¿Puede el Congreso detener una guerra que Trump mantiene sin su autorización mientras la factura militar supera ya los 38.000 millones de dólares?
CÁNDIDO GÁLVEZ
canarias-semanal.org/17/09/2026
La rebelión contra la guerra de Trump crece en el Congreso de Estados Unidos. Demócratas y siete republicanos exigen frenar las operaciones militares contra Irán mientras el coste supera los 38.000 millones de dólares y aumenta la batalla por decidir quién tiene realmente el poder de llevar al país a la guerra.
Estados Unidos lleva casi siete meses en guerra con Irán. El conflicto comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes y, desde entonces, ha sobrevivido a treguas, nuevas escaladas y ataques contra instalaciones y rutas estratégicas de Oriente Próximo.
Pero ahora Trump tiene abierto otro frente mucho más cerca de la Casa Blanca: el Congreso. La Cámara de Representantes acaba de aprobar por 220 votos contra 204 una resolución que exige poner fin a las hostilidades estadounidenses contra Irán que no hayan sido autorizadas por el poder legislativo.
Todos los demócratas que votaron y siete republicanos respaldaron la medida. Es la tercera vez que la Cámara aprueba una iniciativa destinada a frenar la guerra.
Pero no hay que hacerse muchas ilusiones. La votación no acabará inmediatamente con los bombardeos, ni llevará mañana a los soldados estadounidenses a sus casas. Trump sigue manteniendo el respaldo de la mayor parte de los republicanos y existen importantes obstáculos legislativos para imponerle un cambio de política.
Pero lo sucedido en Washington resulta relevante por otra razón: una guerra iniciada desde el Ejecutivo está reabriendo una vieja batalla sobre quién tiene realmente el poder de llevar a Estados Unidos a una guerra.
QUIÉN TIENE EL PODER DE HACER LA GUERRA
La Constitución estadounidense intentó precisamente evitar que esa decisión quedara en manos de una sola persona. El presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero el poder de declarar la guerra corresponde al Congreso. De hecho, los redactores de la Constitución discutieron expresamente cómo impedir una concentración excesiva de poder militar en el Ejecutivo.
La práctica terminó siendo bastante diferente. Desde la Segunda Guerra Mundial, sucesivos presidentes, republicanos y demócratas, fueron ampliando su capacidad para ordenar operaciones militares sin una declaración formal de guerra. El Congreso estadounidense no declara formalmente una guerra desde 1942. Desde entonces ha recurrido, entre otros mecanismos, a autorizaciones para el uso de la fuerza militar.
Vietnam provocó una reacción. En 1973, el Congreso aprobó la War Powers Resolution para limitar la capacidad presidencial de mantener indefinidamente fuerzas estadounidenses en hostilidades sin consentimiento parlamentario. Richard Nixon la vetó y el Congreso anuló su veto. La norma exige además que el presidente informe al Congreso en 48 horas sobre determinadas intervenciones y establece un plazo de 60 días para que el legislativo autorice o rechace la acción.
Más de medio siglo después, la guerra con Irán ha devuelto ese conflicto institucional a un primer plano.
UNA REBELIÓN QUE CRECE VOTACIÓN A VOTACIÓN
Lo interesante no es únicamente la última votación, sino observar la tendencia. El pasado julio, la Cámara ya había aprobado por 214 votos contra 208 una resolución que pedía detener las operaciones contra Irán si el Congreso no las autorizaba. Cuatro republicanos se unieron entonces a los demócratas. Ahora han sido siete. El Senado, sin embargo, bloqueó en julio una iniciativa semejante por 49 votos contra 47.
No existe, por tanto, una rebelión general del Partido Republicano contra Trump. La mayoría continúa respaldándolo. Lo que existe es una grieta dentro de un partido que hasta ahora ha sostenido la guerra y una creciente disputa en el Congreso sobre la autoridad presidencial.
La ruptura ha llegado más lejos en algún caso. El republicano Thomas Massie presentó hace unas horas, artículos de impeachment contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusándolo de participar en una guerra no autorizada por el Congreso. La iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, pero muestra hasta dónde ha llegado el enfrentamiento.
¿Por qué aumenta la presión precisamente ahora? Una explicación se encuentra lejos del Capitolio, en una cifra: 38.000 millones de dólares.
38.000 MILLONES: LA OTRA CARA DE LA GUERRA
La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), organismo técnico no partidista, calcula que las operaciones militares contra Irán habían costado aproximadamente 38.000 millones hasta el 1 de agosto. Si continúan, podrían añadir entre 2.000 y 3.000 millones cada mes. La guerra también ha reducido las existencias de algunas municiones estadounidenses, especialmente misiles de precisión de largo alcance.
En este punto, la guerraesta dejando de ser una cuestión exclusivamente militar. Cada misil disparado es también una mercancía que deberá volver a fabricarse si el Pentágono quiere recuperar sus existencias. El dinero sale del presupuesto público y entra, mediante contratos, en un gigantesco complejo industrial formado por empresas privadas que fabrican misiles, bombas, aviones y sistemas electrónicos.
La relación económica resulta sencilla: el coste se financia colectivamente, mientras la producción contratada genera ingresos privados. Esto no significa que el beneficio empresarial explique por sí solo las decisiones militares, para las que la Administración alega razones de seguridad nacional.
Sí significa que toda guerra moderna crea una corriente de gasto público hacia contratistas militares y que su prolongación puede ampliar esa corriente. Es una de las contradicciones menos visibles de la economía de guerra. Un misil desaparece en segundos; el contrato para reponerlo puede prolongarse durante años.
DEL CAMPO DE BATALLA AL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS
Pero la factura tampoco termina en el presupuesto militar. La guerra afecta a una de las regiones energéticas fundamentales del planeta. Las alteraciones del tráfico por el estrecho de Ormuz han presionado los mercados del petróleo y el encarecimiento de la energía termina recorriendo toda la economía. Aumenta el combustible, pero también el coste de transportar alimentos, fabricar productos o mover mercancías. La CBO relaciona el conflicto con presiones inflacionistas y el aumento de los precios energéticos.
Aquí aparece una segunda transferencia del coste. Una familia estadounidense no compra misiles ni decide dónde bombardea un avión. Sin embargo, puede pagar indirectamente parte de las consecuencias cuando llena el depósito, recibe una factura energética o compra productos cuyo transporte se ha encarecido.
La guerra, por tanto, tiene una distribución social muy concreta de costes y beneficios. El Estado financia las operaciones; determinados contratistas reciben pedidos; los militares soportan el riesgo directo; la población iraní y otras poblaciones afectadas padecen la destrucción; y las consecuencias económicas pueden extenderse finalmente a millones de hogares que nunca participaron en la decisión.
CUANDO LA GUERRA LLEGA A LAS URNAS
Eso ayuda a comprender por qué la discusión constitucional ha adquirido también una dimensión electoral.
Las elecciones legislativas se celebran el 3 de noviembre. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada esta semana situó la aprobación de Trump en el 35% y registró una ventaja demócrata de siete puntos en la preferencia genérica para el Congreso. Son datos de una encuesta, no una predicción del resultado electoral, pero muestran el contexto político en el que los congresistas deberán explicar sus votos.
La batalla del Capitolio, por tanto, es mucho mayor que una discusión jurídica. Lo que está en juego es quién decide sobre la utilización de una de las mayores maquinarias militares del planeta y quién controla los recursos económicos necesarios para mantenerla funcionando.
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