EL NEGOCIO OPULENTO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA ES UNA AMENAZA SOCIAL MOVEDIZA, IMPUNE Y PELIGROSA, AL BORDE DE EXPLOTAR

16 Febrero, 2025

El crimen organizado puede acceder de manera permanente a la red nacional de circuitos cerrados en condominios y otras instalaciones en el país. La Fiscalía General de la Nación se niega a investigar la gran corrupción en la seguridad privada —con al menos medio millón de hombres en armas— o le entrega un mismo caso a cinco o seis fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo de otros.

Por GONZALO GUILLÉN y MARISOL OROZCO

(Este informe inédito de La Nueva Prensa fue aportado en 2023 a una investigación internacional independiente, coordinada desde Estados Unidos, sobre el negocio de la seguridad privada en varios países de América Latina. Esta versión sobre Colombia tiene actualizaciones).

El negocio opulento de la seguridad privada en Colombia es una amenaza social movediza, impune y peligrosa, al borde de explotar.

Con medio millón de hombres y en menor grado mujeres civiles en armas (superior al pie de fuerza de las fuerzas armadas y de policía, que suman 452.466), ese negocio mueve cada año no menos de un millón de millones de pesos y en gran medida está en manos del narcotráfico, las organizaciones criminales y la corrupción. Dispone, además, del apoyo de los principales partidos políticos, las fuerzas armadas y los estamentos de la justicia, en especial de la Fiscalía General de la Nación, entidad también infiltrada profusamente por el crimen organizado.

Las guerras intestinas, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad son los factores principales que han convertido a Colombia ––con 50 millones de habitantes–– en un floreciente y desbordado comercio de servicios de vigilancia, seguridad privada y mercenarios. Ese sector de la economía está censado por el estado en su parte formal, el que en sus registros tiene 351.182 hombres y mujeres en armas, pero el pie de fuerza privado puede sobrepasar el millón si se agregan las personas armadas del mercado informal y cooperativas, de las que son socios los mismos guardas y vigilantes que prestan sus servicios particulares.

Las empresas privadas de vigilancia y seguridad legalmente constituidas en Colombia son 1.302, incluidas las de transporte de valores, de acuerdo con la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Discriminadas así: de vigilancia, 810; transportadoras de valores, 12; cooperativas 45 y departamentos privados de seguridad, 435.

La Nueva Prensa pudo establecer en fuentes nacionales y extranjeras que existen empresas de seguridad con más de cien hombres armados y al ser requeridas por autoridades competentes no han podido demostrar que le presten a nadie sus servicios. Carecen de contratos con terceros.

También se dedican a la vigilancia y seguridad privada al menos otras 500 cooperativas cuyas actividades son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En este caso las funciones relacionadas con seguridad carecen de mayor control, excepto 45 que vigila la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La mayor parte del lado legal del negocio de la seguridad privada está ligado y depende del crimen organizado —principalmente de la corrupción, el contrabando y el narcotráfico—, bien como clientela, bien como fuente de financiamiento o bien como proveedor.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les concede licencias de funcionamiento a las empresas lícitas por diez años cada una y no tiene muchas opciones jurídicas para suspendérselas cuando estime que sería necesario hacerlo. Tampoco puede negarse a concederlas ni negarse a renovarlas si cumplen con los requisitos de ley, aun cuando haya fundadas sospechas de que sean propiedad de la delincuencia o de que estén al servicio de ella. Incluso, cuando la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos exigidos son dudosos o insuficientes, las licencias se conceden a toda costa por medio de métodos corruptos, en especial el soborno, como consta en innumerables denuncias que, por lo común, la Fiscalía General de la Nación se niega a investigar o le entrega un mismo caso a cinco o seis fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo que hacen otros.

La Fiscalía, por ejemplo, se niega a entregarles a los organismos del gobierno competentes —incluidas las fuerzas militares— informaciones tales como cuáles y cuántas armas amparadas de manera legal han sido usadas en la comisión de homicidios, asaltos, atentados, etcétera.

Esta falta de información entorpece el control estatal sobre esas empresas.

