La ruta de la entrega está llena de muertos y huesos fracturados
El sistema, en su evolución lógica, busca convertir la «mano de obra» en «fuente de entrenamiento». Y en esa transformación silenciosa se juega algo más que el futuro del trabajo: se juega la propia idea de libertad
Lic. Alejandro Marcó del Pont
eltabanoeconomista.wordpress.com/febrero 22, 2026
Un ejército de 7,7 millones de personas trabajaba en las plataformas de la Gig Economy en la India a finales de 2025, y se estima que esta cifra se duplicará para 2030. India no es una excepción en el comercio global; el modelo de «entrega en 10 minutos» se ha convertido en un símbolo de la precarización extrema. El Sindicato de Trabajadores de Plataformas convocó a una huelga los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para exigir la eliminación de este modelo y la invalidación del sistema de pago basado en algoritmos, considerado deshumanizante por sustentarse exclusivamente en datos y métricas automatizadas.
Cada pedido que atiende «el ejecutivo de entregas» —vaya eufemismo— está plagado de términos y condiciones diseñados para arañar los puntos necesarios que permitan alcanzar un ingreso mínimo: una base de 2 dólares por día. Ese salario está sujeto a que el repartidor no cancele ningún pedido, complete todas las entregas en tiempo y forma, y además obtenga una calificación social positiva por parte del receptor, que determinará su sueldo final. Pensar que en 2019 creíamos que Black Mirror se había pasado de la raya con su temporada 3, «Nosedive». Hoy, tu vida depende del estatus en las redes sociales y de un puñado de estrellitas.
El 13 de enero, el Gobierno de la India instó a las grandes plataformas de reparto a retirar de inmediato la publicidad y las comunicaciones que prometen una «entrega en 10 minutos», tras las denuncias de que esta garantía comercial fomenta la conducción temeraria y pone en riesgo la vida de los trabajadores. El resultado de 10 horas de trabajo y 107 kilómetros recorridos era de 787 rupias (7,8 dólares) al día, siempre que se cumplieran los incentivos basados en objetivos. La matemática es simple: la vida vale menos que la velocidad.
Este drama en la base de la pirámide laboral es solo una cara de la moneda. En la cúspide, el sueño del «productivismo industrial» —el añorado mundo de los overoles— compite ferozmente con el «tecnofeudalismo de servicios», esa economía de plataformas e inteligencia artificial que está redefiniendo las reglas del juego. Lo que detallaremos a continuación son los puntos clave de una transición silenciosa pero devastadora: el trabajo, tal como lo conocimos durante el siglo XX, está dejando de ser el eje ordenador de la sociedad. El empleo muta de ser un «puesto» estable a convertirse en una serie de «tareas» intermediadas por algoritmos. Caminamos hacia una economía con forma de «reloj de arena». En la parte superior, profesionales altamente cualificados que dirigen la inteligencia artificial; en la base, trabajadores de servicios manuales no automatizables —cuidados, limpieza, mantenimiento— con salarios bajos y nula estabilidad, y en el medio, la clase media administrativa y técnica en vías de extinción.
Quienes queden desempleados u obsoletos en este proceso se enfrentan a una perspectiva aterradora, un Ingreso Básico Universal (IBU) que, lejos de ser una herramienta de emancipación, podría llegar dominado por Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC) y billeteras virtuales, en el marco de un capitalismo de la vigilancia que permite niveles de control social sin precedentes. Por eso resulta alarmante que los más destacados defensores del ingreso básico universal en Estados Unidos sean hoy los grandes tecnocapitalistas. Nombres como Peter Thiel —creador de Palantir Technologies, el sistema operativo del poder militar y la vigilancia masiva, además de mentor del vicepresidente J.D. Vance—, junto a Marc Andreessen, Sam Altman, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt y una larga lista de líderes de Silicon Valley, conforman el núcleo de una nueva clase dirigente que promueve el IBU como un nuevo mercado que controlar, no como red de seguridad.
¿La razón? A diferencia del efectivo, si el pago del Ingreso Básico Universal se realiza a través de una moneda digital de Banco Central, esta puede programarse. El Estado podría decidir que tu «ayuda social» solo pueda gastarse en alimentos específicos, o que «venza» si no se utiliza en 30 días para estimular el consumo forzoso. La integración de billeteras virtuales permite al sistema penalizar comportamientos —disidencia política, infracciones de tránsito, participación en manifestaciones— limitando el acceso a fondos o servicios básicos. Si la inteligencia artificial elimina el empleo y el Estado provee el sustento a través de una billetera digital trazable, la libertad individual se vuelve condicional a la obediencia algorítmica.
