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lunes, 27 de marzo de 2017

LA MARCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN CONVOCADA POR LOS MÁS CORRUPTOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA

DOSSIER:
1. La marcha del cinismo
2. Con rabo de paja
3. Aquí no pasa nada

1. La marcha del cinismo


Daniel Felipe Alonso


Una vez firmados los acuerdos de La Habana, el Centro Democrático y muchos de sus amigos se quedaron sin el jefe de campaña ideal: uno que no cobra y que es capaz de organizar a la sociedad en torno a una causa de manera muy efectiva. Hoy, con mucho cinismo y aprovechando la coyuntura, buscan abanderar la lucha contra la corrupción, creyéndonos tontos y haciéndonos pensar, que quienes fueron parte del problema, hoy tienen conmovido el corazón.

La corrupción no es un tema de hoy, ni exclusivo del Gobierno de Juan Manuel Santos, al que por supuesto no busco defender. Este es un problema de siempre que estuvo opacado por la guerra y por unos señores que robaban con armas, ponían bombas, amarraban personas como animales en la selva y mataban sin misericordia a muchos de los colombianos más pobres.

El foco siempre estuvo puesto sobre guerrillas y paramilitares, mientras muchos de los que hoy abanderan la marcha del cinismo del primero de abril se robaban el país a manos llenas en alianza con congresistas, políticos en las regiones y contratistas que financian sus campañas.

Acordemonos que durante el Gobierno de Uribe estallaron escándalos como el de la parapolítica que dejó sin muchos socios a Uribe en el Congreso; Agro Ingreso Seguro en el que se robaron la plata de los campesinos; el desfalco de la DIAN; se empezó REFICAR del que hoy sabemos más; se negociaba con Marcelo Odebrecht en la Casa de Nariño, e incluso, se mataba gente y se hacían pasar por delincuentes.

Imagen de: YouTube

Qué decir del otro promotor de la “cruzada anticorrupción”, nuestro ex procurador Alejandro Ordóñez, hoy destituido por reelegirse comprando con cargos y prebendas funcionarios públicos de otras ramas. O que tal Fernando Londoño, hoy director del Centro Democrático, quien fue sancionado por la procuraduría por mentiroso y señalado por ECOPETROL de adueñarse de unas acciones de Invercolsa sin tener derecho a hacerlo.

La lista es interminable, y podría escribir muchos más casos y de muchas más honorables personas que hoy están indignadas con la corrupción en Colombia. Es una lista enorme de gente con prontuario que hoy solamente busca adueñarse de una causa solamente en el discurso y para castigar al Presidente, porque siempre que han tenido la posibilidad de gobernar han hecho lo mismo.

Es maravilloso que el Centro Democrático haya decidido empezar a encontrar unas causas más justas que la guerra a costa de los más pobres como bandera electoral. Sin embargo, no tiene presentación que sean ellos, corresponsables de este mar de corrupción, los que hoy pretendan liderar un marcha en rechazo a este flagelo. Si de verdad quieren ayudar, que empiecen a contar cómo muchos de sus socios se robaron este país.

http://conlaorejaroja.com/la-marcha-del-cinismo/


2. Con rabo de paja

...una marcha en contra de la corrupción convocada por el jefe del gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia y de un ex jefe del ministerio público destituido por comprar su reelección


Mauricio Pérez Moreno

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra oxímoron se refiere a la presencia de dos ideas que se oponen entre sí en una misma frase o cita. Cuando pensamos en ejemplos que sustenten esta idea podríamos pensar en frases tales como ‘sol de medianoche’ o ‘el ensordecedor ruido del silencio’. Pero existe entre todos los ejemplos imaginables uno que lo tenemos tan cerca, que estamos dentro de él sin darnos cuenta: Colombia.

Colombia es el más claro ejemplo palpable de oxímoron que podamos tener a la mano sin acudir a mayores desgastes dialécticos. País de luces y sombras, de cumbres y abismos profundos, de soles y lunas, de risas y lágrimas, de ruidos y silencios. País de niños muertos de hambre y ricos en la lista Forbes. País de deportistas millonarios y de atletas de miseria y hambre. País de soles radiantes y de ríos desbordados por el implacable invierno. País de parias que se apropian del erario y a su vez de indiferentes ciudadanos incautos que regalan su voto. Siempre cabrán las ideas más disímiles y contrastantes en este país de todos y de nadie.

Precisamente, por estos días es noticia en Colombia el más inverosímil de todos los oxímoros que podamos imaginar: una marcha en contra de la corrupción convocada por el jefe del gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia y de un ex jefe del ministerio público destituido por comprar su reelección. La autoridad moral de estos dos oscuros personajes no es precisamente la mejor prenda de garantía de éxito de esta convocatoria.

Pero tal vez lo preocupante no debería ser la convocatoria en sí misma ni quienes la convocan. El verdadero ingrediente que debería inquietarnos, y que es la razón de estas líneas, es la cantidad de personas que el próximo primero de abril estén dispuestas a salir a las calles a ejercer su sagrado y constitucional derecho a la protesta.

Porque eso es lo que es: un derecho que nos da la carta constitucional como herramienta de control ciudadano ante quienes ejercen el poder. Lo realmente preocupante son las motivaciones, o mejor, las emociones bajo las cuales acudirán los marchantes. El hecho de tratarse de una marcha en contra de la corrupción, que en últimas demostró ser el más grande flagelo que nos golpea sin pudor, es en sí mismo un hecho notable frente al cual todos, sin excepción, deberíamos acudir a las calles a pronunciarnos con frontal vehemencia. La corrupción se nos muestra desde tiempos lejanos como un cáncer terminal que nuestra miopía nos impidió ver, por estar obnubilados ante el problema – gravísimo por demás- de las guerrillas y el orden público.

Campantes y orondos se paseaban en camionetas y en yates los funcionarios y contratistas del estado con dineros de los contribuyentes, mientras ciudades enteras adolecen de la prestación de servicios básicos como el agua y puestos de salud dignos. Podríamos dar como ejemplo el caso de Yopal, que no tiene acueducto pero es una de las ciudades con mayores ingresos por concepto de regalías.

