Un recorrido por las contrarreformas express que venden la soberanía "a precio de gallina flaca"
EVA GARCÍA (*)/ ML TODAY.-
canarias-semanal.org/10/06/2026
La periodista venezolana Eva García analiza una serie de reformas legislativas que, a su juicio, están transformando profundamente el modelo económico del país y debilitando el control estatal sobre sectores estratégicos como el petróleo, la minería, la electricidad y las relaciones laborales. A través de una estructura narrativa dividida en cinco actos, la autora sostiene que Venezuela atraviesa un acelerado proceso de apertura al capital extranjero.
A veces, el gran capital es inquietantemente eficaz a la hora de encubrir sus fechorías mediante cortinas de humo y juegos de espejos. Y otras veces —en una exhibición de poder crudo y desatado— ni siquiera intenta ser discreto.
Tan solo seis días después del bombardeo de Caracas, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, le dijo a Trump que eran necesarios «cambios significativos» en las leyes venezolanas para garantizar la inversión.
El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, coincidió con él, exigiendo una «reestructuración completa» de la economía venezolana: «Debemos pensar también en reestructurar por completo todo el sistema energético venezolano, incluida [la petrolera estatal] PDVSA».
Avancemos apenas 20 días (¡sí, apenas!), y la «presidenta interina» favorita de Trump, Delcy Rodríguez, junto con su hermano Jorge —quien preside la Asamblea Legislativa—, se pusieron obedientemente sus zapatos de baile fabricados en Estados Unidos y comenzaron a marcar el paso al ritmo preferido de los ejecutivos petroleros, desplegando retrocesos exprés en el ABC del marco jurídico venezolano.
El mensaje para los potenciales inversores estadounidenses fue absolutamente claro:
«Quienes piensen y crean, basándose en los números y en los análisis, que este es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, deben saber que cuentan con garantías, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente», declaró Delcy a sus nuevos amigos gringos en marzo. «Desarrollarse», dijo ella.
La rapidez con la que los Rodríguez respondieron al llamamiento de los directivos energéticos estadounidenses, combinada con el carácter amplio y opaco de estos retrocesos, aprobados por una Asamblea Nacional convertida en una pantomima repleta de aduladores sin que mediara debate alguno —sí, ninguno—, y que desmantelan importantes avances logrados bajo Chávez, no deja lugar a dudas sobre quién manda ahora en este gallinero latinoamericano. Una cosa es que ejecutivos petroleros estadounidenses dicten instrucciones a un gobierno extranjero; pero lograr que ese gobierno ejecute sus dictados en apenas 20 días... eso sí que es una demostración de poder.
Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta pantomima legislativa protagonizada por los Rodríguez de los retrocesos?
Primer acto: Petróleo
Como toda buena obra teatral, el primer acto fue contundente, audaz y diseñado para captar la atención.
La Ley de Hidrocarburos es, posiblemente, la legislación más importante de Venezuela después de la Constitución. Fue modificada por Chávez en 2001 y posteriormente entre 2006 y 2007 para salvaguardar el control público sobre el subsuelo, la exploración, la extracción y la comercialización de los recursos petroleros, además de garantizar importantes regalías e impuestos para el Estado. A los Rodríguez les llevó apenas 26 días deshacer todo eso.
Según el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el cambio legislativo fue «un símbolo del deseo de impulsar reformas y orientar al país en una dirección positiva», lo que propició la concesión de codiciadas licencias de la OFAC [la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense y encargada de administrar y aplicar sanciones] a empresas como BP, Chevron, Shell y Repsol para regresar a Venezuela.
Sin embargo, sectores populares revolucionarios venezolanos discrepan profundamente, calificando la medida como un «retroceso histórico en la defensa de la soberanía nacional», el «desmantelamiento del proyecto bolivariano» y el día en que Venezuela «dejó de ser dueña de su petróleo en cualquier sentido relevante».
