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viernes, 18 de agosto de 2017

SANTOS Y LA OLIGARQUÍA SE APRESTAN SIGILOSAMENTE ALISTAR 5.000 SOLDADOS PARA LAS GUERRAS AJENAS

  • El primer Mandatario de Colombia firmó en Bruselas (Bélgica), con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) un acuerdo de intercambio de información y seguridad para la fecha del 6 de junio del 2013.
  • El Congreso de la República de Colombia avaló, en 2014, el acuerdo de cooperación que fue firmado el 6 de junio de 2013.

Invasiones y Terrorismo, 5000 soldados para las guerras ajenas

¿Cuál democracia hay que defender en territorios ajenos, si aquí todavía no funciona?, ¿cuáles derechos hay que devolverle a otros pueblos si aquí todavía no es clara la idea de ser humano que estamos construyendo y que no dejamos de violentar?, 
¿Cuál terrorismo hay que salir a combatir, si aquí la barbarie supera lo imaginable y borra sus huellas con nueva barbarie?


Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Las elites de la clase política global, estudian, diseñan, formulan y trazan la política a seguir en cada nueva intervención político-económica-militar. La elite, situada en el pentágono, la casa blanca, la torre trump, el G-7, configura ideológicamente el plan a seguir. La base de esta planeación estratégica, con análisis de escenarios, alianzas, costos y beneficios, distribución de poder y proyecciones, se resume en definir al enemigo de la seguridad y la paz global al que hay que combatir. El paso dos del proceso de planeación se orienta a comprometer a otros, al lobby diplomático, las visitas in situ (como la reciente de vicepresidente Mike Pence el 13 de agosto para hablar entre otros de Venezuela, Irán, Rusia y pedir que se corten relaciones con Corea del Norte), a crear vínculos con gobiernos, formaciones políticas (especialmente de derechas), trasnacionales, organizaciones multilaterales o incluso ONU, OEA, medios de comunicación y grupos de opinión, sobre los que se descarga la idea de que en la siguiente etapa de destrucción se hará lo que la opinión publica quiere que se haga porque la democracia lo exige y la seguridad lo necesita.

La siguiente etapa que es de destrucción, inicia con la injerencia de la matriz mediática insistente, incisiva, redundante, imparable, y la ocupación del terreno en todos sus componentes (político, social, económico, cultural), nada distinto al proceso de invasiones a américa con conquista, evangelización y colonización. La tarea queda a cargo de ejércitos, tropas y novedosos aparatos asesinos no tripulados, que componen la intervención militar, en la que a las elites les resulta útil comprometer a un buen número de países, gobiernos y estados que cumplan tareas directas, se hagan visibles, atiendan ordenes de campaña y extiendan el marco de posibilidades para que las consecuencias ya previsibles de retaliación con acciones terroristas sean también redistribuidas.

La tercera etapa es de reconstrucción, en la que se juega a fondo el orden económico global estrechamente vinculado al capital financiero. El modelo de invasión, se termina interpretando como de guerra asimétrica, en aplicación de la ley patriot de 2011 y de la guerra preventiva que derrumba las barreras y límites entre lo civil y lo militar, entre lo político y lo económico, entre la vida y la muerte, que a la vez destituyen el orden legal del DIH y de los derechos humanos y termina por imponer la premisa de que no hay derechos ni garantías de protección para los declarados enemigos sean pueblos o personas. El objetivo de las elites globales y en escala locales, de su metódica planeación, destrucción y reconstrucción, es obtener el control total de la población, el territorio y las riquezas, cambiar reglas y someter al orden hegemónico ideológico y cultural.

Los invasores, que impiden cualquier expresión de levantamiento popular de resistencia, esperan una contraparte que les permita legitimar y mantener sus acciones de guerra, y empujan para obtener respuestas de tipo terrorista, de cuya existencia son sus responsables. De esta manera los civiles dejan de existir y con ellos el sentido del sufrimiento de las víctimas. El agresor puede ser cualquiera y la victima también, los mercenarios se llaman ahora contratistas y los contratistas no entienden de ética ni legitimidad. Las invasiones y las acciones de respuesta asimétrica de tipo terrorista, llevan implícito el regreso de la ley del talión, en tanto que si un país ataca a otro, queda expuesto a ser atacado con la misma ferocidad por quien quiera proclamares representante de una comunidad, pueblo, minoría o grupo y puede también o no tener conexiones globales.

El que ataca como parte de un ejército de invasión, no recibe órdenes directas si no que cumple misiones y entenderá que la destrucción es un daño colateral necesario, sea de vidas humanas, bienes culturales o infraestructuras y el que ataca en acción terrorista entenderá que responde a una venganza. El que ataca como parte del ejército invasor representa a su país de origen sobre el que recaerán las retaliaciones por donde menos lo espere. Un soldado en guerra ajena inscribe el nombre de su país como territorio próximo de la retaliación. Cuando la acción terrorista no se hace posible en el lugar geográfico del invasor, el ataque podrá producirse en cualquier parte con alguna representación global donde se junten nacionales de distintos países, como sitios de peregrinación, grandes superficies, parques públicos, sitios turísticos, centros culturales o deportivos, calles, avenidas, fiestas populares, iglesias, mezquitas, sinagogas. Basta que haya escarnio y el dolor genere mas rabia y menos tolerancia, que despierte pasiones y desate lo menos humano de los humanos, que active el imaginario de que en cualquier lugar hay un enemigo anunciando que el que ataque también será atacado, a su tiempo, en el momento preciso.

Son guerras inventadas, planeadas para mantener al mundo bajo estado de excepción, (estado de sitio del que Colombia es su precursor en democracia), para acelerar la velocidad de expansión del capital triplicado en papeles especulativos; desestabilizar independencias; sostener la desigualdad global y local que muestra a menos de millón de humanos dueño de mas de la mitad de todo lo que existe incluida la profundidad de los mares y la inmensidad del infinito ante varios miles de millones que sobreviven con hambre, sufrimientos y carencias. La desigualdad acoraza a la arrogancia del poder que queda libre para extender el capital especulativo, los nuevos instrumentos financieros, las tecnologías y el despojo de las riquezas materiales que sostienen la vida humana y del planeta.

Las de hoy son invasiones asimétricas, guerras inútiles alimentadas con odios, con mitos morales y discursos espurios de buenos y malos, con mentiras, con falsos temores que provocan miedo y hacen que las mismas víctimas se encarguen de pedir mas control, mas seguridad, aunque esta traiga consigo socavar derechos y eliminar libertades. Los cambios en la morfología de la economía y la política globales, ponen al descubierto un modelo ideológico que promueve la guerra cotidiana, que desestabiliza la idea de que “para alguien pueda existir lo cotidiano fuera del espacio y el tiempo de la guerra” (Appadurai, 2007). Lo inalcanzable y despiadado de las fluctuaciones del capital resulta tan lejano y tan sólido en su capacidad de controlarlo todo, que desborda los antagonismos que antes lo enfrentaban y eliminan los espacios para confrontarlo y ponerlo a debate. Es en la mitad de estos cierres e intolerancia que surge el terror celular, individual o colectivo con capacidad de globalizarse y reemplazar por violencia cualquier salida de paz como pilar de la vida cotidiana. El terrorista reclama representar la incapacidad de los pueblos para resistir tanta muerte y humillaciones.

La Terrible noticia para Colombia, es que aparte de incumplir la palabra empeñada para responder al compromisos de la paz firmada, de soslayo abra las posibilidades para participar en otras guerras del lado de los invasores y se disponga a enviar 5000 soldados como carne de cañón y a costa del erario a perseguir enemigos señalados así por las elites de la clase política global, que con xenofobias, discriminaciones y odios extienden una política de ultraderecha global basada en intervención, injerencia y violación de la soberanía y libre autodeterminación de otros pueblos. Quizá rememorando el envió de tropas en 1951 para empezar la guerra fría, Colombia envió a Corea a casi 5000 soldados a impedir la expansión del comunismo, aunque no sabían dónde quedaba, sin embargo entre el casi cercano medio millón de víctimas murieron 196 y mas de 400 quedaron heridos y olvidados. Resulta poco comprensible que el presidente Santos que ha cosechado logros políticos y sociales en nombre de la paz y obtenido un premio nobel dedicado a las víctimas y ofrendado a la vida, incentive, promueva y conduzca soldados campesinos a guerras ajenas de las que no todos regresarán, en las que hay destrucción, muerte, sufrimiento y también retaliación terrorista. ¿Cuál democracia hay que defender en territorios ajenos, si aquí todavía no funciona?, ¿cuáles derechos hay que devolverle a otros pueblos si aquí todavía no es clara la idea de ser humano que estamos construyendo y que no dejamos de violentar?, ¿Cuál terrorismo hay que salir a combatir, si aquí la barbarie supera lo imaginable y borra sus huellas con nueva barbarie?

