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viernes, 28 de abril de 2017

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO SANTOS POR DESALOJOS EN SUBA. LOS MEDIOS CALLAN

Primero la propiedad privada, luego... 

Equipo desdeabajo


De nuevo el bolillo y la amenaza. El pasado lunes 24 de abril fueron desalojados a golpes y empujones cerca de 400 familias, incluyendo menores de edad, pobladoras del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en Bogotá. Familiar que llevaban allí entre dos años y seis meses de residencia. Para ocultar el atropello, la policía, en colaboración con algunos medios de comunicación, no ocultaron su esfuerzo para que la opinión pública creyera que los desalojados eran expendedores de drogas y que ellos mismos fueron quienes incendiaron sus casas para ocultar la evidencia.

El hecho de que los desalojados son recicladoras facilitaría tal versión. Evidente discurso clasista. Sí, son recicladores, decenas de familias empobrecidas, excluidas, obligadas a brindarse un techo a como de lugar ya que los ingresos no les permite pagar un arriendo mensual y mucho menos abonar una deuda por veinte años para hacerse a una vivienda. Su falta de empleo seguro e ingresos fijos, no les permite proyectar gastos. Ante esta realidad, la invasión de zonas en las que corren el riesgo de sufrir enfermedades o algún tipo de desastre, al ubicarse, como en este caso, a orillas del río Bogotá, es su única alternativa.

Manipulación mediática más violencia oficial. Además, como prueba de la farsa entretejida alrededor del desalojo, cuyo único fin es evitar la indignación de la opinión pública, está el hecho de que la policía y los boinas verdes entraron a las casas de la gente con perros para buscar estupefacientes, pero no encontraron nada, lo que impidió judicializarlos por porte o tráfico de drogas. Los medios de comunicación oficiosos no pudieron mostrar evidencia alguna, solo palabras. Minutos después del ingreso de los uniformados y sus pesquisas dentro de las casas de muchos de los pobladores, ocurrió la conflagración de la que la población acusa a los verdes.

La comunidad afirma que el desalojo no sólo dejó heridos sino también muertos. Según relatan, una mujer de la tercera edad sufrió un ataque al corazón al momento del operativo uniformado. Otra joven embarazada perdió el bebe al ser pisada por los caballos de carabineros. Sin embargo, no hay registros que confirmen estos hechos. Se espera que las autoridades competentes aclaren esta situación.


¿Cuándo será que el problema de la tierra y de la vivienda encuentra solución efectiva en esta ciudad y en todo el país?

A continuación, presentamos imágenes de los efectos del desalojo.

Los desalojos se ubican en dos zonas distintas separadas por dos cuadras y sin conexión alguna. La primera se ubica entre las carreras 150 hasta la 153 con calle 143c. En esta fue donde hubo más represión y violencia por parte de la policía tras la resistencia que opusieron sus pobladores, quienes no tenían alternativa alguna de vivienda. La segunda zona afectada se encuentra al final de esta calle: en la carrera 155, ahí el comino se corta porque se atraviesa el río. Los pobladores aquí fueron engañados por la policía al decirles que nadie los sacaría de sus casas sin negoción previa. La imagen muestra a una familia de la primera zona con sus bienes personales. Unas de las pocas que pudo sacarlos antes de que las llamas consumieran todo.


La noche del 24 las familias desalojadas tuvieron que dormir en la calle. Muchos niños no pudieron asistir al colegio debido a que sus útiles escolares, junto a los uniformes, se perdieron en el incendio y no tenían dónde alistarse para salir a clase. Son sesenta las familias víctimas del conflicto armado afectadas en este hecho, proceden de los departamentos de Sucre, Chocó, Córdoba, Magdalena y Caquetá, muchas de ellas con 8 o 10 años de haber llegado a Bogotá y sin lograr resolver el tema de una vivienda digna ni el de los ingresos fijos. La gran mayoría no tiene familia cercana para reubicarse. Las madres les piden a las directivas de los colegios que no les quiten las rutas escolares. Dicen que como perdieron todo no han podido llevar a sus hijos al colegio, y que con tres fallas pierden el derecho a la ruta escolar.

Algunos vecinos se han solidarizado con los desalojados y les brindan alimentos. Las llamas también los dejaron sin ingresos al destruir lo que habían reciclado durante semanas de reciclaje.



La mayor concentración de desalojados se encuentra a lo largo de la calle 143-b, desde la carrera 51.



Estas imágenes corresponden a las invasiones de la zona uno arriba descrita.


De manera pacífica, en horas de la mañana del martes 26 de abril salieron a protestar por una vivienda digna. En medios de comunicación funcionarios del Distrito afirmaron que los desalojados recibirán ayuda y que ya dieron casas a 50 personas. Sin embargo, no hay registro de dichos beneficiados y la población denuncia que la ayuda consiste en un pago de 150 mil pesos que no les alcanza ni pera un mes de arriendo. Pero aún no han recibido la mínima ayuda. La colaboración ha venido de vecinos solidarios y de algunas fundaciones que operan en el sector. Los funcionarios públicos sólo hacen presencia frente a las cámaras para hablar de supuestas ayudan que no aparecen por parte alguna. Por eso la población quiere entablar un diálogo con el Alcalde mayor de la ciudad, para que les solucione el problema de vivienda.



Imágenes de la segunda zona desalojada.


Las personas heridas por acción de la policía o al intentar rescatar sus bienes, como un hombre que se cortó con una teja y otro que se clavó una puntilla, no han sido atendidos. Los casos más graves fueron llevados al hospital de Suba. Se desconoce su estado de salud. En imágenes se ve a un joven que fue golpeado con un bolillo en la quijada. La mujer de rosado muestra ante la cámara su brazo golpeado.




En la noche del 25 de abril la lluvia arreció y la gente, sin alternativa de techo, buscó refiguro en las fachadas de las casas y en carpas improvisadas. A esa hora aún no recibían soluciones. Temían que a la madrugada llegara el Esmad a sacarlos. Si lo hacían, manifestaba la gente, no tenían otra opción que seguir invadiendo predios desocupados.

https://www.desdeabajo.info/colombia/31380-primero-la-propiedad-privada-luego.html

miércoles, 26 de abril de 2017

SER NIÑA EN COLOMBIA PUEDE SER MORTAL

Ser niña puede ser mortal en Colombia


Hoy son noticia las niñas en Colombia. Pero no porque sea el Día Internacional de la Niña o tengan algún nuevo beneficio social. Todo lo contrario. Dos nuevos casos de abusos sexuales contra ellas fueron denunciados este fin de semana. Cada día se demuestra que ser niña puede ser mortal. Las noticias hablan de una […]

Hoy son noticia las niñas en Colombia. Pero no porque sea el Día Internacional de la Niña o tengan algún nuevo beneficio social. Todo lo contrario. Dos nuevos casos de abusos sexuales contra ellas fueron denunciados este fin de semana. Cada día se demuestra que ser niña puede ser mortal.

Las noticias hablan de una bebé de cuatro meses que fue violada por un soldado en el municipio Fuente de Oro, en el Departamento del Meta; de otra nena de tres años que presentó signos de tortura y de violencia sexual y falleció debido a eso la tarde del sábado en el municipio Armero, Departamento del Tolima.

Las noticias hablan de todo lo sensacionalista y amarillo respecto del caso, piden que exista cadena perpetua para estos culpables, y recuerdan el caso de Yuliana Samboní. Pero las noticias suelen tener memoria de corto plazo y en pocos días todos estaremos hablando del último gol de algún partido y estos casos quedarán como sucesos pasados.

La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, explicó hoy que “tan solo este año se han registrado 2.500 denuncias de abuso sexual a menores”.

Entre enero y febrero de 2016, 2594 niños -promedio 43 por día- sufrieron abuso sexual en Colombia. En 2015 se reportaron 18 mil casos. El 84 % de los casos se cometen contra niñas. Las ciudades con las tasas más altas: Bogotá (518 denuncias), Antioquia (247) y Valle del Cauca (240). Y estas son las cifras que se conocen porque, desgraciadamente, solo un 30 % de casos se denuncia en Medicina Legal.

Según cifras de Medicina Legal, durante el 2015 las niñas fueron las principales víctimas de delitos sexuales. De los 22.155 casos registrados el año anterior, 16.116 corresponden a niñas menores de edad, que representan el 73 por ciento de todos los casos. Los niños (varones) víctimas de abuso fueron 3.015 el año pasado.

