DOSSIER:
Video 1: Presidente Petro denunció existencia de un cartel de la contratación detrás de la Nueva EPS
Video 2: Petro AGARRÓ a Presidente Nueva EPS de Uribe: desfalcó $70.000 Mill. Fiscalía YA LO ACUSÓ. Ocultó
***
Hoy, por primera vez, el país conoce las pruebas que tiene la Fiscalía para demostrar que, en efecto, lo que recibió el Gobierno fue un absoluto desastre.
"En la Nueva EPS existió una política deliberada de ocultamiento de información que distorsionó la realidad financiera de la empresa durante, por lo menos, cinco años (2019 a 2023)"
ASÍ SE ROBARON LA NUEVA EPS: CAMBIO revela las pruebas de la Fiscalía
Ilustración de la Nueva Eps. Crédito: Jorge Restrepo.
La intervención del Gobierno a la Nueva EPS no ha salido bien. Sin embargo, muchos de los señalamientos que el presidente Petro hizo a los viejos administradores de la entidad tienen fundamento. CAMBIO tuvo acceso al expediente que muestra un sofisticado mecanismo para esconder facturas, maquillar cifras y presentar utilidades ficticias. ¿Quienes fueron los beneficiados del desfalco?
Por: Sylvia Charry
cambiocolombia.com 21/09/2025
La investigación de la Fiscalía sobre el desfalco de la Nueva EPS revela una verdad que hasta ahora se había contado a retazos. CAMBIO accedió al expediente judicial cuya conclusión clara: durante años, las cifras de la compañía se maquillaron no precisamente para salvarla sino para mantener vivo un negocio multimillonario. El mecanismo era el siguiente: mientras la EPS siguiera habilitada, recibía billones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), renovaba contratos con determinadas clínicas y hospitales y sostenía una operación que les daba miles de millones de pesos a sus contratistas y oxígeno a sus dueños y directivos.
En el expediente, la Fiscalía lo dice categóricamente: en la Nueva EPS existió una política deliberada de ocultamiento de información que distorsionó la realidad financiera de la empresa durante, por lo menos, cinco años (2019 a 2023). La cabeza de esa estrategia, según el ente acusador, fue José Fernando Cardona Uribe, presidente de la EPS desde el 2012 hasta comienzos de 2024. Pero, dice la justicia, Cardona no actuó solo. Para lograr el cometido contó con el apoyo de los otros llamados a juicio: Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Para señalarlos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, la Fiscalía tiene varias pruebas que CAMBIO revela hoy.
Operación ocultamiento
Según el proceso penal, Cardona, Isaza y Pedraza firmaron estados financieros que no reflejaban las pérdidas reales de la Nueva EPS, sino utilidades ficticias. En plata blanca, esto permitió mantener la habilitación de la compañía ante la Superintendencia Nacional de Salud y, así, seguir recibiendo billones de pesos del ADRES.
El mecanismo consistía en no procesar toda la facturación radicada por clínicas y hospitales, ocultando así la verdadera deuda de la EPS. Según los informes de intervención citados por la Fiscalía, a 2023 la deuda sumaba más de 5 billones de pesos.
El presidente de la República, Gustavo Petro, dio esa cifra en la alocución presidencial sobre el sistema de salud. “En 2023, el informe de la empresa no intervenida era de 3 billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran 8. Habían escondido 5 billones de pesos, para no ponerlos en la contabilidad en más o menos 12 millones de facturas que este gobierno descubrió cuando intervino la Nueva EPS”, dijo.
Entonces, al dejar por fuera miles de millones en cuentas médicas, los estados financieros mostraban utilidades inexistentes cuando en realidad había un déficit gigantesco.
El expediente muestra que la política de ocultamiento de las cuentas por pagar se diseñó desde la Presidencia de Cardona y se aplicó en el área de cuentas médicas, con conocimiento pleno de los señalados. Tableros de control contables y correos internos muestran que se fijaban límites de cuánto se podía procesar cada mes, aun cuando las facturas ya habían sido radicadas. Es decir, muchas de estas no eran contabilizadas sino escondidas.
