EL NUEVO ORDEN CLIMÁTICO MUNDIAL

Thea Riofrancos 

Newleftreview.org/

Los parámetros de la política medioambiental han cambiado radicalmente en los últimos años. Echando la vista atrás, desde la Cumbre de la Tierra de Río hasta la crisis financiera de 2008, el comercio de derechos de emisión por parte de las empresas fue la forma más destacada de acción climática, con los proyectos de energías renovables en un distante segundo puesto —o quizás tercero, por detrás del muy activo lobby nuclear—. El fracaso de estas políticas provocó un renovado debate en torno a las políticas ecosocialistas en la década de 2010 y una nueva ola de activismo climático juvenil, en medio de inundaciones, incendios y un rápido deshielo de la tundra. A partir de 2020, cuando China se convirtió en el principal fabricante mundial de paneles solares y coches eléctricos, la Administración Biden destinó desgravaciones fiscales y subvenciones a proyectos de energías renovables y electrificación. Apenas unos años después, no solo Trump ha tachado el ecologismo de «un engaño inventado por y para los chinos», sino que Alemania ha reabierto centrales térmicas de carbón, mientras que el principal comentarista medioambiental del New York Times ha anunciado que el mundo en su conjunto se ha «desilusionado» con la política climática y los demócratas han dejado de lado todo debate sobre un «New Deal verde».1

Empecemos por Estados Unidos, donde los cambios han sido más drásticos. El gran acuerdo de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 de Biden tenía como objetivo combinar el dominio tecnológico verde con la rivalidad con China para crear un antídoto contra la desindustrialización, que, en opinión de los demócratas, fue la causa del sorprendente éxito de Trump en 2016. Este análisis simplista, por supuesto, exculpaba su propio papel a la hora de propiciar las condiciones políticas para el trumpismo a través de la recuperación en forma de K tras 2008. Sin embargo, en la estrategia liberal dominante, el sentimiento antichino, la reindustrialización, Wall Street y Silicon Valley se orientaron hacia la tecnología verde como panacea. Importantes fracciones del capital y del Estado de seguridad estadounidense se alinearon en torno a una política que garantizaría la financiación federal y la coordinación gubernamental para nuevos ámbitos de acumulación de capital y poder geopolítico. La expectativa era que esto generara bucles de retroalimentación positiva: al ampliar el apoyo gubernamental a las industrias verdes, Estados Unidos se volvería más competitivo frente a China y crearía además una economía nacional en auge —una situación en la que todos salían ganando.

El objetivo no era solo atraer a los votantes liberales, sino también convencer a los republicanos de esta visión. Con ese fin, la mayor parte de los beneficios financieros de la IRA —las desgravaciones fiscales, los préstamos, las subvenciones— se destinaron a los denominados «estados rojos» y a las localidades de esos estados. Esto formaba parte del diseño, para crear una coalición bipartidista duradera, pero también pone de manifiesto el hecho de que el sur de EE. UU. se ha convertido en el centro manufacturero del país, a pesar de la desindustrialización generalizada, debido a unas leyes laborales laxas y a un clima desregulador. Se produjeron acontecimientos similares en Europa, donde los comisarios de la UE también consideraron la tecnología verde como una solución a la desindustrialización —y quizás también para garantizar una mayor autonomía estratégica—. Con el Pacto Verde Europeo de 2019 y la NGEU de 2020, Bruselas se vio forjando un camino hacia una economía más verde, más resiliente y digital para reforzar su estatus geoestratégico. He denominado a esto el «nexo entre seguridad y sostenibilidad», una fusión entre, por un lado, los objetivos de seguridad, geoestratégicos y de política industrial y, por otro, los discursos y las políticas que afirman que determinadas industrias son verdes, sostenibles o éticas.

Adoptó diferentes formas. En EE. UU., las protestas de acción directa contra la expansión de las infraestructuras del capitalismo fósil fueron cobrando fuerza durante el segundo mandato de Obama. El primer objetivo fue el oleoducto Keystone XL, que discurre desde las arenas bituminosas de Alberta hasta el Golfo de México. Luego vinieron las protestas de Standing Rock de 2016 contra el oleoducto Dakota Access, donde una variedad de grupos —organizaciones indígenas, ecologistas, ganaderos y agricultores— se unieron en un movimiento que se ha denominado «populismo de los oleoductos».2 Esto encajó a la perfección con otros ejemplos de activismo radical —la revuelta estudiantil, las primeras oleadas de Black Lives Matter, la organización socialdemócrata en torno a la campaña de Sanders de 2016 y más allá de ella— y con el lanzamiento del Movimiento Sunrise en 2017, que contribuyó a poner de relieve la idea de un New Deal Verde. Tras las elecciones de mitad de legislatura de 2018, esas alianzas con miembros de izquierda del Congreso —AOC y el llamado «Squad»— resultaron fundamentales para enarbolar la bandera de un New Deal Verde, en particular como forma de vincular las preocupaciones sobre el cambio climático con las inquietudes de los jóvenes respecto a su futuro económico, lo que se tradujo en demandas de una garantía de empleo. Al principio, AOC y el Movimiento Sunrise organizaron una ocupación de la oficina de Pelosi. Esto, combinado con una nueva ola internacional de activismo climático juvenil en 2019 —simbolizada por Greta Thunberg y las protestas de los escolares de «Fridays for Future»—, cautivó la imaginación popular y obtuvo una amplia cobertura mediática. Estos elementos se convirtieron en un motor de cambio a lo largo de la última década de los 2010. Para las primarias presidenciales demócratas de 2020, la política climática se había convertido en un eje clave de la contienda; el plan de Sanders, que prometía 16,3 billones de dólares en inversión pública para una transformación verde de la economía estadounidense, era, con diferencia, el más completo.