Save the Children afirma que en Colombia es tres veces más probable que una niña no esté asistiendo a una institución educativa; es dos veces más probable que muera por malnutrición; es dos veces más propensa a ataques sexuales y dos veces más propensa al tráfico de personas. Esta es una organización que tiene presencia en 120 países para desarrollar programas relacionados con la salud, nutrición, atención en emergencias, violencia, calidad educativa, explotación laboral infantil, VIH/SIDA, entre otros.

En el mundo millones de niñas son virtualmente ignoradas y se vuelven invisibles para los gobiernos porque no existen estadísticas fiables que muestren, por ejemplo, cuántas abandonan la escuela debido al matrimonio precoz o cuántas son víctimas de violencia sexual, o cuántas más se convierten en madres menores de 15 años.

Dentro de las violaciones a los derechos fundamentales a la vida que interrumpen la niñez de muchas mujeres podemos mencionar el abandono infantil, el abuso sexual, la desnutrición, las muertes violentas, el insuficiente o falta de un servicio de educación, el embarazo infantil y el trabajo forzado.

Colombia Informa

CI PC/MP/24/04/17/14:56

http://kaosenlared.net/ser-nina-puede-ser-mortal-en-colombia/

sábado, 22 de abril de 2017

CRISIS DE CONTRACCIÓN ECONOMÍA Y LA "CURA NEOLIBERAL" DE SEGUIR EMPROBRECIENDO A LOS COLOMBIANOS

Proyecciones negativas para la economía colombiana


John Martínez

Hay tensión en el ambiente tras conocerse nuevas cifras que confirman la inminente crisis económica en Colombia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte “Panorama Económico Mundial” del mes de abril bajó la perspectiva de crecimiento económico para el país, pasando de un 2,6% a un 2,3. Su proyección coincide con el informe presentado por el Dane el día 17 de abril sobre el desempeño de la industria y el comercio criollo, en el cual se informa de un bajonazo en estos dos sectores para el primer bimestre del presente año, en relación con el anterior. Según el Departamento de Estadísticas la industria cayó un 3.2% y el comercio un 7.2. A su vez, el jueves 20 de abril el Ministerio de Minas y Energías informó que “la producción promedio de crudo durante el mes de marzo fue de 804.000 barriles por día, presentando una disminución de 6,94% respecto al mes de febrero donde fue de 864.000 barriles” y una disminución del 12,2% con respecto a marzo del 2016.

Los reportes sorprenden pues, según las proyecciones oficiales, durante este año la economía superaría lo alcanzado en los años anteriores. Pero sucede todo lo contrario. De manera gradual y persistente, el Producto Interno Bruto registra una caída continua (2011: 6,6%; 2012-2014: 4; 2015: 3,1; 2016: 1,8). Especialistas en el tema afirman que el primer trimestre del presente año podría ser peor a su par del 2016. El augurio no es escalofriante dado que dicho año mostró el peor rendimiento económico desde 2009.


Por tal razón –razones– en Colombia predomina el pesimismo. «Muchas cosas van mal, hay otras que se le pueden echar incienso, pero no todas. Cuando uno tiene cifras en enero de menos 2,2%; cuando usted tiene cifras en febrero de menos 7,2% y cuando uno tiene en alimentos menos 1,1 eso es una realidad preocupante que la certifica una institución que es el Dane» dijo en entrevista para el programa «Pregunta Yamid», Guillermo Botero, presidente de Fenalco. «Este bimestre fue muy regular para la industria. La refinería en Cartagena mostró un 5% negativo» dijo en el mismo programa, Bruce Mc Master, presidente de la Andi.

Por el contrario y con aires embaucadores, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, insiste en afirmar que la economía colombiana crecerá 2,5% para el presente año, cifra que, como señala Guillermo Botero, no parece corresponder a la realidad del país. Su falso optimismo se basa en la inversión que hará el gobierno en infraestructura del mismo modo como se hizo en los Estados Unidos para salir de la gran crisis del 29, una estrategia que desde entonces se conoce como política keynesiana, en referencia a su promotor el economista británico John Keynes. Sin embargo, esta estrategia, en últimas, abulta con dinero público el bolsillo privado gracias a las APP (Alianzas Público Privadas),en las cuales las empresas se encargan de ejecutar las obras; pero recordemos con el caso de Odebrech y el de los Nule toda la corrupción que entraña esto. El Ministro Cárdenas también confía en el repunte del oro negro, un repunte que, sin embargo, la mayoría de los analistas no ven para el futuro próximo ni mediano; el mismo pronóstico se estima para la balanza comercial.

Causas de la caída

La mayoría de presidentes gremiales y especialistas en la materia coinciden al señalar que la disminución en la demanda interna de las familias es la razón principal de dicho comportamiento económico. Argumentan en ese sentido que la reforma tributaria del 2016 provocó una disminución significativa en el gasto de las familias. Sin embargo, y por el contrario, análisis más agudos enfatizan que el problema radica en la disminución en la producción de materias primas de exportación como el petróleo, lo cual refleja un problema aún mayor: la gran inestabilidad de la economía colombiana al depender exclusivamente de la exportación de materias primas. De igual modo como sucedió en el país en los siglos XIX y XX con otros productos de la tierra como la quina y el café. Un problema histórico que las clases dominantes han sido incapaces de resolver.

Así, frente a la reducción fiscal, el Estado plantea como solución disminuir la inversión social, al gasto público y a su vez crear reformas tributarias con el supuesto de subsanar su carencia de ingresos. En el 2015 se recortó 8,5 a 9 billones, en el 2016 6 billones y en el presente año entre 4 y 5 billones. Los sectores más afectados son Hacienda y Trabajo.

La caída del ciclo económico

Lo que se vive a nivel económico corresponde, entonces, a un nuevo ciclo inherente a la dinámica del capitalismo. «Colombia, en particular, alcanzó un crecimiento económico máximo de 6,6% en 2011; durante 2012-2014 mantuvo un aumento del PIB por encima del 4 por ciento; en 2015, debido a la caída en los precios del petróleo, se desacelera la actividad productiva a 3,1%; en 2016 el ritmo económico anual se derrumba a 1,8%; para 2017, por el efecto recesivo de la reforma tributaria (contracción de la demanda de los hogares), el ajuste en el desbalance fiscal y el déficit acumulado en la balanza comercial, el crecimiento del PIB no logrará superar el 1,6%», según proyecta Libardo Sarmiento Anzola.

Esta contracción económica llevará por tanto a que el Gobierno central pretenda seguir empobreciendo con más impuestos a los hogares de nuestro país, sin tocar para nada a los grandes capitales. Como siempre, socializan la crisis y privatizan las ganancias.

https://www.desdeabajo.info/colombia/31343-proyecciones-negativas-para-la-economia-colombiana.html

miércoles, 19 de abril de 2017

IMPUNIDAD TAPA 90% DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
“La impunidad tapa el 90% de las violaciones de derechos humanos en Colombia”

La activista proderechos humanos Milena López Tuta describe una Colombia alejada de la paz y con heridas abiertas como la presión a las comunidades locales por parte del Estado y de los paramilitares

Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, describe una Colombia alejada de la imagen de “postconflicto” que se asienten en la opinión pública occidental.

ZARAGOZA
EDUARDO BAYONA @e_bayona

“La realidad es diferente de la que se representa en los medios. Incluso algunos colombianos se han creído que estamos en una situación de paz cuando la situación de los derechos humanos está empeorando”, explica Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, que describe una Colombia distante de la imagen de “postconflicto” que parece haberse instalado en la opinión pública occidental desde el inicio de las conversaciones entre el Estado y la guerrilla.

López, que estos días realiza una gira por varias ciudades españolas para hablar de la situación de su país –en Zaragoza y Huesca participa en los actos de la Semana de la Tierra que organiza Ecologistas en Acción-, sostiene que Colombia, donde los conflictos armados han generado seis millones de desplazados en apenas 30 años, sigue lejos de la paz pese a las conversaciones entre Gobierno y guerrillas: “Hay intereses económicos sobre los territorios, el Estado es servil con esos intereses, y mientras sigan seguirá generándose violencia”.

- Nos han contado que en Colombia la paz estaba hecha, pero ¿cómo están las cosas en realidad?

La gente cree que estamos en postconflicto y que el último día de guerra fue en octubre, pero para las comunidades [locales] eso no es así, porque el conflicto no ha cesado, sino que continúa intensamente. Los gobiernos no están teniendo ningún interés en lograr un compromiso para que haya paz.
- Pero sí está habiendo conversaciones…

El Gobierno llama paz a la desmovilización de las guerrillas y de los fusiles, pero para nosotros la paz tiene que ver con la garantía de derechos, con la permanencia digna en los territorios, con la soberanía. Sin embargo, en los últimos años se están dando una serie de reformas legales que van en detrimento de esos derechos fundamentales.
- ¿De qué tipo de medidas se trata?

