El uribismo no solo se opone a las reformas sociales en el discurso, sino que lo hace de manera activa y sistemática.
En los últimos años, Colombia ha vivido un momento crucial en su historia política y económica.
La consulta popular se ha convertido en una herramienta clave para medir el verdadero sentir del pueblo colombiano frente a las reformas sociales que buscan transformar la estructura económica y laboral del país
Carlos Munévar
Huella del Sur, 16 de mayo, 2025
A medida que surgen los desafíos globales del siglo XXI, dos fenómenos clave se han posicionado en el centro del debate: por un lado, la intensificación de las contradicciones internas que afectan a su sociedad, y por otro, el intento del país de insertarse en la nueva dinámica geoeconómica global, particularmente a través de su adhesión a la Iniciativa de la Ruta de la Seda. En este contexto, el bloque político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente enfrenta un juicio, sigue dominando el Congreso y se presenta como el principal obstáculo para las reformas sociales necesarias que permitirían a Colombia aprovechar estas oportunidades globales.
Por un lado, el acceso de Colombia a la Ruta de la Seda representa una oportunidad histórica para mejorar su infraestructura, conectar sus mercados y avanzar en la era digital. Sin embargo, como ya se sabe, la geopolítica y la economía no son procesos aislados. Las contradicciones internas del país, especialmente en términos de desigualdad social, precariedad laboral y concentración del poder en las élites, dificultan la realización plena de esas oportunidades. Y en este contexto, el uribismo juega un papel fundamental, pues su resistencia al cambio se convierte en el muro que impide avanzar hacia una Colombia más justa y equitativa, capaz de integrarse plenamente en la economía global sin dejar de lado a las mayorías empobrecidas.
El fascismo uribista: Un muro contra el cambio social
El bloque político que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con su partido Centro Democrático, representa no solo una corriente conservadora, sino una ideología autoritaria profundamente arraigada en el neoliberalismo. Uribe y su facción, aliados con la oligarquía empresarial y los sectores conservadores, se han constituido en un obstáculo formidable para cualquier intento de transformación progresista en Colombia. Su legado se basa en la militarización de la política y en la implementación de políticas de seguridad que incluyeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como los falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate—. Esto no solo refleja un autoritarismo palpable, sino también una resistencia al cambio social y económico que podría transformar las estructuras de poder que han gobernado para una élite empresarial y terrateniente en Colombia.
El uribismo no solo se opone a las reformas sociales en el discurso, sino que lo hace de manera activa y sistemática. A través de su control sobre el Congreso, este bloque, en estrecha colaboración con la oligarquía empresarial y los sectores más conservadores, ha bloqueado reformas esenciales como la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. A pesar de que más del 57% de la población colombiana respalda dicha reforma, los sectores más conservadores, encabezados por el uribismo, han frenado su aprobación en nombre de la “estabilidad económica”. Esta narrativa no es un simple desacuerdo político; es un intento consciente de proteger el statu quo de la economía neoliberal que favorece la informalidad laboral y la explotación de las clases trabajadoras.
La Consulta Popular: la voz del pueblo y el clamor por el cambio
En este escenario de resistencia, la consulta popular se ha convertido en una herramienta clave para medir el verdadero sentir del pueblo colombiano frente a las reformas sociales que buscan transformar la estructura económica y laboral del país. Según una reciente encuesta, el 57% de los colombianos apoyaría una consulta popular que permita reformar la legislación laboral y garantizar derechos fundamentales como la seguridad social, la estabilidad en el empleo y la formalización del trabajo. Este respaldo refleja la creciente insatisfacción de la ciudadanía con un sistema que perpetúa la exclusión social y el empobrecimiento de millones de trabajadores.
La consulta popular se presenta como un mecanismo legítimo para que el pueblo exprese su apoyo directo a las reformas que consideran urgentes. Sin embargo, el uribismo y sus aliados se han mostrado firmemente en contra de esta herramienta democrática, alegando que podría generar inestabilidad económica. Este rechazo no es más que una estrategia para bloquear cualquier intento de cambio estructural, al tiempo que se protegen los intereses de las élites económicas que han mantenido el poder y la riqueza en manos de unos pocos.
La consulta popular representa, además, un desafío directo a las estructuras de poder tradicionales. Si se llegara a realizar, podría ser el catalizador de una transformación profunda en Colombia, permitiendo que las reformas laborales, que han sido bloqueadas en el Congreso, puedan ser aprobadas de manera democrática y con el respaldo de la mayoría de la población. En este sentido, el apoyo del 57% de los colombianos a la consulta popular subraya la necesidad de un cambio urgente en la política económica del país, que favorezca la inclusión y los derechos de los trabajadores.
El uribismo y su defensa de un orden neoliberal excluyente
El uribismo, en estrecha alianza con la oligarquía empresarial y los sectores conservadores, ha sostenido con férrea convicción el modelo neoliberal que ha regido a Colombia desde principios del siglo XXI. Esta triada de poder ha promovido un orden económico profundamente excluyente, que ha concentrado la riqueza en manos de unos pocos, relegando a las mayorías trabajadoras a la marginalidad y la precariedad. El resultado ha sido la consolidación de una de las estructuras sociales más desiguales del continente. Según datos del Banco Mundial (2024), Colombia ocupa el puesto 12 entre los países con mayor desigualdad en el planeta, con un coeficiente de Gini de 0,53, situándose por encima del promedio latinoamericano.
Durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), si bien se promovió una narrativa de crecimiento económico y seguridad, los avances en materia social fueron escasos y profundamente desequilibrados. La pobreza multidimensional afectaba al 47,7% de la población al final de su segundo mandato (DANE, 2010), y el desempleo urbano rondaba el 12% en promedio durante varios años consecutivos. Estos datos reflejan que el supuesto éxito económico del uribismo no se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones de vida de las mayorías. Por el contrario, su política de “seguridad democrática”—sustentada en una visión militarista del orden social—dio lugar a escándalos de dimensiones trágicas, como los “falsos positivos”, que dejaron más de 6.402 víctimas inocentes ejecutadas extrajudicialmente por el Estado, según reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2021).
Uno de los frentes donde la resistencia del uribismo se manifiesta con mayor intensidad es en el ámbito laboral. Hoy, más del 56% de la población económicamente activa en Colombia está atrapada en la informalidad (DANE, 2025), sin acceso a seguridad social, pensiones ni estabilidad contractual. Frente a este panorama, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado una reforma laboral progresista destinada a formalizar el empleo, garantizar derechos fundamentales y desmontar la tercerización. No obstante, dicha reforma ha sido archivada por el Congreso, dominado por las bancadas uribistas, conservadoras y los partidos tradicionales que responden a los intereses de los grandes gremios económicos.
La negativa a aprobar esta reforma no es una mera diferencia ideológica: es la expresión de una estructura de poder que teme perder sus privilegios. Se trata de un rechazo sistemático a cualquier iniciativa que implique redistribución de la riqueza, fortalecimiento del Estado social de derecho o empoderamiento de las clases populares. En este sentido, el uribismo no solo es un proyecto político conservador, sino el rostro de un fascismo neoliberal que actúa como guardián del orden oligárquico.
Mientras Colombia se debate entre una modernización económica ligada a megaproyectos internacionales como la Ruta de la Seda y una realidad interna marcada por el estancamiento social, se hace evidente que ningún proyecto de integración global será exitoso sin una transformación estructural que dignifique la vida de sus trabajadores. En otras palabras, sin justicia social interna, no habrá verdadera proyección internacional.
La contradicción entre el crecimiento global y la exclusión interna
Mientras el uribismo y sus aliados conservadores se mantienen firmes en su oposición al cambio social, Colombia busca encontrar su lugar en la nueva arquitectura geoeconómica global, marcada por el ascenso de China y la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La participación de Colombia en esta mega-iniciativa representa una oportunidad para mejorar la infraestructura del país, modernizar puertos, crear nuevas rutas comerciales y acceder a mercados internacionales. Sin embargo, el país se enfrenta a una contradicción profunda: ¿cómo puede Colombia ser parte de la revolución económica global si no resuelve sus problemas estructurales internos de desigualdad, informalidad laboral y concentración del poder?