Para mostrar esa hipótesis, la Fiscalía presentó el testimonio de Daniela Rueda, funcionaria de la gerencia de cuentas médicas, quien relató que esos topes de facturación eran inamovibles: quien intentara sobrepasarlos recibía llamados de atención. Supuestamente, el propio gerente de cuentas médicas, Fabián Peralta, transmitía mes a mes las órdenes: “se procesa 1.7 o 1.8”, en referencia a los montos en miles de millones que podían registrarse. El resto, se ocultaba. Así, la EPS reportaba números positivos mientras la deuda real con prestadores crecía.
El escrito de acusación contra Cardona y otros detalla que, al ocultar la facturación, entre 2019 y 2022, se declararon utilidades ficticias por 91.490 millones de pesos, de los cuales al menos 70.563 millones se usaron en cubrir pasivos y absorber pérdidas de vigencias anteriores. Para la Fiscalía esa es la cifra del peculado, es decir, lo que se robaron del erario público.
Para defenderse, los acusados han dicho que la plata nunca salió de la entidad. Esa teoría es similar a la que usaron los áulicos de Andrés Felipe Arias en el caso de Agroingreso Seguro al afirmar que “el exministro nunca se robó un solo peso”. La realidad es que el código penal contempla cientos de delitos, varios de los cuales pueden tipificarse sin que la plata pase por los bolsillos de los responsables.
Claro, aunque no hubo reparto del rendimiento económico a los socios, la maniobra permitió mostrar utilidades, dar confianza a la Superintendencia y mantener la operación en pie. Hablamos de recursos que provenían de la UPC (la plata que el estado le gira a una EPS para la atención de sus afiliados) girada por la ADRES. En palabras del fiscal del caso, se trató de fraude procesal y administración desleal: los estados financieros falsos entraron al tráfico jurídico y sostuvieron un espejismo que ocultaba una quiebra monumental. Y ahí está la clave para entender la profundidad de la investigación: ¿por qué lo hicieron? ¿A quiénes les interesaba mantener la EPS viva?
La concentración de los contratos
La jugada benefició a todos los actores internos. La Nueva EPS ganó tiempo y oxígeno: pudo seguir habilitada, recibiendo billones de la ADRES cada mes, sosteniendo contratos con clínicas y manteniendo su posición como la EPS más grande del país. Los accionistas preservaron el valor de su inversión: al reportar utilidades no tenían que registrar pérdidas en sus balances ni provisionar descapitalización. Y los directivos conservaron estabilidad y prestigio, presentando balances positivos mientras la crisis real se ocultaba. El beneficio era evidente pues, además de evadir las pérdidas reales, la empresa pudo seguir gestionando billones de pesos del erario público.
El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal fue uno de los primeros en denunciar lo que pasaba en la EPS. Lo resumió así en diálogo con CAMBIO: “El hallazgo más grave en la intervención de la Nueva EPS no fueron las deudas (facturas) escondidas. El verdadero problema era su operación, la forma en la que usaban los recursos públicos, las clínicas a las que mandaban a los pacientes y los gestores farmacéuticos a los cuales les giraban los recursos. Ahí es donde está el desangre del sistema de salud”.
Leal agregó que en muchos casos llegaron quejas de la red hospitalaria informándoles que la Nueva EPS solo les pagaba si se comprometían a devolverles un porcentaje, es decir, a darles una coima. “Decían, la única forma de que me paguen es que yo les devuelva el 30 por ciento. Eso todo el mundo lo sabe, pero nadie lo denuncia porque si hablan, les quitan el contrato y se quedan sin nada. Esa es la coima disfrazada, de la que todos los hospitales aparentemente saben, pero nunca se atrevieron a darnos las pruebas a pesar de pedirlas en repetidas oportunidades”.