Por ejemplo, aumentar el salario mínimo un 7% y luego elevar los impuestos como el IVA un 19%. Eso desmejora las condiciones de vida de la gente. Hay reformas como las zonas Sidre, para la reindustrialización, que en realidad buscan legalizar el despojo que los paramilitares, los propietarios y los industriales han hecho a sangre y fuego. Y la Ley de Seguridad Ciudadana penaliza acciones como salir a una vía a protestar, hacer plantones o entrar en una institución. Eso ahora se ha judicializado.
- ¿Qué penas puede acarrear una acción de ese tipo?

Está el derecho a la protesta, pero si sales y paralizas una vía eso es obstrucción y las penas son de más de cuatro años, y pueden llegar a veinte y más…por protestar. Y ahora se está reformando el Código de Policía, que permite entrar en las casas sin orden judicial y que permiten detenerte si consideran que estás en estado de alteración o que puedes suponer un riesgo.
- ¿Ese proceso de endurecimiento de las leyes no se está dando en toda Latinoamérica?

Es una medida de los distintos regímenes para evitar que el pueblo se organice y se movilice y para garantizar los macroproyectos extractivos. No va a haber una paz real mientras el Estado continúe con su política mineroenergética. Por un lado se habla de paz, pero por otra continúa la explotación de los territorios. El Estado busca la pacificación de los territorios para evitar un obstáculo a las empresas transnacionales.
- Pero las movilizaciones de las comunidades para conseguir esa permanencia siguen.

El 21 de marzo fueron detenidos en el sur de Bolívar cuatro dirigentes sociales que participan en una mesa de interlocución con el Estado y que habían hecho denuncias concretas sobre megaproyectos como el de la Ruta del Sol, o sobre el impacto ambiental de la navegabilidad del río Magdalena y las macroextracciones mineras o la presencia paramilitar en la zona. Les pasaron la cuenta por oponerse a proyectos que contrarían los derechos fundamentales de la gente y ponen en peligro la permanencia de las comunidades.
- ¿Cuál es su situación?

Para la Fiscalía, deben estar presos porque constituyen un peligro para la sociedad, aunque a Milena Quiroz, portavoz de la comunidad ante la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, le sustituyeron la cárcel por arresto domiciliario por ser madre. Pero no puede cumplirlo allí sino en Medellín, donde no tiene gente. Eso es una forma de destierro. La mesa en la que participan es producto de las movilizaciones y tiene como objetivo buscar soluciones por la vía pacífica y del diálogo, pero este es el resultado de la paz que realmente estamos viviendo en la región.


Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, describe una Colombia alejada de la imagen de “postconflicto” que se asienten en la opinión pública occidental.
- ¿Qué nivel de violencia vive el país?

El año pasado fueron asesinados 120 dirigentes sociales en Colombia y este año ya llevamos treinta, dentro de un total de 156 ataques y sin contar la gente que diariamente está siendo asesinada en los territorios. Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones. El Gobierno ha sido claro en plantear que las organizaciones guerrilleras están en procesos de diálogo tendente a parar el conflicto armado, pero que continúa el conflicto social y político. La arremetida va a venir contra nosotros.
- ¿Cuántos de los autores de esos asesinatos han sido detenidos o identificados?

La situación de impunidad en los casos de violación de los derechos humanos llega al 90%. Solo algunos casos han tenido un impulso de la investigación por la presión social y el acompañamiento internacional. Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana para que se investigue. La impunidad es una herramienta más para reprimir.
- ¿Mientras se producen esos diálogos con las guerrillas, con los movimientos sociales al margen, qué ocurre con los paramilitares?

Los grupos paramilitares siguen. Una de las exigencias de los movimientos sociales al Gobierno es que, si estamos avanzando hacia la paz, la desmovilización de las guerrillas es solo una parte. Pedimos como garantía el desmonte real de las estructuras paramilitares que siguen actuando en los territorios tanto militar como políticamente. Vemos de buena manera que el ELN plantee claramente la necesidad de que la sociedad civil participe en las propuestas de paz. Las nuestras son esos planes de vida que hemos venido defendiendo a través del tiempo, de la movilización y de la construcción social.
- Pero sí existe una Mesa Social de la Paz ¿Qué ámbito tiene?

Es una iniciativa del movimiento social de ámbito estatal con mesas regionales que elaboran propuestas. Es una mesa complementaria de las del ELN y las FARC pero independiente, porque consideramos que la mesa sobre el conflicto político, social, cultural y económico debe seguir andando al margen de la revisión del armado. Estamos aportando a ese proceso. Si no se solucionan estos otros conflictos se van a generar otros tipos de violencia, y la paz quedaría en ‘veremos’.
- ¿Cómo va el Gobierno a esta mesa?

Tenemos la experiencia de la Cumbre Nacional Agraria, que tiene una mesa de interlocución cuyos acuerdos han sido sistemáticamente dejados de lado por el Estado. Por eso el movimiento social hemos hecho uso de la movilización, para pedir el cumplimiento de esos acuerdos y pedir la participación real de la sociedad civil en la construcción de la paz.
- ¿Qué papel juega el narco en todos estos procesos?

El tema de la droga está muy ligado a las estructuras del Estado. Por eso no hay un interés real en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido una excusa del Gobierno para arremeter contra el campesinado. En Arauca, por ejemplo, la coca la erradicó el campesinado con organizaciones como la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. Pero el Estado no tuvo ningún interés en apoyar al campesinado para implementar otros proyectos agropecuarios. Hoy, en el marco de los Acuerdos de La Habana, están erradicando los cultivos que habían quedado.

http://www.publico.es/internacional/impunidad-tapa-90-violaciones-derechos.html

martes, 18 de abril de 2017

¡EL CAPITALISMO ES EL DESASTRE!

La desnudez de las montañas de Colombia es un fenómeno propio del capitalismo en la agricultura; la extracción sin límites de los recursos naturales

Solo una sociedad que acabe con la propiedad privada y la explotación del trabajo, podrá resolver el problema ambiental.

Es necesario que el movimiento obrero se organice de manera independiente y revolucionaria, construya su Partido Político Revolucionario y se ponga al frente del levantamiento del pueblo

POR RO 

Actualmente hay 182 municipios del país en alerta roja o naranja frente a deslizamientos e inundaciones. ¿Puede la dictadura de la burguesía resolver este grave problema social?

Cuando la supervivencia del capital en Colombia, como parte del capitalismo mundial es a cuenta de depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de tra¬bajo y la naturaleza; cuando la esperanza de vida de este sistema moribundo depende de estran¬gular la sociedad y destruir la naturaleza, es imposible resolver esta situación. Lo pasado en Mocoa, Gramalote, La Guajira, etc., producto del cambio climático, seguirá siendo soportado por las masas, con consecuencias severas, porque toda inversión de capital tiene como único fin nutrir los grandes monopolios y la corrupta y la abundante burocracia estatal.

Conservar los ecosistemas naturales en las montañas y recuperar zonas críticas en las cuencas hídricas no puede ser una prioridad nacional, por más que insistan los expertos y ecologistas. Y no será porque va en contravía de la locomotora minera de las clases dominantes, de la necesidad de mantener la enorme cuota de ganancia del capital imperialista y contra la monopolización del suelo por los terratenientes.

La planificación y el manejo del paisaje mucho menos se cristalizará mientras el reino del capital permanezca en pie, porque éste vive para explotarlo, pues es una de las grandes fuentes de riquezas.

¿Relocalizar asentamientos urbanos y recuperar ecosistemas reguladores en las cuencas hídricas? No está en la agenda de los capitalistas, porque su conciencia es sacar la mayor ganancia a sus propiedades e inversiones. Por eso de los 2.300 nombres que son dueños del 53% de las tierras aprovechables del país, sobrarían dedos de la mano al contar los interesados en algún proyecto para beneficiar el interés colectivo. Tampoco, ninguno de los 2.681 burgueses dueños del 58% de los depósitos bancarios del país, estará en condición de ceder un ápice de la cuota de su ganancia en aras de proteger el oxígeno y el agua que se producen en los bosques.

Así que las muertes asociadas a lluvias torrenciales serán cada día más frecuentes, toda vez que el encarecimiento de la tierra, el desplazamiento y la miseria acosan a las masas a ubicarse como vecinos de furiosos afluentes o debajo de inestables montañas. A los pequeños propietarios del campo ubicados en esas zonas de ladera inclinada no se les compensará ni de riesgos y por tanto nunca sacarán sus vacas, porque se morirían de hambre, ni mucho menos iniciaran procesos de revegetalización, porque se quedarían sin alimento sus animales. Por lo cual el destruir los bosques protectores en las áreas críticas de las cuencas seguirá siendo una constante que más abajo provocará fenómenos como el de Mocoa.