Las páginas se nos harían cortas para poder citar los cientos de ejemplos de igual índole, pero por temas de espacio no podríamos reproducir. Odebrecht, Reficar, los desayunos escolares para niños de escasos recursos y la hambruna en La Guajira, son algunos de los casos que nos obligan a decir que Si a un movimiento ciudadano en contra de la corrupción. Pero el caso de la marcha del primero de abril tiene un tufillo más político que social, tratándose de quienes la promueven.

Al igual que el plebiscito del dos de octubre, en el que los simpatizantes del No salieron a las urnas “emberracados”, dando la victoria a un amañado grupito de intransigentes amigos del cruel negocio de la guerra, la marcha del primero de abril será una muestra más de esa influencia marcada y dañina que estos personajes ejercen sobre parte de la sociedad. ¿Cuántas personas acudirán a la convocatoria? Aún no lo sabemos. Pero de darse un número significativo de ‘indignados’, estaremos enfrentando el mismo problema del día del plebiscito: el desconocimiento y desinterés de esos sectores de la sociedad por hallar el verdadero fondo de la problemática en contra de la cual se pronuncian.

De ser así, bien podríamos plantear unas nuevas inquietudes: ¿Por qué razón estos personajes de dudosa índole pueden llegar a ejercer tal influencia en la sociedad, generando un movimiento de masas, a pesar de las evidencias que los condenan? ¿De dónde proviene la capacidad de convencimiento de un personaje como el señor Uribe, siendo él mismo el articulador de todos los desmanes que se cometieron desde ‘la Casa de Nari’ durante sus ocho años de mandato?

Caricatura de Matador para El Tiempo

La respuesta puede ser tan compleja como desoladora. Somos una sociedad que por décadas ha estado y seguirá estando enceguecida por nuestra propia ignorancia. Creemos con cierta facilidad todas las deformaciones de la información que hoy eufemísticamente se conoce como la posverdad. Nuestro carácter crítico y nuestra capacidad de controvertir las ideas que llegan a nuestros sentidos, se ve seriamente limitada –paradójicamente- por la nada despreciable influencia de las redes sociales, las cuales han servido de excelente caldo de cultivo para manipular y manosear sin rubor sectores enteros de la sociedad, que sin resistencia alguna, acogen casi cualquier información que llegue a sus manos. Nuestra capacidad de debate se ha visto seriamente lacerada por cuenta de quienes, a cualquier precio, quieren hacerse al poder para beneficio en primera persona.

Ese ha sido el capital político del hoy senador Uribe y de todos quienes hoy enarbolan las banderas de repudio en contra de la corrupción, pero que ciertamente tienen rabo de paja. Es precisamente la obediencia de sus votantes la que lo llevó al poder presidencial en dos ocasiones y ahora lo tiene en el Congreso de la República.

El senador Uribe sin sus votantes no sería nadie. De no ser por sus más de ocho millones de votantes incondicionales y manipulados, jamás habría llegado a la presidencia. Justamente por eso es que debe alimentarse de eventos y coyunturas como la marcha del primero de abril, para afianzar su poder sobre las masas y reafirmar su vigencia en el ideario colectivo de sus seguidores.

Así las cosas, la invitación sería: Salga y marche si así lo desea. Pronúnciese con vehemencia en contra de las mafias que desangran el país. Hágalo con la mayor firmeza posible, no solo el primero de abril sino todo el año. Pero ojo: ¡Hágalo bien! Hágalo sin seguirle el juego a las mafias que quieren seguirnos dominando a su antojo. Hágalo con la plena convicción de que la protesta solo va a beneficiar al país y no a esas camarillas de delincuentes de cuello blanco y cuna de oro. No lo haga porque se lo indiquen figuras oscuras y sin autoridad moral como los doctores Uribe y Ordóñez. Ni siquiera lo haga por usted. Hágalo por Colombia. Porque asistir a una marcha anticorrupción convocada por Uribe y Ordóñez es lo mismo que emprender una cruzada en contra de la pornografía al lado de Esperanza Gómez.

http://conlaorejaroja.com/con-rabo-de-paja/

3. Aquí no pasa nada

Mauricio Ceballos


Hace ya casi 20 años el periodista Mauricio Vargas Linares escribió un libro que en realidad era una profunda investigación sobre un presidente que “se iba a caer”, por el escándalo de la penetración de dineros ilícitos en su campaña presidencial. El hecho no pasó de ser un gran ruido mediático y aunque hoy todo el país recuerda el número del expediente en el que se radicó la investigación, el trabajo periodístico de don Mauricio en este momento, solo alimenta las principales bibliotecas del país; y de ahí no pasa.

Porque ni siquiera políticamente ha pasado mucho con algunos de los personajes tristemente célebres en aquel hecho. Pero es que nunca ha pasado nada con nada; recordemos que esta semana se cumplieron 27 años del asesinato de Bernardo Jaramillo, perteneciente a la Unión Patriótica y los medios se acordaron de que en este como en muchos casos, no pasa nada.

Alguna vez escuché decir que en nuestro país pasaban muchas cosas y que nadie tenía tiempo para digerir todo. Yo no creo en esa explicación. Pienso que en verdad vivimos del escándalo y del juicio sumario de los radio noticieros quienes casi siempre están mejor informados que la Fiscalía y en una o dos mañanas abren instrucción, presentan pruebas y juzgan para ver si la Justicia se decide a actuar. Lo cierto es que nada pasa porque todo nos distrae. La civilización del espectáculo de la que habla Vargas Llosa se ve retratada en nuestro país al hacer el ejercicio de solo entretenernos y no pensar. Porque así funciona y así es mejor. Y si acaso algunos se indignan, no pasa de ser un tsunami en las redes sociales, como el virus del momento, un ingrediente más del entretenimiento.

¿Ejemplos? Abundan. El más significativo podría ser el del expresidente y hoy senador, al que se le ha abierto más de doscientas investigaciones y ¡oh sorpresa! ninguna ha prosperado. Y es que ese es el mal del sistema, que todo en nuestro país está contaminado de corrupción, y entonces las investigaciones no se abren o si se abren no avanzan, o si avanzan los abogados expertos las hacen precluir, o si acaso terminan caen solo los alfiles, aquellos personajes casi siempre brillantes que o estaban mal relacionados o en el lugar equivocado, o simplemente no les guardaron la espalda y sus jefes se olvidaron de ellos.

débiles resultados que se le muestra a la opinión pública como grandes logros sin atacar nunca el problema principal. Y la solución, la mayoría de las veces es irse del país, para que los medios se olviden de tal o cual personaje; o, si es que no se van, se refugian en el sector privado mientras pasa la marea. Ya quisieran los felinos ser tan ágiles para saltar de cargo en cargo como ciertos personajes de la vida pública que sin ninguna vergüenza, hacen como si fuesen hombres y mujeres intachables pasando de un lado a otro sin reservas morales.

