterra, como en todas partes, ha ido creciendo a medida que un gobierno tras otro mentía acerca de la magnitud de la inmigración. Pero si el referéndum sobre la UE hubiera sido simplemente una contienda entre estos miedos, como trató de hacer la clase dirigente política, sin lugar a dudas el voto a favor de permanecer habría ganado por un amplio margen, como ocurrió en el referéndum de 2014 sobre la independencia escocesa.

Había otros factores. Después de Maastricht la clase política británica rechazó la camisa de fuerza del euro, solo para seguir con un neoliberalismo nativo más drástico que cualquiera de los del continente: en primer lugar, el desmedido orgullo financializado del Nuevo Laborismo que sumió a Gran Bretaña en una crisis bancaria antes que cualquier otro país de Europa, a continuación un gobierno conservador-liberal demócrata de una austeridad más drástica que cualquiera de las generadas en Europa sin una coacción externa. Los resultados de esta combinación son únicos económicamente. Ningún otro país europeo se ha polarizado tan drásticamente por regiones entre metrópolis encerradas en una burbuja y con altos ingresos en Londres y el sudeste, y un norte y noreste empobrecidos y desindustrializados donde los votantes consideran que tienen poco que perder votando a favor de salir (que, significativamente, es una perspectiva más abstracta que abandonar el euro), pasara lo que pasara a la City y la inversión extranjera. El miedo contó menos que la desesperación.

Desde el punto de vista político, tampoco ningún otro país europeo ha manipulado tan descaradamente un sistema electoral: UKIP era el mayor partido británico individual en Estrasburgo bajo representación proporcional en 2014, pero un año más tarde, con el 13 % de los votos, obtuvo una sola plaza en Westminster, mientras que el Partido Nacional Escocés, con menos del 5 % obtuvo 55 escaños. Según los intercambiables regímenes laborista y conservador producidos por este sistema, los votantes situados en la parte inferior de la pirámide de ingresos dejaron de votar. Pero cuando de pronto se les concedió, por una vez, una verdadera posibilidad en un referéndum nacional, regresaron en masa para dar su veredicto sobre las devastaciones de Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron.

Por último, y de forma contundente, está la histórica diferencia entre Gran Bretaña y el continente Durante siglos el país no solo fue un imperio que empequeñeció culturalmente a cualquier rival europeo, sino que, a diferencia de Francia, Alemania, Italia o la mayor parte del resto del continente no sufrió derrota, invasión u ocupación alguna en ninguna de las dos Guerras Mundiales. Por lo tanto, la expropiación de los poderes locales por parte de una burocracia en Bélgica estaba más abocada al fracaso que en otros lugares: ¿Por qué un Estado que había derrotado dos veces el poder de Berlín habría de someterse a la mezquina intromisión de Bruselas o Luxemburgo? Las cuestiones de identidad podrían superar más fácilmente a las cuestiones de interés que en el resto de la UE. Así pues, no funcionó la fórmula normal (el miedo a un castigo económico es superior al miedo a la inmigración extranjera), resentida por una combinación de desesperación económica y amour-propre nacional.

Estados Unidos salta en la oscuridad

Estas fueron también las condiciones en las que un candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos con unos antecedentes y un temperamento sin precedentes (abominable a ojos de la opinión bipartidista dominante, sin hacer el menor intento de ajustarse a los códigos aceptados de conducta civil o política, y que no gusta a muchos de sus votantes) pudo atraer a suficientes trabajadores blancos del cinturón industrial despreciados como para ganar las elecciones. Como en Gran Bretaña, la desesperación fue mayor que la aprensión en las regiones proletarias desindustrializadas. También ahí y de una manera mucho más cruda y abierta, en un país con una historia más profunda de racismo nativo, se denunció a los inmigrantes y se exigieron muros, tanto físicos como procedimentales. Sobre todo, el imperio no era un recuerdo lejano del pasado, sino un vívido atributo del presente y una reivindicación natural respecto al futuro, aunque había sido dejado de lado por quienes estaban en el poder en nombre de una globalización que significó la ruina para la gente común y la humillación para su país. El eslogan de Donald Trump era “Make America Great Again” [Que Estados Unidos vuelva a ser grande*], que logró deshacerse de los fetiches del libre movimiento de productos y mano de obra, e ignorar las ataduras y devociones del multilateralismo: no se equivocaba al proclamar que su triunfo era un ostensible Brexit. Fue una revuelta mucho más espectacular ya que no se limitó a una única (y para la mayoría de la gente, simbólica) cuestión y careció de toda respetabilidad de la clase dirigente o bendición mediática.