Las actividades para las que reciben autorizaciones las empresas y cooperativas incluyen las de poder dar en alquiler vigilantes fijos, escoltas, patrullas motorizadas con armamento, transporte de valores y uso de perros amaestrados.

El principal cliente del negocio de la seguridad privada es el Estado colombiano. De hecho, como se advierte más adelante, hay una reforma legal que busca entregarle las cárceles a ese sector. Dominado por el crimen.

Solamente el segmento de los servicios de protección —el que consiste en suministrar escoltas a terceros—factura al año no menos de un millón de millones de pesos colombianos, de acuerdo con cálculos de fuentes de la Unidad Nacional de Protección -UNP-.

Por su parte, las cooperativas dedicadas parcial o totalmente al negocio de la seguridad carecen de mayor vigilancia estatal en esa área, pues la Superintendencia de la Economía Solidaria, de la que dependen, únicamente supervisa su funcionamiento en términos de que garanticen la democracia interna entre los asociados y los manejos económicos y organizativos. Los permisos de funcionamiento que les concede son indefinidos.

No existe información oficial sobre las empresas que suministran mercenarios. Casi todos están compuestas por exmilitares y ex funcionarios de la extinta y sanguinaria policía secreta DAS, que suelen ir principalmente a zonas de conflicto (por ejemplo, ya han muerto una veintena de mercenarios colombianos en la guerra entre Ucrania y Rusia) o a ejercer el papel de paramilitares dentro de Colombia y en países como Ecuador, Guatemala y Honduras, por medio de ejércitos privados e ilícitos, en connivencia con la fuerza pública colombiana.

Las más poderosas organizaciones de este último tipo suelen llamarse “oficinas de cobro”, la principal de las cuales es conocida como Oficina de Envigado, multinacional del crimen. Otras operan en la costa norte, Bogotá y Cali, principalmente.

Un grupo de otras empresas sin control estatal, tanto nacionales como extranjeras, suministran vigilantes colombianos en lugares del mundo donde no hay conflictos bélicos, básicamente del Medio Oriente. Allí prestan servicios de vigilancia, patrullajes y control de movimientos en instalaciones industriales y gubernamentales.

Un grupo de 26 militares colombianos en uso de buen retiro, reclutados y contratados por la firma de Miami CTU Security, propiedad del venezolano Antonio Intriago (preso en Estados Unidos), asesinaron en Puerto Príncipe al presidente de Haití, Jovenel Möise, el 7 julio de 2021. Todos pertenecen a la llamada “reserva activa” del Ejército. Jurídicamente, conforman unidades militares de reserva listas a recibir instrucciones para su movilización cuando les sea ordenado por el mando correspondiente.

Fuentes colombianas de seguridad consultadas plantearon la hipótesis en averiguación de que en el magnicidio en Haití pudieron haber estado involucrados dos parientes cercanos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, asociados con parientes del corrupto expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Esos parientes de ambos expresidentes habrían intentado de manera reiterada venderle al gobierno de Jovenel Möise plantas generadoras de energía eléctrica (de las que ya han vendido en abundancia en Centroamérica) y no lo consiguieron, a pesar de haber invertido esfuerzos y dineros en ese propósito. De hecho, el contratista Intriago es reconocido amigo personal de Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y Antonio Intriago.

El controvertido ex presidente Iván Duque (2018-2022) también ha mantenido una amistad con Antonio Intriago, la que fue especialmente activa durante su gobierno.

Iván Duque y Antonio Intriago.

Dos generales colombianos retirados indicaron a La Nueva Prensa que Intriago pudo haber orientado, por pedido e Iván Duque, la operación secreta de militares colombianos que invadieron territorio de Venezuela con el objeto de asesinar al líder de las FARC disidente y prófugo Jesús Santrich. Este último episodio fue investigado y publicado por los autores de este informe.

Grandes conglomerados empresariales colombianos tienen licencias propias para poseer cuerpos armados de seguridad y armamento. Mayormente empresas mineras, agroindustriales, ganaderas, grupos empresariales, legales e ilegales, tienen ejércitos paramilitares provistos con pertrechos de guerra que les suministra la Industria Militar, INDUMIL. Estas últimas empresas en algunos casos son solamente mascarillas de grandes organizaciones criminales, como el llamado Clan del Golfo, cuyo líder principal (Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”) hoy extraditado a Estados Unidos y es posible que haya delatando a su organización a cambio de beneficios legales.