Y hoy, como si fuese una noticia de ficción, aquel presidente que casi se cae, se resguarda en la otra orilla y con cinismo habla de transparencia y lucha contra la corrupción. Da risa ver como aquí el refrán del rabo de paja no se cumple sencillamente porque a nadie le importa. Aquí nadie se quema por más de que se arrime a la candela. Por ello, los cínicos organizan marchas para protestar por las mismas conductas que propiciaron. También así, se siguen eligiendo los mismos por los mismos, porque a la gran mayoría de Colombianos “no les gusta la política”. Pr esto, no va a pasar nada con los cuestionamientos que a diario se les hacen a los personajes públicos. Y así, todo se queda en exhaustivas investigaciones que no conducen a nada.

Como nación, somos ciegos y sordos. No nos damos cuenta de las mentiras del populismo y como amateurs en el ajedrez, no comprendemos la estrategia de nuestros políticos.

Caricatura de Átomo

Somos incapaces de leer entre líneas y solo caemos en cuenta cuando el mal está hecho. Pero volvamos a la marcha organizada por los cínicos para el primero de abril. Es increíble que la gente salga a marchar con ellos sin leer lo que hay detrás que no es más que un cálculo electoral, una revisión del inventario político para el 2018, adobado con mentiras o verdades alternativas que alimentan la polarización. No puede ser posible que el colombiano promedio salga a marchar sin sonrojarse por seguirle el juego a unos cuantos.

Ojalá que tanto intelectual de Twitter, saliera a votar el día de las elecciones, pues éste, es el único camino; la vía más expedita para que el ciudadano haga que las cosas pasen. Ojalá que haya un verdadero castigo político, para que luego el judicial pueda avanzar. Ojalá, no nos sigamos quedando en el día a día de las noticias y pensando que la solución está en otros. Ojalá que por fin algún día los Colombianos dejemos de ser menores de edad y podamos pensar como adultos que se sienten responsables de su futuro y se apropian de él, informándonos y decidiendo.
Ojalá que como en aquel pueblo de la ficción de García Márquez, lo que comenzó como una idea, se materialice simplemente por la voluntad de querer que algo suceda.

http://conlaorejaroja.com/aqui-no-pasa-nada/

domingo, 26 de marzo de 2017

BANQUEROS SE BENEFICIAN DE SUBSIDIOS A POBLACIÓN MÁS EMPOBRECIDA

Bancos se benefician de subsidios para la población más empobrecida


John Martínez

Banqueros colombianos reciben miles de millones de pesos al año por comisiones en transacciones de subsidios para los sectores más empobrecidos. Así puede concluirse a partir del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), publicado a principios de marzo sin causar revuelo en el país. Dicho informe afirma que los gobiernos pagan altas comisiones a los bancos por administrar el dinero destinado a los subsidios para población empobrecida y que en el caso de «Perú y Colombia (se) reportan las más altas entre los países que tienen PTMC, ya que ascienden a 2.32 y 2.20 dólares (respectivamente) por transacción» (1). Unos 6.400 pesos colombianos.

Para el 2015 el Estado colombiano destinó 71,2 billones (2) de pesos para este tipo de subsidios, los cuales fueron repartidos en 62 programas (3) que benefician a millones de connacionales, sin embargo, el número de transacciones bancarias que implica la entrega de estos dineros, y con las cuales se determinaría una cifra exacta de lo cobrado por los bancos es incierto.

Aun así, la noticia causa indignación por la naturaleza de los subsidios, los cuales «tienen un doble objetivo. En primer lugar, pretenden reducir la pobreza actual por medio del pago de subsidios en efectivo. En segundo lugar, se centran en el desarrollo del capital humano de los niños pobres mediante pagos condicionados al cumplimiento de una serie de corresponsabilidades vinculadas con la salud y la educación»(4). Estos subsidios se entregan a través de transferencias bancarias a los ahora conocidos como personas de la tercera edad, así como a las madres bajo el supuesto de que ellas son quienes se encargan de las finanzas del hogar, según explica el BID. Es decir, son a las familias a quienes directamente afecta las altas comisiones de los bancos.

Así, este comportamiento es otro elemento para verificar el impacto de la financiarización en que entró desde hace décadas el Sistema Mundo Capitalista y sirve, además, para entender cómo el bancario es el sector dominante de la economía, así como revela la fiebre de riqueza de los banqueros, quienes hacen hasta de estos programas otro rubro para ensanchar sus abultadas arcas.
Sin embargo, mientras estas noticias pasan desapercibidas las que sí se difunden son aquellas que resaltan el supuesto espíritu filantrópico de banqueros que “donan” a sectores empobrecidos parte del dinero que ya les han quitado de antemano, no sin antes registrarlo en sus declaraciones de renta para así rebajar sus impuestos. Al fin y al cabo, la filantropía también es negocio.
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https://www.desdeabajo.info/colombia/31109-bancos-se-benefician-de-subsidios-para-la-poblacion-mas-empobrecida.html

viernes, 24 de marzo de 2017

COLOMBIA, UNA HISTORIA DE TIERRAS SIN RESOLVER

La reforma agraria y el problema de las tierras sin resolver en Colombia


Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano

El despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas

Las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil

Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra

Por: Edwin Gutiérrez Barrero

En agosto de 2015 el DANE dio a conocer los resultados del tercer censo nacional agropecuario después de 45 años del último informe realizado en 1970. El estudio revela – entre otros aspectos – el uso del suelo, las características de las unidades productivas, los factores productivos y una caracterización general de los productores agropecuarios y la población rural dispersa del país. Sin duda alguna constituye una herramienta de alto valor para la toma de decisiones tendientes a implementar una reforma agraria eficiente y eficaz ya que hablar de reforma agraria en tiempos de posconflicto es obligatorio como quiera que la propiedad de la tierra ha sido y es un factor determinante del conflicto armado Colombiano. Implica devolverse a momentos históricos que explican el origen, los propósitos que perseguía y el porqué de los fracasos en cada intento de implementación de esta política.

Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra.

Durante la conquista española, en el año 1499, se adelantaron una serie de expediciones que pretendían explorar nuevos territorios. 26 años después se fundó Santa Marta, la primera ciudad Colombiana, construida sobre una bahía que facilitaba el arribo de galeones de la Corona que luego zarpaban repletos de riquezas que extraían del territorio perteneciente al pueblo Tayrona considerada la comunidad más avanzada de América durante la época prehispánica pues sus principios y creencias hicieron que desarrollaran técnicas agrícolas y urbanísticas en perfecto equilibrio con el planeta.

El choque cultural que produjo el encuentro entre los conquistadores europeos y esta comunidad inicialmente dio para establecer algunas relaciones cordiales que luego se convirtieron en batallas por el control territorial frente a las tropas de despojadores comandadas por personajes a los cuales se les rinde homenajes durante la conmemoración de la fundación de algunas ciudades en la actualidad.

Los españoles querían aprovechar los recursos disponibles para alcanzar sus propósitos expansionistas y para lograrlo se valieron de las “Capitulaciones de Santa Fe” que consistían en un pacto entre Cristóbal Colon y la realeza cuyo objetivo era apropiarse de las tierras descubiertas para fundar allí poblaciones.

Este modelo puede catalogarse como la primera reforma agraria que existió y transformo una estructura tradicional de propiedad indígena basada en la subsistencia de los pueblos a través de la agricultura en un sistema caracterizado por la presencia de relaciones de poder entre patrones europeos y peones nativos de los territorios descubiertos.

Después de las “capitulaciones de Santa Fe”, aparecieron otra serie de mecanismos para legitimar la propiedad: las “cedulas Reales del Pardo”, “las leyes de Indias” y su libro IV que se ocupaba entre otros asuntos del reparto de tierras, las “cedulas de San Lorenzo e Ildefonso y por último, en 1821, la aparición de los títulos de propiedad y del concepto “baldios” como se le denominaba a aquellos terrenos que carecían de dicho documento que acreditara la propiedad.

100 años después, hacia la década de 1920, muchos campesinos decidieron irse a las ciudades en búsqueda de oportunidades distintas a las que ofrecían los terratenientes o grandes hacendados para suplir la demanda de mano de obra del desarrollo capitalista propiciado por los excedentes del café y la creciente inversión pública.

Dicho fenómeno migratorio traería consigo consecuencias más graves que los mismos problemas de carencia de fuerza de trabajo pues el campo paulatinamente se fue quedando solo; los procesos de tenencia y concentración de la tierra fueron modificados dando pasó a otros fenómenos como el de la colonización de territorios desolados, ocasionados por varias circunstancias de orden social y político, entre los más importantes se destaca que los campesinos que trabajaban en las grandes haciendas de los latifundistas o los que tenían pequeñas parcelas en arrendamiento no participaron de los beneficios que trajo consigo el desarrollo y la modernización capitalista pues no poseían tierras, y por tanto no podían establecer monocultivos como el café que aseguraban los mayores ingresos.

Con el comienzo de la violencia partidista en 1948 también empezó a generarse el desplazamiento de las comunidades rurales hacia las zonas urbanas, dicho fenómeno obligo al gobierno de turno a implementar una ley que reactivara la economía que se había visto afectada por el surgimiento del conflicto armado y de paso detuviera la ola de invasiones a propiedades privadas.

La ley de reforma social agraria pretendía dotar de tierras a los campesinos despojados o sin títulos de propiedad, incluirlos dentro del aparato productivo nacional y proveerlos de servicios sociales para garantizar su permanencia en el campo.

Fue en el año de 1961 que Carlos Lleras Restrepo sanciono la ley 135 de reforma agraria con un enfoque reformista que buscaba darle fin a la violencia de los años 50 y dar paso al desarrollo rural. Para dar viabilidad a la ley, fue creado el INCORA y el IDEMA, dos institutos de carácter público que tenían como misión implementar y ejecutar la reforma agraria.

Entre sus funciones estaban la compra y titulación de predios a campesinos despojados o sin propiedad y la creación de factores propicios para el buen uso y aprovechamiento de la tierra, también la regulación de mercados y fijación de precios, la creación de grandes cadenas productivas y comerciales para el mercadeo de los productos agropecuarios, la importación de faltantes de producción y en general todas aquellas condiciones que garantizaran la sostenibilidad y productividad de las explotaciones campesinas conocidas como unidades agrícolas familiares.

Como era de esperarse, los intentos por consolidar la reforma fracasaron, problemas tan graves como la corrupción y la desidia administrativa volvieron ineficientes los organismos recién creados. El INCORA, por ejemplo, era un organismo con excesiva carga burocrática producto del clientelismo político, la corrupción era un fenómeno demasiado común por aquella época (en la actualidad aún más) y la ineficiencia de este “elefante” gubernamental terminó por enterrar una reforma que nunca alcanzo los objetivos trazados a causa de múltiples factores, entre los más graves, los que acabo de citar y el interés de los grandes terratenientes en que no se restituyera ni se otorgara tierra a pequeños productores que llevaban muchos años trabajando el campo.

Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano, las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil para establecer allí monocultivos o extraer minerales, una modalidad agrícola y extractiva lesiva y peligrosa para la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades tanto rurales como urbanas.

Esto sin mencionar que en Colombia se ha venido dando algo a lo que los teóricos llaman reconfiguración cooptada del estado que se da cuando grupos al margen de la ley y demás actores violentos inciden en la política local de poblaciones en todo el territorio nacional para poner los aparatos gubernamentales al servicio de intereses oscuros, entre estos el despojo de tierras y por ende el desplazamiento forzado.

En este caso es necesario mencionar el despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas en muchos territorios y corredores estratégicos despojando de sus propiedades a campesinos y colonos asentados durante muchos años allí.

