La soberanía se pierde dos veces. Se pierde con el recorte, que vacía los laboratorios y las aulas, y se pierde con la represión, que castiga a quienes salen a defenderlos
Los estudiantes gaseados frente al Congreso defendían la capacidad del país de pensar con cabeza propia
En la Argentina, la universidad gratuita funciona desde la supresión de los aranceles universitarios, en 1949, como una de las pocas transferencias que van de arriba hacia abajo. Foto: teleSUR.
María Fernanda de la Quintana
20 de octubre de 2026
Ajuste educativo, rebelión estudiantil y represión en la Argentina y Francia
En Buenos Aires y en París, los estudiantes reclaman escuelas y universidades con recursos, y los Gobiernos les responden con gases. Detrás de las dos escenas hay un mismo orden: el que decide quién paga la deuda y el rearme, y el que castiga a quienes se niegan a pagarlos.
El jueves 15 de octubre, bajo la lluvia, el gas que las fuerzas federales lanzaban sobre la Quinta Marcha Federal Universitaria cruzó la avenida Rivadavia y entró al anexo de la Cámara de Diputados. En el recinto, la sesión que iba a discutir el decreto 70/23 y la emergencia en discapacidad acababa de caerse por falta de quórum. Afuera, una multitud pedía que el Gobierno cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario.
El gas entró al Congreso, y la ley no pudo entrar a la Casa Rosada. Esa asimetría resume el momento: el Gobierno le abre el camino a la fuerza y se lo cierra a la ley.
Dos días después, la escena se repitió en París. Los liceístas que bloquean sus escuelas desde septiembre contra las aulas superpobladas y la falta de profesores salieron a la calle junto a los chalecos amarillos, los sindicatos y los militantes del clima. En la plaza de la República, la policía los recibió con gases y camiones hidrantes. Al caer la tarde, las detenciones en todo el país superaban las mil doscientas.
Por qué paga la educación
Francia, uno de los principales accionistas del Fondo Monetario, y la Argentina, su mayor deudor, llegaron a la misma escena por caminos distintos. Las dos obedecen a una jerarquía que se fija lejos de sus aulas. Los acreedores tienen bonos, los militares tienen presupuesto y la OTAN tiene tratados. Los estudiantes tienen aulas, y lo que reciben es gas.
La educación pública es el gasto más fácil de recortar porque la clase que decide el recorte no la usa. Quienes diseñan el ajuste educan a sus hijos en el circuito privado, y el recorte nunca llega a sus familias. Lo pagan los hijos de los trabajadores y de las clases medias empobrecidas, para quienes la escuela y la universidad públicas son la puerta de entrada al conocimiento y a un trabajo mejor.
En la Argentina, la universidad gratuita funciona desde la supresión de los aranceles universitarios, en 1949, como una de las pocas transferencias que van de arriba hacia abajo. Recortarla invierte esa dirección: lo que se le quita a la universidad sube hacia los acreedores y abre un mercado para la educación privada.
Como lo demuestra la Ley de Financiamiento Universitario, que llegó al Congreso empujada por las marchas y hoy sigue sin aplicarse porque el veto se ejerce después, en la puerta de la Casa Rosada.
A eso se suma lo que la educación produce. La universidad pública forma a quienes después discuten la deuda, auditan los contratos y redactan las leyes que el Gobierno se niega a cumplir. Ese pensamiento crítico incomoda a cualquier gobierno de ajuste, porque convierte cada recorte en dos preguntas: quién lo decide y a quién beneficia.
Lo que se le niega a la educación tiene un destino distinto a cada lado del Atlántico, con la misma dirección. En la Argentina, va a la meta fiscal que vigila el Fondo y a los intereses que cobran los bonistas. En Francia, va a los contratistas de defensa y a la meta militar que fijó la OTAN. En los dos países, el recorte sale del aula y termina en manos de quienes ya tienen poder de veto. La educación paga porque no tiene a nadie sentado en la mesa donde se decide.
Recortar en otra parte obligaría a tocar la renta de los que más tienen o a discutir la deuda, y ninguno de los dos Gobiernos está dispuesto a hacerlo. La decisión sobre quién paga se toma en los ministerios de Economía, bajo la mirada del Fondo Monetario, de la OTAN y del Tesoro estadounidense. La represión completa ese orden. Frente a un poder sin veto pero con poder popular, el ajuste apunta contra ese poder, porque un ajuste que no logra convencer necesita disciplinar.
Francia: las aulas financian el rearme
El Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, decidió que el rearme importa más que la educación. El proyecto de presupuesto 2027 congela los salarios de los empleados públicos y elimina más de mil quinientos cargos docentes. Al mismo tiempo, suma 6.400 millones de euros para las Fuerzas Armadas, contra 1.200 millones para la educación. Por cada euro adicional que llega a las aulas, más de cinco van a los cuarteles.
Los recursos existen; lo que se decidió fue su destino. Y ese destino tiene beneficiarios concretos. El gasto militar se contrata con empresas como Thales, Dassault o Naval Group; las dos primeras cotizan en bolsa y reparten dividendos entre sus accionistas, y el sector entero presiona a gobiernos y parlamentos para sostener sus contratos. El presupuesto transfiere recursos de los que estudian a los que invierten en armas.
Argentina: el superávit como obediencia
En la Argentina, el ajuste lleva otra firma y viene de la misma dirección. El superávit es la condición del acuerdo con el Fondo Monetario y la carta de presentación del Gobierno ante el Tesoro de Estados Unidos, que salió a sostener el peso en plena campaña electoral de 2025.