La victoria de Trump ha sumido a la clase política europea, centro derecha y centro izquierda unidos, en una indignada consternación. Es bastante malo romper las convenciones establecidas sobre la inmigración. Puede que la UE haya tenido pocos escrúpulos en encerrar a los refugiados en la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, con sus decenas de miles de presos políticos, su tortura policial y la suspensión de lo que se entiende por el imperio de la ley, o en mirar hacia otro lado ante las barricadas de alambre de espino en toda la frontera norte de Grecia para mantener a los refugiados en las islas del Egeo. Pero, respetando las convenciones diplomáticas, la UE nunca se ha vanagloriado abiertamente de sus exclusiones. La falta de inhibición de Trump en estas cuestiones no afecta directamente a la UE. Lo que sí le afecta, y es motivo de una preocupación mucho más grave, es su rechazo de la ideología del libre movimiento de factores de producción y, aún más, su displicente indiferencia por la OTAN y sus comentarios acerca de mantener una actitud menos beligerante con Rusia. Habrá que ver si algo de esto es más que un gesto que pronto caerá en el olvido, como muchas de sus promesas referentes a cuestiones internas. Pero su elección ha materializado una importante diferencia entre una serie de movimientos antisistema de derecha o de un centro ambiguo y partidos de izquierda, rosas o verdes convencionales. En Francia e Italia los movimientos de derecha se han opuesto sistemáticamente a las políticas de la nueva Guerra Fría y a las aventuras militares aplaudidas por los partidos de izquierda, incluyendo el bombardeo sobre Libia y las sanciones a Rusia.

El referéndum británico y las elecciones estadounidenses fueron unas convulsiones antisistema de la derecha, aunque estuvieron flanqueadas por significativos incrementos antisistema de la izquierda (el movimiento de Bernie Sanders en Estados Unidos y el fenómeno de Corbyn en el Reino Unido), de menor escala, aunque menos esperados. No estará claro qué consecuencias tendrán Trump o el Brexit, aunque sin duda serán más limitadas que las predicciones actuales. El orden establecido está lejos de estar derrotado en ninguno de los dos países y, como ha demostrado Grecia, es capaz de absorber y neutralizar a una velocidad impresionante las revueltas desde cualquier dirección. Entre los anticuerpos que ya ha generado están los simulacros yuppies de avances populistas (Albert Rivera en España, Emmanuel Macron en Francia), que arremeten contra los callejones sin salida y corrupciones del presente, y prometen una política más limpia y dinámica en el futuro, más allá de los partidos decadentes.

Está clara la enseñanza de los últimos años para los partidos antisistema de izquierda en Europa. Para no ser superados por los movimientos de derecha no se pueden permitir ser menos radicales a la hora de atacar el sistema y deben ser más coherentes en su oposición a este. Eso significa hacer frente a la probabilidad de que la UE sea ahora tan dependiente de decisiones previas en su condición de construcción neoliberal que ya no se pueda pensar seriamente en reformarla. Habría que deshacerla antes de poder construir algo mejor, ya sea rompiendo la actual UE o reconstruyendo Europa sobre otras bases y arrojando Maastricht al fuego. A menos que se produzca otra crisis económica más profunda, ninguna de las dos opciones es muy probable.

Notas:

(1) Por parte de Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi y otros.

(2) Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: the Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn 1945-2005, Verso, Nueva York, 2006.

(3) Raffaele Laudani, ‘Renzi’s fall and Di Battista’s rise’, Le Monde diplomatique, edición inglesa, enero de 2017.

* [N. de la t.: Para la traducción de este eslogan véase el interesante artículo ¿Cómo traducir ‘Make America Great Again’? Esta traductora se ha permitido añadir otra discrepancia: para los estadounidenses el nombre de su país es “America”, ignorando al los demás habitantes tanto de América del Norte como de América Central y Sur. 

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Perry Anderson enseña historia en la Universidad de California, Los Angeles, y su obra más reciente es The H-Word: the Peripeteia of Hegemony, Verso, Londres, 2017.

Fuente: http://mondediplo.com/2017/03/02brexit

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224148

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ESTADOS UNIDOS SE HA TRANSFORMADO EN UN ESTADO TERRORISTA, LA HUMANIDAD ESTÁ AMENAZADA

La humanidad, amenazada por guerras altamente destructivas

Estamos en plena nueva guerra fría entre USA, China y Rusia

Leonardo Boff

A ese paradigma del puño cerrado se impone la mano extendida como una alianza para salvaguardar la vida; ante el poder-dominación debe prevalecer el cuidado, que pertenece a la esencia del ser humano y de todo lo viviente. O damos este paso o presenciaremos escenarios dramáticos, fruto de la irracionalidad y de la prepotencia de los jefes de Estado y de sus halcones.

Nosotros en Brasil conocemos una gran violencia social, con un número de asesinatos de los más altos del mundo. No gozamos de paz pues hay mucha rabia, odio, discriminación y perversa desigualdad social.

Sin embargo estamos al margen de los grandes conflictos bélicos que se están llevando a cabo en 40 sitios del mundo, algunos verdaderamente amenazadores para el futuro de la especie humana. Estamos en plena nueva guerra fría entre USA, China y Rusia. Se ha reiniciado una nueva carrera armamentística, sea en Rusia, sea en Estados Unidos con Trump, para producir armas nucleares todavía más potentes, como si las ya existentes no pudiesen destruir toda la vida del planeta.