Casos como el de multinacionales petroleras, mineras y agroindustriales al igual que de grupos paramilitares aún se repiten en nuestro país, basta con dar una mirada a varias zonas en las que se desarrollan monocultivos de caña de azúcar y alcohol carburante, palma de aceite, banano, café, etc. Y a grandes yacimientos de petróleo o minas de diversos minerales, entre estos el oro, este último reviste gran importancia al momento de explicar muchos conflictos dentro de las regiones pues su extracción se lleva a cabo de manera artesanal, legal, ilegal y a gran escala lo que origina diversos fenómenos sociales que trae implícitos la minería al momento de llegar a las comunidades a desarrollar sus actividades.

http://www.las2orillas.co/la-reforma-agraria-problema-las-tierras-sin-resolver-colombia/

miércoles, 22 de marzo de 2017

MÁS DE 10.000 NIÑOS SIN CLASES EN LA GUAJIRA POR POLITIQUERÍA Y CLIENTELISMO

MÁS DE 10.000 NIÑOS SIN CLASES
El enredo de los maestros en La Guajira

Educación
PABLO CORREA

El anuncio del Ministerio de Educación de contratar directamente a cerca de mil profesores desató un tráfico de influencias y presiones para que se nombre a personas que apenas tienen bachillerato.


Más de 10.000 niños en La Guajira siguen postergando el inicio de un nuevo año escolar mientras en el resto de Colombia los alumnos ya se acercan al final del primer trimestre de clases. Un tremendo lío en la contratación de profesores asignados a escuelas dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas es la causa del retraso.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, visitó el departamento la semana pasada. Vestida con una manta wayuu, hizo un recorrido por algunos centros educativos y durante esa jornada anunció que de los 15.000 niños que estaban por fuera del sistema escolar lograron que 4.555 regresaran a las aulas de clase, gracias a los acuerdos con distintas instituciones. El resto, prometió, lo haría a más tardar antes de terminar marzo. “Podemos trabajar en equipo, con todos aquellos que puedan sumar al proceso para sacar adelante la intervención a La Guajira”, manifestó Giha.

Pero el afán por salir del inconveniente podría terminar en un problema mayor, según varios líderes de la región consultados por El Espectador. En los últimos años, la mayoría de maestros que trabajaban en colegios dentro de la jurisdicción de pueblos indígenas eran contratados a través de empresas que concursaban por la administración de esas plazas. Así como ocurrió con la prestación de servicios de alimentación y de transporte, la corrupción política del departamento terminó afectando a los maestros y en la desviación de grandes sumas de dinero.

Cuando el Gobierno Nacional decidió intervenir al departamento, el Ministerio de Educación anunció, como una de las salidas para la inestabilidad en la que vivían los maestros, que comenzaría a contratarlos directamente. La noticia corrió como el viento por los municipios y también entre las autoridades indígenas que, por ley, tienen derecho a dar un aval a quien quiera enseñar en sus territorios.

“Ahora están contratando bachilleres”, dice una líder de la región. “Las autoridades tradicionales imponen a sus hijos y sobrinos. Ni siquiera importa si son buenos bachilleres o normalistas. ¿Esta gente, una vez se posesione, quién los va a sacar, quien les va a revocar esos nombramientos?”.

La tentación de ser contratado directamente por el Ministerio de Educación es grande. Sobre todo en un departamento donde los políticos suelen traficar con los contratos, cobrar coimas o intercambiar favores por votos. Los maestros contratados a través de empresas intermediarias muchas veces recibían menos de los 10 salarios al año garantizados por la norma. Quienes logren ser contratados por el Ministerio no sólo garantizarán una larga estabilidad laboral sino que su salario inicial será mayor. También saben que el pago suele ser puntual. De ahí el apetito que ha despertado la nueva oportunidad.

No es un problema menor que los maestros con licenciatura y experiencia terminen desplazados por bachilleres sin las debidas credenciales académicas. En Riohacha hay 17 centros educativos a la espera de que se resuelvan las negociaciones, y allí se contratarían unos 560 docentes directamente. En Maicao, 16 centros educativos están afectados y unos 520 maestros serían reclutados por el Ministerio de Educación. En Uribia son 16 centros educativos, más otros 18 dispersos en el resto del departamento.

“Hemos conocido casos de maestros a los que las autoridades indígenas les dicen que los avalan tan sólo por dos años mientras se gradúan sus hijos como bachilleres”, relata otra líder de La Guajira que prefiere mantener su nombre oculto para evitar problemas. A otros les están pidiendo un porcentaje del sueldo a cambio del aval.

Es un panorama difícil. El Ministerio de Educación, que desde la intervención del Gobierno en La Guajira asumió la responsabilidad del sector, tiene el tiempo jugando en su contra. Cada día que tarda en tomar una decisión es un día menos de clases para los niños. Para las autoridades tradicionales, mantener el poder de decidir la etnoeducación en sus comunidades es un asunto no negociable. Lograr establecer unos criterios mínimos de elegibilidad y que el aval de las autoridades indígenas se dé sólo a aquellos que los cumplan es parte de la solución.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades tradicionales de diferentes comunidades para que lleguen a una concertación sana y sabia para hacer efectivo el derecho a la educación de los niños”, dicen los representantes de Fecode.

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-enredo-de-los-maestros-en-la-guajira-articulo-685644

viernes, 17 de marzo de 2017

DESPUÉS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS FISCALIA PIDE INVESTIGAR A GENERAL POR FALSOS POSITIVOS

Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar a general del Ejército por falsos positivos

Por José Marulanda

Trece años después, la Fiscalía General de la Nación apenas compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al hoy brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci por su participación en la ejecución extrajudicial del líder campesino del Putumayo Silvio Hernán Argotty y de un ciudadano ecuatoriano aún sin identificar, conocido sólo como Amilkar. La denuncia la hizo el abogado defensor de derechos humanos Alexander Montaña, quien representa a la familia de una de las víctimas.

El caso ocurrió en el año 2004 en el Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, cuando integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia le entregaron al Ejército, según este abogado, a los dos hombres que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Debido a la impunidad que ha reinado en este caso, la defensa de las víctimas tomó la decisión de llevarlo a instancias internacionales.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia acepte el caso y se disponga a investigarlo y precise la responsabilidad del alto mando militar en esta ejecución extrajudicial.


http://www.pazificonoticias.com/fiscalia-pide-a-la-corte-suprema-investigar-a-general-del-ejercito-por-falsos-positivos/

jueves, 16 de marzo de 2017

POR PRESIÓN MILITAR SE MANIPULÓ ACUERDO DE LA HABANA EN EL CONGRESO

¿Se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso?
   