Nada justifica las acciones orientadas a producir terror y todas son condenables, repudiables. Tampoco nada justifica las intervenciones abiertas y encubiertas que desestabilizan la vida, provocan la muerte y alientan que la intimidación, el temor y el miedo se apoderen de las vidas y las mentes de los inocentes. Es por lo menos incoherente con la paz en construcción llevar soldados de estas tierras a combatir en tierras ajenas, porque mañana vendrán los expulsados de allá y crecerá la xenofobia, la rabia, el odio y entonces basta con que una acción terrorista. Ese es el plan, el circulo vicioso que crea el capital con soldados que matan y mueren, con terroristas que envilecen y también son asesinados, civiles expuestos de lado y lado y elites que distribuyen réditos políticos y riquezas, impidiendo entender que no puede seguir siendo cierto que los buenos sean buenos porque matan a los malos. La lucha hay que ganársela a toda intervención, a toda violencia, a toda agresión imperial y de venganza.

Fuente Artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/187515

Fuente notas iniciales y video: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/26/colombia-santos-anuncio-entrada-a-la-otan-venezuela-senala-que-asi-se-vulnera-la-zona-de-paz/


Solicitan a Presidentes Santos que Colombia revierta el acuerdo con la OTAN

osirredentos2015


Sr. Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia

Presente

Hemos tomado conocimiento que Colombia firmó en Bruselas, Bélgica, con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) un acuerdo de intercambio de información y seguridad.

Queremos manifestarle a usted, al Congreso, y al pueblo de Colombia nuestra preocupación y rechazo a este acuerdo y pedimos a Colombia que considere la posibilidad de anular esta decisión.

Mientras América Latina y el mundo celebramos los avances en los Acuerdos de Paz con la guerrilla insurgente y que Colombia camina hacia la estabilización de su sistema social y democrático la firma de este acuerdo con la OTAN es un paso negativo que pone en riesgo a Colombia y a todo nuestro continente.

La OTAN ha sido una maquinaria de guerra en la historia de la humanidad y nada bueno ha surgido de esta organización que sólo ha sembrado la destrucción, la muerte y la violencia contra naciones pequeñas e indefensas donde los mismos países participantes han fomentado la guerra y la división de estas naciones para favorecer y lograr sus objetivos geopolíticos.

Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro continente en riesgo.

Creemos que Colombia y todos nuestros países deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclamó la CELAC, en enero de 2014, en la Habana, Cuba.

Pedimos que Colombia revierta esta decisión, se retire de la OTAN, y siga su camino y su compromiso por la paz.

Atentamente,

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo

María Stella Cáceres, Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos. Asunción, Paraguay

Alicia Lira, Presidenta AFEP, Chile

Myriam Parada Avila, Directora Ejecutiva Escuela de Paz, Colombia

Gustavo Gallardo, Presidente la Fundación Lazos de Dignidad, Colombia

Antônio Barreto, presidente de CEBRAPAZ, Brasil

Guillermo Burneo, Perú

Frei Betto, escritor, Brasil

Sandra Quintela, economista, Brasil

Lúcia Skromov, Brasil

Stella Calloni, periodista, Argentina

Ana Lia Murriello, Argentina

Carlos A. Settembrini – Arrecifes – Argentina

François Houtart, Ecuador

Julin Acosta, República Dominicana

Rachel Reist, Coordinadora del Consejo de SOAWatch

Susana Pimiento, EEUU

Judith Kelly, escritora, maestra por la paz, EEUU

Rev. Raul Suarez, pastor (r) bautista, Cuba

Elisa Mata, militante de solidaridad internacional y derechos humanos, Argentina

Jonathan González Quiel, Panamá

Jorge Mansilla Torres, boliviano, ex embajador en México

Lucio Oliver, Dr. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México

Alfonso Anaya, México

Hildelisa Preciado, México

Dalia Ruiz, México

Carmen Mendoza, México

Leticia Gutiérrez, México

Gabriela Hernández, México

María Elena López G, México

Norberto Pérez, México

Maricarmen Montes, México

Elizabeth Alejandre, México

Rosa Barranco, México

Angeles González, México

María de Lourdes del Villar, México

Bertha Vallejo, Graciela Tapia, México

Marisa Rodríguez, México

Rosa María Larroa, México

Leonor Aída Concha, México

Cristina Steffen, México

Claudia Sandoval, Walter Martínez, México

Pastor Ricárdez, México

Ángel Torres Velandia, México

Gabriela Aminta Videla González, Cuernavaca, México

Raphael Martinelli – Brasil, advogado, Núcleo dos Irredentos / Rádio Os Irredentos
Geraldo Sardinha – Brasil, Núcleo dos Irredentos / Rádio Os Irredentos



Organizaciones:

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH

Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos

Centro Memorial Dr. Martin Luther King,Jr, Cuba

Comisión Ética Contra la Tortura, Chile

Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, Brasil

Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia

Servicio Paz y Justicia Paraguay

Servicio Paz y Justicia México

Servicio Paz y Justicia Chile

Servicio Paz y Justicia Uruguay

Servicio Paz y Justicia Costa Rica

Servicio Paz y Justicia Argentina

Coordinación Latinoamericana del SERPAJ – AL

COMISEDE, Perú

Liga Argentina de los Derechos del Hombre

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política

Unión Bicentenario de los Pueblos (UBP, Capítulo Chile)

Comité Oscar Romero – SICSAL Chile

Comitê Pró-Haiti – Brasil

Tribunal Popular – Brasil

Organização Indígena Revolucionaria – Brasil

Mujeres para el Diálogo, México

Comité Monseñor Oscar Romero, SICSAL México.

Movimiento de Solidaridad Nuestra América, México

Somos una América Abya Yala

Centro Amigos para la Paz, Costa Rica

Comité Óscar Romero de Vigo

Comité Monseñor Oscar Romero, Madrid, España

Insurrectas Autónomas Honduras

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOA Watch

Fuente: https://osirredentosblog.wordpress.com/2017/03/22/solicitan-a-presidentes-santos-que-colombia-revierta-el-acuerdo-con-la-otan/

miércoles, 16 de agosto de 2017

PARA EL 2018 AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA ARRECIAR LA GUERRA DE LA OLIGARQUÍA CONTRA EL PUEBLO

Un Presupuesto Para Arreciar la Guerra Contra el Pueblo


POR RO 



Con el pomposo nombre de “Ajuste exitoso, repunte en marcha” fue presentado a discusión del establo parlamentario el presupuesto general del Estado colombiano para el año 2018. Un presupuesto que, contra la estruendosa palabrería sobre la paz instrumentada por los ricos y sus secuases oportunistas y reformistas, aumenta los rublos para arreciar la guerra contra el pueblo.

En efecto, en el presupuesto para el año entrante se reduce drásticamente el rublo de la mentirosa llamada Inclusión Social y Reconciliación de 11,7 a 9,6 billones de pesos, mientras los del sector Defensa (Ejército y Policía) aumentan asombrosamente de 29,9 a 32,4 billones de pesos. Si las fuerzas militares ya no tienen que combatir a la guerrilla de las FARC, era de suponer una disminución del presupuesto de guerra, pero detrás de la mentirosa paz de los ricos se esconde el interés de garantizar y defender los privilegios de los ricos, burlar a los pobres del campo expoliados en la guerra y aplastar todo intento de rebeldía popular.

En esa misma dirección de defender los privilegios de los capitalistas holgazanes, judicializar la protesta popular y criminalizar las organizaciones del pueblo y sus dirigentes, es decir, de arreciar la guerra contra el pueblo, están encaminados los recursos para la llamada Inteligencia que se incrementan de 95 a 97 mil millones de pesos, junto con los de la Fiscalía de 3,5 a 3,8 billones de pesos, así como el de la Rama Judicial que se incrementan de 3,8 a 4,12 billones de pesos.