Y aquí comienza el debate de fondo. Un ejemplo paradigmático es la fijación de la administración Trump por revivir la manufactura tradicional, una obsesión que choca con una realidad estructural: la industria moderna ya no genera empleo masivo. Si la industria regresa a Estados Unidos mediante políticas de re-shoring, lo hará de la mano de la robótica avanzada y la inteligencia artificial, no de grandes plantillas de obreros. Mientras el sector industrial tradicional busca aranceles y energía barata, los mega sectores —IA, grandes tecnológicas, industria bélica, farmacéuticas— operan en una economía de activos intangibles. Para ellos, el valor no reside en el acero, sino en los datos, los chips y la propiedad intelectual. El sueño de Trump choca con la realidad: Estados Unidos produce más valor manufacturero que nunca gracias a la productividad, pero con muchos menos trabajadores. Hacia 2030, se estima que el empleo de cuellos azules se contraerá un 20% por efecto de la automatización inteligente.
Es en este contexto donde la renta básica universal emerge como un mecanismo de amortiguación ante los despidos masivos provocados por la IA, ofreciendo ingresos incondicionales para mitigar la disrupción laboral. El ingreso básico universal —presentado con frecuencia como la política de «pagarle a la gente por existir»— está adquiriendo una popularidad creciente. La idea es simple: todos los ciudadanos recibirían un jornal regular del Estado, con independencia de lo que hagan o de cómo lo gasten. Se trata de una vieja propuesta, que ha cobrado nuevo interés a partir del colapso financiero de 2008, cuando millones de personas perdieron su empleo y comenzaron a preguntarse si encontrarían uno nuevo. Fue entonces cuando empezó a tomar fuerza la pregunta de si, en realidad, el trabajo para todos sería una opción viable en el futuro.
Sin embargo, lo que resulta transversalmente atractivo del ingreso básico universal no es su funcionalidad, sino su ambigüedad. Dado que es políticamente polivalente, tiene el potencial de actuar como un caballo de Troya tanto para progresistas como para tecnocapitalistas conservadores. Los sectores más críticos del progresismo temen que sirva como vehículo para disolver los mínimos restos del Estado de Bienestar, mientras que sus impulsores lo anuncian como la «vía capitalista hacia el humanismo». ¿Qué versión de ingreso básico obtendremos? Más que de una marcada postura ideológica, dependerá de las fuerzas políticas que lo modelen. Por eso, la perspectiva de impulsar el ingreso básico en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo precisamente ahora —cuando la derecha tecnológica controla aparatos enteros del poder— obliga a encender todas las alarmas.
El primer problema con el ingreso básico es que tiende a ser leído como una idea sin ideología, una suerte de solución técnica neutral. Pero el debate sobre el ingreso básico trata, en realidad, sobre las obligaciones mutuas de los seres humanos, los orígenes de la propiedad, los propósitos de la vida humana, los tipos de sociedad que queremos construir. Y cuando esas visiones más amplias se trasladan a una política concreta, no representan la mera sugerencia de un plan común para darle dinero a la gente: ofrecen consideraciones completamente diferentes sobre cuánto dinero se debe dar, de dónde debe provenir —¿quién paga la cuenta? — y quién debe recibirlo. El ingreso básico universal no es una política única, sino un campo de batalla ideológico donde actores con intereses opuestos buscan objetivos radicalmente distintos.
Para los tecnocapitalistas y ciertos economistas de libre mercado, el IBU es una herramienta de simplificación administrativa. Sueñan con sustituir todo el Estado de Bienestar —salud pública, educación gratuita, subsidios de desempleo, pensiones— por un único cheque mensual. Eliminar la burocracia estatal y transferir la provisión de servicios al mercado privado: si tienes un IBU, «cómprate» tu propia salud y educación. Aceptan que la IA eliminará puestos de trabajo, y conciben el IBU como una «paz social» comprada para que el capitalismo de plataformas siga operando sin revueltas.
Para el progresismo y los movimientos sociales, en cambio, el IBU es una herramienta de emancipación y justicia redistributiva. Un ingreso que se sume a los servicios públicos existentes, no que los reemplace. Una forma de romper el vínculo perverso entre supervivencia y explotación laboral. Buscan que el trabajador tenga el poder de decir «no» a empleos precarios o abusivos, lo que los economistas llaman el «poder de salida». Esta visión tiene un anclaje teórico sólido en el pensamiento de Michał Kalecki, quien, en su clásico ensayo de 1943, «Aspectos políticos del pleno empleo”, sostenía que los desafíos para alcanzar el pleno empleo no son económicos, sino políticos: si la gente puede vivir sin necesidad de aceptar cualquier puesto con el salario que sea, el poder derivado de la potestad de despedir y enviarte a la pobreza —el mayor poder que tiene un patrón— disminuye considerablemente. Los dueños del poder necesitan trabajadores, ¡no crean trabajo!
Los avances en ciencia, tecnología y medicina indican que las perspectivas para la prosperidad humana son mejores que nunca. Sin embargo, las ambiciones políticas se han desdibujado en pequeños retoques tecnocráticos, mientras los sueños de una buena vida con menos horas laborales se desvanecen. Esa utopía —no tener que trabajar tanto o con tanto esfuerzo, dedicar más tiempo al ocio, hacer lo que uno quiere y no lo que le ordenan— es quizás el ideal más antiguo de la humanidad, pero nunca se ha cumplido. Figuras como John Maynard Keynes y John Stuart Mill imaginaron que la productividad nos liberaría del yugo del trabajo. No estaban equivocados en sus pronósticos técnicos; lo que no tuvieron en cuenta fue la política.