La desnudez de las montañas de Colombia es un fenómeno propio del capitalismo en la agricultura; la extracción sin límites de los recursos naturales es un flagelo que ha dañado enormes territorios y contaminado el agua de departamentos enteros. Solo una sociedad que acabe con la propiedad privada y la explotación del trabajo, podrá resolver el problema ambiental. Mientras la ganancia al mando sea la ley de la producción, arrasar con la naturaleza seguirá siendo una necesidad, independientemente de la voluntad de los hombres. No es causal que mientras más ha crecido la conciencia ecologista, incluso en Europa o EE.UU., más ha crecido la devastación y la contaminación por todo el mundo.

La Dictadura del Proletariado sí podrá resolver el problema ambiental porque quitada la propiedad privada de por medio y expropiados la burguesía y los terratenientes, entonces la mayoría trabajadora tendrá cómo ubicarse donde mejore el nivel de vida y haya seguridad para la vida y el progreso. Existirá un único plan nacional de la producción para el cual trabajarán todos los obreros en alianza con los campesinos; la sociedad obedecerá al progreso colectivo y la conciencia de los hombres se transformará en conciencia socialista, constructora, no como es hoy, donde se impone el interés del enriquecimiento individual y la destrucción de la naturaleza.

La Dictadura del Proletariado podrá concentrar la cantidad de personas necesarias, con las más avanzadas herramientas y con toda la inversión que se requiera, para auxiliar rápido, rescatar, reparar y reconstruir ciudades y regiones que sean devastadas por fenómenos naturales o por ataques de las potencias imperialistas, porque la clase obrera estará organizada en todos los niveles, tomando decisiones, ejecutando los planes, controlando su cumplimiento y vigilando el presupuesto nivel por nivel. Los monopolios capitalistas no estarán presentes para imponer los precios, los proyectos… e impidiendo que lleguen las ayudas efectivas y gratuitas a los afectados.

Cualquier ciudad será refugio de reubicación inmediata de los damnificados, porque todos los obreros son una gran familia. No habrá que saquear en una sociedad así, más que las ruinas para buscar a los desaparecidos, heridos y muertos, contrario a lo que pasa en este momento, donde el ejército y la policía están alertas en custodiar la propiedad privada y sofocar los inevitables levantamientos provocados por la necesidad y la opresión.

La Dictadura del Proletariado en el siglo pasado, por ejemplo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo como características principales: la propiedad social sobre los medios de producción; el papel decisivo del Estado en la economía; la dirección centralizada; la planificación; el complejo económico nacional unificado; el carácter movilizador de las masas para ejecutar todos los proyectos; la autosuficiencia (sobre todo en el período que todavía no había campo socialista); la prioridad en la prevención y atención al riesgo de fenómenos naturales y un papel auxiliar en los indicadores de costos; el carácter limitado de las relaciones monetario-mercantiles; la aceleración del desarrollo de la industria; la combinación de incentivos materiales y morales al trabajo; la garantía de la satisfacción de las necesidades vitales a todos los miembros de la sociedad y aumento incesante de su nivel de vida; la apropiación social de los resultados de la producción, entre otras. Todo lo anterior solo es posible con el poder en manos de la clase obrera, por eso su misión histórica es derrocar todo el poder del capital.

¡El capitalismo es el desastre! No basta resistir, no basta denunciar, no es suficiente la solidaridad con Mocoa y los damnificados, es necesario que el movimiento obrero se organice de manera independiente y revolucionaria, construya su Partido Político Revolucionario y se ponga al frente del levantamiento del pueblo colombiano contra sus centenarios enemigos.

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/el-capitalismo-es-el-desastre/

lunes, 17 de abril de 2017

TRUMP ASUZA LA GUERRA Y LOS DEMÁS IMPERIALISTAS Y REACCIONARIOS SE COLUDEN PARA EMPUJARLA

LOS PUEBLOS DEL MUNDO NECESITAN CON URGENCIA LA REVOLUCIÓN
 

En menos de 15 días, los Estados Unidos han lanzado 2 ataques militares de gran envergadura; el primero fue contra una base militar en Siria, y el jueves 13, una bomba de gran poder en territorio de Afganistán; según los mismos imperialistas, para destruir unos túneles subterráneos construidos por el grupo fundamentalista Estado Islámico.

Los mayores terroristas del planeta, con el asesino y fanfarrón de Trump a la cabeza, siguen posando de salvadores del mundo y falsos adalides de la paz mundial. Como si tuviera el garrote disciplinario en sus manos, el imperialismo estadounidense se abroga la potestad de acusar, juzgar, sentenciar y hacer efectivas condenas a diestra y siniestra como si fuera el dueño supremo del mundo. Estados Unidos ha sido uno de los países que más tierras ha invadido, que más bombardeos a ciudades ha perpetrado, que más presupuesto a destinado para armamento, que más bases militares tiene en todos los continentes y que más tiene apostados portaaviones y gran arsenal a lo largo y ancho del planeta.

Pero además, es el país que más pandillas y ejércitos reaccionarios y asesinos ha armado, financiado y asesorado. Palestina es un ejemplo cruel de la mordaza asesina de los gringos, destruyeron Irak con falsas pruebas de bombas químicas, miles de inocentes han muerto con sus intervenciones en Afganistán… Pero eso no es solo de ahora; desde mediados del siglo pasado, los yanquis han realizado acciones militares en cerca de 30 países, con saldo incalculable de muertos; y todo con la ensangrentada bandera de la paz.

Los enfrentamientos con Corea del Norte están a punto de desencadenar una guerra de gran envergadura, que bien podría ser el inicio en firme de una guerra mundial, toda vez que el calibre de las armas de los contendores y la influencia en la correlación de fuerzas mundial podría arrastrar a otras superpotencias no menos poderosas y reaccionarias como Rusia, Japón, China, Alemania, Francia, por solo nombrar algunas. Todas con muchos gobiernos de otros Estados reaccionarios que no dudarían en meterse a la guerra sin importarles un ápice la inminente pérdida de vidas. Una guerra donde las masas serían las principales perdedoras.

Con gobiernos reaccionarios y con maniáticos en el poder, hambrientos de mayor control y de doblegar con el poder bélico a sus contendores, el mundo pende de un hilo. No hay un solo gobierno en el planeta que esté apostando por la paz mundial; cada Estado está filando al lado de uno u otro bloque reaccionario, y por ende solo la movilización revolucionaria de las masas, de los pueblos del mundo con el proletariado a la cabeza, y con las fuerzas progresistas de todo el globo, pueden frenar esta carrera asesina contra el mundo, impidiéndola con la revolución proletaria. Y sólo transformando la guerra reaccionaria en lucha revolucionaria contra el capitalismo, puede darle una verdadera solución a esta encrucijada macabra que hoy se cierne sobre el mundo.

Las masas no pueden ni deben defender a sus gobiernos, pues todos son reaccionarios untados con la sangre de millones de obreros y campesinos. Los pueblos de todos los países deben rebelarse contra todo el orden burgués existente y tumbar a todos esos gobiernos reaccionarios, para poner a andar el luminoso camino de la revolución y la construcción de una nueva sociedad gobernada por las masas con la clase obrera como vanguardia.

¡¡Ni un solo esfuerzo para la guerra reaccionaria, todo por la revolución proletaria mundial!!

POR RO · 16 ABRIL, 2017

http://www.revolucionobrera.com/internacional/trump-asuza-la-guerra-y-los-demas-imperialistas-y-reaccionarios-se-coluden-para-empujarla/

domingo, 16 de abril de 2017

LA GUAJIRA, DESPIADADA HISTORIA DE 525 AÑOS DE SAQUEO CONTINUO

La Guajira, colonia de saqueo a cielo abierto

“Las bonanzas económicas en La Guajira llevan impreso el sello del saqueo desmedido. La extracción de gas natural y carbón son en la actualidad el testimonio fehaciente”

Por: Hernando Luis Alvis Torres 


La Guajira es la representación sublime del saqueo. Por más de 500 años, la historia evidencia el expolio y su degradación en todas las dimensiones, mostrando la miseria de la mayoría transformada cruelmente en la riqueza de unos pocos. La península de La Guajira fue el primer escenario de tierra firme explorado por los europeos desde su llegada al no Nuevo Mundo en 1492. Buscaban riquezas y aquí establecieron las primeras encomiendas coloniales. En vez de evangelizar, sometieron a nativos y trajeron las primeras personas secuestradas de los reinos africanos.