Que el Gobierno lo exhiba como dogma significa que todo lo demás queda subordinado a la meta fiscal: las leyes, los salarios, las universidades. El superávit se presenta como un logro técnico y funciona como una decisión política, y como toda decisión política tiene beneficiarios: los acreedores, los fondos de inversión que compraron deuda argentina, el Tesoro estadounidense. Los fondos que no van a las universidades ni a los salarios docentes se usan para pagar los intereses de la deuda y cumplir la meta de reservas que exige el Fondo.
La Ley de Financiamiento Universitario suma una dimensión institucional. El Congreso la sancionó y la sostuvo contra el veto. La Justicia ordenó cumplirla y fijó una multa diaria al jefe de Gabinete por desobedecerla. La Cámara suspendió esa multa mientras resuelve la apelación, pero la cautelar que ordena cumplir la ley no fue revocada. El Ejecutivo desconoce a los otros dos poderes del Estado. Eso tiene nombre: crisis institucional. Un gobierno que elige qué leyes cumplir convierte la ley en una sugerencia y deja a los ciudadanos sin otra herramienta que la calle.
La soberanía que se va con la universidad
La universidad pública es el último lugar donde la Argentina produce conocimiento propio para decidir sobre su energía, sus datos, su salud y sus recursos. Desfinanciarla es también una forma de entregar soberanía.
Esa soberanía tiene destinatarios. La reciben las empresas que venden tecnología educativa, las corporaciones que patentan y explotan el conocimiento nacido en laboratorios públicos y los países que retienen a los científicos formados en las aulas argentinas.
La soberanía se pierde dos veces. Se pierde con el recorte, que vacía los laboratorios y las aulas, y se pierde con la represión, que castiga a quienes salen a defenderlos. Los estudiantes gaseados frente al Congreso defendían la capacidad del país de pensar con cabeza propia. Desfinanciar la universidad convierte el conocimiento en importación; reprimir a quienes la defienden asegura que esa entrega no encuentre resistencia.
Lo que enseña el gas
El ajuste gobierna para el plazo corto de los acreedores, y los estudiantes son quienes van a cargar con las deudas que se firman en su nombre. Por eso la represión que reciben, además de dispersar, enseña. Enseña que resistir tiene un costo, que la ley no protege y que el Estado se comporta como adversario antes que como interlocutor. Es una pedagogía del miedo.
Esa pedagogía es de clase, porque el Estado enseña distinto según a quién le hable. A los estudiantes les enseña con gas que reclamar tiene un costo. A los acreedores les enseña, en reuniones en el Ministerio de Economía y en Washington, que sus intereses se respetan. A unos se los disciplina con la fuerza; a los otros se los recibe en la misma mesa donde se arma el presupuesto.
Hay otra pedagogía en juego: la de los estudiantes que, aun gaseados, vuelven a la plaza. En Francia, los liceístas regresaron a la calle una y otra vez desde septiembre. En la Argentina, la universidad ya marchó cinco veces. Esa también enseña, y su lección es más difícil de borrar.
La represión busca, sobre todo, impedir que los reclamos se junten. En París, los liceístas marcharon con trabajadores, sindicatos y chalecos amarillos. En Buenos Aires, la universidad, las personas con discapacidad y el pedido de derogar el decreto 70/23 coincidieron en la misma plaza. En los dos casos, los manifestantes descubrieron que sus demandas salen de una sola planilla de gastos.
Esa convergencia rompe la fragmentación que el poder necesita para gobernar. El ajuste avanza sector por sector: a la universidad le congela los fondos, a las personas con discapacidad les recorta prestaciones, a los jubilados les congela el bono y la tierra la libera por decreto. Cada recorte llega por separado y se presenta como un problema técnico de su área, con su ministerio y su queja. Cada sector pelea solo. Mientras las demandas estén separadas, el modelo queda fuera de discusión.
Cuando se juntan, los recortes muestran lo que son: piezas de una misma decisión. Un estudiante solo es un estudiante. Un estudiante junto a un trabajador, un jubilado y una persona con discapacidad forma un bloque social, y un bloque social puede disputar el modelo. El poder teme esa convergencia por su potencia política, mucho más que por cualquier piedra. Por eso la represión apunta a aislar. La fragmentación es la condición del ajuste.
Del gas al expediente
Para quebrar esa convergencia, los dos gobiernos repiten el mismo libreto: separar al pacífico del violento, culpar a un partido y llevar la protesta al expediente penal. En Buenos Aires, el Gobierno presentó denuncias penales contra manifestantes, mientras organizaciones y periodistas denunciaban la presencia de infiltrados.
La represión física dispersa; la judicial disciplina. Una causa penal pesa sobre la marcha siguiente: obliga a pensar dos veces antes de organizar, firmar una solicitada o prestar un local. El gas se disipa en una tarde; el expediente queda.
La clase que dicta el poder
Los estudiantes de Nantes, de Estrasburgo y de la plaza del Congreso defienden su aula y, con ella, el derecho de un país a decidir su futuro en sus escuelas, lejos de las oficinas de sus acreedores. Esa es la lección que los gobiernos intentan borrar con gases.
La represión forma parte del modelo y lo continúa por otros medios. El mismo orden que recorta la educación gasea a quienes la defienden, porque el ajuste necesita disciplina y la disciplina, cuando el consenso se agota, llega en forma de gas. La pedagogía de la violencia pertenece al programa tanto como el recorte: es la clase que el poder dicta cuando los estudiantes se niegan a aprender la lección.
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Fuente: María Fernanda de la Quintana