El momento crítico para la izquierda climática llegó en enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo. Para llevar más allá sus reivindicaciones se necesitaba apoyo político, lo que planteaba la cuestión de quién se beneficia del futuro verde. En efecto, los movimientos que habían surgido en oposición a la industria de los combustibles fósiles y a favor de una estructura económica más justa fueron en gran medida cooptados por el gran acuerdo de los demócratas: una estrategia geopolítica e industrial de élite, basada en la competencia con China. Sanders respaldó a Biden e incorporó a miembros del Movimiento Sunrise y a otras personas a los grupos de trabajo que redactaron los informes de fondo para el ambicioso proyecto legislativo que acabó reduciéndose a la IRA. Aunque en su momento critiqué que se vinculara la política ecológica al Estado de seguridad, parecía potencialmente duradero.3 Esa fue la gran sorpresa: que el momento del capitalismo verde estadounidense resultara ser tan efímero.

No, no solo por Trump. La IRA ya se estaba desmoronando antes de que él fuera elegido. Las razones por las que no funcionó según lo previsto son reveladoras. En primer lugar, como muchos han señalado, las ayudas a los consumidores —por comprar un vehículo eléctrico o instalar una bomba de calor en casa— fueron, como era de esperar, acaparadas por los ricos; más aún, ya que su puesta en marcha coincidió con un repunte de la inflación, provocado por la crisis comercial derivada de la pandemia y la crisis de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. En medio de la creciente crisis del coste de la vida de 2022-23, estos incentivos para invertir en activos costosos parecían muy alejados de la realidad, lo que se ajustaba al estereotipo de las «guerras culturales» estadounidenses que presenta la política medioambiental como una moda pasajera de los más acomodados.

Pero la razón estructural más importante del fracaso de la IRA fue que su política de créditos fiscales para la reindustrialización verde no abordaba la realidad concreta de la economía estadounidense, que está abrumadoramente financiarizada y basada en los servicios. El Gobierno de Biden no parecía comprender la composición de la clase trabajadora estadounidense. La gran mayoría de los trabajadores actuales se encuentran en la sanidad, el sector educativo, la alimentación y el comercio minorista, así como en los servicios domésticos y personales de bajos salarios que la extrema desigualdad de ingresos contribuye a ampliar, ya que los ricos pueden permitirse más personal doméstico. Aparte de los centros de datos de IA y su infraestructura, el principal motor del crecimiento estadounidense es el aumento del consumo de los más acomodados. Estas relaciones sociales no se vieron afectadas por la IRA. Era una fantasía pensar que impulsar la revitalización económica con unos pocos grupos de fábricas de baterías de litio altamente automatizadas y parques solares en el sur y el Medio Oeste era la mejor manera de abordar las preocupaciones de la clase trabajadora estadounidense.

Por último, existía una contradicción entre el deseo de la administración Biden de superar a China en materia de competitividad y su deseo de reducir las emisiones de carbono. Su hostilidad hacia China supuso que los fabricantes estadounidenses no pudieran colaborar con ingenieros y químicos chinos ni aprender de ellos, mientras que a los consumidores estadounidenses se les negaba el acceso a vehículos eléctricos baratos; solo podían adquirir los vehículos eléctricos más caros, que, incluso con subvenciones, solo los más ricos podían permitirse. Todo ello condujo a una configuración político-económica débil que ya se estaba desmoronando antes de las elecciones de 2024. Desde entonces, la administración Trump ha mermado las competencias de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de carbono y ha desmantelado muchos de los incentivos para comprar o fabricar vehículos eléctricos.

Lo que queda es la producción de baterías de iones de litio, basada en la competencia geoestratégica y en lo que yo denomino el «consenso sobre los minerales críticos»: la percepción de que minerales como el litio —fundamental para las baterías recargables—, junto con el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, son clave en la carrera con China y, por lo tanto, merecen un enorme apoyo estatal. Las baterías son una tecnología muy versátil; además de reducir las emisiones de carbono, sus usos finales incluyen aplicaciones militares y centros de datos para la IA. Así pues, aunque el respaldo del Estado estadounidense al capitalismo verde se ha desvanecido, el apoyo a los minerales críticos y a la producción de baterías perdura. A pesar del discurso antiecológico del movimiento «Make America Great Again» (MAGA), la extracción de litio y el almacenamiento de energía están recibiendo, bajo el mandato de Trump, más apoyo político que nunca. La diferencia es que, mientras que la Ley de Recuperación e Inversión (IRA) de Biden incentivaba principalmente la construcción de plantas de baterías vinculadas a la industria de los vehículos eléctricos, bajo la administración Trump estas se están reacondicionando para producir baterías destinadas a centros de datos que den soporte a los modelos de lenguaje a gran escala de la IA.4 Esto pone de manifiesto prioridades hegemónicas distintas y contrapuestas, pero también pone de manifiesto el punto en común entre ambas: la determinación de tomar el control de la cadena de suministro de baterías de litio, actualmente dominada por China, como estrategia geoeconómica que perdura a pesar de los cambios ideológicos.

De hecho, la segunda administración Trump ha sido más intervencionista que los demócratas, quienes rehuían la propiedad estatal y recurrían principalmente a la legislación fiscal para incentivar a los inversores. Durante el último año, Trump ha ordenado a varias agencias gubernamentales —el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, el Departamento de Comercio— para que adquirieran participaciones accionariales en diversas empresas de minerales críticos. La primera administración Trump ya había ampliado la lista de «minerales críticos», definidos como esenciales para la seguridad nacional y/o el funcionamiento económico, y sujetos a preocupaciones sobre su suministro —una categoría que se remonta a la Segunda Guerra Mundial—. Esta designación suele suponer un mejor entorno normativo para las empresas privadas: tramitación acelerada de permisos, reducción de las audiencias públicas y mayor acceso a financiación en condiciones favorables y a subvenciones. La designación de «minerales críticos» es una ventana a la economía política del capitalismo de Estado en torno a los sectores extractivos. El litio fue añadido a la lista por la primera Administración Trump.

La vertiente asiática de la historia comienza realmente con la implantación japonesa de la batería de litio. Sony logró el avance decisivo en 1991 con sus videocámaras portátiles. La investigación inicial sobre baterías ligeras se había iniciado en los laboratorios de Exxon en Nueva Jersey durante la crisis energética de la década de 1970. En medio del gran aumento de los precios del petróleo, el gigante de los combustibles fósiles estaba cubriendo sus riesgos. Una vez que los precios del petróleo cayeron, Exxon retiró su financiación, pero, mientras tanto, el testigo había pasado a un laboratorio británico y, posteriormente, a uno japonés. 5 Esa colaboración dio lugar a los distintos componentes de la batería recargable: el uso del ion de litio para el almacenamiento de energía, el desarrollo de tecnologías de cátodo y ánodo, y los avances en seguridad y estabilidad —la alta reactividad del litio provocaba que las primeras baterías explotaran—. Una vez que Sony logró poner en marcha con éxito su producción comercial en masa, la batería de litio permitió una expansión masiva del sector de la electrónica personal, entonces dominado por Japón y Corea del Sur.

En esa etapa, China seguía dependiendo de la tecnología importada de Corea y Japón. Pero en 1995, Wang Chuanfu, fundador de BYD, ya estaba realizando ingeniería inversa en las baterías japonesas para comprender cómo se fabricaban. Sustituyó el modelo importado, que requería una gran inversión de capital, por un enfoque basado en la mano de obra, movilizando a legiones de trabajadores con salarios bajos en Shenzhen para producir baterías mucho más baratas que las japonesas. A principios de la década de 2000, BYD se había convertido en líder internacional en baterías para teléfonos móviles y estaba diversificando su actividad hacia el sector del automóvil. Para entonces, el Partido Comunista Chino había decidido incluir los vehículos eléctricos en su Plan Quinquenal. Parte de su estrategia industrial consistía en potenciar la producción de baterías, el componente más caro y tecnológicamente complejo de un vehículo eléctrico. Esto abrió el camino a un crecimiento masivo en el desarrollo de las baterías de litio. Hoy en día, China alberga el 85 % de la capacidad mundial de producción de baterías. Es asombroso. La capacidad no es lo mismo que la producción, por supuesto, pero es una condición previa para ella. Lo mismo ocurre con la industria de los paneles solares, que despegó gracias a los incentivos estatales.

En realidad, en ninguna parte. El peso del lobby de los combustibles fósiles —y de la industria del automóvil, que quería mantener en producción su tecnología dominante— frenó el desarrollo de los vehículos eléctricos tanto en EE. UU. como en Europa. En su lugar, a partir de alrededor del año 2000, los híbridos como el Prius de Toyota intentaron llenar ese vacío, lo que se plasmó en las guerras culturales como el coche del liberal que toma café con leche. Los híbridos son también una tecnología inadaptada. No tienen sentido desde una perspectiva climática ni de política industrial, porque te mantienen atrapado en medio de la transición, con un sector de los combustibles fósiles y un sector de las energías renovables y las baterías que producen una tecnología «Frankenstein» que combina ambos. La extracción de combustibles fósiles continúa para la gasolina, y las emisiones del depósito siguen contribuyendo a la crisis climática. Pero se consideraban un puente hacia el futuro verde. Esa era la dirección que tomaban los fabricantes de automóviles estadounidenses: aunque el Prius lo fabricaba Toyota, se vendió mucho en EE. UU. A principios de la década de 2010, las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. seguían estando dominadas por modelos extranjeros, encabezados por el Nissan Leaf.

No fue hasta 2015 cuando el Tesla Model S se convirtió en el coche enchufable más vendido en EE. UU., con unas ventas anuales de alrededor de 25 000 unidades, frente a los 17 millones de vehículos con motor de combustión.

Siempre habían querido fabricar sus propios automóviles, un objetivo industrial común a todos los Estados en desarrollo, debido a la complejidad tecnológica y a las cadenas de suministro integradas verticalmente que ello implicaba. En la década de 1980 también necesitaban reducir un déficit comercial creciente, causado en parte por la importación de tantos coches. Pero en la década de 1990, a esto se sumó una creciente preocupación por el impacto político de la contaminación, generada principalmente por las centrales eléctricas y los vertidos industriales, pero agravada por la llegada de decenas de millones de motores de combustión que envolvían a las grandes ciudades en una nube de smog. Estallaron importantes protestas contra la contaminación, de la que se responsabilizó al Partido. A menudo se tacha a los Estados autoritarios de no preocuparse por el apoyo popular, pero eso es fundamentalmente falso; son muy conscientes de su dependencia de un mínimo de consenso social y estabilidad. Para los dirigentes chinos, los vehículos eléctricos ofrecían una forma de adelantarse a un problema social cada vez mayor, al tiempo que permitían aprovechar un nicho desocupado en las cadenas de suministro globales: los fabricantes de automóviles occidentales no estaban electrificando realmente sus flotas. Al convertir los vehículos eléctricos en una de las tecnologías clave de China, pudieron superar al motor de combustión mediante una producción de valor añadido e impulsada por la innovación. A través de una serie de políticas, lo hicieron realidad en tan solo veinte años, de formas bastante sorprendentes.