Lo más grave es que la potencia hegemónica, Estados Unidos, se ha transformado en un estado terrorista, haciendo una guerra despiadada a todo tipo de terrorismo, exteriormente invadiendo países de Oriente Medio e interiormente cazando inmigrantes ilegales y deteniendo a sospechosos sin respetar los derechos fundamentales, como consecuencia de la “Acta patriótica” impuesto por Bush Jr que suspendió el habeas corpus, acto no abolido por Obama, como había prometido.

Francisco, el obispo de Roma, al volver de Polonia dijo en el avión el 12 de julio de 2016: «hay guerra de intereses, hay guerra por dinero, hay guerra por recursos naturales, hay guerra por el dominio de los pueblos: esta es la guerra. Alguien podría pensar: está hablando de guerra de religiones. No. Todas las religiones quieren la paz. Las guerras las quieren otros. Capito?» Es una crítica directa al actual orden mundial, de acumulación ilimitada que implica una guerra contra la Tierra y la explotación de los pueblos más débiles. Todos hablan de libertad, pero sin justicia social mundial. Irónicamente se podría decir: es la libertad de las zorras libres en un gallinero de gallinas libres.

Comentaristas de la situación mundial poco mencionados en nuestra prensa hablan del peligro real de una guerra nuclear ya sea entre Rusia y Estados Unidos o entre China y Estados Unidos.

Trump, al decir del intelectual francés Bernard-Henri Lévy (O Globo 5/3/216) «es una catástrofe para Estados Unidos y para el mundo. Y también una amenaza». De Putin, en el mismo periódico, afirma: «es una amenaza explícita. Sabemos que quiere desestabilizar a Europa, acentuar la crisis de las democracias, y que apoya y financia a todos los partidos de extrema derecha. Sabemos también que en todos los lugares en que se traba una batalla entre la barbarie y la civilización, como en Siria y en Ucrania, está del lado equivocado. Ahí está una verdadera y gran amenaza».

Según Moniz Bandeira en su grandioso libro El desorden mundial, Putin quiere vengarse de la humillación que Occidente y Estados Unidos infligieron a su país al final de la guerra fría. Alimenta pretensiones claramente expansionistas, no en el sentido de recuperar la antigua URSS sino los límites de la Rusia histórica. El riesgo de una confrontación nuclear con Occidente no está excluido.

Estamos perdiendo la conciencia de los llamamientos de los grandes nombres del siglo pasado, como el de Bertrand Russel y Albert Einstein del 10 de julio de 1955 y unos días después, el 15 de julio de 1955, secundado por 18 premios Nobel, entre los cuales Otto Hahn y Werner Heisenberg, afirmando: «vemos con horror que este tipo de ciencia atómica ha puesto en las manos de la humanidad el instrumento de su propia destrucción». Lo mismo afirmaron varios premios Nobel durante la Rio-92.

Si en aquel momento la situación se presentaba grave, hoy es dramática. Pues además de las armas nucleares, hay disponibles armas químicas y biológicas que también pueden diezmar la especie humana.

Algunos analistas de los conflictos mundiales suponen que el próximo paso del terrorismo ya no sería con bombas y hombres-bomba sino con armas químicas y biológicas, algunas tomadas de la reserva bélica dejada por Gadafi.

En la raíz de este sistema de violencia está el paradigma occidental de voluntad de potencia, es decir, una forma de organizar la sociedad y la relación con la naturaleza basada en la fuerza, la violencia y el sometimiento. Ese paradigma privilegia la competencia a costa de la solidaridad. En vez de hacer de los ciudadanos socios, los hace rivales.

A ese paradigma del puño cerrado se impone la mano extendida como una alianza para salvaguardar la vida; ante el poder-dominación debe prevalecer el cuidado, que pertenece a la esencia del ser humano y de todo lo viviente. O damos este paso o presenciaremos escenarios dramáticos, fruto de la irracionalidad y de la prepotencia de los jefes de Estado y de sus halcones.

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-humanidad-amenazada-por-guerras-altamente-destructivas

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CIENTÍFICOS SUECOS HAN ENCONTRADO FÓSILES DE 1600 MILLONES, LOS MÁS ANTIGUOS REGISTRADOS

Un descubrimiento obliga a revisar el árbol de la vida

Encuentran evidencias de que la vida multicelular apareció 400 millones años antes de lo establecido

Científicos suecos han encontrado en La India fósiles de algas rojas que tienen 1.600 millones de años de antigüedad, lo que significa que la aparición de la vida multicelular es 400 millones de años más antigua de lo que se pensaba hasta ahora. El árbol de la vida deberá ser revisado.

Imagen tomográfica por rayos X de algas rojas fósiles estudiadas. Foto: Stefan Bengtson

Científicos del Museo Sueco de Historia Natural han encontrado fósiles de 1.600 millones de años de antigüedad, los más antiguos jamás descubiertos hasta la fecha. El descubrimiento, publicado en PLOS Biology, sugiere que se trata de algas rojas y que por ello la vida multicelular avanzada evolucionó mucho antes de lo que se pensaba. 

Los fósiles parecidos a algas rojas se localizaron en rocas sedimentarias bien conservadas en Chitrakoot (India central). Estaban incrustados en esteras fósiles de cianobacterias, llamadas estromatolitos, de 1.600 millones de años. 

Unas algas eran como un hilo y las otras pertenecían a una colonia carnosa. Los investigadores fueron capaces de observar en estos restos fósiles distintas estructuras celulares internas, así como un haz de filamentos característicos de las algas rojas. 

La datación del origen de estas algas se realizó mediante radiocronometría de las rocas, midiendo los productos en descomposición de elementos o isótopos radiactivos con ratios previamente conocidos. 

El equipo de investigadores observó asimismo el interior de las algas como microscopía tomográfica de rayos X, que permite escanear fósiles con detalles en tres dimensiones. Las imágenes obtenidas muestran estructuras que son típicas de las algas rojas. 

Sin embargo, esta forma de datación no es concluyente, ya que en las algas no hay restos de ADN, si bien los datos obtenidos se corresponden con la morfología y estructura de las algas rojas, según explica Stefan Bengtson, uno de los autores. 

Las primeras huellas de la vida en la Tierra tienen al menos 3.500 millones de años de antigüedad. Se trata de organismos unicelulares que, a diferencia de los eucariotas, carecen de núcleos y otros orgánulos.

Revisar al árbol de la vida 

Los organismos de tipo eucariota aparecieron más tarde, hace 600 millones de años, durante la transición de la era conocida como Fanerozoico, que se extiende desde hace unos 500 millones de años hasta nuestros días. 

Fanerozoico significa "vida visible", y se refiere al tamaño de los organismos que surgen en esta época. Mucho antes del Fanerozoico ya existía vida en la Tierra, sin bien es durante este período cuando los organismos vivientes adquirieron formas complejas, evolucionaron y se diversificaron. 

Los descubrimientos de eucariotas multicelulares tempranos han sido esporádicos y difíciles de interpretar, desafiando a los investigadores que intentan reconstruir y datar el árbol de la vida. 

Las algas rojas más antiguas conocidas hasta este descubrimiento tienen 1.200 millones de años. Los fósiles hallados ahora en La India son 400 millones de años anteriores a esta fecha y los más antiguos de este tipo que se han encontrado. 

Esta constatación plantea la conveniencia de que las primeras ramas del árbol de la vida vuelvan a ser reconsideradas, ya que el Fanerozoico parece haber empezado mucho antes de lo que se creía hasta ahora.

Referencia 

Three-dimensional preservation of cellular and subcellular structures suggests 1.6 billion-year-old crown-group red algae. PLOS Biology. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.2000735

http://www.tendencias21.net/Un-descubrimiento-obliga-a-revisar-el-arbol-de-la-vida_a43801.html

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HIPOCRESÍA DEL ESTADO COLOMBIANO Y SUS ÉLITES MAFIOSAS CON EL NARCOTRÁFICO

La hipocresía del Estado colombiano y sus élites mafiosas con el tema del narcotráfico

Cristian Camilo Barrera

Los denominados cultivos de uso ilícito han cobrado una importancia particular para la economía colombiana al menos desde la década de 1980. Alrededor de la cadena productiva del narcotráfico, que implica las fases de cultivo, procesamiento y comercialización, se consolidaron importantes redes económicas y de poder administradas por diverso tipo de personas que han regulado y administrado este rentable negocio. Colombia ganó una fama de alcance mundial con la economía resultante de estos narcóticos, tanto así que incluso se construyó todo un mito a nivel mundial alrededor de la cantidad de riqueza que logró acumular Pablo Escobar, quien es considerado por muchos como el narcotraficante más reconocido e importante de la historia. 

En estos más de 30 años en los que este rentable negocio se ha mantenido y se ha expresado en diferentes lugares de la geografía nacional han pasado varias cosas. Por ejemplo, a mediados de los 90 se habló desde la institucionalidad de la derrota de los carteles de narcos más importantes del país, y en adelante se responsabilizó a los grupos guerrilleros del control y la administración de estos negocios. Por ello fue que a finales de los noventa se firmó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos denominado como Plan Colombia: una estrategia cívico-militar de más de 9.600 millones de dólares para combatir lo que estos gobiernos consideraban el principal problema y enemigo para el orden existente en Colombia y la región: la guerrilla y la coca.