La Guajira pronto se convirtió en campo de una feroz y eficaz resistencia hasta la entrada de la República. Es sabido que el saqueo genera conflictos y depende de la miseria y el sufrimiento de los pobladores; por ello no cabe duda que las áreas conquistadas y colonizadas fueron aquellas donde la resistencia flaqueó, propiciando el exterminio de los wanebukanes y kariakiles.

La extracción de ostras perleras y oro sirvieron a los intereses colonialistas. Posteriormente, le siguió la de la madera, el caucho y el dividivi. Bonanza, una tras otra. La marimbera fue muy significativa por su facilidad, organización y la manera “incluyente” con la que les permitió a los guajiros participar, capitalizando su sociedad y generando conflictos parentales. Las bonanzas económicas en La Guajira llevan impreso el sello del saqueo desmedido y la degradación. La extracción de gas natural y carbón son en la actualidad el testimonio fehaciente. Se trata de grandes encomiendas coloniales y concesiones mineras donde la producción monetaria termina excluyentemente concentrada para el beneficio de unas estrechas élites poderosas.



El empobrecimiento deliberado a través del debilitamiento de las actividades económicas que sí producen impactos positivos a los hogares guajiros, guarda estricta relación con las modalidades extractivas de los recursos naturales empleadas por las élites locales, nacionales y corporaciones de enormes capitales. Esas élites rigen el destino, indiferentes a los resultados nefastos que provocan sus medios de desarrollo impositivos e insostenibles. Además, con el uso de mecanismos coactivos aseguran el provecho monetario para satisfacer sus intereses excluyentes, mermando la capacidad de impacto positivo de tales recursos sobre la población general.

Desde 2016, el Gobierno ha anunciado que se encuentra todo listo, y antes de terminar 2017, se llevarán a cabo los procesos de perforación y explotación en cuatro pozos de gas natural offshore frente a La Guajira; sin exponer con suma claridad los resultados que producirán las gigantescas reservas. Por otro lado, la endiosada carbonera Cerrejón Ltd. pretende ampliar las fronteras extractivas luego de realizar una consulta previa fraudulenta. Lo que llama la atención es la inequidad del sistema jurídico colombiano: Cerrejón no recibió sanciones, al contrario, le concedieron la oportunidad de repetir la consulta.

Los efectos en La Guajira son los mismos que se evidencian en todos los lugares del planeta en los cuales opera el saqueo: violación sistemática de derechos humanos, debilitamiento de las actividades económicas locales y obstrucción en la obtención de recursos como alimento y agua, conllevando al despoblamiento de las áreas de impacto. También, se ve el incremento de la inseguridad y la corrupción; la falta de infraestructura, cobertura y prestación de servicios públicos, la cual se traduce en altos índices de necesidades básicas insatisfechas, analfabetismo, desnutrición, mortalidad (sobre todo infantil), epidemias, miseria, conflictos bélicos, y un largo etcétera.


Lo anterior ocurre en estos momentos en Chad, Níger, Malí, países africanos ricos en recursos naturales, pero los más pobres del planeta. El saqueo denominado eufemísticamente “inversión extranjera” es presentado por los gobiernos y las corporaciones, las élites de poder económico y político, como la panacea para todos los males. Se dice que ese tipo de inversión atrae “progreso”. En La Guajira, la estratagema aplicada fue la del ‘chorreo de las royalties’ (regalías), las élites las reciben como aguaceros y los guajiros como lloviznas. El espejismo del saqueo interpretó erróneamente las royalties como el remedio para esta entidad territorial azotada por múltiples problemas.

El saqueo es la realidad que aún vive La Guajira en el siglo XXI. En 2016, murieron 89 niños con desnutrición, según cifras oficiales de un Estado ausente. El Gobierno achacaba las muertes a la sequía del fenómeno de El Niño, mientras que en la represa El Cercado el agua era y es suministrada a la minera Cerrejón y a cultivos de exportación. En esta contemporánea colonia global, llamada La Guajira, los ciudadanos y ciudadanas son colombianos siempre y cuando se puedan saquear los recursos naturales conforme a los intereses de las élites, pero dejan de serlo cuando el Estado debe proveerles el bienestar necesario y asegurarles su desarrollo.

Pero el saqueo es prejuicioso y envilece la condición humana: los indios eran mitad bestias y los negros carecían de alma; actualmente son los más corruptos, narcotraficantes, contrabandistas, desprovistos de mano de obra calificada. ¿Cómo justificar la exuberante riqueza contrastada con su extracción desmedida y la pobreza soberbia que imposibilita las mejoras sociales? En el imaginario de la población “el Estado brilla por su ausencia”. ¿Cuántos botones se necesitan para mostrar el ausentismo estatal? No se toman decisiones efectivas sobre las problemáticas urgentes, no hay Estado para el bienestar del pueblo, mas sí para decidir sobre los recursos naturales.

El 20° Congreso de Naturgas expone sin vergüenza los últimos hallazgos, el potencial energético con que cuenta el país y detalla las inversiones y concesiones otorgadas. El foco de mayor atención es La Guajira, donde se concentra ese potencial energético de Colombia. El gobierno central invirtió 136 millones de dólares en exploración sísmica a nivel nacional. La Guajira es vendida como si fuera centro comercial en el que se ofertan productos de hidrocarburos para el mercado mundial.

Es un oasis de riqueza enclavado en un desierto de lágrimas. Los guajiros esperan con silencio en modo inamovible la inversión, las estrategias y soluciones a sus problemáticas. ¿Hasta dónde llegará La Guajira con tanto expolio a cielo abierto e incertidumbre; sumados al desvalijamiento de sus rasgos autóctonos económicos, sociales y culturales, la destrucción del ambiente, y la miseria ascendente arropada con invisibilidad? Uno de los lugares más pobres del planeta, imperceptible al mundo para que difícilmente se conozca su realidad.

¿Cuándo tendrán los guajiros la dicha de recibir el bienestar de la riqueza que sus ojos ven escaparse por los puertos marítimos, o fluir en gasoductos con destino a satisfacer la demanda en Colombia y Venezuela cuando la mayoría en sus hogares cocina con leña? La desigualdad evidencia además que la inversión estatal así como la infraestructura giran solas alrededor del saqueo.

Urge tomar conciencia colectiva sobre los verdaderos efectos ocasionados por las actividades extractivas en la región, muy alejadas, por cierto, de la imagen corporativa que con el mismo dinero del expolio se dan el lujo las multinacionales de mostrar al mundo. La clave reposa en darle sentido al interés general en las políticas públicas y una “apertura democrática” por medio de la gobernanza, la conciencia y el respeto por los derechos humanos, y el reconocimiento de las actividades económicas por parte del Estado que las ha venido ilegalizando todo el tiempo.

Sí son muchas las propuestas habidas sobre la mesa, no obstante, corresponde advertir al público que la realidad presente que se anhela cambiar en pocas generaciones es la despiadada historia de casi 525 años de saqueo continuo.

https://www.las2orillas.co/la-guajira-colonia-saqueo-cielo-abierto/

LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA, RESULTADO DE SOMETER LOS DERECHOS AL INTERÉS PRIVADO

¿Dónde está el negocio de la educación superior?

“Es innegable que al lado de la educación pública coexiste un aparato educativo privado que concentra la mayoría de la cobertura en el país”


Por: William Alexander Aguirre Antolínez

Muchos de los derechos de los colombianos han sido acechados desde la década de los noventa por el fantasma de la privatización. Este logró de alguna forma someter a las leyes del mercado los servicios públicos, las pensiones e inclusive, la salud. Así pues, dicho espectro ha venido persiguiendo a la educación superior durante más de 20 años. Sin embargo, el amplio respaldo social que tienen las universidades públicas ha permitido su sobrevivencia tras dos décadas de asfixia financiera. Pese a ello, es innegable que al lado de la educación pública coexiste un aparato educativo privado que concentra la mayoría de la cobertura en el país.

La educación superior en Colombia, en términos generales, se puede financiar de dos maneras diferentes. Por un lado, a través de recursos públicos provenientes del Estado, y por otro, mediante dinero del sector privado. En el primer caso, los recursos pueden ser destinados a la oferta educativa, es decir, dirigidos directamente a las universidades de carácter estatal por medio de transferencias. También, pueden ser destinados a la demanda, lo que se traduce en dirigir los recursos a los estudiantes a través de créditos educativos, becas o subsidios.