El punto crucial es que la inclusión en un Plan Quinquenal abre las compuertas a los préstamos de los bancos estatales de desarrollo chinos, que pueden canalizar capital hacia empresas de sectores prioritarios. Pero las empresas siguen teniendo que competir ferozmente entre sí. En lugar de reducir la competencia, estos préstamos y subvenciones desencadenan una carrera para ver qué empresa es el fabricante más eficiente y cuál tiene las relaciones adecuadas con un gobierno provincial para acceder a terrenos baratos y a las subvenciones que estos conllevan. Esto genera niveles extremos de subvenciones, pero no a costa de una competencia despiadada. Esa es la clave. Esta combinación de apoyo estatal y «espíritus animales» capitalistas generó un nivel de competencia en el desarrollo de baterías, paneles solares, vehículos eléctricos y aerogeneradores tan intenso que acabó con los márgenes de beneficio —lo que denominan «involución» . Más allá de esto, el Plan Quinquenal incluía un conjunto de políticas industriales a múltiples escalas, que combinaban subvenciones, préstamos y concursos patrocinados por el Estado, como por ejemplo cuál era la ciudad capaz de poner en circulación el mayor número de vehículos eléctricos en el menor tiempo. Había normativas para animar a los conductores a optar por los vehículos eléctricos y subvenciones para los consumidores, aunque estas se han reducido ahora porque ya no son necesarias. La eficiencia en la fabricación y las economías de escala han despegado hasta tal punto que estas tecnologías son ahora bastante baratas. En China se puede comprar un buen vehículo eléctrico por 5.000 o 10.000 dólares.

Sí, sin duda. La contaminación atmosférica es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo: un asesino silencioso que acorta la esperanza de vida y reduce la calidad de vida. La reducción de las partículas en suspensión que causan problemas pulmonares y respiratorios reporta enormes beneficios. Además, a nivel atmosférico, estos vehículos evitan las emisiones que, de no ser por ellos, habrían producido los motores de combustión interna.

Sí. Pero es probable que el consumo de carbón para la generación de electricidad haya alcanzado su punto máximo en China. En 2025 se registró, por primera vez en la historia del país, una caída de la producción de energía a partir del carbón como resultado del crecimiento de las energías limpias, y no de una contracción económica. Durante los últimos años, las emisiones totales de carbono se han estancado, debido a una combinación del despliegue de energías renovables, una desaceleración en el sector de la construcción —con altas emisiones de carbono— y la adopción masiva de vehículos eléctricos.

El año pasado, la mayor parte de la nueva demanda energética se cubrió con energía solar y eólica; en el primer semestre de 2025, esas fuentes renovables superaron de hecho el crecimiento de la demanda, lo que en sí mismo pone de manifiesto las tan comentadas tendencias de exceso de capacidad.

Antes existía una preocupación real de que las tecnologías relacionadas con el clima fueran a seguir estando fuera del alcance económico de las sociedades del Sur Global. Había dilemas realmente complicados entre el desarrollo y la reducción de emisiones. Estos se han atenuado significativamente gracias a la drástica reducción del coste unitario de las tecnologías de celdas de batería. Brasil, el subcontinente indio y el sudeste asiático se han convertido en importantes mercados para el transporte eléctrico: ciclomotores eléctricos en la India, vehículos eléctricos en Nepal y Brasil, y bicicletas eléctricas en todas partes. Los paneles solares también son ahora extremadamente baratos. La ecuación ha cambiado: ahora la transición a tecnologías eléctricas o de energías renovables reporta beneficios para el desarrollo, ya que son más baratas, en algunos casos más rápidas de implementar y muy accesibles, gracias al exceso de capacidad de producción china. Desde el punto de vista diplomático, conectan la economía nacional con un país que está emergiendo como potencia mundial. Pekín también ofrece créditos para infraestructuras a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que contribuye al despliegue de estas tecnologías en todo el Sur Global. Así pues, esta es la otra cara de la nueva era de la política medioambiental: las tecnologías de baterías están abriendo vías para alinear los objetivos ecológicos con los de desarrollo, y el acceso a una energía asequible con bajas emisiones, algo que nadie esperaba hace tan solo una década.

Casi todas. La exportación de estas tecnologías ayuda a resolver algunos de los propios problemas de involución y exceso de capacidad de China y ofrece oportunidades de mercado rentables a los fabricantes chinos de energía solar, baterías y vehículos eléctricos. Pero también hay un componente creciente de inversión extranjera directa, distinto del comercio. Cada vez más, las empresas chinas se están estableciendo en mayor o menor medida —desde el montaje hasta procesos de fabricación más técnicos— en el Sudeste Asiático, África y América Latina. Esto se debe en gran parte a la preocupación de los gobiernos del Sur Global por la «desindustrialización prematura», tal y como la ha definido Dani Rodrik. Los gobiernos del Sur Global han tomado nota y han establecido «requisitos de contenido local» a la inversión china: China no puede limitarse a inundar un país con sus paneles solares, sino que tiene que montarlos o fabricarlos allí para acceder al mercado local. También hay un aspecto relacionado con la reputación: China no quiere que se la vea como la responsable de la desindustrialización prematura en el Sur Global. Pero quizás lo más importante es que se trata de mercados importantes con millones de consumidores potenciales —y sociedades relativamente jóvenes, donde se encontrarán los futuros consumidores del mundo—. Si acceder a ellos requiere trasladar parte del trabajo de montaje o instalar una refinería, entonces lo harán. Para cerrar el círculo, lo mismo ocurre con el acceso a las materias primas. Los gobiernos del Sudeste Asiático o África le están diciendo a China: si queréis extraer nuestros minerales, tendréis que realizar parte del procesamiento posterior aquí.

El litio es un elemento realmente interesante. Sus átomos son muy ligeros, por lo que tiene una enorme densidad energética en relación con su masa. Puede almacenar mucha energía, lo que lo hace ideal para la tecnología de las baterías. Es un metal alcalino, lo que significa que es muy reactivo: en la naturaleza, nunca se encuentra en estado puro, sino ligado a compuestos químicos, en salinas o salmueras —como en Chile o Nevada— o en yacimientos de roca dura —como en Australia—; incluso en arcilla.