Sin embargo, es claro que en ningún momento los grupos guerrilleros han tenido el monopolio en la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de los cultivos de uso ilícito en Colombia. De hecho, si se analiza la evolución macroeconómica del país en los últimos 20 años queda claro que buena parte de la fuerza y volumen de la economía paralela de los narcóticos fue incorporada a los flujos económicos de la legalidad, y por ello en buena medida el Estado Colombiano no tuvo un ciclo económico de recesión y crisis como si lo tuvieron a principio del siglo otros países de la región dependientes de la economía internacional y los mercados globales tales como Argentina o México. Para comprobar la conveniencia y ambivalencia con que el Estado colombiano y sus élites han manejado el tema del narcotráfico y las utilidades económicas que esta actividad las ha generado, vale la pena recordar la existencia de la denominada “ventanilla siniestra” que tuvo el Banco de la República de Colombia hasta la década de los 90. Allí se recibían y cambiaban divisas extranjeras por moneda nacional sin necesidad de justificar el origen de los fondos. Ello permitió legalizar importantes cantidades de dólares y dineros provenientes de la actividad del narcotráfico que recibieron élites y grupos políticos locales, ya que con estos movimientos de capitales pudieron legalizar y poner a circular importantes cantidades de dinero dentro del flujo de divisas que regulaba el Estado Colombiano.

Por lo anterior, hay que decir y dejar clara una cuestión ante la opinión mundial que mira con expectativa el panorama y contexto socio-político en Colombia, y no comprende fácilmente lo que actualmente está pasando con los cultivos de uso ilícito: aquí han existido y hay importantes grupos económicos que se mueven en la “legalidad”, así como personas con grandes volúmenes de tierras, que se han beneficiado históricamente del negocio del narcotráfico, y de hecho siguen controlando actualmente la parte más rentable de este negocio: los ciclos de transformación de la coca en cocaína, su transporte a las ciudades y a otros países, y su comercialización.

Los colombianos y el mundo nos acostumbramos a escuchar en medios de comunicación y a leer en documentos e informes elaborados por instancias del gobierno colombiano y norteamericano que el problema de las drogas en Colombia estaba directamente relacionado con los grupos insurgentes y con las poblaciones campesinas que aceptaban cultivar coca en sus territorios. Con esa simple pero contundente afirmación se ha intentado por un lado justificar la criminalización en contra de este sector del campesinado que se ha visto en la condición de cultivar la hoja de coca, y por otro lado de responsabilizar a la guerrilla como el único actor que se ha beneficiado económicamente del tema de los cultivos de narcóticos, de paso con ello han legitimado sendas intervenciones y ayudas internacionales de tipo económico y militar para intentar “neutralizar” este problema.

Resulta en el contexto actual totalmente desafortunado e injusto que se siga estigmatizando y culpando al sector campesino que vive de los cultivos de la hoja de coca como el principal responsable del fenómeno. Si se miran las regiones y los territorios donde más se están realizando estos cultivos queda claro que hay factores materiales y concretos que ponen en evidencia la ausencia, el olvido y la debilidad de la institucionalidad del Estado en estas regiones, en tanto no hay vías, escuelas, centros de salud, proyectos de inversión o apuestas de políticas públicas que le apunten a mejorar y transformar realmente las condiciones de vida de la población que habita estas regiones y con ello se pueda sustituir la economía cocalera.

Para demostrar lo anterior, a continuación se va a presentar de manera comparada los lugares donde se concentran las áreas de cultivos, luego se van a exponer las dimensiones en Hectáreas estimadas de los mismos, y se van a presentar los flujos que hay en la transformación y comercialización de la coca tanto a nivel local como internacional, ello con la finalidad de demonstrar que el margen de utilidad para el campesinado es el más pequeño en toda la cadena productiva, y que la rentabilidad es exponencialmente mayor para algunos grupos de mafiosos que regulan las rutas y la comercialización de estos productos seguramente con la complicidad de poderes y autoridades locales.

Regionalizar la Pobreza y desconocer la concentración de riqueza en los centros de poder.

Para comprender de mejor manera la dimensión y la ubicación geográfica de los centros de producción y transporte de la coca en Colombia presentamos a continuación el siguiente mapa donde se pueden ver claramente las regiones donde se concentra la producción de los cultivos de la hoja de coca. De entrada hay que resaltar el hecho de que estas áreas de producción se ubican en zonas periféricas aisladas donde la institucionalidad se expresa sobre todo en una dimensión coercitiva, y donde no existen las condiciones básicas de infraestructura para el suministro de los servicios habitacionales tales como acueductos, redes de alcantarillado y suministro de energía eléctrica.

Las áreas rurales donde se concentra la producción de la hoja de coca coincide con zonas donde hay elevados índices de pobreza, donde hay ausencia de vías de acceso, donde las fincas y propiedades tienen extensiones cortas, y donde la oferta laboral es demasiado baja. Para dimensionar la extensión de estos cultivos a nivel geográfico, hay que traer a colación las cifras estadísticas elaboradas por la Casa Blanca de los Estados Unidos, quienes estiman que el número de hectáreas cultivadas con coca alcanzaron una cifra de 159.000 en el 2016.