"...sólo los soldados -como actores materiales de delitos- serán juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes


Las víctimas de crímenes de estado denuncian la modificación unilateral del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y advierten de que puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad.


¿Cuánto ha cambiado la Jurisdicción Especial de Paz desde La Habana?, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se ha excedido el Gobierno en sus atribuciones? Este lunes, tras cuatro debates y sesiones maratonianas, quedaba refrendado en el Senado la ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Pero el texto final no es el mismo que salió del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno y las FARC. Incluye unos cambios sustanciales sobre los que advierten el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Más allá del contenido, se trata de modificaciones unilaterales que, a su juicio, “exceden” las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para la implementación de los acuerdos y por ello podrían incurrir en una declaración de inconstitucionalidad como ya ocurrió con el decreto ley 2204 de 2016 sobre la Agencia de Renovación del Territorio Sentencia (C-160 de 2017).

Por ello este miércoles han emitido un comunicado en el que exigen al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final “respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación da cobijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Tras el debate del lunes, el Movice critica que las proposiciones realizadas, y aprobadas, por miembros los de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno no solo modifican “sustancialmente” elementos del Acuerdo Final, sino que “afectarán de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. En este sentido resaltan especialmente que se restringe la posibilidad de investigar y sancionar la financiación de los grupos paramilitares, se limita la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad y se debilita la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de Estado. El Movice destaca que los partidos que promovieron estas proposiciones “son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares”.

Financiación paramilitar

Las asociaciones rechazan que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares. En este sentido recuerda que esta situación es aún más censurable cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad.

La modificación introducida en el acto legislativo sobre esta cuestión fue presentada por el senador Germán Varón Cotrino. Ahora solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

“Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos”, lamenta el Movice quien insiste en que “sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera”.

Las víctimas y el Tribunal para la Paz

Los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como insumos para que el Tribunal para la Paz citara a presuntos responsables ya no serán suficientes. El Senador Roosvelt Rodríguez –ponente del Acto Legislativo- presentó y consiguió el apoyo para una modificación que dice querer prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos. El Movice lamenta que esta proposición “equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales”.

La presión militar y la cadena de mando

Para el Movice, en el acuerdo final sobre la JEP ha quedado en evidencia, una vez más, “la presión del estamento militar sobre el poder civil”. Las Fuerzas Militares han logrado debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modifica principios del Derecho Internacional (Artículo 28 del Estatuto de Roma) que tendrá como consecuencia que sólo los soldados -como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”.

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación y se aprobara el Sivjrnr, como instrumento “fundamental” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludan la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria. “Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique”, concluye el comunicado.

Equipo Colombia Plural
Fotos: Arianna Giménez

https://colombiaplural.com/se-manipulo-acuerdo-la-habana-congreso/


La ONU critica con dureza el blindaje de los militares en la JEP

El informe 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia advierte sobre las restricciones, vacíos y ambigüedades de la ley de Amnistías o de la JEP en cuanto a los funcionarios públicos. Exige el reconocimiento de los crímenes de Estado.


Paco Gómez Nadal
Foto: Nelson Cárdenas
El informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016 no es complaciente con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Si bien reconoce la oportunidad y el esfuerzo de las instituciones y de las propias FARC, el representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (HCHR, por sus siglas en inglés), Todd Howland, lanza varias señales de alerta referidas a la legislación, a la seguridad en áreas rurales, a las vagas garantías de no repetición y a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Acto Legislativo que se aprobó esta semana en el Congreso que pone en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), el HCHR cree que “restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando”. De hecho la ONU pide a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se pronuncie al respecto para aclarar “las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”.

Tampoco cree la ONU que Ley 1820 sobre amnistías e indultos (Ley de Amnistía) cumpla con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: “La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”. Tal y como quedó formulada la ley, “puede favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En general, el informe correspondiente a 2016, plantea muchas dudas sobre cómo serán tratados los funcionarios públicos (militares y civiles) que hayan sido señalados por crímenes en el marco del conflicto armado. “El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos”.

Crímenes de Estado


Para la ONU, los avances en el reconocimiento de los hechos de guerra aún es parcial e insuficiente. En el caso de las FARC, el informe destaca los actos de reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos en los casos de La Chinita, en Apartadó, en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o en la muerte de un líder afrocolombiano en Nariño, pero estas solicitudes de perdón sólo “cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”.

También reconoce la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno en el genocidio de la Unión Patriótica, pero, insiste Howland en su informe, “el reconocimiento de las violaciones cometidas por servidores públicos debe tomar en cuenta las dimensiones estatales, políticas, institucionales e individuales, en su totalidad. Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”.

Esta falta de reconocimiento del papel de los agentes del Estado en la guerra sucia y el exceso de vaguedad de las referencias en el Acuerdo de Paz a las garantías de no repetición se quedan cortos. “La no-repetición implica reformas estructurales institucionales, con la participación de las víctimas y de la sociedad, a fin de garantizar el respecto, la protección y la garantía de los derechos humanos y el goce de una vida digna”.

En general, a la ONU le preocupa que el SIVJRNR pueda naufragar ante “la ambigüedad y la falta de precisión en los nuevos mandatos institucionales y marcos legales, la necesidad de recursos, la superposición de las funciones y el gran número de casos que deben ser procesados”. El esfuerzo de “coherencia y coordinación” que tendrán que hacer las instituciones del Estado es monumental.

La Colombia invisible requiere especial atención


Ese esfuerzo deberá ser más intenso allá donde hay menos presencia del Estado. La HCHR está especialmente preocupada por la seguridad y el futuro en las zonas rurales: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”. Y es que, además del abandono secular de las zonas rurales, la ONU constata que “los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el crimen local, las disidencias de las FARC-EP, así como los grupos armados organizados del ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”, reza el informe.