Es cierto que Colombia, por su posición estratégica entre el Atlántico y el Pacífico, podría convertirse en un nodo clave en las redes comerciales y tecnológicas globales, como lo señala el informe de la Cámara de Comercio de Bogotá (2025). Pero, para lograrlo, debe abordar los problemas fundamentales de la informalidad laboral y de exclusión social. La participación de Colombia en la Ruta de la Seda solo será exitosa si se logra una transformación interna que permita integrar a las mayorías empobrecidas en el proceso económico global. Si la situación de precariedad laboral persiste, el país podría terminar siendo una pieza más en la cadena de valor global sin aprovechar los verdaderos beneficios de su ubicación geoestratégica.
El freno de las élites políticas y la resistencia al cambio
En este contexto, el Senado de Colombia, dominado por el uribismo y otros sectores conservadores, ha demostrado ser un obstáculo significativo para cualquier cambio estructural en el país. El presidente Gustavo Petro, en su intento por avanzar en una agenda progresista, se enfrenta a la feroz resistencia de una clase política que se niega a perder sus privilegios. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha acusado al gobierno de “presionar indebidamente” al Congreso para aprobar reformas laborales que podrían alterar la estructura económica que favorece a los grandes empresarios.
El contraste es claro: mientras el país busca integrarse a la economía global del futuro a través de la Ruta de la Seda, la política interna de Colombia sigue estando dominada por fuerzas conservadoras, representadas por el uribismo y la oligarquía empresarial, que prefieren mantener un modelo económico excluyente, que no solo frena la modernización del país, sino que también obstaculiza el avance hacia una democracia social real.
¿Colombia puede avanzar en la Ruta de la Seda sin una reforma interna?
El dilema de Colombia es claro: ¿cómo puede el país aprovechar su integración a la Ruta de la Seda y su potencial geoeconómico si no resuelve las contradicciones internas que afectan a su estructura económica y social? Mientras que la modernización de la infraestructura, la expansión de las zonas francas digitales y el desarrollo de nuevas rutas comerciales son fundamentales para el crecimiento económico, este progreso será insuficiente si no se aborda la raíz de las desigualdades que afectan a millones de colombianos.
La verdadera oportunidad de Colombia en la Ruta de la Seda no radica solo en los acuerdos internacionales o en la construcción de megaproyectos de infraestructura; está en la capacidad del país para transformar su estructura interna, promoviendo una economía más justa e inclusiva. Solo si se reforma profundamente el sistema político y económico, asegurando el acceso a derechos laborales básicos y una mayor distribución de la riqueza, Colombia podrá aprovechar su lugar en la economía global y evitar convertirse en un simple espectador de los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo.
Una oportunidad que exige transformación interna
La adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda es una oportunidad histórica, pero también plantea grandes desafíos internos. La contradicción entre las aspiraciones globales del país y sus problemas estructurales de desigualdad y exclusión social es profunda. Si Colombia quiere realmente aprovechar las oportunidades que ofrece esta iniciativa, debe primero enfrentar las tensiones internas que limitan su desarrollo económico y social.
El uribismo, con su defensa del orden neoliberal y su resistencia al cambio social, sigue siendo el mayor obstáculo para un futuro más justo y equitativo. La lucha por una reforma laboral integral, por una mayor redistribución de la riqueza y, crucialmente, por la aprobación de una consulta popular que permita al pueblo expresar su voluntad, es esencial para que Colombia no solo sea un participante en la economía global, sino un país que ha logrado transformar sus estructuras para garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. Solo entonces podrá el país aprovechar su potencial geoeconómico y construir un futuro más próspero y justo para todos.
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Imagen de portada: Visita oficial de Gustavo Petro a la República Popular China
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