Imagen 1: Áreas geográficas de Colombia con cultivos de coca. Año 2015. [i]

La cuestión de los cultivos de hoja de coca en Colombia también puede analizarse como un problema de clase: mientras los pobres son quienes la cultivan y sufren sendas arremetidas y procesos de estigmatización pública por vivir de estos cultivos, además son quienes reciben el menor margen de utilidad como resultado de este proceso productivo. Por otro lado, quienes comercian, transportan y transforman estos narcóticos son presentados mediáticamente como hábiles mafiosos, como respetables capos de la droga, y como unos “berracos”, a tal punto que incluso las principales cadenas de televisión colombiana han hecho series y telenovelas mostrando las ostentosas vidas de los capos de las drogas en Colombia. Con este tipo de mensajes a la sociedad promueven la cultura narco-paramilitar ligada a estos estilos de vida de despilfarro, derroche, de la instrumentalización de los cuerpos femeninos, y de las bondades de “la vida fácil”.

Los cultivos de coca en Colombia no responden a una estructura de latifundio, y ello en buena medida se explica precisamente porque son los más pobres y quienes menos tierras tienen los que se dedican a esta actividad económica. Mientras las grandes extensiones de tierra productiva están siendo destinadas para la ganadería, las pequeñas parcelas y las áreas apartadas de la geografía nacional son destinadas al cultivo de la hoja de coca. Además, vale la pena tener en cuenta que hay actualmente una tendencia incremental en el volumen y extensión de estos cultivos. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito, en el 2015 había más de 126.000 hectáreas de cultivos de coca, según la procuraduría y el departamento de Estado de Estados Unidos se estimó que en el 2016 hubo más de 150.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia, y según lo que proyecta el contexto actual, hay quienes afirman que para el 2017 el número de hectáreas puede alcanzar un pico histórico de 200.000 hectáreas de cultivos en todo el país.

De acuerdo a los índices demográficos de los cuatro departamentos donde se concentra el mayor volumen de producción de hoja de coca (Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Antioquia) se puede estimar que hay más de 120.000 familias que son económicamente dependientes en la actualidad de la renta económica y laboral que genera la fase de cultivo y arranque de la hoja de coca. Es decir, fácilmente hay más de 500.000 colombianos que tienen su sustento económico como resultado de cultivar y arrancar los cultivos de coca en todo el país.

La problemática de los cultivos de coca en Colombia también pone en evidencia el fracaso total y la debilidad estructural de la política agraria proyectada por el Estado colombiano. Hoy estamos frente a un sector rural totalmente atrasado y deteriorado, ello por la ausencia de una política concertada, pertinente y eficaz con el campesinado. Mientras los gobiernos de turno en Colombia apoyaron y fortalecieron el sector agroindustrial y ganadero, dejaron en una total desventaja competitiva y al margen del acceso a beneficios o incentivos para el campesinado. Debemos ser francos y honestos: hoy en Colombia no hay algún otro producto distinto a la coca que les genere a los campesinos un margen de ganancia y supervivencia similar. La ausencia de vías, la incertidumbre para los campesinos en el pago por otros productos que cultivan, el elevado costo de los insumos agrícolas para cultivar, y otros factores de tipo estructural y social limitan y constriñen las posibilidades de que el campesinado pueda tener alternativas concretas y eficaces para sustituir los cultivos de coca en la profunda, desigual y macondiana Colombia actual.

Es decir, mientras se regionaliza la pobreza y la estigmatización hacia estas zonas apartadas y excluidas del país como las principales responsables del problema, vemos que los centros de desarrollo económico si han recibido importantes volúmenes de dinero como resultado de esta actividad ilegal. No hay que dejar a un lado el rumor de que una buena parte del proceso de crecimiento inmobiliario en las principales ciudades de Colombia tales como Cali, Medellín y Bogotá fue impulsado por dineros provenientes del narcotráfico. Es evidente que la actividad de la construcción ligada al sector inmobiliario es una de las que más ha dinamizado la economía nacional en los últimos 15 años, y ante este panorama de crecimiento exponencial de los cultivos es apenas lógico que los márgenes de utilidad del narcotráfico se hayan invertido en estas actividades que de hecho siguen en aumento en la actualidad.

Una élite mafiosa articulada a las redes internacionales.

La cantidad de cocaína que es producida en Colombia es bastante, y el margen de utilidades que genera también lo es. De acuerdo a lo que calculó La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU para el año 2013, se estimó que entre Colombia, Bolivia y Perú producían anualmente 1.000 toneladas de cocaína, de las cuales Colombia produjo aproximadamente 650. En ese año (2013) había cultivadas en Colombia unas 90.000 hectáreas. Ello quiere decir que de acuerdo a la extensión en hectáreas actual, que está por encima de las 160.000, la producción de cocaína de Colombia debe ser al menos de 900 toneladas.

A medida que la cocaína se va transportando a diferentes lugares su valor va cambiando. Es decir, hay una variación en la oferta y la demanda de este narcótico en diferentes espacios geográficos y ello va modificando su valor comercial. El principal consumidor de cocaína en el mundo es Estados Unidos: se estima que su consumo anual es de aproximadamente 450 toneladas, mientras que se estima que a Europa llegan anualmente unas 250 toneladas, siendo entonces esta región la segunda consumidora mundial de esta sustancia. En otras palabras, donde hay mayor demanda hay mejor precio, por ello un kilo de cocaína tiene un valor mucho mayor en los Estados Unidos y en Europa que en cualquier otra parte del mundo.

Para dimensionar la manera como se va modificando el valor comercial de la cocaína en la medida que se va modificando el lugar donde se encuentra, presentamos la siguiente gráfica que muestra la variación de su valor comercial de acuerdo al lugar donde nos encontremos dentro del continente americano: 

Imagen 2: Variación del precio de la cocaína en Dólares. [ii]

Es claro que a pesar de que se estigmatiza y responsabiliza al campesinado colombiano como el principal responsable en la cadena de producción de la cocaína, sus márgenes de ganancia son los más pequeños en relación a todo el ciclo de comercialización y transporte de este producto. También es claro que el principal corredor de transporte de drogas que tiene el país se encuentra en la costa pacífica, y también es evidente que existen importantes poderes de tipo político, económico y militar involucrados en la evolución y continuidad de este rentable negocio ilícito. Entonces, vemos que no es el campesinado colombiano ni las FARC quienes controlan la red de comercialización internacional de la cocaína desde Colombia a otros lugares del mundo, sino que existen complejas redes dentro de la sociedad colombiana que controlan y regulan este lucrativo negocio.

Resulta particularmente llamativo ver que en las emisiones de noticias de las cadenas de televisión recientes ya no aparezcan los cubrimientos de grandes incautaciones de narcóticos a los que nos tenían acostumbrados en la fase más crítica de tensión entre la institucionalidad y la insurgencia, donde se le achacaba a la guerrilla toda la responsabilidad en la comercialización y transporte de narcóticos en Colombia. Es decir, con el proceso de paz mágicamente dejaron de darse las grandes incautaciones a las que nos tenían acostumbrados en medios de comunicación. ¿Será que esto es así porque ya no hay a quien responsabilizar?, ¿o será que hay acuerdos implícitos entre poderes y autoridades locales con estas redes de mafiosos para sacar grandes cantidades de droga del país en este convulsionado y extraño complejo contexto social y político de “paz”?

No hace falta ser un experto en temas de narcoticos para reconocer que estamos ante un problema bastante complejo en Colombia actualmente, y que por omisión, incapacidad o negligencia el Estado colombiano no sabe como abordar esta temática. ¿será que van a esperar para repetir la fórmula de asumir y acoger la estrategia que diseñe el gobierno norteamericano para el problema en Colombia? y también habría que preguntarnos ¿los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC tienen el suficiente alcance en términos de recursos, de tiempo y de maniobrabilidad como para resolver este problema?

Se va la guerrilla y la coca sigue… ¿se rompe la relacion Guerrilla – coca?

El gobierno colombiano tuvo como uno de sus principales argumentos para combatir a las FARC el que esta guerrilla de alguna manera promoviera la extensión de cultivos de coca en varias regiones de Colombia. Es decir, desde la institucionalidad se presentó con mucha fuerza el argumento de que la guerrilla de las FARC era el principal productor de cocaina del país, y que por tanto neutralizar a la guerrilla necesariamente implicaba acabar con los cultivos de coca.

Sin embargo, el contexto actual complejiza y relativiza esta afirmación del gobierno. Si miramos en detalle el contexto actual vemos que la relación guerrilla – coca no es tan lineal y evidente como se plantea en las fórmulas y estrategias de intervención civico-militar del gobierno. Si compraramos las zonas veredales de las FARC en términos del número de hombres ubicados en estas zonas en relación a las zonas cocaleras, vemos que no necesariamente donde hay más coca, hay más guerrilla. Por ejemplo, si sumamos la cantidad de miembros de las FARC presentes en las zonas veredales de Nariño, Putumayo y catatumbo (1120 personas), vemos que esta cantidad representa apenas el 17 % del total de personas que hacen parte de esta guerirlla que están ubicados en todas las zonas veredales de Colombia.

Con lo anterior, es claro que el reiterado y reencauchado discurso del gobierno colombiano de que las FARC ostentaban el monopolio en la producción y la comericalización de la coca en todo el país es falso, ya que a pesar de que la guerrilla se ha movido a las ZVTN, la dinámica de la producción y comercialziación de la coca sigue, y de hecho viene en un proceso de bonanza y crecimeinto nunca antes visto en Colombia. En otras palabras, hay personas con la suficiente capacidad y control territorial distintas a la guerilla que están controlando y regulando el negocio del narcotráfico en Colombia. Y desde ya vale la pena preguntarnos ¿Quienes son, y qué hará el gobierno colombiano ante esto?

