Cuando los prestamistas no ven claramente, cobran por el volumen de la niebla
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Lic. Alejandro Marcó del Pont
Eltabanoeconomista.worpress.com/18/10/2026
La creación de la Agencia Calificadora de Crédito de África, lanzada por la Unión Africana en octubre de 2026, no es un hecho menor. Es un intento estratégico de reescribir las reglas de un juego financiero que, históricamente, ha tratado al continente como un cliente moroso al que se le cobra por adelantado el riesgo de que no pague. Las calificadoras tradicionales —Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, conocidas como las Big Three, controlan más del 95% del mercado global y sus evaluaciones determinan el costo del capital para las naciones africanas y del Sur Global. La percepción de que estas agencias aplican una prima de riesgo africana o de países emergentes, una sobrevaloración del riesgo real que encarece el crédito, es el motor central detrás de esta iniciativa.
Lo que acaba de hacer África al lanzar oficialmente la Agencia Calificadora de Crédito de África (AfCRA) en Mauricio tiene una particularidad que merece ser subrayada. La agencia calificará a Estados soberanos, gobiernos subnacionales, bancos e instituciones financieras, y empresas privadas africanas. Pero hay una característica especialmente importante: no pretende sustituir a Moody’s, S&P y Fitch, sino proporcionar una segunda fuente de evaluación.
Es una distinción que suena diplomática pero que encierra una tensión profunda. La razón principal para crear una agencia propia es económica y, en gran medida, de soberanía financiera. Se estima que la persistente prima de riesgo africana le cuesta al continente aproximadamente 75 mil millones de dólares anuales en pagos de intereses excesivos. Este dinero se desvía de prioridades cruciales como infraestructura, salud y educación. Solo 33 de los 54 países africanos tienen una calificación soberana, lo que deja a una gran parte de la economía del continente invisible para los inversores globales. Los críticos argumentan que las Big Three carecen de analistas sobre el terreno y no comprenden la realidad de las economías informales o el potencial de resiliencia del continente.
Montados sobre esta iniciativa, nos proponemos una idea superadora. La creación de este instrumento toca un punto central de la arquitectura financiera internacional: ¿quién tiene el poder de definir qué es riesgo?, ¿quién puede acceder al capital y cuánto deben pagar por él? Una calificadora no solamente describe el mercado, también participa indirectamente en la construcción que determina quién puede entrar al mercado.
De hecho, el mecanismo más interesante es que las calificaciones pueden contribuir a producir el riesgo que dicen medir. Hay que distinguir entre demostrar un sesgo estadístico contra África o el Sur Global e indicar que las calificadoras ejercen un poder estructural capaz de perjudicar a países y empresas. Son dos problemas diferentes, y el segundo es central y ya fue analizado en nuestro artículo de 2014, Las calificadoras: míster Magoo (II).
La crisis de 2008 es, probablemente, la prueba histórica más contundente para entender por qué no alcanza con decir que las calificadoras se limitan a medir objetivamente el riesgo. ¿Cómo pudieron Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch asignar calificaciones AAA a productos financieros que terminaron provocando pérdidas enormes, si su negocio supuestamente consiste en evaluar la solvencia? La respuesta es que no se trató simplemente de un error de cálculo. Hubo una combinación de incentivos comerciales, conflictos de intereses, dependencia de la información suministrada por los propios emisores y una regulación financiera que convirtió esas calificaciones en referencias oficiales para tomar decisiones de inversión.
La verdad es que su negocio consistía en vender la evaluación de esos productos a quienes los emitían, mientras bancos, inversores y aseguradoras utilizaban esas evaluaciones para decidir cuánto riesgo asumir. Las agencias cobraban por calificar; otros actores originaban los préstamos, estructuraban los títulos, los compraban, los aseguraban o apostaban contra ellos. El informe de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera creada por el Congreso de Estados Unidos fue más allá. Su informe final de 2011 identificó a las calificadoras como piezas esenciales de la maquinaria que permitió expandir el mercado hipotecario estructurado. Los emisores necesitaban calificaciones altas para colocar sus productos; muchos inversores las necesitaban para comprarlos; los bancos las utilizaban para calcular sus requisitos de capital, y otros contratos financieros las incorporaban como referencias. Todos entremezclados.
Eso no fue un accidente estadístico. Fue el resultado directo del modelo de negocio. El sistema issuer-pays, donde el emisor del valor paga a la agencia por calificarlo, crea un conflicto de interés estructural. La agencia tiene incentivos comerciales para ser complaciente con quien le paga. La investigación judicial lo confirmó. En 2017, Moody’s aceptó pagar 863,8 millones de dólares en un acuerdo tras comprobarse que manipuló el sistema para dar su nota más alta —AAA— a valores respaldados por hipotecas de alto riesgo, cediendo a la presión de bancos que le pagaban millones.
No fue un error de modelo; fue, según los fiscales generales, conducta engañosa durante años. Cerca del 80% de los bonos que Moody’s calificó en un período determinado fueron emitidos por empresas vinculadas a los accionistas de Moody’s. Según los registros de participación accionaria correspondientes a 2026, Moody’s tiene entre sus principales accionistas institucionales a Berkshire Hathaway, TCI Fund Management, BlackRock y Vanguard. Aquí está el núcleo del argumento. Las calificadoras no operan en un mercado neutral. Están incrustadas estructuralmente en el sistema financiero. Un análisis académico lo describe con precisión: las agencias de calificación crediticia ejercen poder de agenda, dictando normas de crédito y definiendo la credibilidad soberana, funciones típicas de instituciones públicas, pero sin mandato formal
Naturalmente surgen dos preguntas. Una ya contestada: las calificadoras forman parte del diseño del sistema financiero y cómo operan. La segunda pregunta es cómo pudieron las grandes calificadoras participar en uno de los mayores fracasos de la historia financiera contemporánea y conservar, pese a ello, la autoridad para evaluar la solvencia de Estados, bancos y empresas de todo el mundo. Veamos esto más de cerca.
Las calificadoras no fueron las únicas responsables de la crisis hipotecaria estadounidense. Intervinieron bancos que originaron préstamos, entidades que los empaquetaron en títulos, inversores que los compraron, aseguradoras y operadores de derivados. Pero las agencias desempeñaron una función decisiva: otorgaron calificaciones elevadas a productos financieros que resultaron mucho más riesgosos de lo que indicaban sus notas. La crisis de 2008 fue posible porque las calificadoras no son árbitros neutrales. Son empresas privadas, propiedad de los mayores actores del sistema financiero, que ejercen una función cuasi-pública —determinar qué activos pueden sostener el sistema— bajo una lógica estrictamente comercial. El conflicto no es un agente extraño: es una característica del diseño.
La pregunta de si las calificadoras fueron centrales en la crisis de 2008, ¿por qué no desaparecieron? Tiene una respuesta que no es un condimento misterioso, sino una combinación de diseño regulatorio, campaña reputacional y captura institucional. El motivo por el que las Big Three no colapsaron tras 2008 no es que hayan convencido al mundo de su inocencia. Es que están incrustadas en la ley.
Como señala el Adam Smith Institute, las calificadoras deben su posición no a la confianza de los medios o los políticos, sino a un complejo entramado de regulación financiera de Estados Unidos. Una calificación parece describir una realidad objetiva —la probabilidad de que un deudor pague—, pero también puede modificar esa realidad. La información no solo refleja el poder económico: en determinadas circunstancias, también lo ejerce. Desde 1936, la regulación bancaria prohibió a los bancos mantener bonos con calificación inferior a BBB de una agencia reconocida.
En 1975, la Comisión de Bolsa y Valores creó la categoría de Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional, y desde entonces las calificaciones de esas agencias tienen fuerza de ley en la regulación de capital bancario, seguros y fondos de pensión. La realidad la describe con precisión: la regulación subcontrató un poder cuasi-regulatorio a las agencias de calificación, elevándolas a una posición crucial hasta convertirlas en parte de la arquitectura financiera internacional, culminando con los Acuerdos de Basilea.
Esto significa que no puedes simplemente dejar de usarlas. Un fondo de pensión no puede comprar un bono sin cierta nota. Un banco no puede calcular su capital regulatorio sin ellas. El sistema legal las necesita. Por eso, incluso si los inversores hubieran querido castigarlas tras 2008, el marco regulatorio las mantenía como paso obligatorio. La persistencia de las grandes agencias no se explica solo por la calidad de sus análisis o por su reputación, sino por su integración en una arquitectura que convierte sus evaluaciones privadas en referencias de uso general para los mercados y los reguladores.
Si el objetivo es que el Sur Global tenga mayor autonomía, la discusión no debería limitarse a quién emite las notas. Debería incluir quién produce los datos, quién define los criterios y qué instituciones pueden impedir que una calificación adversa se convierta en una crisis de financiación. Salir de esa lógica privada y sus negocios exige algo más que una agencia para el Sur Global. Exige repensar la calificación de riesgo como infraestructura pública, no como producto financiero. Las propuestas del G77, el Think 20 (T20) y la sociedad civil del Sur Global apuntan en esa dirección: una agencia multilateral, bajo mandato democrático, sin fines de lucro y con metodologías transparentes. No se trata de corregir las notas de las Big Three. Se trata de quitarles el poder de definir, desde un escritorio en Nueva York, qué vale y qué no vale en la economía global.
Una calificadora africana, asiática o estatal que se integre al sistema financiero global juega, en gran medida, el mismo juego. El juego es el de la autoridad cognitiva, la capacidad de definir qué información es relevante, qué metodología es válida y qué calificación es creíble para los inversores globales. La propia AfCRA ilustra esta tensión. Está diseñada como una entidad privada, autofinanciada y con prohibición de que los gobiernos sean accionistas.
Es decir, replica la estructura de propiedad de las Big Three para intentar ganar credibilidad ante los mismos inversores que confían en Moody’s o S&P. Su mandato es complementar a las agencias globales ofreciendo una perspectiva arraigada en datos, experiencia y realidades africanas, no reemplazarlas. El problema es que, como señala el análisis de Businessday NG, existe una preocupación por la credibilidad: AfCRA se enfrenta al mismo desafío que cualquier nueva agencia, convencer a los inversores globales de que sus notas son tan válidas como las de las Big Three. Y si lo logra, habrá tenido que adoptar las mismas metodologías, los mismos estándares de transparencia y las mismas prácticas de gobernanza que el sistema existente valida. Es decir, jugará el mismo juego para poder ser aceptada.
En ese sentido, África puede ser un laboratorio institucional para una discusión más amplia que incluya a América Latina, los BRICS y otras economías emergentes. El desafío es construir una alternativa que no se limite a desplazar el centro de poder de Nueva York a Pekín, ni a crear una nueva empresa que reproduzca los incentivos de las anteriores, sino que combine independencia técnica, control público, financiación para el desarrollo y cooperación entre países deudores.
Las propuestas del G77 y China en la ONU —establecer una agencia pública internacional de calificación bajo los auspicios de la ONU— apuntan precisamente a eso, no a crear otra agencia que compita en el mismo mercado, sino a cambiar la arquitectura regulatoria que hace que las calificaciones privadas sean obligatorias. Ese es el juego de fondo. Y es un juego mucho más difícil de ganar que simplemente fundar una agencia nueva.
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