El presupuesto general para el año 2018 deja en claro además que esa paz mentirosa ahonda las diferencias sociales y las contradicciones antagónicas de la sociedad. De ahí que mientras por un lado, muestran como tapadera el aumento del presupuesto para el llamado Postconflicto de 1,8 a 2,4 billones de pesos que, aun cuando abarca desde “reparación a las víctimas” hasta “sustitución de cultivos ilícitos”, en realidad son los gastos para legalizar las tierras usurpadas a los campesinos pobres y medios, por otro lado, reducen drásticamente rublos importantes del gasto social como agua potable, educación, cultura, recreación y deportes.

Y para los ilusos que sueñan que con la firma de la paz se cambiarían las costumbres y el ordenamiento establecido por los ricos, donde de verdad el establo parlamentario deje de ser una cloaca de parlanchines que no deciden nada, el aumento del gasto para la Presidencia de 479 a 631 mil millones de pesos no deja dudas del carácter presidencialista del régimen de gobierno; así mismo, el aumento de más del 100% de dinero destinado a la Registraduría, que sube de 691 mil millones a 1,8 billones, es el señuelo para engañar a los incautos y comprar la participación de los jefes de los partidos politiqueros en la farsa electoral el próximo año; una farsa que a pesar de las firmatones contra la corrupción y demás trucos de campaña para quebrar la abstención mayoritaria del pueblo, no cambiará la esencia del Estado burgués como máquina de dominación de la minoría parásita sobre la inmensa mayoría trabajadora, ni ocultar la podredumbre de un instrumento al cual ya no le caben más reformas sino que debe ser destruido con la violencia revolucionaria de las masas.

El presupuesto para el año 2018 es un presupuesto para la guerra, que ahondará las diferencias y contradicciones sociales confirmando lo que desde antes de las negociaciones de La Habana dijeran los comunistas: ¡la paz de los ricos es guerra contra el pueblo! El presupuesto general del Estado burgués para el año entrante es una decisión política de las clases dominantes y sus cómplices de los partidos oportunistas y reformistas que debe ser confrontado con la lucha revolucionaria del pueblo, con la movilización y el bloqueo, con el paro y la huelga política de masas, que obligue a los explotadores a echar atrás su criminal política de guerra contra el pueblo y arranque en el combate las reivindicaciones esenciales que una vez más pretenden ser recortadas.

Fuente: http://www.revolucionobrera.com/actualidad/un-presupuesto-para-arreciar-la-guerra-contra-el-pueblo/

MUERTE Y REPRESIÓN DEL GOBIERNO SANTOS A JUSTA PROTESTA DE MINEROS EN COLOMBIA

El régimen de Colombia reprime a balazos a mineros en protesta

Joven minero de 18 años asesinado por los perros del narco-estado colombiano.

Por Octubre
El Esmad reprimió a los manifestantes. | Foto: @PrensaRural

Decenas de mineros también resultaron heridos de bala tras ser reprimidos por la Policía Nacional colombiana y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El joven minero Brando Stid Ochoa, de 18 años de edad, fue asesinado este lunes de un disparo en el pecho en Antioquia, Colombia, informó la Mesa Minera de Segovia a través de su cuenta en Twitter.


La Mesa Minera de Segovia #Antioquia confirma el asesinato del joven minero Brandon Stid Ochoa, a causa de un tiro en el pecho.

Decenas de mineros resultaron heridos de bala tras ser reprimidos por la Policía Nacional colombiana y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La Mesa Minera de Segovia #Antioquia confirma el asesinato del joven minero Brandon Stid Ochoa, a causa de un tiro en el pecho. pic.twitter.com/Cassrj49lw

El joven Brandon Stid Ochoa tenía 18 años y se encontraba protestando en Segovia junto a miles de mineros de del nordeste antioqueño.

Desde el pasado 21 de julio, mineros de las comunidades de Segovia y Remedios iniciaron un paro indefinido en demanda de medidas adecuadas para formalizar la actividad minera y para demostrar su descontento contra la legislación vigente.

La Mesa Minera de Segovia #Antioquia confirma el asesinato del joven minero Brandon Stid Ochoa, a causa de un tiro en el pecho. pic.twitter.com/Cassrj49lw

Además de la muerte de Brandon Ochoa Estrada, en Segovia también se cuentan decenas de mineros heridos por disparos con armas de fuego. pic.twitter.com/q4t77D4MGX


Más de 20.000 mineros tradicionales se han sumado a la protesta. El vicepresidente de la Mesa Minera, Jaime Gallego, declaró que no han tenido acercamientos con el Gobierno y ambos municipios antioqueños -Segovia y Remedios- están paralizados.


Voceros de la Mesa Minera de Remedios y Segovia llegaron este lunes a la plenaria de la Cámara de Representantes para exigir que se retire el Proyecto de Ley 190, presentado por el senador Juan Diego Gómez, que afectaría el desarrollo de la actividad de los mineros tradicionales de la región.

“Somos las comunidades las que votamos en los territorios, su trabajo se debe a nuestras demandas”, recordó la asesora jurídica de la Mesa a los congresistas.

Fuente: https://diario-octubre.com/2017/08/16/el-regimen-de-colombia-reprime-a-balazos-a-mineros-en-protesta/

domingo, 13 de agosto de 2017

EL PRONTUARIO VERGONZOSO DE CAMBIO RADICAL

El prontuario de Cambio Radical

lapipaco

Alianzas con paramilitares, casos de corrupción y hasta condenas por asesinato, se resaltan con negrilla en la hoja de vida del partido de Germán Vargas Lleras.

Cambio Radical es un partido con más prontuario que cualquier otra cosa, es el partido que más ha avalado parapolíticos, es el partido que más gente tiene encarcelada por diferentes casos de corrupción, que avaló a un asesino como ‘Kiko Gómez’”,
Fueron las palabras de la senadora Claudia López en medio de un fuerte debate con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Las palabras de López parecen fuertes pero realmente se quedan cortas. Sobre Cambio Radical hay datos sorprendentes y que seguramente gran parte del país desconoce: 349 miembros de sus filas han sido sancionados y 41 destituidos.

Tiene 19 congresistas condenados por parapolítica, de 44 investigados; 11 alcaldes de Cambio Radical están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, y los gobernadores no se quedan atrás: la cifra llega a 8 entre investigados y condenados. 

La cereza del pastel es el “inefable” Gustavo Moreno, el Fiscal Anticorrupción capturado por corrupto, quien llegó al cargo en virtud de su militancia en ese partido.

El mismo Germán Vargas Lleras, jefe máximo del partido y actual candidato a la Presidencia de la República, se encuentra salpicado por los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de “Santos Presidente”, de la fuera fórmula vicepresidencial.

La ‘parapolítica’

Un recuento de las sentencias contra congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia elaborada por el portal Verdad Abierta, arroja las cifras sobre la responsabilidad directa de los partidos políticos a los que pertenecían los parlamentarios que hoy se encuentran condenados por la justicia.

Cambio Radical con seis senadores y nueve Representantes a la Cámara condenados ocupa el primer puesto.

Los senadores son: Humberto Builes Correa, Rubén Darío Quintero, Reginaldo Montes, Jairo Enrique Merlano, Miguel Pineda y Javier Cáceres Leal.

Y los Representantes a la Cámara son: Fabio Arango Torres, José María Conde Romero, Oscar Leonidas Wilches Carreño, Edgar Eulises Torres Murillo, Jesús Enrique Doval Urango, Estanislao Ortíz Lara, Jaime Cervantes Valero, César Augusto Andrade y Manuel Darío Ávila Peralta.

Corrupción (y otros delitos)

Benjamín Socadagui Cermeño, alcalde de Arauca. La Fiscalía lo investigó por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Fue capturado en febrero de 2016. Quedó libre por vencimiento de términos.

César Fabián Villalba, alcalde de Girardot. En octubre del año pasado fue enviado a la cárcel por peculado por apropiación, concierto para delinquir, constreñimiento al elector y corrupción al sufragante. Un juez lo dejó libre por no representar un peligro para la sociedad, pero sigue vinculado al proceso.

El ex alcalde, Diego Escobar, del mismo partido, también fue capturado por hechos de corrupción.