Aquí podemos ver un reciente mapa donde se puede ver el número de guerrilleros de las FARC ubicados en cada una de las Zonas Veredales de Transición y Normalización -ZVTN-, y ver que efectivamente la ubicación de algunas zonas cocaleras del país si coinciden con algunas de las áreas de influencia de las FARC, pero también es claro que la capacidad militar de esta guerrilla no está dada en función de la actividad cocalera, y el tamaño de cada una de las ZVTN da cuenta de ello. Es decir, donde hay mas coca no necesariamente es donde hay más guerrilla, y con ello queda en evidencia que en este momento hay otros actores distintos a las FARC involucrados en la comercialización y transporte de estos narcóticos.

Imagen 3: Número de guerrilleros de las FARC ubicados en las zonas veredales. [iii]

Paz sin coca: Conflictos sociales, protesta popular y retos para el Estado.

Recientemente se han escuchado diverso tipo de declaraciones por parte de miembros de diferentes instancias de la institucionalidad sobre el problema de los cultivos de coca. Una de las posturas que más sonó fue la del ex Procurador General, quien defendió la propuesta de que la salida más conveniente y necesaria para el problema debía ser retomar el uso del glifosato para la fumigación de estos cultivos y con ello tratar de reducir el número de hectáreas cultivadas. A su propuesta también se sumó la voz del Fiscal General de la Nación, quién también se ha mostrado de acuerdo en que esta debería ser la salida y se deba retomar el uso del glifosato.

También ha llamado la atención las declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien ha planteado que el reto del Estado colomiano y sus fuerzas militares para el 2017 es acabar con 100.000 hectareas de coca. Sostiene que las fuerzas militares contemplan una estrategia de errdicación manual, sustitución de cultivos y la fumigación con glifosato de manera terrestre para cumplir con esta meta.

Además, queda en el tintero lo plasmado en los últimos acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno colombiano sobre el tema de cultivos de uso ilicito ( punto 4), donde se contempla la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos de Uso Ilicito y se trazan algunos objetivos y principios para resolver el problema. Sin embargo habría que preguntarnos: si al gobierno le ha costado hasta el momento cumplir con las condiciones básicas para que los guerrilleros puedan permanecer en las ZVNT, ¿Cuál será entonces la capacidad que tendrá para cumplir lo contemplado en esta parte del acuerdo y resolver así el problema de los cultivos en Colombia?

Además, no se puede ignorar la posible presión del gobierno norteamericano cuando a medidados de este año el departamento de Estado publique su informe anual donde determine la extensión geográfica de los cultivos de coca en Colombia y se vuelvan a encender las alarmas. Aunque esta vez la situación será un poco distinta o novedosa en tanto el gobierno dificilmente pueda seguir responsabilizando a las FARC por el problema. Entonces, ¿será que en este nuevo contexto caerá todo el peso de la persecusión en contra del campesinado?

Para el gobierno colombiano necesariamente debe terminarse la cadena productiva del narcotráfico para que se valide a nivel internacional su propuesta de paz, y seguramente los intentos que haga la fuerza pública para la erradicación de estos cultivos va a generar importantes conflictos sociales, procesos de resistencia y formas de movilización en estas atrasadas y olvidadas regiones, ya que por costumbre la gente en estas zonas es bastante desconfiada del gobierno, quien mucho ha prometido y poco ha hecho por materializar obras de inversión e impulsar politicas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. El tema de la coca seguramente será en el corto plazo un detonante que impulse procesos de movilización popular en estas regiones rurales, y lo cierto es que ni el Estado ni la guerrilla tienen el sartén por el mango en este tema, solo la historia y el tiempo nos mostrarán el desenlace de esta cuestión.

Además, el rostro de este pulpo que controla actualmente la cadena de transformación, comercialización y transporte de la coca en Colombia sigue en el anonimato. Seguramente la institucionalidad hablará de que los responsables de ello son grupos o bandas delincuenciales, pero es claro que por la envergadura y rentabilidad del asunto, hay poderes de diverso tipo que se mueven entre las sombras de la legalidad y se siguen lucrando de este rentable negocio. Por ello, si el Estado colombiano realmente quiere enfrentar el problema del narcotráfico, debe antes depurarse de quienes desde adentro mismo de la institucionalidad promueven, se benefician y se lucran con este negocio. No olvidemos que hay incluso expresidentes y senadores de Colombia que fueron amigos y personas de confianza de Pablo Escobar, quien fuera el más poderoso narco de la historia.

Notas

[i] Disponible en: http://elcooperante.com/colaboracion-colombia-detecta-aumento-de-66-en-cultivos-de-coca-en-frontera-con-venezuela/

[ii] Disponible en : http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/286766-precio-droga-crece-500-veces/

[iii] Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/dejacion-de-armas-de-las-farc-estaria-atrasada/516114

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224120&titular=la-hipocres%EDa-del-estado-colombiano-y-sus-%E9lites-mafiosas-con-el-tema-del-narcotr%E1fico-

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