Históricamente, durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron pequeñas cantidades de litio para fines industriales y militares especializados —descongelación de aviones, purificación del aire en submarinos, lubricación de maquinaria— y se desarrolló como componente de fusión en armas nucleares durante la Guerra Fría. En EE. UU., la extracción y producción de litio en tiempos de guerra se concentró en Dakota del Sur y Carolina del Norte. La República Popular China desarrolló su primera mina de litio en Xinjiang en la década de 1950, como símbolo de la colaboración sino-soviética; el litio se enviaba a la URSS, quizá con fines industriales, pero probablemente también para armas nucleares. A partir de la década de 1990, con el auge de las baterías de litio ligeras, de gran capacidad de almacenamiento, desechables o recargables —utilizadas en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y cepillos de dientes eléctricos hasta sistemas de almacenamiento de energía solar, bicicletas y patinetes eléctricos, vehículos eléctricos, drones, satélites y naves espaciales—, han proliferado los incentivos para buscar nuevos yacimientos y explorar métodos de extracción novedosos.

El litio en sí mismo es abundante, pero la heterogeneidad de sus compuestos hace que no haya dos yacimientos iguales, ni siquiera entre diferentes salinas. La ingeniería y la química de los procesos de extracción de litio están entrando en una fase experimental, en la que se analizan yacimientos que nunca antes se han explotado, lo que requerirá nuevas tecnologías para llevarlos al mercado. Por el momento, los principales lugares de extracción son Australia, Chile y China, por este orden —aunque China no exporta su litio, sino que lo utiliza a nivel nacional, y es además el primer importador de litio—. Argentina ocupa el cuarto lugar, con un tipo de yacimiento similar al de Chile en la misma región de la meseta andina. Zimbabue y Brasil están creciendo rápidamente; Canadá también. Hay varios proyectos en construcción en EE. UU. y Europa.

Estados Unidos y Chile comparten una larga y entrelazada historia de capitalismo extractivo, en la que las empresas estadounidenses del cobre desempeñaron un papel en el desarrollo del sector del cobre chileno. La dictadura de Pinochet, a pesar de su compromiso declarado con el capitalismo de libre mercado, fue bastante hábil a la hora de aplicar una especie de política industrial favorable al capitalismo, en la que se utilizaban instrumentos estatales para crear nuevos «sectores estratégicos», entre ellos el del litio. Una gran empresa estadounidense —Foote Minerals, ahora conocida como Albemarle—, con experiencia en yacimientos de salmuera, envió a sus geólogos a Chile para explorar las posibilidades de exportar allí su tecnología de extracción y evaporación. Otra empresa era una antigua empresa estatal de salitre que Pinochet privatizó y cedió a su yerno, quien la bautizó como SQM. Albemarle y SQM siguen siendo las dos principales empresas de litio en Chile, con enormes operaciones en el salar de Atacama.

Por otro lado, el despegue de Australia, hoy en día el principal productor, está estrechamente vinculado al desarrollo chino. Casi el 100 % del litio australiano se envía a China, en una forma relativamente sin procesar, a pesar de que el Gobierno australiano a veces deja entrever su deseo de desvincularse de China o reorientarse hacia Europa o EE. UU. En Argentina se vive una especie de «Salvaje Oeste», donde toda la actividad minera se regula a nivel provincial, lo que significa que es un gobernador provincial quien lleva a cabo las negociaciones con las empresas mineras multinacionales. Esto ha dado lugar a una frontera minera sin regular, en la que operan empresas mineras chinas, estadounidenses, canadienses y europeas, lo que convierte a Argentina en el cuarto mayor productor. El quinto es Zimbabue, un fenómeno relativamente reciente estrechamente vinculado a la inversión china en África.

La soberanía sobre los recursos es una de las ideologías más perdurables del Sur Global. América Latina fue una de las primeras regiones en sufrir una colonización occidental prolongada, la primera en alcanzar la liberación y la primera en lidiar con la experiencia de la independencia política combinada con una dependencia económica continuada. Los gobiernos latinoamericanos comenzaron a impulsar formas enérgicas de soberanía sobre los recursos en la década de 1920, llegando en algunos casos a rescindir contratos y a expropiar por completo activos de propiedad extranjera con poca o ninguna compensación. Pero en la década de 2000, la soberanía sobre los recursos se había vuelto más cautelosa. Por ejemplo, cuando Evo Morales nacionalizó la industria del gas de Bolivia —para gran consternación de los medios de comunicación corporativos y la clase empresarial—, lo que realmente hizo fue adquirir una participación del 51 % en diversos proyectos de gas. Eso supone una verdadera reducción de los horizontes radicales de la soberanía sobre los recursos: convertirse en una asociación público-privada. Por supuesto, a los capitalistas no les gusta que se les obligue a hacer nada, pero lo que suele resultar de estas empresas conjuntas es una mayor estabilidad para el socio capitalista. Aunque armem un escándalo, a menudo la empresa minera o petrolera se queda y sigue operando en esas condiciones de empresa conjunta, que ahora son bastante habituales en los sectores de materias primas. Una de las razones por las que los gobiernos del Sur Global han rehuido la expropiación es el auge de nuevas arquitecturas jurídicas internacionales y de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados, con el riesgo de sanciones financieras inmediatas. Sin embargo, siguen aferrándose a la ideología de la soberanía sobre los recursos, incluso en esta capacidad mermada.

