¿Qué ocurre cuando quienes pueden analizar críticamente la sociedad terminan justificando las decisiones del poder?
Noam Chomsky y Umberto Eco abordaron esta cuestión desde perspectivas distintas, pero coinciden en advertir sobre los riesgos de convertir el conocimiento en una herramienta de legitimación política.
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Por Redacción Nota Antropológica
27/10/2026
Chomsky cuestionó a los especialistas que ponen sus conocimientos al servicio de los gobiernos para justificar sus decisiones. Eco, por su parte, reflexionó sobre los límites de la función intelectual y rechazó la idea de que el intelectual deba ofrecer respuestas inmediatas a todos los problemas políticos.
El problema aparece en universidades, centros de investigación, medios, empresas y organismos militares. Los especialistas pueden ayudar a comprender los problemas colectivos, pero también presentar decisiones políticas como resultados inevitables de la razón, la ciencia o la técnica.
Para Chomsky, la profesión no determina quién actúa como intelectual. Un académico puede limitarse a realizar una tarea técnica, mientras un trabajador puede estudiar los asuntos públicos, organizarse y participar en debates sociales. Lo importante es la capacidad de reflexionar críticamente y contribuir a la discusión colectiva.
Eco aborda el tema desde la relación entre creatividad, conocimiento y política. El intelectual puede producir ideas, relacionar fenómenos, formular preguntas y aportar herramientas para comprender situaciones complejas. Sin embargo, convertirlo en una autoridad capaz de decidir por los demás implica riesgos.
La diferencia es clara: Chomsky subraya la responsabilidad moral de quienes poseen información, formación e influencia; Eco advierte contra la pretensión de convertir el conocimiento en una guía definitiva para gobernar. Ambos señalan los peligros de vincularlo sin crítica con el poder.
Eco recupera figuras clásicas para examinar distintas formas de intervención intelectual. Ulises representa al consejero que pone su ingenio al servicio de una causa política o militar. El caballo de Troya muestra que la eficacia estratégica no implica una valoración moral positiva.
Platón representa la aspiración del filósofo a intervenir directamente en el gobierno, mientras que sus experiencias en Siracusa muestran las dificultades de trasladar las ideas filosóficas al poder. Aristóteles, preceptor de Alejandro Magno, permite pensar cómo transmitir conocimientos sobre ética y política sin convertirlos en instrucciones para cada decisión concreta.
Estos ejemplos plantean una pregunta central: ¿saber más sobre un asunto concede el derecho de decidir por los demás? El conocimiento no garantiza comprender todas las consecuencias de una política ni responder a las necesidades de quienes serán afectados.
En La responsabilidad de los intelectuales, publicado en 1967, Chomsky sostiene que quienes tienen acceso a información, formación especializada y espacios de influencia deben examinar las acciones de sus gobiernos, señalar sus contradicciones y cuestionar sus justificaciones oficiales.
El problema no es solo equivocarse, sino utilizar el conocimiento para encubrir decisiones, presentar intereses particulares como colectivos o minimizar el sufrimiento causado por determinadas políticas.
Chomsky desarrolló esta crítica al analizar la participación de especialistas y asesores en la política exterior estadounidense durante la guerra de Vietnam. Entre sus ejemplos menciona a Arthur Schlesinger y Walt Rostow, cuyas interpretaciones sobre Cuba, Indochina y otras regiones, a su juicio, presentaban de forma sesgada las responsabilidades de Estados Unidos y sus adversarios.
También cuestionó a los llamados «nuevos mandarines», especialistas que defendían la idea de que sus conocimientos técnicos les permitían intervenir en los asuntos públicos con mayor eficacia que la población común. Para Chomsky, esa postura podía convertirse en elitismo: el experto que considera incuestionables sus decisiones corre el riesgo de ignorar a quienes padecen sus consecuencias.
La guerra de Vietnam mostró la gravedad del problema. Las decisiones militares y sus justificaciones tuvieron efectos devastadores sobre la población vietnamita. La crítica de Chomsky se dirige a quienes presentaron esas políticas como racionales o necesarias sin examinar rigurosamente sus fundamentos y consecuencias humanas.
La responsabilidad intelectual también puede implicar consecuencias personales. Eugene V. Debs fue encarcelado por oponerse a la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial; Bertrand Russell, por su activismo antibélico; Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados en 1919 durante la represión del movimiento revolucionario alemán.
Aunque estos casos no son equivalentes, muestran una contradicción: quienes cuestionan a las autoridades pueden ser tratados como irresponsables o peligrosos, mientras quienes las justifican reciben reconocimiento institucional.
En una entrevista con Heinz Dieterich Steffan, Chomsky pregunta por qué algunas personas son consideradas responsables mientras otras terminan en prisión. Su respuesta apunta a la posición que ocupan frente a las estructuras de autoridad, no a una diferencia automática en sus capacidades.
Esto no significa que toda crítica sea correcta. La oposición también requiere pruebas, argumentos y disposición para revisar las propias ideas. El prestigio institucional no debe sustituir ese examen.
Los medios, las empresas y las instituciones académicas también deciden qué problemas reciben atención, cómo se explica la realidad y qué preguntas merecen investigarse.
Por eso conviene preguntar quién financia un estudio, qué intereses orientan sus objetivos, qué grupos participan en su definición y qué experiencias quedan fuera. No basta con afirmar que el conocimiento está al servicio de la sociedad: hay que precisar de qué sociedad se habla y quiénes se benefician de sus resultados.
La responsabilidad intelectual concierne a periodistas, escritores, investigadores y especialistas. Cuando sus argumentos ayudan a justificar decisiones que afectan a otras personas, deben someterse al mismo escrutinio que las acciones que respaldan.
Eco y Chomsky ofrecen respuestas complementarias. Para Eco, el intelectual no debe proporcionar soluciones inmediatas ni ocupar necesariamente cargos de gobierno. Su tarea puede consistir en interpretar problemas, formular preguntas y revelar aspectos de la realidad que suelen pasar inadvertidos.
Para Chomsky, esa tarea implica además examinar las relaciones de poder, cuestionar las justificaciones engañosas y reconocer las consecuencias de las políticas sobre la población.
Colaborar con una institución gubernamental no convierte automáticamente a alguien en servidor del poder. Lo decisivo es si conserva la capacidad de cuestionar decisiones, reconocer errores y discutir los intereses que orientan su trabajo.
El problema surge cuando el conocimiento deja de ayudar a comprender la realidad y se convierte en un recurso para cerrar el debate. La responsabilidad intelectual no consiste en tener siempre la respuesta correcta, sino en evitar que el prestigio sustituya la discusión, que la información se oculte y que la cercanía con las autoridades impida examinar sus decisiones.
La pregunta final no es solo si un intelectual trabaja para el gobierno o lo critica, sino qué hace con el conocimiento que produce, a quién escucha y qué consecuencias tienen las ideas que difunde.
¿Alguna vez has sentido que las personas con más títulos académicos son precisamente las que menos cuestionan las decisiones de quienes tienen el poder?
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Fuente:
- Chomsky, N. (1967). The Responsibility of Intellectuals. The New York Review of Books, 23 de febrero de 1967.
- Eco, U. (2003). Papel del intelectual. Procesos Históricos: Revista de Historia, Arte y Ciencias Sociales, núm. 3. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
- Dieterich Steffan, H. (s. f.). Entrevista a Noam Chomsky. El Historiador.
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