TRABAJAR HASTA MORIR

Eduardo Luque

elviejotopo.com/

Vivimos tiempos singulares. Las grandes transformaciones de nuestra época, auténticas mutaciones del orden social, ya no son impulsadas por fuerzas revolucionarias, sino por los propios gobiernos. Llega un momento en que quienes administran un sistema dejan de limitarse a gestionarlo para emprender su transformación desde los cimientos. No mediante una revolución, sino mediante una contrarrevolución.

La agenda presentada por el canciller alemán Friedrich Merz y sus 33 medidas responde plenamente a esa lógica. Bajo el argumento de la sostenibilidad financiera y del envejecimiento demográfico, su Gobierno, en el ámbito de la jubilación, impulsa la mayor reconfiguración del sistema público de pensiones desde la consolidación del modelo social alemán tras la Segunda Guerra Mundial. No se trata únicamente de retrasar la edad de jubilación ni de ampliar los mecanismos de ahorro privado. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la sustitución del pacto social que definió a la Europa de posguerra por un nuevo contrato sustentado en el militarismo, la financiarización de la economía y la reducción progresiva de los derechos sociales y laborales.

Nicolás Maquiavelo advertía en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio que las reformas impopulares debían ejecutarse de una sola vez para impedir que la resistencia pudiera organizarse. Cinco siglos después, la lección conserva toda su vigencia. El Gobierno alemán, cuya popularidad atraviesa uno de sus peores momentos —las encuestas apenas le atribuyen el respaldo del 15 % del electorado—, pretende aprobar con rapidez un amplio paquete de medidas que modifica simultáneamente el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y el modelo de financiación de la protección social. La premura no responde a razones técnicas, sino a un cálculo político: evitar que el descontento disponga del tiempo necesario para articular una respuesta. La llamada «doctrina del shock», formulada por Naomi Klein, vuelve a convertirse en un eficaz instrumento de gobierno.

Mientras la atención pública permanece absorbida por la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación y un clima de incertidumbre alimentado diariamente por los grandes medios de comunicación, el Ejecutivo aprovecha ese escenario para redefinir, casi sin debate, los fundamentos del modelo social alemán. El eje de la reforma consiste en vincular de manera progresiva la edad efectiva de jubilación a la esperanza de vida. El razonamiento parece irreprochable: si vivimos más años, debemos trabajar durante más tiempo.

Sin embargo, esa aparente evidencia encierra un profundo fraude intelectual. La esperanza de vida no aumenta por igual en todos los grupos sociales. Los trabajadores manuales y quienes desempeñan las ocupaciones físicamente más exigentes viven, en promedio, menos años y alcanzan la vejez en peores condiciones de salud que los sectores más acomodados. Retrasar la edad de jubilación significa, en la práctica, reducir el período durante el cual podrán disfrutar de la pensión que han financiado a lo largo de su vida laboral. Dicho de otro modo, mientras la esperanza de vida media continúa aumentando, el tiempo efectivo de jubilación disminuye precisamente para quienes más han contribuido con su trabajo a la creación de riqueza.

La consigna que guía al Ejecutivo alemán se expresa con una crudeza difícil de disimular: trabajar hasta morir. Sin embargo, la elevación de la edad de jubilación no constituye más que una pieza parcial dentro de un proyecto mucho más amplio. La otra gran transformación consiste en la imposición de aportaciones obligatorias dirigidas a fondos privados de capitalización. El Gobierno las presenta como un mecanismo complementario destinado a mejorar las pensiones futuras mediante la rentabilidad de los mercados financieros. La evidencia internacional apunta en sentido contrario. Desde Chile hasta el Reino Unido, pasando por distintas experiencias europeas, estos sistemas han generado beneficios sustanciales para bancos, aseguradoras y fondos de inversión, al tiempo que han trasladado la totalidad del riesgo financiero a los trabajadores. Cuando los mercados obtienen beneficios, estos se privatizan; cuando estallan las crisis, las pérdidas recaen sobre quienes confiaron su jubilación a la lógica de la especulación. No estamos ante una reforma de las pensiones. Estamos ante la transformación del ahorro obligatorio de millones de trabajadores en un flujo permanente de recursos hacia los mercados financieros. Una parte creciente de los salarios deja de convertirse en consumo o ahorro familiar para transformarse en liquidez al servicio del sistema financiero. La privatización ya no se limita a la venta de activos públicos: adopta ahora la forma de una privatización del futuro.

Todo ello se articula bajo un relato aparentemente incontestable: el envejecimiento demográfico haría insostenible el sistema público. Sin embargo, este argumento omite un elemento central. La viabilidad de las pensiones no depende exclusivamente del número de cotizantes, sino de la riqueza total que genera una sociedad y, sobre todo, de su distribución. La productividad alemana ha seguido creciendo gracias a la automatización, la robotización y el progreso tecnológico. Entre 1991 y 2024 —según la Oficina Federal de Estadística, en términos de productividad por hora trabajada— el aumento acumulado ha sido de alrededor del 34,8 %. Sin embargo, en ese mismo periodo la participación de los salarios en la renta nacional apenas ha crecido en torno al 20 %, perdiendo peso frente a los beneficios empresariales. El problema, por tanto, no reside en la creación de riqueza, sino en su reparto entre rentas del trabajo y rentas del capital. Cada trabajador genera hoy varias veces más valor que hace cuarenta años. La cuestión no es si existe riqueza suficiente para sostener el sistema de pensiones, sino quién se apropia de esa riqueza. El conflicto, en última instancia, no es económico: es político.

No se trata, por tanto, de una simple reforma del sistema de pensiones. Lo que está en juego es la transformación del ahorro obligatorio de millones de trabajadores en un flujo constante de recursos hacia los mercados financieros. Una parte creciente de los salarios deja de materializarse en consumo o ahorro familiar para convertirse en liquidez al servicio del sistema financiero. La privatización deja así de limitarse a la venta de activos públicos: adopta la forma más profunda de una privatización del futuro.

Todo ello se articula bajo un relato aparentemente incontestable: el envejecimiento demográfico haría insostenible el sistema público. Sin embargo, este argumento omite un elemento esencial. La viabilidad de las pensiones no depende únicamente del número de cotizantes, sino del volumen total de riqueza generado y, sobre todo, de su distribución. Cada trabajador produce hoy varias veces más valor que hace cuarenta años. La cuestión no es si existe riqueza suficiente para sostener el sistema de pensiones, sino quién se apropia de esa riqueza. El conflicto, en última instancia, no es económico: es político. Y es precisamente ahí donde el discurso oficial comienza a mostrar sus fisuras. Se repite hasta la saciedad que el envejecimiento demográfico reduce el número de cotizantes y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, las mismas élites políticas que invocan esa supuesta escasez de fuerza de trabajo impulsan decisiones que erosionan deliberadamente la base contributiva.

Durante décadas, millones de mujeres sostuvieron de manera no remunerada el trabajo de cuidados y de crianza que hizo posible la reproducción de la fuerza de trabajo y el funcionamiento mismo de la arquitectura social. Sin ese trabajo invisible, no habría sido posible el crecimiento económico de la Alemania de posguerra. Sin embargo, lejos de reconocer plenamente esa contribución mediante derechos sociales suficientes, políticas familiares robustas o sistemas de pensiones adecuados, la tendencia dominante ha consistido en trasladar progresivamente los costes de la reproducción social a las propias familias. Posteriormente, se lamenta la baja natalidad como si se tratara de un fenómeno natural e inevitable, cuando en realidad responde en buena medida a décadas de precarización laboral, incertidumbre económica y debilitamiento sostenido de las políticas públicas de apoyo a la maternidad y la conciliación.

La contradicción se hace aún más evidente en el terreno migratorio. La propia industria alemana reconoce desde hace años que necesita cientos de miles de trabajadores adicionales para sostener su capacidad productiva y garantizar la estabilidad del sistema de protección social. La OCDE estima que Alemania requeriría en torno a 600.000 nuevos trabajadores al año para mantener sus niveles actuales de bienestar y compensar el envejecimiento demográfico. Incluso en escenarios más conservadores, las proyecciones sitúan la necesidad en torno a 400.000 inmigrantes anuales durante las próximas décadas. La paradoja resulta difícil de ignorar: se afirma la existencia de un déficit estructural de cotizantes mientras se endurecen las políticas migratorias y se obstaculizan los mecanismos de integración laboral de quienes podrían contribuir precisamente al sostenimiento del sistema público. Bajo la presión creciente de la extrema derecha, el Gobierno ha reforzado los controles, facilitado expulsiones y explorado acuerdos con terceros países —incluido el régimen talibán— para externalizar los procesos de deportación y mantener fuera del mercado laboral a potenciales contribuyentes.

La contradicción no es, por tanto, meramente demográfica. Es el resultado de decisiones políticas que subordinan la racionalidad económica a la competencia electoral y al crecimiento de la xenofobia.

En 1936, Hermann Göring proclamaba que “era tiempo de cañones y no de mantequilla”. La expresión, posteriormente popularizada en el debate económico por el premio Nobel Paul Samuelson, adquiere hoy una resonancia renovada. Todo indica que ese imaginario ha sido reactivado en el discurso político europeo contemporáneo.

La contrarrevolución social impulsada por el canciller Friedrich Merz se articula en paralelo a la mayor expansión militar alemana desde 1945. Alemania ha abandonado la tradición de contención estratégica que caracterizó a la República Federal durante décadas. El objetivo declarado es convertir la Bundeswehr en el ejército convencional más poderoso de Europa y consolidar a Alemania como eje militar del continente dentro de la OTAN.

Ese proyecto requiere volúmenes de gasto sin precedentes. No se trata de una exageración retórica: el plan presupuestario prevé elevar el gasto en defensa hasta el 3,5 % del PIB en 2029, lo que equivale a aproximadamente 162.000 millones de euros anuales, casi el doble de los niveles actuales.

Para hacer posible este giro, Berlín ha flexibilizado el histórico freno constitucional al endeudamiento —el denominado Schuldenbremse— y ha abierto la puerta a un programa de deuda cercano a los 400.000 millones de euros destinado al rearme, además de un fondo extraordinario de 500.000 millones orientado a inversiones estratégicas. La paradoja no podría ser más elocuente: la austeridad desaparece con extraordinaria rapidez cuando el destino del gasto es la industria militar.

Durante años, ese mismo principio fue presentado como un dogma incuestionable, utilizado para bloquear el aumento del gasto social, restringir la inversión en infraestructuras, vivienda o servicios públicos, y disciplinar la política presupuestaria de los Estados miembros. Sin embargo, en el momento en que el gasto se orienta hacia la economía de guerra, ese límite se evapora. La disciplina fiscal deja de operar allí donde comienza la lógica del rearme. No se trata de una excepción aislada. La Comisión Europea, la OCDE y diversos organismos internacionales llevan años impulsando reformas estructurales orientadas en la misma dirección: retraso de la edad efectiva de jubilación, expansión de los sistemas privados de capitalización y prolongación de la vida laboral. Alemania aparece ahora como el espacio donde ese programa puede materializarse con mayor intensidad, actuando como laboratorio político de un nuevo modelo europeo: menor protección pública, creciente dependencia de los mercados financieros y un desplazamiento sostenido del gasto hacia el complejo militar-industrial. Si esta arquitectura se consolida en la principal economía del continente, su proyección al resto de los Estados miembros será difícilmente reversible.

Durante décadas, la legitimidad de las democracias occidentales se sostuvo sobre un equilibrio inestable pero funcional entre capitalismo y protección social. Ese equilibrio no fue un regalo histórico, sino el resultado de dos presiones convergentes: el temor de las élites a la expansión del socialismo y la fuerza social del movimiento obrero organizado tras la Segunda Guerra Mundial. Ese ciclo histórico ha llegado a su fin.

Las élites económicas ya no consideran necesario preservar aquel compromiso. El neoliberalismo, en su fase inicial, erosionó la capacidad de los sindicatos, privatizó sectores estratégicos y redujo derechos laborales. Hoy asistimos a una nueva mutación: la entrada en una economía de guerra.

En este nuevo paradigma, el gasto público deja de orientarse prioritariamente hacia la cohesión social para desplazarse hacia la industria militar, la seguridad, el control tecnológico y la competencia geopolítica entre bloques. En este marco, las pensiones dejan de ser un derecho social consolidado para ser reinterpretadas como un problema presupuestario. No porque hayan dejado de ser sostenibles, sino porque compiten con otras prioridades estratégicas. La pregunta que ningún gobierno quiere formular es, en realidad, de una simplicidad incómoda: ¿por qué una sociedad capaz de generar niveles de riqueza sin precedentes afirma no poder garantizar una jubilación digna? La respuesta no remite a la escasez, sino a la distribución. La riqueza existe; lo que se disputa es su destino.

La reforma impulsada por Merz no constituye una excepción alemana, sino un posible modelo de generalización. Alemania funciona aquí como anticipación: el espacio donde se ensayan fórmulas que, de consolidarse, podrían extenderse al conjunto de Europa. Si este giro se impone sin resistencia significativa, otros gobiernos encontrarán en él la legitimación necesaria para replicarlo.

En este contexto, incluso el debate político interno se reconfigura. El eje ya no es la edad de jubilación, sino el tipo de sociedad que se está construyendo. Una sociedad en la que el aumento de la productividad permita reducir el tiempo de trabajo, ampliar los derechos sociales y redistribuir la riqueza. O una sociedad en la que ese mismo incremento de productividad se canalice hacia los mercados financieros, el complejo militar-industrial y la expansión del gasto armamentístico, mientras la vida laboral se prolonga hasta límites social y biológicamente regresivos.

En última instancia, la lógica que articula el programa de Merz puede resumirse en una fórmula tan simple como contundente: menos Estado social para financiar más Estado militar. No se trata únicamente de una reforma de las pensiones. Es la arquitectura de una Europa preparada para normalizar la guerra como horizonte estructural.

16 julio, 2026