El principal argumento expuesto por los partidarios de fomentar la participación del capital privado en la educación superior es esencialmente el mismo que el expresado durante el proceso de mercantilización de los otros sectores. Fundamentalmente dicen que el mercado resulta más “eficiente” que el Estado en la asignación de recursos, retórica que ha calado en un país donde la clase política y los funcionarios sienten muy poco aprecio por lo público. Sin embargo, si bien el Estado colombiano fracasó en el siglo XX en resolver las necesidades de las personas (en aspectos como los servicios públicos y la salud), también es cierto que el mercado no lo ha hecho mejor.

Es importante poder precisar que la educación no se comporta como la mayoría de las mercancías. Los bienes que se producen generalmente cuentan con una estructura de costos que se reduce en la medida que las cantidades producidas se incrementan. Por ejemplo, el costo unitario de producir un par de carros es mucho más alto que el de producir 200 automóviles, es decir, en la medida en que se incrementa la producción resulta más barato producir. La educación funciona con una lógica inversa. Mientras mayor es la cobertura, los costos por estudiante resultan más elevados, porque la ampliación de cupos implica además la expansión física de las aulas, el equipamiento de nuevos pupitres, aumento de planta docente, entre otras cosas.

Además, la tecnología tiene un efecto inverso en la estructura de costos de la educación. Mientras que en una factoría la tecnología tiende a disminuir los costos de producción de las mercancías, en la educación el progreso tecnológico incrementa cada día los costos de conectividad, equipos y softwares. Por ello, podemos afirmar a simple vista que la educación no es un negocio atractivo para los empresarios.

El alto costo de ofertar educación superior es el que genera que en las instituciones que funcionan a partir de dineros privados los precios de las matriculas sean elevados, al punto que solo son posibles de costear para las familias con un alto nivel de renta. Todo ello implica que se reduzca significativamente el mercado de estas instituciones. Entonces, ¿cómo es posible ampliar este mercado a las personas con rentas bajas?

El principal modelo que ha logrado masificar la educación superior privada se basa en la ampliación del crédito educativo, el cual permite que los estudiantes de menores ingresos accedan a la educación con elevados costos de matrícula. Bajo este, se consiguen importantes márgenes de rentabilidad a través de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo cual deja ver que el negocio no está en la cobertura, sino en la porción de la misma que se encuentra vinculada a través del sector financiero. Este modelo de financiación (de amplia difusión en los Estados Unidos) genera grandes márgenes de beneficios para las corporaciones crediticias, al tiempo que una amplia inequidad social para los profesionales recién graduados, cuyos ingresos resultan destinados para el pago de sus obligaciones con la banca educativa.

Otra forma de financiación que permite la masificación del acceso a educación superior privada es el del crédito educativo de origen público, que opera generalmente de forma mixta con un sistema de becas y/o subsidios. Su esquema es básicamente el mismo, con la diferencia substancial que el origen de los recursos en este caso es público. Es decir, el Estado prefiere transferir los recursos al sistema educativo a través del sistema financiero, que generalmente termina acopiado por las universidades privadas, en vez de inyectarlos directamente a las instituciones públicas.

La expresión más reciente de este modelo en nuestro país es el programa Ser Pilo Paga, el cual consiste en un sistema de créditos condenables del ICETEX que cubren gastos de matrícula a los cuales pueden acceder los estudiantes interesados en estudiar en instituciones acreditadas de alta calidad. Es preciso mencionar que las matrículas de las universidades privadas por su naturaleza expresan el costo que representa cada estudiante para la universidad, mientras que en las universidades estatales no corresponde al costo total que el estudiante le representa a la institución educativa. Es por esto que un “pilo” en las privadas significa un costo mayor para el Estado, así como un ingreso más grande para la universidad, que un “pilo” en las públicas.

El resultado de la combinación de un modelo que privilegia la financiación, demanda y fomenta el crédito educativo, y la constante asfixia que han sufrido las universidades públicas, en términos de recursos, avizora en el horizonte una profunda crisis de financiación de la universidad pública. Esta se ha venido postergando más por la voluntad individual de las instituciones por resolver autónomamente sus problemas financieros, que por el esfuerzo diligente del gobierno de encontrar solución de fondo a este problema. Al final, la crisis no será otra cosa que el resultado de someter los derechos al interés privado.

https://www.las2orillas.co/donde-esta-negocio-la-educacion-superior/

EXTRACTIVISMO ES UN ABSURDO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE

“El extractivismo es absurdo social, ambiental y económicamente”


Por Pilar Chato, Paco Gómez Nadal-Colombia Plural

Los daños ambientales y humanos del extractivismo no son “fallas del mercado”: son su esencia. El experto en ecología política, Joan Martínez Alier, advierte en Colombia que Gobierno y empresas transfieren el costo a la gente pobre, a las generaciones por venir y a otras especies. Vuelo sobre las selvas del Chocó. El paisaje se […]


Los daños ambientales y humanos del extractivismo no son “fallas del mercado”: son su esencia. El experto en ecología política, Joan Martínez Alier, advierte en Colombia que Gobierno y empresas transfieren el costo a la gente pobre, a las generaciones por venir y a otras especies.

Vuelo sobre las selvas del Chocó. El paisaje se rompe con los desiertos de barro que provoca la minería del oro en lo que era tupido manto verde. Lo que no se ve a esa distancia es la contaminación por mercurio de los ríos ni las afecciones sobre la población. “Queremos agua, queremos maíz, AngloGold Ashanti fuera del país”, se escuchaba en las veredas de Cajamarca antes de la consulta popular que perdió el proyecto de la minera, y ahora, cuando se debate sobre los efectos reales de esa victoria épica. En La Guajira las noticias son la sequía y la desnutrición, lo que no se ve es el desvío de arroyos y el secuestro de las fuentes de agua para la minería de carbón de El Cerrejón. Y lo que no se ve en ninguno, pero forma parte de sus causas y consecuencias, son los intereses económicos que forman los cimientos de todo ello. El Gobierno colombiano lo llama la ‘locomotora minera’ y tiene sus esperanzas de crecimiento económico en ese extractivismo de minerales y de hidrocarburos. El profesor Joan Martínez Alier lleva décadas estudiando esas relaciones entre los países ricos y los que poseen las materias y son meras despensas de recursos, planteando la síntesis de la economía ecológica y de la ecología política desde la denuncia de las leyes actuales del comercio internacional, que no hacen sino “aumentar la deuda ecológica que los países ricos tienen hacia los menos ‘desarrollados’ sin que se garantice la equidad ambiental”. Martínez Alier ha estado en Colombia para participar en la Docuconferencia sobre Audiovisuales y Justicia Ambiental que celebró la Universidad del Valle organizada por el doctorado en Ciencias Ambientales. La injusticia ambiental, y las luchas por la justicia ambiental, es lo que cartografía en su Atlas Global de Justicia Ambiental.

“El extrativismo es absurdo social, ambiental y económicamente”, afirma tajante este catedrático de Economía e Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona (España) que se pregunta para qué se produce tanto si al final eso ha hecho que bajen los precios; defiende que se grave con impuestos las exportaciones y cree que en los años ‘buenos’ se perdió una oportunidad para plantear esos impuestos a la exportación. “Ahora el carbón ha bajado de los 100 dólares a 40 porque hay sobreproducción, en parte por tanta exportación colombiana”, dice antes de abogar por el pago de la “deuda ecológica” que se tienen con los países más pobres por ese “comercio barato” que no contabiliza los daños causados por la esclavitud, la contaminación, las afecciones a las culturas y la población…

Y aquí tira de ironía para hablar sobre el Acuerdo de París firmado en 2015 en el seno de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. “Estaban contentos porque habían firmado un papel y ya se iban a casa porque era Navidad”. Y, sin embargo, advierte sobre el hecho de que este acuerdo lleva una cláusula de no responsabilidad legal (“no liability“, en inglés), es decir que incumplir el acuerdo y contribuir al cambio climático no tiene consecuencias legales. Y sigue tirando de ironía cuando recuerda, por contra, la encíclica del papa Francisco que en sus apartados 51 y 52 dice que los países del norte le deben al sur por un comercio ecológicamente desigual, por el cambio climático y por una deuda ecológica.

Los países, dice, no pueden sacar esa deuda ecológica de sus agendas políticas, pero tratados como el de París hacen que sea difícil que haya juicios. “Si eres noble tiene un tribunal, si eres plebeyo tienes otro”, sigue ironizando este impulsor de la ecología política para hablar de los arbitrajes internacionales privados que permiten casos como la reciente demanda contra Colombia de la minera canadiense Gran Colombia Gold que reclama 700 millones de dólares luego de que el Corte Constitucional le ordenara cesar sus operaciones en El Burro (Marmato) hasta que se haga una consulta con los habitantes del lugar.