José Fernando Vargas Palacio, alcalde de Galapa. Condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Fue reemplazado en la Alcaldía por su hijo José Fernando Vargas Muñoz, quien se encontraba inhabilitado al momento de inscribir su candidatura.

Eduardo Villa Mozo, alcalde de Pivijay. Fue enviado a la cárcel acusado de acceso carnal violento a menor de 16 años.

Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha. En enero de este año fue capturado junto con cinco funcionarios de su gobierno por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

Marcos Daniel Pinera, alcalde de Montería. La Fiscalía ordenó su captura por las irregularidades detectadas en la construcción del Coliseo “Miguel Happy Lora” y la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Un juez lo dejó en libertad pero continúa vinculado al proceso.

Henry Montes Montealegre, alcalde de Aguachica. Fue capturado en abril del 2016 por irregularidades en el suministro de alimentación escolar. La Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación.

Por estos hechos también fueron capturados su asesor jurídico, el secretario de Educación del municipio, el secretario de Planeación, la contratista que entregaba los alimentos y la coordinadora del colegio Sagrado Corazón.

El alcalde permaneció tres meses en la cárcel hasta que un juez le otorgó la libertad pero sigue vinculado al proceso.

Héctor Antonio Amado, alcalde de Sáchica. En febrero del año pasado un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.

Antonio Roa Montero, alcalde de Luruaco. Fue capturado en marzo del 2016 por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos en hechos ocurridos en su primer mandato como alcalde (2009).

Junto a Roa, fueron capturados Eddy Altamar, ex tesorero de la alcaldía, y Miguel Castellano, ex secretario de Planeación. Un juez lo dejó en libertad pero sigue vinculado al proceso.

Eurípides Pulido, alcalde de Maicao. Hombre cercano a “Kiko” Gómez, fue capturado en octubre del 2015, acusado por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

Un juez le dio prisión domiciliaria al considerar que no representa un peligro para la sociedad.

Uldarico Toloza, alcalde de Barranco de Loba. Fue capturado en el mes de mayo por el delito de concierto para delinquir. En su contra cursan cuatro investigaciones por presunto falso testimonio, amenazas, injuria y delitos contra la administración pública.

Alias ‘Ernesto Báez’ en una audiencia de Justicia y Paz afirmó que Toloza hizo parte de las AUC. Según el exparamilitar, el alcalde tenía nexos con los organizadores y firmantes del “Pacto de Loba”, reunión convocada por el grupo armado ilegal a la que asistieron políticos de la región, delegados de los comandantes de las autodefensas y miembros de movimientos como “No al despeje” y “Asocipaz”.

El propósito de dicha reunión, según el portal Verdad Abierta, era notificar a los asistentes de que en los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación.

Los Gobernadores

El caso de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, gobernador de La Guajira, ha sido emblemático, pero no es el único. 

Condenado a 55 años de cárcel por los asesinatos de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca.

Las órdenes de ‘Kiko Gómez’ habrían sido ejecutadas por ‘Marquitos Figueroa’, uno de los delincuentes más peligrosos de la costa atlántica.


Oneida Pinto, gobernadora de La Guajira. Fue capturada en marzo de este año. La Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Pinto también es investigada por las presuntas amenazas de muerte que recibió el exgobernador Jorge Enrique Vélez.

Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. Condenado a seis años de cárcel por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Fue capturado en octubre del 2015 por pagar sobornos para afectar el proceso penal en su contra.

Aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. En un año el exgobernador podrá empezar a pedir su libertad si rebaja pena trabajando o estudiando.

Manuel Carebilla Cuéllar, gobernador del Amazonas. En marzo del año pasado la Corte Suprema de Justicia suspendió y ordenó la captura de Carebilla por los delitos de cohecho, peculado y falsedad en documento público.

El exgobernador fue denunciado por cobrar coimas a miembros de su UTL durante los años 2006 y 2010. Además es investigado por irregularidades en el plan de alimentación escolar.

Fredy Forero Requiniva, gobernador de Arauca. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos. Posteriormente el Consejo de Estado declaró nula su elección por haber estado incurso en una inhabilidad, el exgobernador representó como abogado a una empresa que ganó una licitación con el departamento sin que hubiera pasado un año antes de las elecciones en que fue elegido. 

Joaco Berrio, gobernador de Bolívar. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 18 años por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Gobernación, específicamente por falta de diligencia para contratar servicios de salud.

Edilberto Castro Rincón, gobernador del Meta. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 40 años de cárcel por el homicidio de tres dirigentes políticos de ese departamento. Las víctimas fueron el excandidato a la Gobernación del Meta, Euse Rondón; la diputada Nubia Sánchez y el exgobernador Carlos Javier Sabogal.

Castro Rincón también fue condenado por celebración indebida de contratos y concierto para delinquir agravado. Increíblemente un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria sólo dos años después de haber sido condenado.

Julio Enrique Acosta, gobernador de Arauca. En el 2011 fue capturado por el asesinato del ex registrador de Arauca, Juan Alejandro Plazas Lemónaco. Desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, aseguraron haber patrocinado su campaña y haber perpetrado crímenes por orden del exgobernador. Este año un juez lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

Emilio, el “buen muchacho” de Vargas en el Tolima

No sobra decir que en el departamento del Tolima, el máximo líder de Cambio Radical es Emilio Martínez Rosales, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

En el 2.000 el Consejo de Estado lo despojó de su investidura por otorgarle un millonario contrato al tercero de su lista a la Cámara.


En el 2002 la Corte Suprema de Justicia determinó que Emilio debía responder por el delito de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. La Corte encontró irregularidades en la celebración de más de 50 millonarios contratos, así como en dos procesos licitatorios y siete órdenes de compra durante su periodo como presidente de la Cámara.

Fue condenado a 16 meses de prisión por peculado culposo.

En el 2008 la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué ordenó la captura de Emilio Martínez quien según testimonios de seis exparamilitares internos en la cárcel de Picaleña, tenía relación con el Bloque Tolima de las Auc.

Los “exparas” dijeron a la Fiscalía que Martínez había pedido apoyo a tres ex comandantes para sus candidatos de Cambio Radical a las alcaldías en Guamo, Rioblanco, Natagaima y Ataco.

Fuentehttp://lapipa.co/prontuario-cambio-radical/

LOS PODEROSOS AMIGOS DE ANGLO GOLD ASHANTI QUE AGAZAPADOS TRABAJAN POR EL REGRESO DE LA EMPRESA MINERA

Anglo Gold Ashanti y sus 8 poderosos amigos en el Tolima

Con el gobernador Barreto y el influyente periodista Silverio Gómez a la cabeza, este grupo trabaja agazapado por el regreso de la empresa minera

Por: Lapipa.co 

Pese al rechazo generalizado de la ciudadanía, a la multinacional minera todavía le quedan leales y poderosos amigos en la región. Por ahora, la pelea la ganan las comunidades y los ambientalistas.

La multinacional minera Anglogold Ashanti es, a juzgar por los hechos, la empresa más repudiada en esta región. Su proyecto de minería a cielo abierto ‘La Colosa’, ha motivado tres consultas populares: En el Tolima, las de Cajamarca y Piedras, y en el Quindío, la de Pijao.

En los tres municipios, el rechazo se ha manifestado de manera contundente a través de las urnas.

En Ibagué se realizan cada año movilizaciones multitudinarias en rechazo a AGA y su proyecto, y el concejo acaba de aprobar por unanimidad un acuerdo – con nombre y apellido – que prohíbe la gran minería de metales en zona rural y urbana del municipio.

A pesar del rechazo generalizado de la población, la empresa minera aún tiene poderosos amigos y aliados políticos en el departamento.

Carlos Hernando Enciso, exgerente de Asuntos Corporativos de ‘La Colosa’, ha aceptado que Anglogold financia a “casi” todos los partidos políticos, con excepción del Polo Democrático y el Partido Verde.

El exfuncionario de Anglogold aseguró que en las pasadas elecciones locales, la compañía minera hizo aportes al Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y al Centro Democrático. El “partido de Uribe”, según reveló el Senador Iván Cepeda hace algunos meses, es el que más recibe aportes de la multinacional minera.

De ahí que entre los amigos más cercanos de AGA se encuentren líderes importantes de la política regional, todos detractores de la consulta popular en Cajamarca y, algunos más que otros, defensores de oficio de las labores de la multinacional en el municipio.