El expresidente chileno, Gabriel Boric, desarrolló una estrategia nacional del litio durante su mandato, entre 2022 y 2026. Esta incluía diversos elementos, algunos relacionados con la mejora del perfil medioambiental de la extracción de litio, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho internacional, pero una parte importante consistía en ampliar la producción de litio. El duopolio formado por SQM y Albemarle produce el 20 % de la producción mundial, pero Chile cuenta con docenas más de salares que podrían producir mucho más. Boric quería que Chile compitiera en los mercados mundiales, pero también que el Estado mediara en los procesos de inversión y que las empresas estatales participaran en la contienda. Esbozó un conjunto de políticas que exigirían la creación de empresas conjuntas con una empresa estatal para cualquier futuro contrato de litio, dejando intactas a SQM y Albemarle. Pero resultó difícil crear, en el plazo de tan solo unos años —en un contexto de gobierno dividido, popularidad precaria e inflación—, una nueva empresa estatal que fuera tecnológicamente competente en uno de los sectores mineros más complejos. La pureza del litio necesaria para una batería de coche es extremadamente alta: requiere un nivel muy elevado de especificidad técnica, con ingenieros cualificados, químicos y expertos en el mercado del litio. No hubo tiempo para desarrollar este nivel de especialización mientras Boric estuvo en el cargo. En su lugar, su administración recurrió a una empresa estatal ya existente, Codelco —la famosa empresa chilena de cobre fundada bajo el régimen de Pinochet— para firmar estos acuerdos de empresa conjunta. El primero de ellos ya se ha firmado. SQM disfruta ahora de un contrato y una concesión amplios para una empresa conjunta en la que operará en colaboración con Codelco, que aprenderá a convertirse en una empresa dedicada al litio. Las ambiciones de Boric eran transformar la política del litio, y se han introducido algunos cambios reales, pero el ejemplo también ilustra las limitaciones.

Al mismo tiempo, este nuevo modelo de soberanía sobre los recursos se ha visto enredado con una política cada vez más marcada de anti-extractivismo. En América Latina, esto provocó fracturas dentro de las coaliciones de la «marea rosa» —de forma más dramática en Ecuador, pero también en Bolivia, Brasil y otros lugares—. Grupos que formaban parte de la coalición más amplia se escindieron en protesta contra los planes gubernamentales de proyectos mineros, petroleros y de megaagricultura, incluso cuando estos implicaban la participación del Estado y objetivos de bienestar social. La militancia antiextractivista fue, en parte, una reacción contra las formas de soberanía sobre los recursos propias de la «marea rosa», que los activistas consideraban una violación de la promesa de liberarse del modelo neocolonial de desarrollo. Ambos enfoques han permanecido enzarzados en una lucha. Los daños que la minería inflige a los hábitats y a las comunidades desencadenan constantemente formas militantes de oposición. En Chile se han producido bloqueos de carreteras que han cortado la autopista principal que da servicio a la región minera de Atacama. Los manifestantes han paralizado la producción de litio durante una semana o más, con un coste enorme para la industria. Ha habido conflictos similares en Argentina, especialmente en la provincia noroccidental de Jujuy, donde el gobernador provincial, alineado con la industria, intentó desregular la gestión minera y erradicar los derechos indígenas, lo que provocó importantes protestas; la represión estatal dejó allí cientos de heridos.

El intento más avanzado hasta la fecha de conciliar el nacionalismo de los recursos y el antiextractivismo se produjo en los debates en torno a la reforma de la Constitución en Chile. Esto formaba parte de un amplio abanico de actividad política de izquierdas, que había estado gestándose en la década de 2010 y estalló en 2019 —estudiantes, trabajadores, jubilados, ecologistas— en las calles y en el Congreso. En 2020, la Constitución de la era Pinochet fue rechazada en un referéndum. En 2021, el gobierno de coalición de izquierda de Boric fue elegido y se constituyó una asamblea constituyente, lo que dio inicio a un amplio debate nacional. Fue un momento de colaboración entre los activistas contra la explotación extractiva y quienes reclamaban la propiedad pública y la soberanía sobre los recursos. Se unieron en torno a la necesidad de la propiedad pública para alcanzar objetivos ecológicos y sociales —conservar los paisajes, respetar los derechos indígenas, preservar la biodiversidad y el agua, garantizar el beneficio intergeneracional— y utilizar un Estado democrático para dar forma a una economía menos extractiva y sacar a los capitalistas de la ecuación. No vimos cómo se hacía realidad ese sueño: el pinochetista José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de 2025 y actualmente está rompiendo todos los acuerdos medioambientales firmados por el Gobierno de Boric. Pero se produjo un acercamiento entre los defensores de la soberanía sobre los recursos de izquierdas y los activistas ecológicos e indígenas, con el objetivo de consolidar una estrategia de izquierdas más amplia, de la que se podrían extraer lecciones en otros lugares.

La heterogeneidad de los yacimientos de litio se traduce en una variedad de impactos medioambientales. La minería de roca dura produce un enorme volumen de residuos físicos y todos los riesgos de seguridad que ello conlleva: pilas precarias, cuencas y montones de lodos que amenazan con provocar una avalancha. En Australia Occidental, la minería de roca dura se alimenta con maquinaria diésel, lo que genera mucha contaminación localizada y atmosférica. En teoría, podría funcionar con energía de baterías, pero la industria minera aún no se ha descarbonizado. Los buques portacontenedores que transportan el litio australiano a China funcionan con combustible de cala, una forma muy contaminante de energía fósil, y se procesan en refinerías alimentadas con carbón. Esa es probablemente la parte más contaminante y con mayor intensidad de carbono del sector del litio.

La industria presenta la extracción de salmuera en Chile como una forma de minería respetuosa con el medio ambiente: se bombea líquido rico en litio a la superficie y se deja que el sol haga el trabajo. Pero extraer toda esta salmuera del centro del salar de Atacama, donde las concentraciones de litio son más altas, en realidad agota los acuíferos de agua dulce del perímetro, donde comienza la ocupación humana. Cada vez hay más pruebas de que, aunque las comunidades locales no utilicen directamente el agua de salmuera, este método reduce el acceso al agua dulce en un entorno extremadamente árido. También hay repercusiones en la biodiversidad; la población de flamencos de Atacama ha ido disminuyendo, lo que se relaciona con el aumento de la actividad minera en torno a su hábitat. En Europa, el proyecto de extracción de salmuera Vulcan, en fase de desarrollo en el valle del Alto Rin, se presenta como una de las primeras minas de litio con huella de carbono cero del mundo, pero no está claro si realmente funcionará con baterías o con una red de energía renovable, o si simplemente comprarán compensaciones de carbono para proclamar su neutralidad en carbono.