De hecho, según la ONU, de los 59 líderes y lideresas asesinados en 2016 -aseguran que hay más víctimas mortales pero que no eran líderes-, 43 (el 73%) desarrollaban su labor en zonas rurales. Detecta la Oficina del Alto Comisionado que en 2016 se incrementaron esas agresiones en zonas rurales y, especialmente, en aquellas de las que las FARC comenzó a salir. También alerta sobre la detención de hasta 11 líderes en capturas que se convierten en “detenciones prolongadas antes de que el acusado seas liberado por falta de pruebas”. “Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”. Y, aunque valoran en el informe el esfuerzo de la Fiscalía en estos casos, reiteran el alto índice de impunidad relacionado con los casos de agresiones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad, la ONU también manifiesta su preocupación sobre la asignación de roles para luchar contra la inseguridad que persiste en le país y “observa con preocupación la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”. Y esta realidad es fruto de la confusión de roles y de la herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la que pone a las fuerzas militares a luchar contra el enemigo interno. “La Oficina reitera que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana. Constitucionalmente, tienen la finalidad de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía nacional tiene la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades”. Esta realidad parece especialmente grave cuando esta Oficina constató en 2016, al menos, 11 ejecuciones extrajudiciales perpetradas “por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña”.

De las ejecuciones extrajudiciales “del pasado” también se preocupa Howland, quien, tras reconocer al Ministerio de Defensa y al Ejército por admitir los hechos, insiste en que, “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los ‘falsos positivos’, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio”.

Por estas irregularidades y para definir el papel de las fuerzas militares en el país, la ONU cree que hay que dar pasos más acelerados ya que “el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado”.

El informe profundiza sobre aspectos como el acceso a la salud o, en general, a los derechos económicos y sociales. Seguiremos analizando sus contenidos.

(Descargar el Informe Derechos Humanos 2016)

https://colombiaplural.com/la-onu-critica-dureza-blindaje-los-militares-la-jep/


martes, 14 de marzo de 2017

CAPITULO VII DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ ES IMPUNIDAD

La Jurisdicción Especial para la Paz

¿Impunidad para la Fuerza Pública?

Federico Andreu
Razón Pública


Un tratamiento especial

Durante las negociaciones en La Habana, el gobierno anunció de modo reiterado que los agentes del Estado recibirían un tratamiento especial.

Tiempo después el Acuerdo Final–tanto en la versión de agosto como en la revisada de noviembre de 2016– estableció en el punto “Jurisdicción Especial para la Paz” que los agentes del Estado serían objeto de “un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario”.

Las líneas generales de ese tratamiento fueron enunciadas por el presidente Santos en varios discursos ante el estamento militar en diciembre de 2015, pero extrañamente nunca fueron publicadas en el sitio web del alto comisionado para la Paz.

El hecho es que, en agosto de 2016, junto con el Acuerdo de La Habana se conoció el “Anexo II” sobre los tratamientos penales especiales para agentes del Estado. Según la Presidencia de la República, este era resultado de una decisión “autónoma e integral” del gobierno que “no fue objeto de negociación alguna en la mesa de negociación de La Habana”. No obstante, varios de los lineamientos de ese régimen especial fueron pactados en la mesa y plasmados en el Acuerdo.La Jurisdicción

La ley que establece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha sido expedida hasta el momento.

Sin embargo, la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, así como el Decreto 277 de 2017 que regula su implementación, establecen el tratamiento especial y los beneficios que se les podrán conceder a los agentes del Estado.

En resumen, la JEP tendrá básicamente dos funciones:
Renunciar a perseguir penalmente a los agentes del Estado que “hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”; y
Procesar a los agentes del Estado que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores”, entre otros.

Aunque al tratarse de agentes del Estado no se habla de amnistía o indultos, el mecanismo de renunciar a la persecución penal tiene efectos similares. Es más, la JEP no es solo una jurisdicción penal: está facultada para anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa correspondiente al delito que se renuncia a perseguir penalmente.Puertas para la impunidad

Varios aspectos del tratamiento a los agentes del Estado bajo la JEP son problemáticos, cuando no incoherentes o incompatibles con el derecho internacional. Algunos de ellos ya fueron señalados por Camilo Umaña en un artículo publicado en Razón Pública. No obstante, cabe señalar otros:
Aunque el Acuerdo de La Habana estipulaba que la JEP sería competente para juzgar las “conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares”, estas no fueron excluidas del beneficio de renuncia a la persecución penal. Tampoco lo fueron las violaciones de derechos humanos, como las interceptaciones y las actividades ilegales de inteligencia.

Estas últimas –como fue constatado en numerosos casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, así como en el escándalo de las “chuzadas” del DAS– muchas veces hacen parte de la preparación de un crimen mayor, pero se han investigado separadas de él. En el caso de las “chuzadas”, por ejemplo, varios funcionarios fueron condenados solo por interceptaciones y actividades ilegales de inteligencia, cuando estos delitos no eran más que actos preparatorios de un crimen de lesa humanidad bajo la modalidad de persecución política.

De este modo se abre el camino a la impunidad para agentes del Estado involucrados en paramilitarismo o en actividades ilícitas de inteligencia destinadas a preparar la comisión de crímenes que el Estado no puede renunciar a perseguir.
Paradójicamente, la Ley 1820 incluyó en la lista de delitos que no se puede renunciar a perseguir penalmente los “delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”.

El punto no es insignificante. Aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron procesados o condenados por negarse a ejecutar órdenes que implicaban la comisión de crímenes (como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) o la colaboración con grupos paramilitares, o aquellos que tomaron medidas para que esos delitos fueran investigados por la jurisdicción penal ordinaria, no podrían beneficiarse de la renuncia a la persecución penal.

Ese sería el caso del capitán y exjuez de instrucción penal militar Alexander Cortés, quien investigó 55 casos de “falsos positivos” y los remitió a la jurisdicción penal ordinaria.

No sobra recordar que, según el derecho internacional, los funcionarios tienen el derecho –y el deber– de negarse a obedecer o ejecutar órdenes que impliquen violaciones de los derechos humanos. Igualmente, el Estado tiene la obligación de garantizar que estos funcionarios no sean perseguidos ni sancionados penal o disciplinariamente por ello.
La Ley 1820 excluyó de los beneficios del tratamiento penal especial los “graves crímenes de guerra” y los definió como “toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática”. El Acuerdo de La Habana va todavía más allá al agregar a esta definición que el crimen sea cometido “como parte de un plan o política”.