– ¿Habrá tiempo para esa justicia ambiental antes de que se acabe el planeta?

– El planeta se acabará de aquí a unos 4.000 millones de años. Se lo comerá el sol y será un espectáculo increíble, pero no habrá humanos para verlo. Lo que puede ser ocurrir es que desaparezca una gran parte de la naturaleza, muchas culturas, muchos idiomas, mucha riqueza cultural y supervivencia de gente. Es un abuso contra la gente pobre que lo único que tenía era el agua o la tierra, y es una ataque directo a la supervivencia de la gente para que se amontone luego en ciudades.

– ¿Estamos en un punto de no retorno?

– Bueno… la población mundial ya no crece tanto. Hay una decisión general de las mujeres de no tener muchos hijos, así que la población mundial se va a estabilizar en 9.500 millones en 2050. Es fácil de prever porque ya no estaré para defenderlo (sonríe). Pero va por ahí la tendencia, y no por enfermedad o por hambre, sino por una decisión colectiva. Parece absurdo que crezca la población para pagar pensiones…

Sin embargo, reconoce, el motor del consumo no para, está creciendo en muchos casos, demandando cosas, como la energía que solo tiene un uso. Se utiliza y desaparece. Eso hace que se amplíen una y otra vez las fronteras de la extracción y ello trae “muchos desastres”.

– Cuando el Gobierno le promete a los colombianos, en especial a las poblaciones rurales, que con la “paz” va a llegar el “desarrollo”… ¿usted qué les diría?

– Desarrollo es una palabra obsoleta y desarrollo sostenible ya es el colmo… es una contradicción. Yo tarde bastante en no usar esa palabra. Ahora no la uso en parte por influencia del Arturo Escobar (antropólogo colombiano, defensor del concepto de sentipensar y contradictor del concepto ‘Tercer Mundo’). Para ello se crean en América Latina conceptos como el buen vivir, el Sumak Kawsay, como un ataque a la palabra desarrollo que implica la uniformización, todo el mundo igual.

Martínez Alier es uno de los investigadores líderes del Atlas Global de Justicia Ambiental, un proyecto del Instituto de Ciencia de Tecnología Ambiental de la Autónoma de Barcelona (ICTA) que ha inventariado cerca de 1.800 conflictos socioambientales en todo el mundo. De ellos 115 se encuentran en Colombia recogidos por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle liderado por el profesor Mario Alejandro Pérez-Rincón. El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta y que son las comunidades pobres, a menudo indígenas, las que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos. Grupos que no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud. En realidad, lo que se produce según el investigador catalán, es que “las externalidades [el costo humano y ambiental de ese extractivismo] no son fallos del mercado, sino el éxito de ese mercado en transferir costos a la gente pobre, a gente que no ha nacido… a otras especies”. “La regla [de las empresas]”, insiste, “es no pagar las externalidades” en estos “conflictos ecológicos distributivos”.

En opinión de Martínez Alier, los conflictos socioambientales van a crecer en Colombia en este periodo de posconflicto “a menos que ganen [las poblaciones que resisten]. Si AngloGold se tiene que ir del Tolima [tras la consulta de Cajamarca] pues habrá un conflicto solucionado”. Todo dependerá de la demanda exterior. Martínez Alier vuelve a plantear el escenario del comercio internacional y recuerda la bajada del precio del carbón o del oro y de “la palma de aceite, si hay resistencias se irán a otro sitio… y el fracking… pues puede ser que aumente porque es una novedad y resulta barato en este momento”.

– Antes no entraban las empresas a algunos territorios porque estaban las FARC, pero ahora no están. Las comunidades temen lo que pueda pasar…

– También han entrado paramilitares ¿no?

– Sí, está habiendo una ofensiva…

– Bueno, pues en paz no debería. Si es paz con paramilitares… También está negociando el ELN, que se supone que son más ecologistas… No sé. Estaría muy bien que se pusiera [el tema ambiental] sobre la mesa.

Sobre esa agenda ambiental en la agenda política del proceso de paz, Martínez Alier cree que nunca estuvo en la previsión del Gobierno porque su idea de la ‘locomotora minera’ es totalmente anti ambiental. “Esto no solo pasa en Colombia, pasa en Perú -que hay paz- en Brasil y en Filipinas. Da lo mismo que sean gobierno neoliberales, neoprogresistas o progresistas. Da igual. No hay una agenda ambiental en los gobiernos, hay una agenda extractivista”, afirma tajante Martínez Alier que vuelve al pesimismo para lamentar que “cuando uno estudia muertos y muertas ambientales, se ve que el Estado está detrás de las empresas y no hace su papel de llevar a juicio a la gente que atrapan, si es que atrapan a alguien”. Ve destellos de justicia en trabajos concretos contra esta situación como la que hizo la Defensoría del Pueblo en Perú o el trabajo de la Contraloría en Colombia, cuando estuvo al frente Sandra Moreli, o la Corte Constitucional, que asumen el papel que debería tener el Estado en cuestiones como cumplir la legislación internacional o las evaluaciones ambientales. Sobre el caso concreto de las FARC y su papel en el tema ambiental admite que “comparado con el Estado no han hecho nada”, pero recuerda que en su haber hay cuestiones muy poco ecologistas como la masacre contra los Awa en Nariño o los oleoductos rotos… “pero nunca se han pronunciado sobre el problema ambiental y esto es parte del problema de la izquierda latinoamericana en general”.

En este punto Martínez Alier recuerda al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, diciendo que el ecologismo es de ‘gringos’ o el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, que cree que el ecologismo es un engorro de unos tipos que sueñan con la Pachamama. Las constituciones de Ecuador y de Bolivia introdujeron cuestiones “muy interesantes” sobre el cuidado de la naturaleza pero sacaron de sus gobiernos a las facciones más proecologistas, como Alberto Acosta (Ecuador) o Pablo Solón (Bolivia), se lamenta.

– Usted ha dicho en alguna ocasión que solo se frena el extractivismo con resistencia popular y a veces con gente muerta en el camino ¿Qué les espera a los colombianos?

– Bueno, los periodistas a veces interpretan… No hay kamikazes ecologistas ni suicidas que exploten bombas.

– Nos referimos a… qué le espera al movimiento popular colombiano que lleva mucho tiempo resistiendo al proceso extractivista

– Yo creo que hay un movimiento mundial de justicia ambiental, que no está organizado ni tiene por qué estarlo …. El movimiento existe y es muy activo, de defensa y a veces con algunas alternativas. Yo no creo que el movimiento de resistencia disminuya creo que esta avanzado.

“Hay que defenderse contra todos los Estados y particularmente contra el propio”, advierte este impulsor de la ecología política que cree que aquí -en Colombia- y en Indonesia, la regla es que no haya mucha justicia y en cambio debería de haber una justicia transicional o una comisión de la verdad en las que también se incluyan los temas ambientales. “Una comisión de la verdad debería tocar todos los temas. Si se volaron un oleoducto debería de estar ¿no? O si hay paramilitares que han estado echando a gente para plantar palma de aceite, debería estar… Es muy difícil separar los derechos humanos del tema ambiental, muchas veces es imposible”.

Y al hablar de justicia transicional, Martínez Alier, que nació el año que terminó la Guerra Civil española (1939), no puede evitar referirse a la transición en ese país tras la muerte del dictador, Francisco Franco, y después de 40 años de dictadura. “Si escribo mis memorias, el primer capítulo será sobre mis primeros 21 años y una transición sin justicia transicional, porque los franquistas se autoamnistiaron (…) Esto es una gran injusticia histórica”.

https://colombiaplural.com/extrativismo-absurdo-social-ambiental-economicamente/

jueves, 13 de abril de 2017

JUSTICIA COLOMBIANA ES CORRESPONSABLE POR SU INACCIÓN DE FEMINICIDIOS EN EL PAÍS

Justicia colombiana, corresponsable de feminicidios


John Martínez
Foto Colprensa/Vanguardia Liberal

Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra temía por su vida. Alertó a las autoridades pero su llamado no fue atendido. El diez de abril a las siete de la noche, Julio Alberto Reyes entró a un local del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, lugar donde trabajaba Claudia Rodríguez, y tras retenerla por varios minutos la asesinó con un disparo en el estómago. Luego de dos horas de tensión, el asesino fue atacado por la policía y llevado a la fundación Cardioinfantil, donde falleció.