Oscar Barreto

El Gobernador del Tolima ha pretendido ser “prudente” en los asuntos relacionados con Anglogold Ashanti, sin embargo,su silencio frente a las consultas populares y las multitudinarias manifestaciones en contra del proyecto, le han merecido duros cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos.

También le han cobrado su cercanía con Carlos Hernando Enciso, quien fuera su secretario de Infraestructura (también lo fue de Luis Carlos Delgado Peñón, fugazmente) antes de asumir la gerencia de Asuntos Corporativos de AGA, en La Colosa.

Enciso fue muy activo en la campaña Barreto II y acompañó como empresa los eventos e iniciativas de la gobernación, incluso en actos que en nada tenían que ver con los intereses de la multinacional (aparentemente), por ejemplo, en el sur del Tolima.


La “prudencia” de Barreto frente al proyecto minero se puso a prueba desde su primer mandato. En 2009, se realizó un debate en el Congreso de la República sobre La Colosa, al cual el gobernador no asistió.

La entonces representante a la Cámara, Rosmery Martínez, le reclamó a Barreto por su desinterés, a lo que el mandatario respondió con las charreteras: “el gobernador no es subalterno de la doctora Rosmery… quiero recordarle que la agenda del gobernador la decide el gobernador no ella…”

También en 2009, en el marco de la audiencia pública que el Ministerio de Ambiente realizó al proyecto para otorgar la licencia de exploración y el permiso para sustraer un área de la Reserva Forestal Central, Barreto guardó silencio pese a que Cortolima y la Procuraduría Ambiental y Agraria se opusieron a que se diera vía libre a la exploración.

En su discurso, cuando el gobernador se anima a plantear su punto de vista sobre el particular, coincide con la multinacional y el gobierno nacional, en el sentido de que las competencias frente a temas mineros le corresponden a Bogotá y no a los entes territoriales.

Será el gobierno quien decida sobre las licencias a Anglogold, no será ni el gobernador, ni el alcalde, ni la Corporación, quienes decidan eso. Hay que tomar una posición de la defensa del medio ambiente, pero sin fanatismos ideológicos ni personales”.

Barreto ha sido cuidadoso y evasivo frente al tema minero, nunca ha manifestado inconformidad alguna con el proyecto La Colosa y aunque no se ha atrevido de manera abierta a respaldar el proyecto, está muy lejos de ser un gobernador defensor de iniciativas como las consultas populares.

Carlos Edward Osorio

El Representante a la Cámara por el Tolima ha sido el padrino político de los dos últimos alcaldes de Cajamarca, ambos muy cercanos a la multinacional Anglogold Ashanti.

Aunque Osorio también se ha mostrado “diplomático” frente a La Colosa, su cercanía con la multinacional es conocida, tanto así que varios medios de comunicación lo registraron como el gran derrotado político en la consulta popular de Cajamarca.


De hecho, varias personas en Cajamarca han señalado a Paola Suárez, quien lideraba los proyectos sociales de AGA en el municipio, como cuota de Carlos Edward.

Algunas de sus posiciones de hace algunos años y las recientes, revelan que, aunque Osorio ha pretendido moderar su posición frente al proyecto – pasó del guiño abierto al guiño más disimulado – “lleva un león en el corazón”, según le contó un periodista a lapipa.co.

Este es el Carlos Edward modelo 2009, como diputado de la Asamblea Departamental:

Se pueden buscar otras alternativas para ejecutar proyectos de minería, por ejemplo, Canadá explotan oro sin cianuro. Además, el área sustraída es de 515 hectáreas y la mina sería de 300, eso es mínimo en comparación a la zona dedicada a la agricultura y la minería”.

Este es el Carlos Edward modelo 2016, como Representante a la Cámara (y candidato a Senado):

Hay que preservar el medio ambiente, también creo que a veces hay mucho fundamentalismo en las posiciones sobre esos temas mineros, hay ejemplos de pésima minería y eso no se puede permitir pero por supuesto también hay ejemplos de buena minería. El debate tiene que darse sin fundamentalismos, sin posiciones dogmáticas extremas. Habrá que escuchar a las partes y fijar posiciones”

Milton Restrepo

El Diputado por el Centro Democrático ha sido un opositor acérrimo del movimiento ambiental del Tolima y de las consultas populares sobre minería.

Su discurso se ha dirigido hacia dos direcciones. Por una parte, a estigmatizar a los ambientalistas tratando de relacionarlos con grupos armados, y por otra, a deslegitimar la consulta popular de Cajamarca, asegurando que ha generado una crisis económica y social en el municipio.


Como buen uribista, el diputado Restrepo tiende a relacionar todos los temas con el proceso de paz con las Farc, y el debate ambiental no ha sido la excepción:

Yo he visto a algunos ambientalistas que salen hoy a reclamar que se cumpla lo definido por la consulta en Cajamarca, ojalá también hubieran salido a defender el resultado cuando el plebiscito les ganó el NO con la misma vehemencia, entonces para unas cosas Santos es tramposo y para otras no; yo creo que acá existe una doble moral”

Al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo es a quien más le hace “control político”, más que cualquier concejal de Ibagué, retándolo a que sea garante de una “consulta popular ciudadana” para que se le pregunte a los tolimenses “si quieren o no las zonas de concentración de las Farc”.

Pedro Pablo Marín

Sólo 15 días después de su elección como alcalde, Pedro Pablo Marín tuvo que enfrentar los resultados de la consulta popular minera, en la cual salió derrotada su línea política liderada por el representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio.

Con los resultados de las elecciones atípicas en los cuales salió favorecida la tendencia cercana a Anglogold, se pensaba que la consulta popular de Cajamarca sería un fracaso, por lo que los resultados tomaron por sorpresa a Marín y lo dejaron en una difícil situación.

Una vez conocidos los resultados de la consulta, el alcalde ha insistido en que el municipio enfrenta una grave crisis económica por cuenta del cese de actividades de la multinacional minera Anglogold Ashanti.

La salida de AngloGold está perjudicando la economía del municipio. El proyecto generaba entre 500 y 600 empleos, directos e indirectos, y hoy estas personas no perciben un salario.No solo los habitantes que estaban vinculados directamente están sin empleo, también, personas que laboraban en otros comercios han sido despedidas porque los dueños de los establecimientos no pueden asumir los sueldos, debido a que las ventas se han reducido drásticamente. Los habitantes han perdido su poder adquisitivo”, asegura Marín.

De izquierda a derecha: Mauricio Pinto, Miguel Barreto, Pedro Marin, Carlos Edward Osorio y Harold Urrea.

Siendo que las declaraciones en distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales del alcalde han sido desmentidas por analistas y rivales políticos, Marin se ha fortalecido gracias a que ha empezado a llamar la atención del gobierno nacional que busca desesperadamente una manera de frenar las consultas populares.

Por otra parte, Marin ha contribuido a extender la versión de la multinacional sobre la consulta, según la cual, ésta habría sido el producto de la desinformación y la manipulación de “falsos ambientalistas” que a punta de engaños sacaron a la población a votar.

Declaraciones de Pedro Marin en Blu Radio

Edgar Rodríguez

Este cajamarcuno es ingeniero industrial y se desempeñó durante 17 años como director de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Tolima, cargo en el cual fue un aliado estratégico de la multinacional Anglogold Ashanti.

En el 2011 Fenalco contrató con la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti “la creación, montaje y operación de la casa informativa permanente sobre la industria minera, para atender el público de todas las edades, con énfasis en estudiantes y docentes, así como empresarios”.


El contrato de “La Casa Minera” que se ubicaría en el barrio Cádiz, fue firmado en diciembre del 2011 y tuvo un valor de 250 millones de pesos, pero ante una ola de críticas de sectores opositores al proyecto La Colosa, la multinacional renunció al polémico proyecto.

El de la “Casa Minera” no fue el único contrato millonario de Fenalco con Anglogold durante la dirección del cajamarcuno, un año después se firmó un contrato por 600 millones de pesos.

El objetivo de dicho contrato era generar un cambio de actitud de los Tolimenses frente al proyecto minero La Colosa: “generar opinión pública positiva frente al proyecto minero La Colosa como apuesta productiva de la región y bajo las condiciones señaladas por AGA (AngloGold Ashanti) Colombia S.A.”.

