¿TENEMOS QUE NACIONALIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Dustin Guastella

jacobinlat.com/17/07/2026

Traducción: Natalia López

Silicon Valley todavía cabalga en lo alto de lo que parece ser una interminable ola de entusiasmo de Wall Street. Las inversiones en inteligencia artificial continúan superando las expectativas: Bloomberg informa que los financistas planean volcar unos 700.000 millones de dólares en la industria solo este año. Las acciones de IA representan hoy aproximadamente un tercio de todo el mercado bursátil y el 45 por ciento de la capitalización de mercado total del S&P 500.

Por supuesto, las extraordinarias inversiones en IA están impulsadas por la promesa de la tecnología de volver redundantes a amplias franjas de trabajadores. Los líderes tecnológicos no son tímidos a la hora de decirlo abiertamente. «No está claro», dice Dario Amodei, jefe de Anthropic, «adónde irá esta gente o qué hará, y me preocupa que puedan formar una “subclase” desempleada o de salarios muy bajos».

Como si eso no fuera suficiente para generar ansiedad, el crecimiento explosivo de la inversión en IA sugiere una burbuja especulativa, quizás la mayor de todos los tiempos. Si estalla —una posibilidad muy real— arrastraría consigo a toda la economía global. Se la mire como se la mire, la explosión y burbuja de la IA representa un enorme pasivo social y económico, uno con el que el gobierno deberá ajustar cuentas tarde o temprano. Pero, ¿cómo?

En Estados Unidos, la respuesta política habitual ante cualquier tipo de crisis económica es rescatar a las firmas en quiebra dejando a los trabajadores librados a su suerte. La política del presidente Barack Obama hacia la industria automotriz es un ejemplo paradigmático. En cierto sentido, el razonamiento era sólido, aunque lamentablemente incompleto. Dejar caer a Detroit habría significado la indigencia para cientos de miles de trabajadores automotrices y millones de otros trabajadores que dependen de esa industria. Sin embargo, una vez cobrados los cheques y asentado el polvo, el gobierno y los gobernados no recibieron ningún retorno significativo de nuestra inversión pública, pese a que en un momento llegamos a ser dueños del 61 por ciento de General Motors. No hubo dividendos ni reparto de ganancias. Unos años después, General Motors lanzó un masivo programa de recompra de acciones por 10.000 millones de dólares en 2023, y luego otro de 6.000 millones en 2024. El beneficio fue todo para la cúpula, mientras se les pedía a los trabajadores «sacrificios compartidos» en la planta.

Esto no va a funcionar con la IA. No solo los rescates serán económicamente insuficientes para salvar a unas firmas descomunalmente sobrecapitalizadas, sino que no existe justificación política ni moral alguna para rescatarlas. De hecho, no está claro si destruiría más empleos el éxito o el fracaso de la IA.

Lidiar con la IA, entonces, necesita partir de una premisa distinta y más audaz. Están quienes desean simplemente detener el avance de la IA. Como alguien que le atribuye al smartphone buena parte de nuestra patología social, estos neoludistas cuentan con mi enorme simpatía. Sin embargo, por satisfactorio que pueda resultar gritar «¡No!», eso no logrará gran cosa. Por cada pequeño pueblo que levante una barrera para impedir la construcción de un centro de datos, habrá una docena de pueblos hambrientos de inversión rogando por el corte de la cinta inaugural. E incluso si de algún modo lográramos encarcelar a los jefes de Anthropic, OpenAI y Gemini, y volviéramos ilegal el desarrollo de la IA dentro del país, pronto nuevas firmas ocuparían su lugar en el extranjero, ya que los incentivos económicos son, sencillamente, irresistibles. Ya se abrió la caja de Pandora.

En el extremo opuesto a los neoludistas están los reformistas progresistas amigables con la tecnología, que adoptan la lógica del meteorólogo. Insisten en que no podemos detener ni alterar el curso de la IA, del mismo modo en que no podemos detener ni alterar el curso de un huracán. Nuestro único recurso sería levantar diques para frenar la creciente marea de solicitudes de desempleo, mitigar los efectos destructivos del desempleo masivo mediante transferencias en efectivo y luego limpiar el desastre. Por supuesto, no hay nada de malo en intentar ayudar a quienes resulten desplazados por la automatización inducida por la IA, del mismo modo en que ayudaríamos a quienes son desplazados por un huracán. Pero el planteo reformista que sigue esta línea acepta una mentira grande y destructiva: que el progreso tecnológico y sus efectos son inevitables e incontrolables, como una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la razón por la que no podemos detener, por ejemplo, un huracán, es que nosotros no construimos huracanes. Los ingenieros no diseñan sus mecanismos y nadie es dueño de empresas de huracanes.

Por eso, el desarrollo de la IA no se parece en nada a un huracán. No es natural. Los efectos colaterales del progreso tecnológico son el resultado de decisiones, concretamente, de las decisiones de la clase propietaria de la IA. Estos hombres, enfrascados en una competencia salvajemente destructiva entre sí por una cantidad inimaginable de riqueza, controlan el rumbo de esta tecnología y, con ello, nuestro destino económico colectivo. Argumentar a favor de reformas reactivas y ex post facto, como la renta básica universal o la recapacitación laboral, vuelve invisible este hecho básico. Y le da crédito al mito de Silicon Valley según el cual, sea cual sea el efecto destructivo de una tecnología dada, este es el precio lamentable pero necesario que hay que pagar por el progreso. Peor aún, esta postura esencialmente defensiva hará poco para aplacar la tormenta económica que se avecina.

Esto no significa que no haya nada que podamos hacer. Si entendemos que el progreso tecnológico no puede suprimirse por completo, y que dicho progreso no tiene un único camino preordenado, entonces podemos empezar a pensar más allá de las moratorias y la mitigación. En cambio, deberíamos buscar orientar esta herramienta hacia fines sociales. ¿Cuál es, entonces, una base mejor sobre la cual construir una política más proactiva? La propiedad pública.

Eso puede sonar radical, pero no es del todo impensable. Considérese que, si la burbuja de la IA estalla, o si el desplazamiento de trabajadores resulta en una depresión salarial tan generalizada que hunde a la economía, la demanda pública de algún tipo de reparación social se hará cada vez más fuerte, y las grandes ideas se volverán más atractivas.

Más importante aún, tenemos un reclamo moral respecto de la propiedad, ya que nosotros, como sociedad, ayudamos a hacer posible la IA. No se trata solo de que las inversiones gubernamentales hayan ayudado a impulsar y sostener al sector tecnológico; el éxito de la IA está construido, de manera singular, sobre la carga de nuestras obras colectivas. Este año Anthropic les arrancó el lomo, escaneó y luego descartó millones de libros impresos —incluidos algunos hace tiempo fuera de catálogo— para «entrenar» a sus grandes modelos de lenguaje. Es un escándalo. Y no solo para los bibliófilos. Las herramientas de aprendizaje automático ahora han «escuchado» millones de horas de música generada por humanos para producir nuevos clones de IA totalmente artificiales. Lo mismo ocurre con el video generativo que, tras haber absorbido la totalidad del corpus de video digitalizado, ahora puede imitar el estilo de cualquier director dado o producir la imagen de cualquier actor o actriz. El producto colectivo de incontables autores, pensadores, inventores aficionados, artistas, fotógrafos, cineastas, artesanos, agricultores, jardineros, diseñadores, arquitectos, y así sucesivamente, ha sido cargado en su «cerebro». Estos millones de «maestros» humanos jamás recibirán crédito, y desde luego tampoco pago, por su servicio. Mientras tanto sus contribuciones, por modestas que sean, producen ganancias vertiginosas para Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros.

No solo tenemos un argumento moral a favor de la propiedad pública, en virtud de nuestras contribuciones colectivas a esta tecnología, sino que también tenemos un argumento distintivamente patriótico. Es decir, la propiedad pública de la inteligencia artificial es de interés nacional. En la prensa, la así llamada carrera de la IA se retrata como una competencia geopolítica en la que Estados Unidos y China compiten por ver quién puede invertir más, aprender más rápido y construir los mejores modelos. Pero esto también es un mito. Con la excepción parcial de China, la carrera de la IA es una competencia entre firmas privadas, no entre Estados-nación. Como tal, el botín no redunda en beneficio de la ciudadanía, ni de las clases populares, sino únicamente de la oligarquía. Esto es especialmente cierto en Estados Unidos, donde el Estado ha invertido directamente en la tecnología y ha asegurado un clima de negocios óptimo para la expansión de la IA a través de un entorno regulatorio sesgado y de enormes incentivos fiscales. Mientras tanto, el único beneficio para las clases populares parece ser el privilegio que ahora disfrutamos de pagar una pequeña suma para cocinarnos lentamente el cerebro con basura de video en vertical.

Aquí yace una gran contradicción entre, por un lado, los derechos e intereses de las clases populares tal como se expresan a través del Estado-nación democrático y, por otro, los derechos liberales de propiedad sobre los que ese Estado supuestamente está construido. Pese a nuestras inversiones directas, financiadas con impuestos, en la infraestructura que hizo posibles estos desarrollos tecnológicos, y pese a la expropiación de nuestro trabajo intelectual colectivo por parte del aprendizaje automático, nosotros —como ciudadanos— no cosechamos ninguna recompensa. Al mismo tiempo, la oligarquía tecnológica, sentada muy por encima de nosotros, no mantiene ninguna lealtad perdurable hacia el Estado democrático al que debe su éxito. La evidencia de estos intereses divergentes trasciende incluso las divisiones partidarias, ya que tanto Donald Trump como Bernie Sanders ya han pedido la nacionalización de las firmas de IA. Por otro lado, el hecho mismo de que Amodei no sienta ninguna obligación de acatar la exigencia de Trump respecto del backend de Anthropic es una confirmación del poder de la élite tecnológica por encima del Estado.

La manera más simple y justa de resolver este dilema es armonizar estos intereses en conflicto estableciendo la dirección popular de las firmas de IA. No sorprende que el propio Sanders haya presentado un proyecto de ley para exigirle a las mayores empresas de IA transferir el 50 por ciento de sus acciones a un fondo público. El Fondo Soberano de IA de Estados Unidos funcionaría de manera muy similar a los que Noruega y Alaska establecieron para sus reservas de petróleo y gas. Dado que recursos naturales como el petróleo y el gas no deben su valor al ingenio de ninguna empresa o individuo en particular, su valor como tal se considera, con razón, propiedad común. Con la IA ocurre exactamente lo mismo, salvo que el valor de esta tecnología deriva de nuestro trabajo colectivo como seres humanos. ¿No debería, entonces, ser gobernada colectivamente, y sus beneficios distribuidos como tales?

Pese a lo que puedan afirmar sus críticos, esto no es una propuesta de dádiva, sino todo lo contrario. En lugar de la caridad, la propiedad pública de la IA representa un esfuerzo por reclamar, para fines sociales, una riqueza que fue creada socialmente. En el camino, quizás podamos enderezar los entuertos económicos de la mala gestión generalizada de la economía del conocimiento. Se ha abierto una brecha salarial cada vez mayor entre la clase trabajadora sin educación universitaria y la de los trabajadores con educación superior, que se han beneficiado ampliamente de la tecnologización de nuestra economía. A medida que los desarrollos de la IA amenazan ahora la prima salarial de los trabajadores con educación universitaria, de manera muy similar a como el libre comercio y el shock chino erosionaron los salarios de los trabajadores industriales, enfrentamos una nueva crisis. De este modo, la IA —la apoteosis de la economía del conocimiento— podría ofrecer una salida a la dominación total de nuestra política doméstica por parte de las altas finanzas y las grandes tecnológicas.

A medida que la explosión de la deuda pública pone en peligro las políticas sociales domésticas, los líderes democráticos deben volver a pensar en vías de renovación social que le den al Estado y a sus ciudadanos medios independientes para alcanzar fines sociales. Si esta vez estalla la burbuja, la respuesta debe apuntar a corregir, en lugar de exacerbar, el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo. La riqueza generada por los desarrollos vinculados a la IA podría entonces reinvertirse en programas de regeneración social: infraestructura para renovar el entorno construido, financiamiento para la educación primaria y secundaria, inversiones en nueva producción energética, manufactura avanzada, servicios sociales, y más.

La propiedad pública de la IA, entonces, no es solo una manera moral de abordar la crisis laboral y social que se avecina, sino que podría ser un intento transformador de reconvertir la economía en función del interés público. En ese sentido, los oligarcas tienen razón en tener miedo.Compartir este artículo FacebookTwitter Email

Dustin Guastella

Investigador asociado del Center for Working-Class Politics y director de operaciones del sindicato Teamsters Local 623 en Filadelfia, Pensilvania.