El periódico financiero británico destapa el "gran agujero": 13.000 millones del petróleo venezolano desaparecen del radar de Washington
CARLOS SERNA
canarias-semanal.org/ 24/07/2026
Durante años Washington ha acusado a numerosos gobiernos de corrupción y falta de transparencia. Ahora es el propio Financial Times quien sitúa a la Administración estadounidense bajo sospecha al preguntar qué ha ocurrido con 13.000 millones de dólares obtenidos del petróleo venezolano y cuyo destino sigue sin aclararse.
Un reportaje publicado por el diario británico Financial Times ha situado en el centro del debate una cuestión de enorme trascendencia política y económica: el destino de, al menos, 13.000 millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo venezolano bajo control estadounidense. Según el periódico, esa cantidad habría sido recaudada por la Administración de Donald Trump desde enero de este año a partir de exportaciones de crudo venezolano, sin que hasta la fecha exista una explicación pública y detallada sobre el uso final de esos fondos.
El diario financiero británico sostiene que la estimación procede de cálculos elaborados por su propio equipo de análisis utilizando registros marítimos de la firma especializada Kpler y estimaciones de precios de la consultora Argus Media. A partir de esos datos, concluye que el volumen de recursos acumulados alcanza una cifra equivalente aproximadamente a una cuarta parte del Producto Interior Bruto venezolano.
Pero el aspecto más llamativo del reportaje no es únicamente la magnitud de la cantidad, sino la ausencia de una explicación oficial coherente sobre su destino.
Versiones contradictorias
Según recoge el Financial Times, distintos responsables de Washington han ofrecido explicaciones diferentes. Por un lado, la Administración estadounidense ha afirmado que esos recursos permanecen "custodiados" para ser reinvertidos posteriormente en la recuperación económica de Venezuela mediante mecanismos supervisados por Estados Unidos.
Sin embargo, esa versión choca con declaraciones públicas del propio Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que Estados Unidos está "ganando mucho dinero" gracias al petróleo venezolano. Esa contradicción ha comenzado a despertar interrogantes incluso dentro del propio Congreso estadounidense.
El periódico señala que parlamentarios tanto republicanos como demócratas están reclamando información precisa sobre el manejo de esos ingresos, especialmente después del grave deterioro económico y humanitario que atraviesa Venezuela tras los recientes acontecimientos políticos y los terremotos registrados en junio.
Entre quienes han solicitado aclaraciones figura la congresista republicana María Elvira Salazar, que ha defendido la necesidad de una completa transparencia acerca del destino del dinero. Asimismo, Benjamin Gedan, antiguo responsable para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama, considera posible que, si los demócratas recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso tras las elecciones legislativas, pueda abrirse una investigación formal sobre estos fondos.
¿De dónde procede realmente esa deuda?
La cuestión resulta especialmente delicada porque esos 13.000 millones no constituyen una ayuda financiera estadounidense, sino ingresos generados por la comercialización de un recurso que pertenece al Estado venezolano.
Desde hace años, las sanciones impuestas por Washington contra PDVSA - la compañía petrolera venezolana-, alteraron profundamente el circuito habitual de exportación del petróleo venezolano. En diferentes etapas, Estados Unidos bloqueó activos de la petrolera, congeló cuentas bancarias, confiscó ingresos obtenidos por ventas internacionales e impidió al Gobierno venezolano disponer libremente de parte de los beneficios derivados de su propia producción energética.
A ello se sumaron otras medidas que afectaron activos venezolanos en el extranjero, entre ellos la empresa CITGO —filial de PDVSA en Estados Unidos—, cuyos dividendos y patrimonio quedaron igualmente fuera del control de Caracas durante años.
El origen económico de esos fondos, por tanto, reside en las ventas internacionales de petróleo venezolano realizadas bajo un sistema de administración establecido por las autoridades estadounidenses tras la reorganización del control de las exportaciones.
Una cuestión de enorme alcance jurídico
Más allá de las posiciones políticas enfrentadas sobre la situación venezolana, el asunto plantea interrogantes relevantes desde el punto de vista del derecho internacional.
Cuando un Estado administra bienes o ingresos pertenecientes a otro país, la trazabilidad de esos recursos constituye una obligación esencial de transparencia. Precisamente por ello, el Financial Times insiste en que la ausencia de información pública está alimentando las dudas incluso entre sectores políticos estadounidenses tradicionalmente alineados con la estrategia seguida por Washington respecto a Venezuela.
El diario británico recuerda además que los efectos económicos prometidos tras la nueva Administración del petróleo venezolano todavía no se reflejan claramente en la economía del país, donde numerosos economistas consideran que no existen señales suficientes de recuperación pese al tiempo transcurrido desde la implantación del nuevo esquema de gestión.
Transparencia pendiente
En definitiva, el reportaje del Financial Times introduce un elemento especialmente molesto para la Administración estadounidense: ya no se debate únicamente la legitimidad política de las decisiones adoptadas respecto a Venezuela, sino también la necesidad de rendir cuentas sobre miles de millones de dólares procedentes de un patrimonio nacional extranjero.
Mientras Washington mantiene que los fondos permanecen reservados para la reconstrucción venezolana, las declaraciones contradictorias emitidas por distintos responsables políticos y la ausencia de documentación pública detallada continúan alimentando las dudas.
La exigencia de transparencia formulada desde el propio Congreso estadounidense convierte ahora esta cuestión en un asunto que trasciende el conflicto bilateral entre Washington y Caracas y que podría acabar derivando, si prosperan las presiones parlamentarias, en una investigación política de gran alcance sobre el destino de unos recursos cuyo verdadero propietario nunca ha dejado de ser, al menos desde el punto de vista patrimonial, el Estado venezolano.
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