Edgar Rodríguez salió de Fenalco en el 2015 criticado por su relación con la multinacional minera y el gobierno del ex alcalde Luis H. Rodríguez.

Silverio Gómez

Este connotado periodista y economista tolimense, fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, cofundador del periódico Portafolio, de la revista Petróleo y Gas, y de la revista Mundo Minero.

A diferencia de los amigos políticos de la multinacional, Silverio ha salido a defender de frente a Anglogold Ashanti y ha tratado de hacerlo con un mayor soporte técnico, aunque no siempre lo ha logrado.


En el programa Semana en Vivo, Silverio aseguró que el Tolima toda la vida ha tenido vocación minera:

Hay que respetar las vocaciones, el Tolima toda la vida ha tenido vocación minera, José Celestino Mutis llegó al Tolima por el oro; Jorge Isaacs llegó a Ibagué atraído por el oro, en 1886 se crearon dos escuelas de minas, una en Medellín y otra en Ibagué”.

A pesar de su alta formación técnica, Gómez ha acudido a falacias recurrentes en los sectores defensores de la gran minería: “El fundamentalismo ambiental me parece extremadamente peligrosos, en las grandes ciudades se ve gente hablando de sostenibilidad y andando en 4×4”.

La comunidad tiene que asumir unos costos por las decisiones que toma, no creo en el dilema agua/minería, el 70% del agua la consume la agricultura, el 22% la consume la industria y el 8% es el consumo humano, de ese 22% de la industria solamente el 3% lo consume la minería. Eso debe quedar claro, ese dilema no existe”, agregó Silverio para quien su máxima sobre este debate es: “Quien no quiera minería que no reciba regalías”.

Plinio Valencia

El ex congresista cajamarcuno ha sido alcalde de Cajamarca en dos oportunidades y presidente de la Asamblea del Tolima en tres ocasiones, cercano a Carlos Edward Osorio y al gobernador Oscar Barreto.

Como director de la “Corporación Dialoga Siempre”, ha sido la ficha política clave de Anglogold Ashanti en Cajamarca, empresa en la cual labora uno de sus hijos.


En el 2009 haciendo parte de la Asamblea Departamental, Plinio ratificó su apoyo al proyecto minero:

Estoy feliz por el apoyo que desde todos se le ha dado al municipio. Ratifico mi apoyo y mis ex compañeros (de Cortolima) me sabrán entender y respetando a la gente de Espinal, Chicoral, Coello”.

En el 2015 cuando el pasado Concejo Municipal de Cajamarca hundió la iniciativa de Consulta Popular presentada por el ex alcalde Evelio Gómez, el papel de Plinio fue estratégico en la toma de dicha decisión.

Valencia asistió a los debates en compañía del abogado Francisco Reyes, ex viceministro de Justicia durante el gobierno de Uribe, quien defendió a capa y espada a la multinacional minera.

Así registró Héctor Torres el hecho:

Reyes llegó acompañado del político Plinio Valencia y del candidato de éste a la Alcaldía, un señor de apellido Poveda. Las malas lenguas dicen que Poveda es el candidato de AGA. Plinio ha sido dos veces alcalde de Cajamarca y dos veces diputado de la Asamblea Departamental. Se puede suponer que Plinio Valencia sirvió de intermediario para la llegada de Reyes, con el fin de agradecer a Anglogold Ashanti el nombramiento de su hijo Camilo Valencia, como funcionario de planta de esta transnacional”.

Retomado de LaPipa

Fuente: http://lapipa.co/los-amigos-de-anglogold-en-el-tolima/

viernes, 11 de agosto de 2017

REPRESIÓN E IMPUNIDAD DEL ESMAD EN COLOMBIA

Esmad ¿represiones impunes?

El Esmad ha recibido denuncias de distintas organizaciones de DDHH. Foto: http://www.elpais.com.co/files/article_main/uploads/2017/02/02/5893d91c186d0.jpeg

No existe una sentencia firme o un culpable procesado por estos casos. 

Esmad ¿Quiénes son?

Es una unidad de operaciones que hace parte de los convenios de modernización de la Policía Nacional que dieron inicio al Plan Colombia, creado el 24 de febrero de 1999 mediante la Directiva Transitoria 0205.

¿Cuál es el conflicto con el Esmad?

Desde su creación se han realizado distintas denuncias de organizaciones de DDHH sobre su brutal proceder en manifestaciones, paros y protestas.

Tipo de armas utilizadas por el Esmad

Además de utilizar las armas convencionales con las que cuentan los efectivos de seguridad, el Esmad utiliza para reprimir arma no convencionales como: municiones ‘recalzadas’ o cápsulas de gas reutilizadas y rellenas de pólvora negra y metralla, las cuales disparan tachuelas, fragmentos de metal, vidrio, canicas, plástico o frijoles, contra los manifestantes.

Un exagente del Esmad que participó en las acciones policiales testificó que el mayor Rafael Méndez les ordenó usar “todos los juguetes” en uno de los operativos.

Víctimas del Esmad

El accionar violento de este cuerpo de seguridad ha dejado más de 10 víctimas mortales denunciadas y cientos de heridos graves.

Las medidas represivas de la unidad de operaciones Esmad siguen impunes.

La lucha por esclarecer los casos continúa

Yuri Neira padre de Nicolás Neira, uno de los jóvenes estudiantes que falleció tras ser brutalmente golpeado por efectivos del Esmad en el año 2005, asegura que se van a esclarecer los excesos del Esmad, tras haber conseguido testimonios importantes en el caso de su hijo.

El mayor (r) Julio César Torrijos, excomandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), afirmó luego de 12 años que encubrió el crimen cometido por sus subalternos en el año 2005.

El señor Neira se encuentra en el exilio tras recibir llamadas intimidatorias y seguimientos e intentos de asesinato.

“Intentaron matarme cuatro veces mientras estuve en Colombia. Yo me reunía con personas de distintos sectores y de todas las edades que querían una Colombia mejor. Fuimos señalados de ser células de las Farc y dijeron que yo fabricaba explosivos y proveía armas a la subversión”.

El Espectador - Semana
Por: teleSUR - AA

Fuentehttp://www.telesurtv.net/news/Esmad-represiones-impunes-20170811-0039.html

EL PRONTUARIO DEL ESMAD

Foto: Contagio Radio 

Las denuncias contra el ESMAD han incrementado durante los últimos años. Videos y fotografías corroboran las agresiones que han sufrido jóvenes, adultos y niños por la fuerza desmedida que utilizan los integrantes de este escuadrón. Por esta razón se programó para este jueves 4 de agosto una jornada de control político en el Congreso de la República.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP en la revista 100 días # 80, entre 2002 y 2012, se presentaron 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad atribuibles a efectivos de la Policía Nacional y durante el mismo periodo fueron documentados 512 casos de detención arbitraria, 596 heridos y 73 casos de tortura.

En una reciente intervención sobre el papel de las Fuerzas Militares de cara a la firma de un acuerdo de paz, el representante a la Cámara, Alirio Uribe afirmó que entre 2002 y 2014 se registraron 448 casos de agresiones a civiles que al parecer fueron responsabilidad del Esmad, y de estos casos, 137 son de personas heridas, 91 detenciones, 107 amenazas, 13 ejecuciones extrajudiciales y dos casos de violencia sexual, entre otros.

Citando la misma fuente, Uribe señaló que las denuncias que se registran contra el grupo especial de la Policía fueron interpuestas por 248 campesinos, 94 menores de edad, 50 mineros, 35 estudiantes, 21 periodistas, 17 líderes sociales, 15 obreros y 8 conductores de transporte público o de carga. Adicionalmente afirmó que solamente en 2016 hay denuncias por 680 violaciones de Derechos Humanos y 6 asesinatos atribuibles al ESMAD. Tras estas denuncias se han abierto cerca de 39 mil investigaciones pero hasta el momento ninguna tiene una sanción efectiva.

Respecto de los gastos del ESMAD, el CINEP realizó una investigación en la que encontró que en 10 años el gasto para el sostenimiento de ese cuerpo de policía ha costado más de 95.382 millones de pesos sin contar con el salario de los uniformados que ronda los 2 millones mensuales para un número mayor de 2.00o efectivos en todo el país.