Los paneles solares son, en muchos sentidos, una tecnología milagrosa, ya que proporcionan energía limpia, modular y asequible que puede escalarse desde un tejado hasta miles de acres, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades humanas básicas —cientos de millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad— y mitigando la crisis climática al proporcionar energía libre de emisiones. Sin embargo, no hay nada gratis en lo que respecta a los impactos medioambientales, y estos se pueden observar a lo largo de todo su ciclo de vida. La producción de paneles solares comienza con una serie de materiales extraídos de minas: cuarzo, la base del polisilicio; plata; bauxita (para el aluminio) y cobre; todos ellos causan daños ecológicos en los puntos de extracción. Luego está el proceso de fabricación del polisilicio, que se produce en su mayor parte en China, alimentado por carbón contaminante y manchado por acusaciones de trabajo forzoso de la población uigur. Una vez fabricados los paneles, surgen problemas de «ubicación»: los parques solares mal planificados pueden amenazar los hábitats naturales y la biodiversidad que estos albergan. Por último, está la preocupación por los residuos cuando los paneles llegan al final de su vida útil (alrededor de 30 años, o más). Pero las pilas de paneles desechados palidecen en comparación con los residuos tóxicos de la extracción de carbón y petróleo. A diferencia de los combustibles fósiles, que solo pueden quemarse una vez, los materiales incorporados en los paneles solares pueden recuperarse y reciclarse, aunque actualmente esto no se está llevando a cabo ni de lejos a la escala técnicamente viable.

En términos de emisiones, son actores menores en comparación con la gigantesca economía de los combustibles fósiles y la combustión de dichos combustibles en la producción de energía y el transporte; se necesitan 15 millones de barriles de petróleo al día para alimentar nuestros coches. No es en absoluto que las tecnologías verdes sean peores para el planeta que las tecnologías basadas en combustibles fósiles. La peor crisis medioambiental es el calentamiento global, y cualquier maquinaria que funcione con combustibles fósiles y que pueda sustituirse por otra que funcione con una batería alimentada por energía solar es un avance positivo. Las cadenas de suministro de las tecnologías verdes no son más extractivas que el capitalismo de los combustibles fósiles. La minería a gran escala es una forma diferente de extracción, con una huella espacial más extensa y efectos socioecológicos más variados. A medida que las fronteras de los nuevos minerales críticos se expanden a nivel mundial, invaden paisajes que antes estaban intactos, lo que aumenta el riesgo de daño medioambiental. Es cierto que los paneles solares y las baterías implican una gran cantidad de actividad minera, a veces más que sus equivalentes que funcionan con combustibles fósiles. Un vehículo eléctrico requiere mucha más extracción de metales que un vehículo con motor de combustión interna, pero, por otro lado, no necesita los 15 millones de barriles de petróleo.

El principal daño medioambiental de la extracción de litio es la alteración irreversible —la destrucción— del paisaje local; y, a menudo, el desplazamiento de agricultores o habitantes de los pueblos, así como la contaminación tóxica del suelo y el agua por los agentes químicos que utilizan las empresas. Esta amenaza a lugares de gran belleza natural y a los medios de subsistencia a los que la gente está profundamente apegada ha desencadenado movimientos de oposición masivos. En Serbia hubo una feroz resistencia al proyecto de litio de Rio Tinto en el valle del Alto Jadar; parecía que los manifestantes habían ganado, pero ahora la UE está presionando al Gobierno serbio para que permita que Rio Tinto siga adelante. En el norte de Portugal, la movilización comunitaria contra la mina de Barroso, propiedad de Savannah Resources, ha bloqueado su desarrollo.

Tenemos que reflexionar con mucho más rigor sobre la forma menos intensiva en minería de construir una nueva economía verde. Hay que pensar en dos frentes: eliminar progresivamente al principal culpable de la extracción, que es el capitalismo fósil, e intentar no repetir esa escala de extracción al entrar en una economía más verde. En el Climate and Community Institute hemos modelado el impacto de una serie de cambios modulares que podrían lograrse mediante políticas como la reorientación del transporte hacia un transporte público de calidad y bajas emisiones, un mejor uso del suelo y una mejor planificación urbana, coches y baterías más pequeños, además de un reciclaje debidamente aplicado para estas tecnologías —con las baterías, el 99 % de los minerales pueden reutilizarse. Esto sería mejor para los presupuestos familiares, y se necesitaría mucho menos litio y otros minerales críticos para llevar a cabo una transición verde organizada sobre esta base que una basada en la propiedad privada de enormes vehículos eléctricos que la clase trabajadora no puede permitirse. No tenemos por qué enfrentar la ecología con el trabajo, el clima con la biodiversidad, ni las luchas contra el coste de la vida con un futuro más limpio. Podemos desarrollar políticas e instituciones que articulen las conexiones y los solapamientos entre estos objetivos, en lugar de dar por sentado que se encuentran en un conflicto de suma cero entre sí.