La reforma abre aún más la puerta a que empresas petroleras privadas inviertan y gestionen actividades primarias del sector (exploración, extracción, transporte y almacenamiento), eliminando el equilibrio del 49% privado y 51 % público establecido por Chávez. Incluso permite que actores privados minoritarios asuman la «gestión integral» de proyectos petroleros mixtos por encima de socios estatales mayoritarios.
Permite además que las empresas privadas gestionen directamente la comercialización y venta de sus cuotas de producción de acuerdo con sus modelos de negocio e intereses, a través de cuentas bancarias en el extranjero. Anteriormente, la venta de petróleo estaba reservada al Estado venezolano conforme a los intereses nacionales.
Asimismo, allana el camino para la resolución de disputas en tribunales internacionales, debilitando y potencialmente contradiciendo la soberanía y la primacía del ordenamiento jurídico venezolano sobre sus propios recursos.
También elimina la regalía petrolera del 30 % destinada al Estado venezolano para financiar proyectos sociales. Esta ha sido sustituida por una fórmula de «hasta un 30 %», determinada discrecionalmente por el gobierno, lo que significa que las regalías podrían reducirse incluso al 1 % para ciertos «mejores amigos para siempre».
Del mismo modo, desaparecen los impuestos a la extracción y el anterior impuesto sobre la renta del 50% aplicable a las operaciones petroleras queda sujeto a la misma discrecionalidad opaca del gobierno.
Aunque esta ley supone un paso sin precedentes en el desmantelamiento de la soberanía petrolera venezolana, cabe señalar que no es más que una profundización de políticas iniciadas por el predecesor de Delcy.
Desde 2016, Maduro promovió una apertura del sector petrolero mediante generosas exenciones fiscales, procesos contractuales opacos y cerrados, y en algunos casos incluso vulnerando el equilibrio del 49 % privado y 51 % público. Fue también Maduro quien propuso inicialmente reformar la Ley de Hidrocarburos.
Segundo acto: Minas
El segundo acto comienza con la llegada a Caracas de visitantes trajeados con aires de forajidos. Primero, Wright y un grupo de directivos energéticos el 11 de febrero; después, el Secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, acompañado de otro grupo de ejecutivos del sector el 4 de marzo. Ambos hablaron sobre minería con Delcy mientras los venezolanos abucheaban desde la grada.
Dos días después de la visita de Burgum, la OFAC anunció otro incentivo: permitir que empresas estadounidenses trabajaran con la minera estatal venezolana Minerven. Esto resultó suficiente para que Jorge Rodríguez impulsara la aprobación exprés de la reforma de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional apenas 48 horas después.
En palabras del diputado del PSUV Orlando Camacho, la reforma busca «atraer capital nacional y extranjero mediante el establecimiento de garantías jurídicas» para sus inversiones. ¿No es precisamente eso lo que Darren Woods, de Exxon, pidió a Trump que promoviera en Venezuela en enero?
La reforma establece amplias concesiones extractivas de 30 años para empresas privadas extranjeras, destruyendo de facto el control estatal del sector y revirtiendo la nacionalización del oro decretada por Chávez en 2011.
En palabras del gigante jurídico estadounidense Holland & Knight,
"los inversores extranjeros tendrán [ahora] un marco jurídico mucho más claro y seguro que les permitirá, entre otras cosas, desarrollar proyectos rentables».
La reforma también fomenta la minería artesanal ecológicamente peligrosa, previamente regulada; permite que los litigios se resuelvan en tribunales internacionales; y autoriza que las ventas de oro sean gestionadas por empresas privadas en lugar del Banco Central.
En materia fiscal, desregula regalías e impuestos, que pasarán a ser «de hasta el 6 %». Es decir, podrían situarse en el 0 % para ciertos mejores amigos para siempre.
Tercer acto: Trabajo
La reforma de la célebre e innovadora Ley Orgánica del Trabajo de 2012 está en marcha; al fin y al cabo, ninguna pantomima está completa sin que los héroes tengan que enfrentarse a un poco de sufrimiento laboral.