EL PARO AGRARIO DE 2013, UN EJEMPLO DE LA AGRESIÓN CONTRA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Mesa Nacional Aagropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos, durante los 20 días de protestas del Paro Agrario de 2013 se produjeron denuncias sobre 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas, y 51 casos de ataques indiscriminados.

13 ASESINATOS EN LOS QUE ESTARÍA DIRECTAMENTE IMPLICADO EL ESMAD

El 8 de noviembre del 2001, Carlos Giovanni Blanco, estudiante de la Universidad Nacional fue asesinado con arma corta en Bogotá, ningún agente del ESMAD presente en los disturbios de aquel 8 de noviembre del 2001 ha sido investigado.

El 21 de noviembre de 2002, el estudiante Jaime Alfonso Acosta de la Universidad Industrial de Santander, murió en medio de una protesta reprimida por el ESMAD. Varios estudiantes manifestaron que el disparo que impactó a Jaime en el tórax provino de los uniformados.

El primero de Mayo de 2005, Nicolas Neira, de quince años de edad, fue golpeado brutalmente por el ESMAD causando graves lesiones en su cráneo. Fue trasladado a un centro de atención médica, entró en coma y falleció a causa de las severas lesiones.

El 22 de septiembre de 2005, Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida. Aunque las primeras conclusiones de las autoridades forenses concluyeron que Silva fue asesinado por un agente del ESMAD sin identificar, el hecho continúa en la impunidad.

Años después del asesinato, la familia del estudiante denunció una serie de amenazas, hostigamientos y maltratos por parte de los mismos agentes de la policía y la fiscalía que archivó el caso.

El 10 de noviembre de 2005, Belisario Camayo Guetoto, indígena que protestaba por la recuperación de tierras en la hacienda “el Japio”, murió a causa de un disparo proveniente de la zona del ESMAD.

El 8 de marzo de 2006, Óscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá; murió por el disparo de una canica que se alojó en su cerebro y perforó uno de sus ojos. Un agente del ESMAD declaró que uno de sus superiores -Mayor Rafael Mendez- autorizó utilizar toda clase de artefactos, como municiones recalzadas, cápsulas de gas reutilizados, rellenos de pólvora negra y metralla. El caso también sigue en la impunidad.

El 11 de abril de 2015, Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca. Siberston murió tras recibir dos impactos de bala sin que hubiese confrontación, y con armas especiales de asalto, según la denuncia el CRIC.

El 2 de junio de 2016 Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca. Los integrantes del CRIC sostienen que los disparos provinieron de la zona en que las FFMM y de policía se apostaron para repeler la manifestación.

El 21 de abril de 2016, Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar. El artefacto golpeó directamente en la cabeza de Miguel Angel, causando así un trauma craneoencefálico provocando su muerte el 21 de junio. En medio de la investigación desaparecieron los videos de las cámaras que apuntaban hacia el lugar del los hechos.

La familia de Miguel se ha negado a emitir declaraciones; sin embargo, se conoció que durante los primeros días, luego de la agresión, recibieron amenazas por parte de desconocidos que los instaban a no denunciar y dejar de insistir en la búsqueda de justicia.

El 19 de mayo de 2016, Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector. Según el relato de los testigos, uno de los agentes disparó contra la multitud entre la que se encontraba Brayan.

Luego de impactarlo en la nuca, el mismo ESMAD ayudó en la evacuación; sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad por la muerte del menor, los mismo agentes intentaron encubrir el delito cambiando la versión y responsabilizando a la comunidad.

El 12 de junio de 2016 Naimen Lara y un Mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista. Las dos personas murieron. La denuncia relata que mientras intentaban escapar, los efectivos hirieron con cuchillos a varios campesinos y a otros los golpearon con bolillos en la cabeza.

El 12 de julio de 2016, Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama. Aunque el dictamen de medicina legal encontró que la causa de la muerte fue una granada de gas del ESMAD, la policía no asumió la responsabilidad directa por el asesinato e intentaron justificar su muerte como un accidente.


Fuentehttp://www.contagioradio.com/el-prontuario-del-esmad-articulo-27272/

El escuadrón de la muerte

Por: Andrés Gómez

Cerca de quinientas personas se manifestaron en contra del Escuadron Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional, el pasado 24 de febrero en Bogotá. Manifestantes y familiares de las víctimas de esa unidad especial exigieron justicia por los crímenes en impunidad y piden el desmonte de ese cuerpo represivo. Según denuncias, durante los doce años de existencia del Esmad, miembros de esa unidad han causado más de una decena de muertes y cientos de lesiones a personas que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, empleando, incluso, armas no convencionales que la institución niega usar, pero que testimonios de exuniformados y fallos de la Procuraduría confirman.

Historia de abusos

El Esmad fue creado el 24 de febrero de 1999 mediante la Directiva Transitoria 0205. Es una unidad de operaciones que hace parte de los convenios de modernización de la Policía Nacional que dieron inicio al Plan Colombia. A pesar de las continuas denuncias de organizaciones de DDHH sobre su brutal proceder en manifestaciones, paros y protestas, este cuerpo especial se ha extendido y ha pasado de doscientos patrulleros, ochos suboficiales y nueve oficiales a contar con 1.950 efectivos en doce ciudades del país.

De 2000 a 2003, la Policía aumentó las unidades especiales a cinco y éstas se ubicaron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Durante esos años fueron asesinados a tiros tanto Carlos Giovanni Blanco, estudiante de medicina de la Universidad Nacional que recibió un disparo de arma corta en el pecho durante un operativo del Esmad contra una protesta en Bogotá, el 8 de noviembre de 2001; como Jaime Alfonso Acosta, estudiante de la Universidad Industrial de Santander que cayó muerto en Bucaramanga mientras la policía se enfrentaba a los estudiantes durante una protesta contra del recorte presupuestal a esa institución, en noviembre de 2002.

En 2005, se formaron los escuadrones de las ciudades de Pereira y Pasto y de los departamentos de Cesar y Cauca. El 1 de mayo de ese año, Nicolás Neira, un joven de quince años que participaba de las movilizaciones en Bogotá, fue golpeado salvajemente y murió días después a causa de los golpes recibidos en su cráneo. La Procuraduría encontró como responsables a los miembros del Esmad que reprimieron la manifestación. El 22 de septiembre, durante una protesta contra el TLC en la Universidad del Valle, fue asesinado Jhonny Silva Aranguren de un disparo en la nuca, mientras trataba de huir de unos agentes del Esmad –que entraron en el campus durante un misterioso corte de luz– que lo perseguían a pesar de contar con una discapacidad en sus piernas por una enfermedad congénita. El 10 de noviembre del mismo año, Belisario Camayo Guetoto, indígena que participaba en la recuperación de tierras en la hacienda ‘El Japio’, cayó a causa de un disparo de fusil proveniente de la zona que el Esmad controlaba en ese momento.

El 8 de marzo de 2006, Óscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá, murió cuando una canica entró misteriosamente por uno de sus ojos y se alojó en su cerebro. Un exagente del Esmad que participó en las acciones policiales testificó que el mayor Rafael Méndez les ordenó usar “todos los juguetes” en el operativo, refiriéndose a las municiones ‘recalzadas’ o cápsulas de gas reutilizadas y rellenas de pólvora negra y metralla –tachuelas, fragmentos de metal, vidrio, canicas, plástico o frijoles– disparadas contra los cuerpos de los manifestantes.

Para 2008, a pesar de las muertes denunciadas y de los cientos de heridos graves que ha dejado el accionar del Esmad y que siguen impunes, la Policía Nacional puso en funcionamiento en Bolívar, Huila y Meta nuevas unidades y para 2010 el presupuesto para este cuerpo represivo fue de $289’300.000, mientras el resto de recursos siguen proveniendo de los fondos nacionales de la Policía y del Plan Colombia.

Criminalización de la protesta

Durante la toma indígena a la hacienda ‘El Japio’ en el Cauca en 2005, donde fue asesinado Belisario Camayo, decenas de manifestantes resultaron heridos. Los hechos fueron documentados en fotos y video por las comunidades y por los periodistas que registraban su lucha por el derecho a la tierra. En el material audiovisual puede verse a los uniformados portando machetes, lanzando artefactos explosivos de fabricación casera y usando armas de fuego de largo alcance. Además, se pueden apreciar los efectos de la brutalidad policial en las graves heridas y mutilaciones que sufrieron decenas de personas por el uso de esas armas blancas y las municiones ‘recalzadas’.