Esta es una de las cuestiones más difíciles con las que me debato, tanto en mi investigación como en mi labor política, porque el «capitalismo verde» es claramente una contradicción en sí mismo. Como ha argumentado Alyssa Battistoni, el capitalismo depende fundamentalmente del expolio y la desvalorización de la naturaleza.6 Es difícil imaginar que este modo de producción trate los recursos naturales como algo más que una fuente de saqueo. Más allá de eso, el capitalismo verde se ha ganado una reputación de hipocresía, al «maquillar de verde» sus estrategias de acumulación con falsos objetivos ESG y similares. Debo decir que en los primeros años de la administración Biden —la época del Green New Deal, cuando en EE. UU. existía la sensación de que la izquierda era uno de los principales protagonistas de las políticas climáticas, ya que fue gracias a nuestro activismo que los actores estatales llegaban siquiera a hablar del tema —, en aquel momento, los capitalistas verdes figuraban en nuestra retórica como un poderoso adversario. Parecía entonces que todos los políticos demócratas querían el Green New Deal más ambicioso, aunque ninguno pudiera igualar los 16 billones de dólares de Sanders. Pero, aunque éramos nosotros quienes impulsábamos esta apertura política y económica, estaba claro que el capitalismo verde se aprovecharía de ello, obteniendo las subvenciones para producir e implantar estas tecnologías de energía limpia. En el nuevo futuro que se vislumbraba justo en el horizonte, el conflicto se libraría principalmente contra estos nuevos jefes y financieros verdes. Así que empezamos a partir de las críticas anteriores de la izquierda al capitalismo verde de la década de los noventa: cuestiones como la mercantilización de la naturaleza, los servicios ecosistémicos, etcétera. En aquel momento, intentábamos identificar a nuestro enemigo de clase. Habíamos estado luchando contra la industria de los combustibles fósiles, pero nuestra expectativa era que pronto podría ser sustituida o llegar a tener un poder equivalente al del sector del capitalismo verde. Resultó que estábamos equivocados.

Aunque nuestro análisis planteaba algunos argumentos válidos, se basaba en un error fundamental. La verdad es que el capitalismo verde es una fracción muy débil del capital, al menos fuera de China. La actividad del capitalismo verde depende de la intervención estatal para alcanzar un mínimo de rentabilidad, ya que compite contra un poderoso conjunto de industrias ya establecidas que, a su vez, se benefician de subvenciones y de una infraestructura de centrales eléctricas y autopistas construida para maximizar la extracción de combustibles fósiles. Para conseguir ese apoyo estatal, los capitalistas verdes tuvieron que recurrir a alianzas en la arena política con fracciones más poderosas e interconectadas de la clase capitalista: la tecnológica, la de los combustibles fósiles, la financiera y la armamentística. Esto dio lugar a una estrategia energética que abarcaba todas las opciones, en la que los capitalistas verdes se aliaron con las empresas de combustibles fósiles, se posicionaron como aliados del sector militar-industrial en la batalla contra China o prometieron oportunidades de «greenwashing» al sector financiero. No es que la crítica al capitalismo verde fuera errónea; el error fue pensar que se convertiría en un gigante de la noche a la mañana y que nuestras luchas de clase y políticas se reorientarían hacia ese terreno. Eso no es lo que ocurrió. Tenemos que entender por qué, y tal vez incluso respaldar una posición paradójica: que una fracción más fuerte del capital verde crearía un terreno más propicio para la organización de izquierdas que la situación actual, dominada por la oligarquía tecnológica y la maquinaria bélica.7

La debilidad del capital verde es un problema para los socialistas. En lugar de enzarzarnos en una lucha política con un sector capitalista verde en ascenso —en la que el conflicto podría girar en torno a los términos de esta transición energética: ¿quién es dueño de las tecnologías verdes? ¿quién se beneficia de ellas? ¿quién determina las condiciones de su implantación?—, esto deja a la izquierda defendiendo pequeños logros, como el cierre de un centro de datos aquí o allá, pero sin luchar por dar forma al futuro de la economía. En cambio, la industria de los combustibles fósiles se expande año tras año, con nuevos proyectos, nuevos activos y beneficios que baten récords. A esto se suma la extracción de litio y otros minerales críticos para la economía verde. En Argentina, por ejemplo, ambos regímenes extractivos se están expandiendo simultáneamente: existe un enorme sector de gas de fracking, así como un crecimiento explosivo de la minería de litio. En términos de organización y propiedad capitalistas, ambas se están fusionando en una sola: la industria de los combustibles fósiles está invirtiendo en baterías y en el refinado de litio; los fondos soberanos del Golfo están haciendo lo mismo. Existe un entrelazamiento cada vez mayor entre estas industrias extractivas, lo que crea una fuerza imparable que causa muchos tipos de daños —formas distintas pero acumulativas de destrucción medioambiental—.

19/07/2026

1 David Wallace-Wells, ‘It Isn’t Just the US. The Whole World Has Soured on Climate Politics’, nyt, 16 September 2026.

2 Kai Bosworth, Pipeline Populism: Grassroots Environmentalism in the Twenty-First Century, Minneapolis 2022.

3 Véase, por ejemplo, Alyssa Battistoni, ‘The Lithium Problem: An Interview with Thea Riofrancos’, Dissent, Spring 2023; Yakov Feygin, Daniela Gabor, Ho-fung Hung, Thea Riofrancos and Quinn Slobodian, ‘The Geopolitics of Industrial Policy’, Dissent, Fall 2023.

4 Christian Davies and Martha Muir, ‘Manufacturers Pivot from EV Batteries to Storage as AI Boom Drives Demand’, Financial Times, 10 February 2026.

5 Los tres inventores de la batería de litio —John Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino—recibieron, con retraso, el Premio Nobel en 2019.

6 Alyssa Battistoni, Free Gifts: Capitalism and the Politics of Nature , Princeton 2025.

7 Thomas Meaney, ‘Fortunes of the Green New Deal’, NLR 138, Nov–Dec 2022.

es profesora asociada de Ciencias Políticas en el Providence College, codirectora estratégica del Climate and Community Institute y miembro del Transnational Institute. Su investigación se centra en la extracción de recursos, el cambio climático, la transición energética, el sector mundial del litio, las tecnologías verdes, los movimientos sociales y la izquierda latinoamericana. Estos temas se analizan en su libro, Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador (Duke University Press, 2020), en su libro escrito en colaboración, A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal (Verso Books, 2019) y en Extraction: The Frontiers of Green Capitalism (W.W. Norton, 2025).

Traducción: Antoni Soy Casals