Pero en el derecho internacional no existen “graves crímenes de guerra”, sino que frente a cualquier crimen de guerra el Estado tiene la obligación irrenunciable de perseguir, juzgar y sancionar a sus autores. Así mismo, según el derecho internacional, un crimen de guerra no tiene que ser cometido de forma sistemática ni como parte de una política o un plan para ser considerado como tal: basta con que se cometa la conducta ilícita, aunque haya sido de forma “aislada”.

De este modo, este nuevo concepto incluido en la Ley 1280 abre una inmensa puerta para que numerosos crímenes de guerra queden impunes.
El Acuerdo de La Habana estipula que la JEP valorará las conductas de los miembros de la Fuerza Pública según “lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH” y partiendo del principio de que “sus acciones se presumen legales”.

Esto es incompatible con el principio del derecho internacional según el cual en situaciones de conflicto armado el ser humano está bajo la protección tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos, y la ilegalidad de una conducta debe ser valorada de acuerdo con estas normas. Además, la referencia a “las reglas operacionales de la fuerza pública” y la presunción de legalidad de las acciones de los agentes estatales son ambiguas y abren un camino para la impunidad.

En efecto, como señalaron los excomandantes de la Fuerza Pública en su carta dirigida al presidente Santos, por “reglas operacionales” deben entenderse los reglamentos, manuales y directivas de las Fuerzas Militares que se “presume de hecho estar totalmente acordes con la legalidad”. Varios de esos lineamientos consideran “blanco legítimo” a sectores de la población civil, ordenan el desplazamiento interno de población, promueven la práctica de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales u ordenan crear grupos paramilitares. La Directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional es un ejemplo de esto.

Pretender que esos reglamentos, manuales y directivas establezcan los criterios para determinar si ciertas conductas son un delito, y presumir que estas “reglas operacionales” son legales, va en contra de cualquier intento de hacer justicia.
La manera como el Acuerdo de La Habana define la cuestión de la responsabilidad penal del superior es incompatible con las normas del derecho internacional, como las establecidas en el principio 27 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

El Acuerdo condiciona la responsabilidad penal del superior a que este tuviera “el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta” criminal, así como “el control efectivo de la respectiva conducta”.

No obstante, según el artículo 28 del Estatuto de Roma y otras normas internacionales, la responsabilidad penal del superior se aplica igualmente cuando éste, aunque no haya tenido la información, estaba en una posición de control sobre sus subordinados por la cual él debería saber que el crimen se iba a cometer, se estaba cometiendo o se había cometido. Es lo que la jurisprudencia penal internacional llama el “conocimiento inferido”.

Adicionalmente, tanto el Estatuto de Roma como las demás normas internacionales se refieren al control efectivo del superior sobre sus subordinados, no sobre su conducta. Así, el Acuerdo de la Habana define el principio de responsabilidad penal del superior de forma restrictiva y contraria a lo establecido por el derecho internacional y abre una puerta más para la impunidad.

En su “Declaración de principios” de junio de 2014, el gobierno y las FARC dijeron con respecto al reconocimiento de responsabilidades que “cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades”. De no resolverse estos problemas, la promesa que hicieron el gobierno y las FARC podría resultar vana.

Federico Andreu. Representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas.Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10094-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-impunidad-para-la-fuerza-p%C3%BAblica.html


Senador A López presentó proposiciones plenaria del senado para evitar impunidad y se limite derechos de víctimas en Jurisdicción Especial para Paz

“En el proceso de paz no se acordó que altos mandos de la fuerza pública y terceros que cometieron delitos graves y violaciones a los derechos humanos obtuvieran impunidad”


-Gobierno Nacional en JEP limita la reparación integral a las víctimas al ser ligada a recursos disponibles.

-Senador López exigió que quienes han participado en otros procesos de paz y no han cumplido NO puedan acceder a JEP.

Por Oficina de Prensa Senador Alexander López

El senador Alexander López Maya presentó 3 proposiciones a la plenaria del Senado para que fueran tenidas en cuenta en el Acto Legislativo de Jurisdicción Especial para la Paz, con el propósito de evitar la impunidad y evitar que se limitara los derechos de las víctimas; proposiciones que fueron votadas negativamente y no quedaron incluidas en la reforma constitucional que aprobó el Congreso.

López Maya reiteró que respaldaba el proceso de negociación política y honraba los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, pero que era su deber político e histórico decirle a los colombianos y exigirle a la plenaria del Senado la eliminación del capítulo VII de la Jurisdicción Especial para la Paz. “En el proceso de paz no se acordó que altos mandos de la fuerza pública y terceros que cometieron delitos graves y violaciones a los derechos humanos obtuvieran impunidad”.

“También le propuse a la plenaria del Senado que quienes hicieron parte de otros procesos de paz y no cumplieron lo acordado con el Gobierno no deberían beneficiarse de la Jurisdicción Especial para la Paz, eso genera impunidad”, Agregó. 

El congresista del POLO indicó que la tercera proposición está encaminada a brindarle garantías a las víctimas. “Exigí que se eliminará de la JEP el artículo 17 que le pone limitantes fiscales a los recursos que se deben destinar a la reparación de las víctimas. Eso cercena y limita los derechos de las víctimas, dejándolas a merced del Ministro de Hacienda de turno”.

Expresó finalmente el senador Alexander López Maya “Estar con la paz no significa que tenga que estar con la impunidad y que tenga que aprobar capítulos como el VII. Lamento la posición del Gobierno del Presidente Santos y sus Ministros que no escuchan, ni respetan a la oposición e imponen sus mayorías para aprobar artículos que no fueron acordados en el proceso de paz y que le hacen daño a los colombianos”.


http://www.polodemocratico.net/noticias/titulares/11268-senador-lopez-maya-presento-proposiciones-plenaria-del-senado-para-evitar-impunidad-y-que-se-limite-los-derechos-de-victimas-en-jurisdiccion-especial-para-paz

Entrevista al senador Alexander López sobre la Jurisdicción Especial para la Paz

"La aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz puede tener graves consecuencias"

Radio Nizkor

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo Nº. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.- expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de revictimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

Las fuerzas militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...

El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224026&titular=%22la-aplicaci%F3n-de-la-jurisdicci%F3n-especial-para-la-paz-puede-tener-graves-consecuencias%22-

 
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