En Colombia, durante el 2016 reportaron 10.664 casos de mujeres lesionadas por su pareja. En el mismo año 109 de ellas fueron asesinadas por su condición de ser mujeres. De estos casos el 45 por ciento de los agresores fueron sus compañeros sentimentales. Durante los últimos cinco años han ocurrido 345 feminicidios en el país. Pero en el 95 por ciento de estos casos no hay personas procesadas. Sin embargo, lo más importante es que muchos se podrían prevenir si la justicia respondiera eficazmente al llamado de las mujeres maltratadas.


Como otras muchas, Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra había solicitado ayuda a las autoridades dado que Julio Alberto Reyes la maltrataba y amenazaba no sólo con quitarle su vida sino con la de su hijo, fruto de esa relación. En este caso la negligencia llega a puntos alarmantes al conocerse el historial delictivo del victimario, quien había sido condenado por asesinar a dos personas en circunstancias similares. Era el año 2006 cuando Julio Alberto llegó al bar ‘Combo Combo’, en el Centro Comercial Bachué II, en Bogotá. En él se encontraba su esposa de momento, María Margarita Acosta Castaño, y algunos de sus familiares. Entonces, Julio Alberto disparó y las balas asesinaron en una hermana y una amiga de Margarita, quien logró salir con vida. En el 2016, el hombre fue excarcelado tras cumplir sólo la mitad del tiempo previsto en la condena, producto de su buen comportamiento, según dijo la jueza que lo liberó el 29 de marzo de 2016.

Tiempo después Claudia Giovanna tuvo que huir de Medellín para liberarse del maltrato de Julio Alberto. Sin embargo éste la siguió hasta Bogotá donde la familia de la mujer, al ver que la justicia no cumplía con su deber, se encargaron de protegerla. La llamaban a cada momento e iban a recogerla al trabajo, como la noche del homicidio. Esa noche su hermana llegó al Centro Comercial justo en el momento que el asesino tenía retenida a Claudia. De haber llegado antes, basado en el historial de Julio Alberto, su vida también hubiera corrido peligro. Así, la justicia colombiana jugó con la vida tanto de Claudia como de sus familiares, incluida la del hijo.

«Crimen pasional», titularon el hecho los medios de comunicación tras conocerse que la víctima fatal había dejado al homicida semanas antes, insinuando así que la razón del hecho fue la separación. Pero ni ésta, ni la supuesta enfermedad mental de Julio Alberto, explican el homicidio. La explicación reside, por el contrario, en el machismo estructural interiorizado en cada individuo de la sociedad y en sus instituciones. Ese mismo que le hace creer a los hombres que son dueños de las mujeres, que ellas son su propiedad. Derecho imaginario al que muchos no piensan renunciar y por eso, cuando se sienten amenazados, actúan con violencia.

Según cifras de la Fiscalía, el año pasado se reportaron 117 mil denuncias de maltrato intrafamiliar contra mujeres. Es decir, 117 mil mujeres que corren el peligro de terminar asesinadas. Las acciones de la justicia no están siendo efectivas para prevenir más casos como los de Claudia Rodríguez, por el contrario, su negligencia es cómplice. Más aún cuando son los mismos jueces, como ha salido a relucir en innumerables ocasiones —tanto en Colombia como el mundo— quienes culpan a las mujeres por vestir provocativamente, por salir solas a la calle, por emborrachase; o, como se lee en redes sociales en el caso de Claudia «ella sabía que su expareja era un asesino». Por eso, como sociedad, debemos, además de exigirles a las autoridades tomar acciones en el asunto porque el machismo estructural sigue maltratando y asesinando a nuestras mujeres, liderar como movimientos sociales una amplia, extensa y continúa campaña por la igualdad real entre ambos sexos, campaña fundada en un poderoso aliento cultural que confronte tradiciones y “derecho inalienables”, esos mismos que sustentan un proceder macho superado por la historia pero presente por las bases estructurales que le siguen brindando estados como el colombiano, defensor de la tradición, la desigualdad social, la concentración de la riqueza, la exclusión de las minorías, auspiciador de violencia, soporte del militarismo más atroz, cultor de las armas, patrocinador de la corrupción y cómplice de la impunidad en todos aquellos casos de personas cercanas a sus más exquisitas redes.

https://www.desdeabajo.info/colombia/31276-justicia-colombiana-corresponsable-de-feminicidios.html

miércoles, 12 de abril de 2017

URIBE, UN SABOTEADOR PROFESIONAL

Álvaro Uribe, un saboteador profesional

“Que vergüenza da ver a un ex presidente de la república huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela en alcantarilla”

“El ex presidente hizo gala una vez más de su cálculo político, de su talante de capataz de finca en la que todos deben hacer su voluntad”

Por: Nelson Villarreal


Los grandes medios lo tratan con prudencia y con excesivo respeto, podría decirse que hasta le rinden pleitesía. Sin embargo, al menos medio país sabe que el ex presidente y hoy senador, Álvaro Uribe, es un tipo prepotente, arrogante, y por demás un saboteador profesional. En su caso se puede decir que ninguna de sus actuaciones son al azar, cada paso está fríamente calculado como lo que es él, un viejo zorro de la política, los negocios y un dios criollo con labia de culebrero y dotes de encantador de serpientes.

Uribe nunca da puntada sin dedal, siempre está bien dateado. Por eso es absurdo y hasta cínico el argumento que esboza cada vez que sindican o encarcelan a alguno de sus buenos muchachos, “confié en él y se aprovechó de esa confianza”. De esa forma va evadiendo su responsabilidad, se escabulle hábilmente.

Pero, ¿no son calculadas sus acciones provocadoras? Veamos un par de ejemplos que lo dejan en evidencia:

“El ex presidente sanguijuela”

En la plenaria del Senado se escuchó: “que vergüenza da ver a un ex presidente de la república huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela en alcantarilla”. Así de enérgicas y punzantes fueron las palabras de la senadora Claudia López.

En medio de un debate sobre paramilitarismo, a mediados de 2014, ella señaló los vínculos de Uribe con este grupo narcoterrorista aduciendo que “muchos políticos fueron beneficiarios del narcoparamilitarismo en Colombia, pero solo un colombiano coronó la presidencia de Colombia con el apoyo del narcoparamilitarismo, solo uno y se llama Álvaro Uribe, y por más que grite, corra, enlode, se escude y huya, nunca podrá evadir esa responsabilidad, ni en lo político ni en lo penal”.

Así lo dijo la senadora, con todas sus letras. No obstante, ese llamado a la gallardía solo fue escuchado un par de días y luego terminó siendo sepultado por los medios en menos de una semana. Esta fue la respuesta a un senador que luego de “echarse su discurso” salió sin escuchar a nadie ni afrontar el debate en clara afrenta a la verdad.

“El ex presidente insensible y saboteador”

Este fin de semana en el Congreso de la República se repitió la bochornosa estrategia. El ex presidente Uribe asistió al acto en conmemoración de las víctimas y al ser mencionado por Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán, solicitó un derecho a réplica. Él, tan estudioso de las normas sabe perfectamente que eso no está permitido. Por norma, la única labor de los senadores en dicho acto se limita a escuchar a las víctimas y privilegiarlas en el uso de la palabra.

Así lo entendieron todos, menos el senador paisa, quien como niño malcriado y con solo una señal dada a su sequito de discípulos del Centro Democrático salió del recinto para llevarse las cámaras y micrófonos que le hicieron el juego y esperaron a oír su discurso a las afueras del capitolio.

El ex presidente hizo gala una vez más de su cálculo político, de su talante de capataz de finca en la que todos deben hacer su voluntad aún cuando los trate a las patadas. Todo esto a expensas del dolor de decenas de familias que lloran a sus seres queridos, quienes en su mayoría cayeron a manos de falsos positivos y persecuciones llevadas a cabo durante su gobierno.


Además, el senador tuvo el descaro de enfrascarse en una contienda con un muchacho que lo enfrentaba para pedirle lo que cualquier colombiano debería exigirle, “que regresara al acto a escuchar a las víctimas, pero más aún, que los medios de comunicación no se fueran todos detrás del ex presidente, sino que visibilizaran a esas familias que continuaban en el acto conmemorativo”.

Esa es la conocida táctica de saboteo de Álvaro Uribe Vélez, experto en buscar el talón de Aquiles de las instituciones o de sus contradictores para escaparse por esas fisuras, evadir su responsabilidad y salirse con la suya, en pocas palabras: “siguiente pregunta amigo…siguiente pregunta”.

https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-saboteador-profesional/

 
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