En lugar de aumentar el ocio de los trabajadores, la mayor productividad se dirigió a incrementar el beneficio de los dueños del capital. El trabajo es en sí mismo bastante malo, pero trabajar menos ayudaría a resolver otros problemas: estrés, cambio climático, desempleo, desigualdad en la distribución de la riqueza. De hecho, el aumento del tiempo de ocio constituiría casi una fórmula milagrosa: ¿hay algo que no se pueda resolver trabajando menos?
El último gran interrogante de este rompecabezas es el financiamiento. Si el Estado debe garantizar este ingreso, ¿de dónde sale el dinero? Es la pregunta de «¿quién paga la fiesta?». Si aceptamos que la Tasa Tobin —un impuesto a las transacciones financieras— es impracticable debido a la fuga de capitales y la falta de consenso global, debemos buscar una base imponible distinta: el dato.
Aquí es donde se produce la transición conceptual del «trabajador» al «prosumidor», es decir, el productor y consumidor de datos. Y por qué el ingreso básico universal dejaría de ser una «limosna estatal» para convertirse en un pago por derechos de propiedad intelectual. En el modelo industrial, el valor provenía de la transformación de materia prima mediante energía y trabajo manual. En la economía de la inteligencia artificial, el valor proviene del entrenamiento de modelos.
Las inteligencias artificiales —como GPT, Gemini o los sistemas de conducción autónoma— no «piensan»; procesan patrones derivados del comportamiento humano. Cada vez que navegas, haces clic, hablas frente a un dispositivo o caminas por una ciudad inteligente, estás produciendo la materia prima que hace que las empresas tecnológicas valgan billones. Un «desempleado» que consume contenido, genera reseñas, entrena algoritmos de reconocimiento facial con su imagen o permite que sus hábitos de salud sean monitoreados, está trabajando de forma pasiva. Está generando valor sin recibir compensación alguna.
En este escenario, el IBU podría reestructurarse no como un subsidio dependiente de la voluntad política, sino como una regalía. Las grandes tecnológicas pagarían una tasa por el uso de los datos agregados de la población, y ese fondo financiaría el ingreso de los ciudadanos. Ahora bien, si tu ingreso depende de los datos que generas, el Estado y las corporaciones tienen el incentivo de vigilarte las veinticuatro horas, los siete días de la semana. El «desempleado» se convierte en una unidad de extracción. Y aquí es donde las monedas digitales de bancos centrales revelan su verdadera naturaleza. Si el pago de tu «regalía de datos» se realiza mediante una billetera digital controlada, el Estado puede:Condicionar el pago: «No generaste suficientes datos valiosos este mes» o «Tus datos muestran que eres un ciudadano con hábitos poco saludables o tendencias disidentes».
Aplicar sanción algorítmica: descontar automáticamente multas o restringir el consumo en ciertas áreas si tu «puntaje social» disminuye.
Expertos como Yuval Noah Harari han advertido sobre la creación de una «clase inútil» desde el punto de vista del mercado laboral tradicional. Pero desde la perspectiva del desarrollo económico, lo que emerge es una «clase de activos de datos»: seres humanos que, sin empleo formal, se convierten en fuentes generadoras del recurso más valioso del siglo XXI.
Nos queda por responder otra pregunta: ¿quién fija el precio de esas regalías por datos? En el escenario actual, el «precio» del canon lo fijan de facto las grandes tecnológicas. No hay un precio porque el sistema funciona bajo la expropiación por consentimiento: entregas tus datos gratis a cambio de usar una red social o un correo electrónico, creyendo que el servicio es gratuito. Las tecnológicas determinan el valor basándose en la productividad de la tarea —cuánto les ahorra tu dato en entrenamiento de inteligencia artificial—. El resultado es que el precio tiende a cero para el usuario y a infinito en valor bursátil para ellas.
Si el exvicepresidente de Google es ahora asesor de tecnología del presidente, cualquier regulación será cosmética. La puerta giratoria entre el poder corporativo y el poder político imposibilita una transformación real. Por eso, la única garantía sería que tus datos no residan en los servidores de Meta o del Estado, sino en una bóveda personal encriptada de la cual tú tengas la llave. Un impuesto significativo a las grandes tecnológicas sería efectivo, pero requiere voluntad política que, hoy por hoy, brilla por su ausencia.
El desempleado del futuro no estará en la calle pidiendo comida. Estará conectado, posiblemente con una vivienda básica y acceso a servicios digitales, pero su autonomía política será el precio que pague por esa subsistencia. El sistema, en su evolución lógica, busca convertir la «mano de obra» en «fuente de entrenamiento». Y en esa transformación silenciosa se juega algo más que el futuro del trabajo: se juega la propia idea de libertad.