El exsuperintendente explicó que el negocio se sostenía gracias a la concentración de contratos en IPS específicas: “Lo que uno ve es que mandan a los pacientes a ciertas clínicas y así concentran los recursos donde les conviene. Ese direccionamiento es el verdadero negocio, y lo hacían en más de una EPS, como lo denunciamos en la Fiscalía, ahí es donde se pierden los recursos, no en los salarios de la junta. Es ahí donde se pierde la plata”.
Julio Rincón, el primer interventor del Gobierno de Gustavo Petro, que se convertirá en testigo formal dentro del proceso, le dijo a CAMBIO que el verdadero interés en mantener viva la operación de la EPS es la chequera billonaria que tenían para ejecutar a su antojo. Rincón coincide con el exsuperintendente en que todo el mecanismo se diseñó para evitar que se liquidara esa gallina de los huevos de oro.
“Nosotros recibimos innumerables quejas de distintos prestadores de salud que decían que en la Nueva EPS se cobraba para que los contrataran, se cobraba para ampliar contratos, se cobraba para que se pagara –aseguró Rincón–. Todo eso lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Pero el trasfondo es que nosotros denunciamos que la EPS concentró la contratación en ciertos grupos como: Bienestar, el Grupo Uros, Viva 1A, Dime, Audifarma, y Difarma. Ahí debe concentrarse la investigación de la Fiscalía porque el trasfondo está en esa discrecionalidad que tienen las EPS para contratar con quien se quiera y, a través de esos prestadores, se mueve la plata”.
Las pruebas de la Fiscalía
Dentro del arsenal probatorio de la Fiscalía figuran, por ejemplo, las voces de quienes estuvieron en la intervención.
Una de ellas es, justamente, la de Julio Rincón quien dio su versión ante investigadores en junio de 2024. El exagente interventor contó que al llegar al cargo encontró una EPS “con un represamiento total de la facturación y estados financieros que carecían de confiabilidad”. Relató que halló cuentas por pagar no contabilizadas por 5,7 billones de pesos sin reservas técnicas que las respaldaran. Luego de un ejercicio para sanear los balances y encontrar la realidad de las cifras, la empresa entró automáticamente en pérdidas por ese monto.
Otra declaración que usará la Fiscalía en juicio es la de Carolina Malagón, asesora del interventor. Según ella, en los empalmes de enero de 2024, el expresidente de la Nueva Eps, José Fernando Cardona, le manifestó que las cuentas estaban en orden. Pero, a su llegada, Malagón encontró un represamiento de facturas que mostraba lo contrario. El ente acusador usó su testimonio para argumentar que Cardona conocía la magnitud de la deuda y, aun así, intentó dejar la impresión de una EPS sólida.
La Fiscalía también llevará a juicio el testimonio del exviceministro de Hacienda Cicerón Fernando Jiménez, miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS y quien subrayó que ésta nunca conoció el alcance real del ocultamiento, pero que sí era evidente que Cardona, Pedraza, Isaza y Peralta, los procesados, sabían exactamente lo que estaba pasando. Según él, Pedraza –como contador– no sólo firmaba los estados financieros, sino que los presentaba a la Junta, dando fe pública de que las cifras correspondían a la realidad.
Una de las pruebas más importantes de la Fiscalía son las interceptaciones telefónicas. Fuentes que conocen el expediente le dijeron a este medio que unas conversaciones muestran que Cardona y Pedraza habrían estado “realizando algún tipo de acercamiento o algún tipo de reunión con el fin de ponerse de acuerdo e inculpar a uno de los coimputados en esta actuación de la defraudación ocurrida en la Nueva EPS. Dentro de esa conversación se puede inferir que estaban tratando de que la responsabilidad recayera en el señor Juan Carlos Isaza Correa, como vicepresidente administrativo y financiero de esta entidad”. Eso, explicaron, mostraría que el ocultamiento fue con dolo y no fueron errores administrativos.
¿Quiénes se beneficiaron con la operación?
