El informe final de la misión internacional documenta injerencia extranjera, opacidad electoral y omisión institucional en Colombia
Imagen E.O con Nano Banan 2
Mientras la Registraduría callaba, la Fiscalía no investigaba y el CNE omitía el escrutinio internacional, la Misión de Observación y Acompañamiento Internacional documenta con evidencias y confirma lo que Gustavo Petro ha denunciado: injerencia extranjera estatal, desinformación industrial, opacidad en el software de escrutinio y omisión institucional.
Natalia Munevar Sastre
diario-red.com/17/07/26
8 de marzo de 2026, Bogotá, Bogotá D.C., Colombia: El presidente colombiano Gustavo Petro inaugura la jornada electoral durante las elecciones legislativas de 2026 el 8 de marzo de 2026 en Bogotá. Crédito : Paula Casallas / Zuma Press / Europa Press
Hace tres semanas, observadores electorales de 26 países estuvieron presentes en Colombia durante la segunda vuelta presidencial. Venían con una acreditación del Consejo Nacional Electoral, una maleta llena de protocolos de observación y una premisa: documentar lo que vieran, sin filtros ni conveniencias. Hoy presentan su informe final. Y los hallazgos no son cómodos para quienes preferirían que esta elección quedara en el olvido.
El informe es una declaración de la comunidad internacional que valida, con rigor técnico, lo que el presidente Gustavo Petro está denunciando públicamente para defender la democracia y la soberanía de su país.
Seis hallazgos que no pueden ignorarse
El informe de la Misión de Observación y Acompañamiento Internacional -acreditada mediante Resolución 2958 de 2026 - documenta seis hallazgos técnicos que, leídos en conjunto, dibujan un panorama preocupante sobre la integridad del proceso.
Primero: La injerencia extranjera no fue una conjetura.
La Misión constató la participación de actores estatales y no estatales de otros países en la contienda. Entre los primeros, la administración Trump con apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella; el secretario de Estado Marco Rubio, vinculado a instrucciones para la detención del creador de contenido Beto Coral; y la oficina ICE, que ejecutó dicha detención postelectoral. Entre los segundos, redes como CPAC y Atlas Network, la participación del periodista español Javier Negre, y estructuras tecnológicas vinculadas a Peter Thiel. No son “teorías de conspiración”. Son hechos verificables. Y plantean una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegó la injerencia extranjera en una elección que, por la Constitución, debería ser exclusivamente de las y los colombianos?
Segundo: El software que cuenta nuestros votos es opaco y privado.
El sistema de escrutinio pertenece a los hermanos Bautista. No está sujeto a auditoría pública independiente. La Misión identificó vulnerabilidades estructurales en la cadena de custodia digital del voto, particularmente en el escrutinio del exterior, donde el 80,5% de los votos en Estados Unidos fueron para un solo candidato, Abelardo de la Espriella. En un país donde la desconfianza institucional ya es alta, ¿no deberíamos exigir que el software que decide nuestras elecciones sea transparente?
Tercero: La desinformación es una industria.
La operación “Proyecto Júpiter” —así se llamaba internamente— recaudó más de 7.000 millones de pesos, produjo más de 1.700 piezas de contenido con IA, bots y deepfakes, y alcanzó a más de 17 millones de colombianos. Esta es una operación coordinada, financiada, tecnológicamente sofisticada, con una clara tendencia a la derecha, incitando al odio y la violencia. Y nuestra legislación electoral no tiene herramientas para sancionarla.
Cuarto: El candidato electo tiene una doble nacionalidad que genera una pregunta jurídica seria.
Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense. Para obtener esa ciudadanía, juró lealtad a los Estados Unidos, renunciando “a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, soberano, estado o potencia extranjera”. El juramento presidencial colombiano, en cambio, exige “lealtad absoluta al país” y defender nuestra Constitución. La Misión no se pronuncia sobre la validez de su candidatura —eso compete a las autoridades jurisdiccionales—, pero documenta la contradicción. Y la contradicción es real.
Quinto: El escrutinio del voto en el exterior no se ha completado y presenta irregularidades documentadas.
Los formularios E-14 Claveros del exterior fueron excluidos del escrutinio oficial publicado por la Registraduría: la página reporta 118.350 votos (100% escrutinado), pero el total de votación en el exterior alcanza 122.019, una diferencia de 3.669 actas no incorporadas. El escrutinio real del voto en el exterior, por tanto, no se ha realizado adecuadamente. Adicionalmente, se identificaron 124 mesas con votación 100% homogénea y resultados estadísticos que se desvían significativamente de las tendencias históricas y demográficas de la diáspora. La diferencia de 177.843 votos en el exterior representó aproximadamente dos tercios (64%) de la ventaja total a nivel nacional. ¿Es esto fraude? La Misión no lo dice. Pero tampoco deja de señalar que hay algo que no cuadra, y que el escrutinio en el exterior sigue pendiente.
Sexto: las instituciones no respondieron.
El CNE, la Registraduría, la Fiscalía y la Procuraduría fueron omisos frente a las denuncias presentadas durante el proceso. La Misión documenta que las respuestas institucionales fueron, en conjunto, insuficientes para garantizar transparencia. Cuando las instituciones diseñadas para proteger la democracia no actúan, la democracia queda desprotegida.
Lo que esto significa - y lo que no
La Misión es enfática en un punto que quiero repetir: no se pronuncia sobre la validez o nulidad de los resultados electorales. Esa competencia es de las autoridades jurisdiccionales colombianas. Su rol es estrictamente de observación y documentación. Y en ese rol, han cumplido con rigor.
Pero como ciudadana, como militante política, como alguien que cree que la democracia no se reduce a contar votos, creo que el informe plantea preguntas que trascienden el resultado de una elección: ¿Qué pasa cuando un proceso electoral puede ser influido por gobiernos extranjeros sin consecuencias? ¿Qué pasa cuando el software que cuenta los votos es propiedad privada y opaca? ¿Qué pasa cuando la desinformación industrializada se convierte en herramienta de campaña? ¿Qué pasa cuando las instituciones que deberían garantizar transparencia miran para otro lado?
No estoy diciendo que el resultado electoral deba ser revertido. Eso no me corresponde. Estoy diciendo que, si estos hallazgos quedan en un cajón, si la prensa los ignora, si la ciudadanía los normaliza, estaremos sentando un precedente peligroso para todas las elecciones futuras. No solo para el Pacto Histórico. Para cualquier candidato, de cualquier lado, que quiera competir en condiciones mínimas de equidad.
Petro, X y la validación internacional: de la denuncia solitaria a la evidencia colectiva
Durante semanas, el presidente Gustavo Petro denunció en X lo que veía: un software vulnerable, un censo alterado, voto en el exterior anómalo, actas modificadas, injerencia extranjera. La Registraduría no respondió. La Fiscalía no investigó. Iván Cepeda, con la prudencia que lo caracteriza, mantuvo distancia: las irregularidades, dijo, “no ameritaban decir que había habido un fraude”. La Misión de Observación Electoral (MOE) nacional observó, investigó y analizó punto por punto.
Petro no esta solo en sus observaciones. Estaba solo en la institucionalidad. Y ahí está la diferencia que hace la comunidad internacional con este informe.
Observadores de 26 países, con acreditación del CNE, con evidencias documentales, con un sistema de clasificación que distingue entre hechos verificados ([HV]), testimonios ([T]) e información reportada ([I]) documentan que Marco Rubio dio instrucción para detener a Beto Coral, que el software de los Bautista tiene vulnerabilidades estructurales, que el Proyecto Júpiter recaudó 7.000 millones y alcanzó a 17 millones de colombianos, no está repitiendo un trino. La Misión Internacional esta confirmando con evidencia lo que Petro observó sin poder probar institucionalmente.
Este es el valor del informe: no es una opinión, es una declaración de la comunidad internacional. Cuando 25 países documentan que una elección tuvo injerencia extranjera estatal, opacidad en el software, desinformación industrial y omisión institucional, están diciendo que algo grave pasó en Colombia, y que eso debería preocuparnos a todos, independientemente de por quién votamos.
No normalizar el fraude
Pero tampoco debemos normalizar algo que puede ser más peligroso: la opacidad que convierte al fraude en una posibilidad no verificable. Cuando el software que cuenta los votos es propiedad privada, cuando el escrutinio exterior se publica como “completado” con miles de actas faltantes, cuando las instituciones no investigan, estamos normalizando el fraude. Y una democracia que acepta el fraude sobre sus procesos electorales no es una democracia. Es un acto de fe. Y la fe, en política, siempre termina en autoritarismo.
Pero hay algo aún más grave que la opacidad. Estamos normalizando la colonización disfrazada de democracia. Cuando 17 millones de colombianos reciben mensajes manipulados por IA antes de votar, cuando un candidato juró lealtad a otro país antes de jurar lealtad al nuestro, cuando un Secretario de Estado extranjero ordena detener a un crítico del candidato favorito dos días antes de la elección -no estamos ante una elección normal. Estamos ante una soberanía colonizada. No la colonización del siglo XIX, con ejércitos y virreyes. La colonización del siglo XXI: con algoritmos, con datos, con desinformación, con juramentos de lealtad cruzados.
El sociólogo argentino Lautaro Rivara llama a estos gobiernos “derechas vasallas”. El analista Sol Sillich los describe como “la punta de lanza de una tecnología política que no admite mediaciones, de un dispositivo que exige el vaciamiento de la democracia misma”. En Argentina, Javier Milei gobierna por DNU, entrega datos a Palantir, y construye un “enemigo existencial” para justificar la demolición institucional. En Colombia, Abelardo de la Espriella promete alianza con el “Escudo de las Américas” de Trump y “destripar” a la oposición. Es el mismo manual.
¿Por qué este informe importa ahora?
A 23 días de la posesión presidencial, Colombia no está en un momento cualquiera. El empalme institucional no se ha concretado. El presidente electo anuncia una “cascada de decretos” que pasarían por encima del legislativo. Su gabinete incluye perfiles controvertidos: un ministro de Hacienda, nieto de Laureano Gómez, una ministra de Educación casada con un delincuente condenado, un canciller vinculado a teorías conspirativas QAnon. Se documentan persecuciones a periodistas, restricciones al acceso a escrutinios y otras acciones que ponen en alerta la democracia.
En este contexto, el informe de la Misión es una herramienta para el presente y el futuro. Porque:
Es la única documentación internacional de un proceso electoral que tuvo injerencia extranjera estatal, desinformación industrial, opacidad en el software y omisión institucional. No hay otro documento con este nivel de evidencia verificable.
Llega cuando las instituciones nacionales han fallado. La Fiscalía no investigó. La Registraduría no respondió. El CNE no actuó sobre la injerencia. Cuando las instituciones locales colapsan, la documentación internacional se convierte en el único contrapeso verificable.
Es usable en instancias internacionales. La CIDH, la CPI, la OEA, el Congreso de EE.UU. -todos tienen ahora un recurso técnico sólido para actuar. Las cartas de 30 congresistas demócratas que condenaron la injerencia de Trump ya no son una postura política: tienen respaldo documental.
Documenta un patrón regional. Es Argentina con Milei y Palantir. Es Chile con Tapestry y Google. Es El Salvador con Google Cloud y datos de salud; próximamente Brasil y México. Es el “extractivismo digital” como nueva forma de control geopolítico. El informe de Colombia es un capítulo de una historia más grande que la región necesita entender.
Da herramientas a la ciudadanía. El escrutinio social es la mayor herramienta de democracia que existe. Este informe es esa herramienta en formato documental: para el profesor que habla en su aula, para el vecino que comparte en WhatsApp, para el periodista que necesita fuentes sólidas, para el ciudadano que no quiere normalizar la arbitrariedad.
Lo que la democracia colombiana demostró
En medio de la tormenta, hay señales de que la democracia colombiana tiene músculo. Y eso también vale la pena decirlo.
Millones de colombianos votaron pese a todo. Pese a la desinformación, pese a la intimidación, pese a la polarización. La participación fue masiva. Eso no se lo quita nadie.
El escrutinio ciudadano funcionó. Testigos electorales, creadores de contenido, periodistas independientes, ciudadanos en redes: todos documentaron, denunciaron y no se callaron. La información que alimentó el informe de la Misión vino en buena parte de esa vigilancia ciudadana.
La comunidad internacional se movilizó. 30 congresistas demócratas de EE.UU. y europarlamentarios condenaron la injerencia de Trump. La Misión de 25 países cumplió su labor. Colombia no está sola y hay aliados que defienden la autonomía democrática. El presidente Petro hizo un enorme trabajo en posicionar el país a nivel internacional y aquí están todos respaldándolo.
El contexto que no podemos ignorar
El informe se presenta en un momento de máxima tensión. Y plantea lo mínimo que debe exigirse en una democracia: que los procesos sean transparentes, que las denuncias sean investigadas, que la prensa pueda trabajar sin miedo, que la ciudadanía tenga acceso a la información que le permite ejercer su derecho al escrutinio.
La Misión de Observación y Acompañamiento Internacional ha hecho su trabajo. Ahora nos toca a nosotras —activistas, periodistas, académicos, políticos, ciudadanas— hacer el nuestro: leer, discutir, exigir respuestas. No porque seamos del Pacto Histórico o de cualquier otra fuerza. Sino porque la democracia, cuando se deja de cuidar, se deteriora. Y el deterioro, como documentan las y los observadores, ya no es una hipótesis. Es un informe técnico con evidencias que alguien, en algún lugar, preferiría que no existiera.
Pero existe. Y eso, en sí mismo, es una razón para tener esperanza.
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