Aún no conocemos su contenido exacto, pero en una entrevista concedida el 11 de mayo, el ministro del Trabajo, Carlos Castillo, reveló que la reforma
«busca un sistema verdaderamente sostenible para el país, para el sector empresarial y para los trabajadores. No podemos continuar con la mentira, la mentira de la cobertura social».
También mencionó que la popular cláusula de «inamovilidad laboral», que impide, por ejemplo, el despido de mujeres embarazadas durante su permiso de maternidad, debería ser «revisada» y sustituida por el concepto de «estabilidad laboral».
Castillo también hizo un llamamiento a «reestructurar» el sistema de pensiones. Sí, exactamente eso.
Según diversos informes, la patronal Fedecámaras impulsa el reconocimiento legal de los contratos de cero horas, el trabajo a distancia y una mayor desregulación contractual, mientras circulan fuertes rumores de que podría legalizarse la política gubernamental de deterioro salarial tan criticada por amplios sectores.
Como era de esperar, los sindicatos no están nada satisfechos, razón por la cual probablemente no se les concedió papel alguno en esta representación.
Cuarto acto: Impuestos
Pocas cosas dicen «vengan a aprovecharse de nosotros» con tanta claridad como reducir la carga fiscal del capital extranjero. Al igual que ocurre con la Ley del Trabajo, el contenido concreto de esta reforma sigue siendo un misterio, pero el proceso continúa adelante.
Los sectores empresariales presionan intensamente para lograr una reducción de los impuestos corporativos, mientras otros sugieren que la reforma podría abrir nuevas vías de elusión fiscal, establecer amnistías tributarias y conceder mayores alivios fiscales a las empresas.
Los actuales impuestos sobre grandes transacciones o sobre operaciones comerciales realizadas en dólares también podrían ser eliminados.
Por su parte, Delcy ha abogado por «un sistema más competitivo, un modelo tributario más eficiente, procedimientos más sencillos y que fortalezca la producción nacional», reiterando una vez más la importancia de la «seguridad jurídica» y la «estabilidad macroeconómica». Cada cual que saque sus propias conclusiones.
Quinto acto: Electricidad
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 2 de junio una reforma electoral que introducirá concesiones de 25 años a empresas privadas para la generación, transmisión y comercialización de electricidad, quince años después de que el sector fuera nacionalizado por Chávez. Delcy ha solicitado públicamente a las empresas estadounidenses Siemens USA y General Electric que ayuden a «resolver» los graves apagones que afectan al occidente del país.
Caída del telón
Esta pantomima de retrocesos legislativos ha cosechado críticas demoledoras y ninguna carcajada entre la clase trabajadora venezolana, que comienza a comprender —y a resistir— la tutela estadounidense.
Como escribí en mi anterior columna sobre la Flex Venezolana:
«Delcy pretende continuar la política iniciada por su predecesor en 2018, orientada a convertir a Venezuela en un paraíso para la inversión extranjera, posiblemente con la mano de obra más barata del mundo, todo ello a costa de una fuerza laboral agotada y exasperada».
Sin embargo, nadie podía haber anticipado la velocidad de estos retrocesos, que sorprendieron a las masas desprevenidas. Lo hecho, hecho está (hasta que una revolución lo revierta), y lo que aún está por venir —especialmente la reforma de la Ley del Trabajo— probablemente desencadenará nuevas luchas.
Mientras tanto, los ejecutivos petroleros estadounidenses disfrutan del espectáculo, brindando con champán y calculando desde la distancia sus márgenes de beneficio, inmersos en la demostración de poder que supone contemplar cómo Delcy baila al compás de su agenda legislativa.
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(*) Eva García es columnista de Marxism-Leninism Today. Escribe desde Venezuela, ofreciendo una contranarrativa basada en el análisis de clase frente a los enfoques predominantes en los grandes medios de comunicación. Puede ser contactada a través del correo electrónico evagarciaperiodista@gmail.com. Sus columnas son de código abierto y pueden reproducirse libremente (citando debidamente la publicación original en MLT) sin necesidad de autorización previa.
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