Para entender el trasfondo del tema es necesario explicar la estructura corporativa y la composición accionaria de la Nueva EPS: el Estado es el dueño de la mitad menos (a través del Ministerio de Hacienda) y la mayoría accionaria está en cabeza de cinco cajas de compensación: Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle y Comfandi. No se trata de cualquier empresa. Según el listado de las 1.000 empresas más grandes del país, que publica la Supersociedades anualmente, en el 2023 la Nueva EPS ocupó el quinto lugar, con ingresos de 20 billones de pesos siendo superada solamente por Ecopetrol, Reficar, Avianca y Terpel. Después de la intervención y de la contabilización de todas las facturas, se desplomó.
Entre 2019 y 2023 la junta directiva de la Nueva EPS estuvo conformada por representantes de sus accionistas principales. Según documentos de la propia entidad, en esos años ocuparon asiento en la Junta directivos como Enrique Vargas Lleras, Néstor Ricardo Rodríguez, Noemí Sanín Posada, Fernando Jiménez Rodríguez y Beatriz Muñoz, entre otros, y delegados del Ministerio de Hacienda.
No se puede afirmar que los miembros de la junta directiva conocieran la operación de ocultamiento. Sin embargo, les será difícil explicarle a la justicia cómo, bajo su supervisión, se maquillaron cuentas por más de 5 billones de pesos durante 5 años sin que ellos se percataran. Además de lo anterior, hay una realidad innegable y es que los miembros de junta fueron beneficiarios directos de la falsa solvencia registrada por la compañía. El contralor dijo, por ejemplo, que “la Nueva EPS destinó 40.000 millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC”.
La siguiente foto muestra cómo se gastaron miles de millones de pesos en las vigencias de 2019 a 2021.
Captura de pantalla del informe de la Contraloría sobre los gastos de las Nueva EPS
La investigación que adelanta la Fiscalía, hasta ahora, se ha concentrado en el tema contable y en los malos manejos del presidente y sus ejecutivos. El capítulo de las responsabilidades penales que puedan endilgárseles a los miembros de la junta directiva hará parte de una segunda fase. El origen de esa línea de investigación es una denuncia de Rodolfo Salas, director jurídico del Ministerio de Salud, contra los miembros de la junta directiva mencionados a quienes acusó de los delitos de estafa, administración desleal y peculado.
Fuentes cercanas a ese proceso dijeron a este medio que en la Dirección Especializada contra la Corrupción se encuentra –en estado avanzado– una indagación contra Gleidson Macgyver González Sarmiento, quien fue revisor fiscal de Nueva EPS, y que sería el eslabón clave para unir las piezas que le faltan a la investigación.
“Esta persona resulta determinante para escalar la investigación porque podría conectar las decisiones del expresidente de la Nueva EPS y con la Junta Directiva de la época. Con esto, profundizaremos en la segunda fase”, dijeron.
En diálogo con CAMBIO, Javier Tamayo, abogado del expresidente de la Nueva Eps, José Fernando Cardona, dijo que no podía pronunciarse sobre el proceso porque no conocía las pruebas que la Fiscalía llevará a juicio. Reiteró lo dicho en su comunicado de la semana que pasó: “ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”.
El viernes 12 de septiembre, el presidente Petro dio una alocución en la que culpó de la crisis a los antiguos administradores de la Nueva EPS, olvidando mencionar la responsabilidad que le cabe al Gobierno por una intervención que, en lugar de resolver los problemas de la entidad, los ha profundizado. Hoy, por primera vez, el país conoce las pruebas que tiene la Fiscalía para demostrar que, en efecto, lo que recibió el Gobierno fue un absoluto desastre. Mientras la Fiscalía llega al fondo de este asunto, y el gobierno y los antiguos administradores se tiran la pelota para evadir responsabilidades, en la mitad están casi 12 millones de colombianos afiliados que en cualquier momento podría quedar desamparados y sin acceso al sistema de salud.
_______
Fuente:
