El intervencionismo revela la contradicción central de nuestro tiempo: unos pocos Estados se arrogan el derecho de gobernar el planeta, mientras la mayoría de los pueblos luchan por existir con dignidad
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Jaime Gómez Alcaraz
revistaraya.com/13 Mayo 2026
El intervencionismo sigue siendo una práctica aberrante y persistente. Sus formas han cambiado. Ya no aparece principalmente como ocupación militar directa, sino como una red de acciones extraterritoriales, presiones económicas, manejo de información y control político indirecto. El caso de “Global Sumud Flotilla” permite observar esta lógica, no por excepcional, sino porque la condensa.
Desde una perspectiva jurídica, interceptar embarcaciones civiles en aguas internacionales vulnera principios básicos del derecho internacional, en particular la libertad de navegación y la jurisdicción estatal. Más preocupante que la infracción es su aceptación de hecho, en un contexto donde los mecanismos de sanción muestran límites evidentes.
La extraterritorialidad opera aquí como instrumento de poder. No es solo proyección de fuerza, sino redefinición práctica de la legalidad. Cuando un Estado actúa en alta mar invocando su seguridad y no enfrenta sus graves consecuencias, el orden jurídico global se desgasta. Este patrón no es nuevo en el contexto contemporáneo, pero hoy se manifiesta con mayor intensidad. Algunas potencias actúan con un margen de impunidad que pone en cuestión las normas vigentes.
La situación en Palestina se inscribe en esta dinámica. El uso del hambre, el bloqueo de ayuda humanitaria, el asesinato de menores, la imposición de condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana, configuran un cuadro que corresponde a la definición de genocidio. Lo que se observa es una estructura de dominación de carácter colonial, sostenida por alianzas geopolíticas concretas e insertada en una lógica más amplia de intervencionismo global.
América Latina y la reconfiguración de la dependencia
En América Latina, el intervencionismo no se limita al plano militar, como el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, por parte de Estados Unidos. Aparece en operaciones más difusas, aunque no por ello menos efectivas. Las denuncias recientes en países como Honduras muestran cómo se reconfiguran las relaciones de subordinación. No predominan los golpes de Estado tradicionales, sino mecanismos híbridos que combinan presión diplomática, acuerdos económicos desiguales, intervención mediática y control institucional.
El caso hondureño ilustra esta dinámica. La relación entre actores locales y poderes externos revela un patrón donde la soberanía se negocia. La cesión de territorios, la creación de enclaves con regímenes jurídicos especiales y la instalación de infraestructuras estratégicas bajo control extranjero forman parte de una estrategia más amplia. El intervencionismo no actúa solo desde fuera. También se reproduce a través de élites locales vasallas que funcionan como intermediarias.
La dimensión informativa resulta central. La construcción de narrativas, la difusión de desinformación y el uso del lawfare configuran un campo de disputa política. Aquí la intervención se desplaza hacia el terreno simbólico, donde se disputa la legitimidad de gobiernos y proyectos. Este desplazamiento no implica una reducción de la violencia, sino su transformación en formas menos visibles, pero igualmente eficaces.
Multilateralismo en crisis y horizontes del Sur Global
Estas dinámicas obligan a mirar de frente la responsabilidad histórica de los organismos multilaterales. Las Naciones Unidas y el sistema internacional surgido después de 1945 prometieron contener la barbarie, limitar la guerra y proteger a los pueblos frente al abuso de los poderosos. Sin embargo, cuando las potencias imperiales conservan privilegios estructurales como el derecho de veto, ese orden deja de ser plenamente universal y se convierte en una arquitectura administrada por quienes tienen más capacidad de bloquear la justicia. La crisis del multilateralismo no es, por tanto, un accidente burocrático: es una crisis política y moral de un sistema que proclama igualdad soberana mientras tolera jerarquías coloniales.
Esa asimetría convierte el derecho internacional en un campo de disputa profundamente desigual. A unos Estados se les aplican sanciones, condenas y castigos ejemplares; a otros, como Israel y Estados Unidos, se les concede un margen de impunidad que desmiente la supuesta neutralidad del orden global. Cuando la legalidad internacional se activa contra los débiles y se suspende ante los aliados estratégicos del poder imperial, deja de operar como garantía universal y empieza a funcionar como tecnología de dominación. No es el derecho en sí lo que debe rechazarse, sino su captura por grandes potencias, élites financieras, complejos militares y oligopolios que lo usan selectivamente para disciplinar al Sur Global.
En este contexto, el Sur Global no puede limitarse a pedir reformas decorativas ni a esperar benevolencia de las mismas estructuras que han administrado su subordinación. Su papel histórico debe ser mucho más ambicioso: construir una fuerza política, diplomática, económica y cultural capaz de disputar el centro de gravedad del orden mundial. Aunque no sea un bloque homogéneo, comparte una memoria común de colonialismo, saqueo, deuda, golpes de Estado, bloqueos, racismo internacional y dependencia inducida. Esa experiencia no debe convertirse en resignación, sino en plataforma de acción colectiva.
Las rupturas diplomáticas, las sanciones, las demandas ante tribunales internacionales y las iniciativas de coordinación entre países del Sur son pasos importantes, pero aún insuficientes. La autodeterminación exige ir más lejos: fortalecer la soberanía alimentaria, energética, tecnológica y financiera; defender los recursos estratégicos; proteger los procesos democráticos frente al lawfare y la guerra mediática; y construir alianzas que no reproduzcan nuevas formas de dependencia. La solidaridad con Palestina, con Cuba, con Venezuela, con Honduras, con Colombia o con cualquier pueblo sometido a chantaje imperial no es un gesto simbólico: es una defensa concreta del principio de que ningún Estado tiene derecho a decidir el destino de otro pueblo.
También resulta indispensable articular la acción estatal con los movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones feministas, redes de derechos humanos, juventudes y diásporas. Las misiones humanitarias hacia Gaza, las campañas contra los bloqueos, las denuncias de la represión transnacional y las iniciativas populares de solidaridad muestran que la política internacional no pertenece solo a cancillerías y ejércitos. Hay una diplomacia de los pueblos que desafía la razón imperial desde abajo, con menos recursos, pero con una legitimidad ética que los aparatos de poder no pueden comprar.
El desafío, entonces, no consiste únicamente en resistir el intervencionismo, sino en desmontar las condiciones materiales, jurídicas y simbólicas que lo hacen posible. Eso implica cuestionar las jerarquías coloniales del sistema internacional, romper con las élites vasallas que entregan soberanía a cambio de protección, deuda o impunidad, y construir mecanismos alternativos de cooperación entre pueblos libres. No será una tarea rápida ni cómoda. Pero en un mundo atravesado por genocidios, desigualdad obscena, militarización y saqueo ecológico, la prudencia entendida como pasividad termina siendo complicidad.
El intervencionismo revela la contradicción central de nuestro tiempo: unos pocos Estados se arrogan el derecho de gobernar el planeta, mientras la mayoría de los pueblos luchan por existir con dignidad. Allí se decide buena parte del futuro del orden internacional. Y aunque hoy las correlaciones de fuerza parezcan favorecer al poder imperial, ninguna dominación es eterna. Las estructuras imperiales, incluso las más arrogantes, se agrietan cuando los pueblos dejan de pedir permiso para ser libres y comienzan a organizar, con inteligencia y coraje, su derecho irrenunciable a la autodeterminación.
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