En 2010, durante el paro de transportadores ocurrido en marzo en Bogotá, las cámaras de City TV grabaron cuando Édgar Bautista, de veinte años de edad, le reclamaba a un agente del Esmad por golpear a una niña. Como respuesta, el agente le disparó a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho. En Casanare, también en marzo de 2010, durante la huelga contra la British Petroleum (BP), centenares de manifestantes se arrojaron al piso para evitar confrontaciones y, aún así, fueron agredidos a golpes por los agentes. Un documentalista registró los hechos.

El exceso de fuerza por parte del Esmad, que ha resultado en una decena de investigaciones por homicidio, hace pensar que al interior de la unidad especial la línea de mando de la Policía permite las acciones criminales que realizan los agentes de este cuerpo y que actos como disparar armas de fuego, usar armamento no convencional, portar machetes y armas blancas, y lanzar artefactos explosivos están plenamente permitidos.

La impunidad respalda la represión

El Esmad, de forma sistemática, ha dejado muerte en Bogotá, Bucaramanga, Cali y el departamento del Cauca, y en muchas de las protestas en las que ha intervenido se ha evidenciado como sus miembros usan municiones recalzadas y otras armas hechizas contra civiles. Además, ningún agente ha sido sometido a pruebas forenses por uso de armas de fuego cuando se ha visto involucrada su unidad en algún asesinato ni, en los casos en los que se ha probado la culpabilidad de los uniformados, se ha individualizado y judicializado a los responsables.

En el caso de Jhonny Silva, la Fiscalía determinó que miembros del Esmad fueron quienes dispararon a la nuca del estudiante, quien falleció al instante. Sin embargo, ningún miembro del escuadrón ha sido sujeto de investigaciones penales. Willman Silva, familiar del joven asesinado en estado de indefensión, asegura que en la Fiscalía le dijeron que muy probablemente nada pasaría porque los policías recibirían alguna solidaridad de gremio para que no se arruinaran sus carreras. Por ello, el caso de Jhonny ha sido presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Procuraduría, en el caso de Nicolás Neira, responsabiliza al Esmad por la muerte del joven y, al igual que en el caso de Jhonny Silva, ningún uniformado ha sido judicializado. Sin embargo, es de resaltar que el mayor Julio César Torrijos Devia, quien comandaba el grupo del Esmad responsable de la muerte del menor y que hasta hace poco dirigía la policía judicial, Sijín, en el departamento de Caquetá, fue capturado el pasado 27 de enero en Venadillo (Tolima), transportando 103 kilogramos de cocaína en su vehículo.

Yuri Neira, padre de Nicolás, indica que en los juzgados reposan diez u once casos de homicidio y al menos treinta de torturas y desapariciones que involucran a esta unidad policial. “El Esmad es un grupo policial terrorista que tortura, desaparece y asesina a estudiantes, sindicalistas, habitantes de calle, prostitutas y hasta ladrones”, asegura.

El padre de familia, que después de la muerte de su hijo ha afrontado amenazas, atentados contra su vida y un exilio forzoso, asegura que las diferentes unidades que conforman el Esmad ha asesinado a más de cien personas, especialmente en el Cauca, y que son más de mil los colombianos que han sufrido atropellos y violencia brutal. Sostiene, igualmente, que la gente no denuncia por miedo. “Muchas de las víctimas son amenazadas luego en sus casas”, afirma.

Memoria

José Antequera, integrante del Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad señala que hay que hacer memoria de las víctimas y que se puede defender la dignidad y presionar para que las prácticas criminales de la Policía respecto a las protestas sociales terminen. “Nicolás era un joven que no tenia que haber muerto ejerciendo su derecho a la manifestación social”, afirma.

Yuri Neira, quien convocó la jornada en contra de la brutalidad policial del 24 de febrero por ser la fecha de creación del Esmad, regaló claveles negros a los hombres de la Fuerza Disponible –otra unidad policial encargada de manejar multitudes– y, en medio de la poesía y danzas que llenaban carrera séptima, le pidió a los asistentes reaccionar de forma diferente a los uniformados y trabajar para el desmonte de la unidad de la policía que más ha traido muerte a las protestas y que advierte trágicas consecuencias con su presencia a los manifestantes.

Fuente: https://elturbion.com/?p=1578


Denuncian impunidad del Esmad en homicidios de estudiantes

La representante a la cámara Ángela Robledo considera que este cuerpo policial se ha convertido en una unidad que “ataca a los jóvenes colombianos que se movilizan por sus derechos”

 
Denuncian impunidad del Esmad en homicidios de estudiantes Foto: Carlos Julio Martinez / SEMANA

El registro de nombres parece no terminar nunca. Oscar Salas es el primero en aparecer. Tenía 20 años y era estudiante de Lingüística en la Universidad Distrital cuando fue asesinado. Jhonny Silva, de 21 años, estudiaba Química en la Universidad del Valle cuando le alcanzó una bala. Carlos Giovanni Blanco se preparaba para ser médico cuando le mataron. Luego están Nicolás David Neira, Edison Franco Jaime, Yoel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez y Jaime Alfonso Acosta.

Todos ellos eran estudiantes, y todos ellos perdieron la vida durante manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas con gases lacrimógenos, balas y golpes por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

No existe una sentencia firme o un culpable procesado por estos casos. “Son casi 15 años de impunidad”, según la representante de la Cámara Ángela Robledo, quien hoy acusó a la autoridad antidisturbios de estar detrás de estas muertes. Lo hizo durante la Sesión de Comisión Accidental de Seguimiento a los directores de la Policía Nacional, del Esmad y de Medicina Legal, con el apoyo de los también representantes Alirio Uribe, Víctor Correa, German Navas, Inti Asprilla y Oscar Ospina.

El último en engrosar esta lista de muertes fue Miguel Ángel Barbosa. Murió el pasado 3 de junio tras permanecer casi dos meses en coma en el Hospital del Tunal de Bogotá. Al estudiante de Mecánica de la Universidad Distrital de 18 años le alcanzó un artefacto explosivo en la cabeza lanzada -presuntamente- por los antidisturbios en una manifestación en los alrededores de la institución.

De acuerdo con Robledo, “este despliegue de fuerza y violencia deja muchas preguntas sobre el rol del Esmad en la disolución de manifestaciones y en el papel que asumirá en el posconflicto, en el que se prevé un incremento de las movilizaciones sociales”. Para la representante, “se ha convertido en una unidad que ataca a los jóvenes colombianos que se movilizan para defender sus derechos”.

Más de 3.000 policías integran esta unidad para la que el año pasado se destinaron 327 mil millones de pesos. Según datos presentados durante el debate por el representante Alirio Uribe, entre 2002 y 2014 se registraron 448 casos de agresiones que dejaron alrededor de 3.950 víctimas y en las que presuntamente participó el Esmad. 

En la denuncia que ha interpuesto la representante en la Comisión pide la disolución del Esmad porque “fue creado en tiempos del presidente Andrés Pastrana y en el marco del Plan Colombia para combatir el narcotráfico, no para disuadir marchas estudiantiles”, explica. Propone remplazarlo por un cuerpo policial especializado que garantice el “cuidado de los derechos humanos de los manifestantes".

María Alejandra Rojas es estudiante de Fisioterapia en la Universidad Nacional y, además, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), plataforma desde la que desde hace años exige el desmantelamiento del cuerpo policial. Los describe como “una fuerza de choque y de represión” que actúa “incluso en protestas pacíficas con una fuerza desmedida”.

Está de acuerdo con que haya presencia y control institucional durante las manifestaciones. Habla de "acompañamiento estatal". Sin embargo, para ella el problema radica en que “el Gobierno Nacional no diferencia entre control y represión", por lo que "cualquier unidad que se consolide sin tener clara esa diferenciación, cometerá las mismas vulneraciones a los derechos humanos de los estudiantes que ya comete el Esmad”.

Esta publicación se puso en contacto con la Policía Nacional quien no se quiso pronunciar sobre el tema. 

PARA EL DEBATE
¿Está de acuerdo con el desmantelamiento del Esmad? Deje sus comentarios en @SemanaEd y @JuliaAlegre1

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/impunidad-del-esmad-por-asesinato-de-estudiantes/484578

 
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