Como dato curioso, La Nueva Prensa encontró que sólo una empresa de abogados en Colombia tiene un departamento propio de seguridad, con hombres provistos de pistolas y una ametralladora. Se trata de la oficina del controvertido costeño, distribuidor de ron y precandidato presidencial Abelardo Espriella. Posee en Colombia una flotilla de camionetas Cadillac blindadas que eran propiedad de Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos y luego fue canjeado entre Washington y Caracas por un grupo de norteamericanos presos. Tales vehículos no tienen licencia de la Superintendencia.

El principal empresario de la seguridad privada en Colombia, Jorge Arturo Moreno Ojeda (conocido como “zar de la seguridad”), vive libre en Miami y desde allí maneja su entramado empresarial debido a que no puede entrar a Colombia, donde tiene una condena a siete años de prisión. Su empresa principal se llama Guardianes y ha sido la surtidora de vigilantes y escoltas más grande de Colombia. Indirectamente, de acuerdo con fuentes de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, tiene sociedades en el país al menos con otras siete empresas de gran envergadura, todas ellas contratistas del estado por medio de la figura de “uniones temporales”. Las fuentes consultadas indicaron que existen elementos para presumir que posee más nexos con empresas de su estilo tanto en Colombia como en otros países.

Existen informaciones reservadas de la Agencia Nacional de Inteligencia según las cuales Intriago y Moreno Ojeda estarían operando conjuntamente en el mercado internacional de la seguridad privada y desarrollando acciones y negocios en México, donde esa actividad está en crecimiento constante y tiene esquemas de funcionamiento similares a los colombianos, ligados a los carteles del narcotráfico y al crimen organizado en general.

Por solicitud que hicimos para este informe, el ministerio de Defensa de Colombia indagó y nos informó que el empresario colombiano preso en Estados Unidos Jorge Arturo Moreno Ojeda no es hermano del general Carlos Iván Moreno Ojeda, último comandante general del ejército de Colombia durante la anterior presidencia de Iván Duque. Ambos son naturales de Bucaramanga. “Pero tampoco son ajenos el uno al otro”, dijeron las fuentes.

Tanto el prófugo empresario Moreno Ojeda como su homónimo el general Moreno Ojeda y el venezolano Antonio Intriago participaron en la organización de un concierto multitudinario que en febrero de 2019 el expresidente Iván Duque organizó en la frontera de Colombia con Venezuela para repudiar el régimen de Nicolás Maduro. A ese concierto asistió el opositor venezolano Juan Guaidó, quien ingresó a Colombia escoltado por un ejército irregular del narcotráfico en la región de Catatumbo, con la venia de las fuerzas militares colombianas.

Antonio Intriago y los Moreno Ojeda tomaron parte en distintas actividades relacionadas con la Operación Gedeón o “Macutazo”, por medio de la cual un contingente de hombres bien armados intentó, sin éxito, en mayo de 2020, invadir Venezuela con el objeto de propiciar el derrocamiento de Maduro. En este caso, Intriago reclutó y contrató a combatientes que tomaron parte en esa acción. De su lado, el hoy condenado y prófugo Jorge Arturo Moreno Ojeda cooperó en el reclutamiento y presumiblemente en la consecución de armas y su homónimo el general colombiano Caros Iván Moreno Ojeda protegió el paso por Colombia de hombres y equipos de guerra y, probablemente, fue uno de los oficiales colombianos que suministró ilícitamente lanchas militares de patrullaje fluvial que se utilizaron en aquella operación fallida. Las embarcaciones fueron abandonadas.

En el contrato de la Operación Gedeón, Antonio Intriago habría tomado parte a través de la empresa de Miami Silver Corp. También participaron Juan Guaidó y el activista de extrema derecha venezolano J.J. Rendón, residente en Miami.

El auge y la corrupción en los servicios privados de alquiler de escoltas, armamento y vehículos blindados, entre 2012 y 2021 se incrementó de manera abismal en la estatal Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad creada por exigencia de la comunidad internacional para proteger a periodistas y líderes sociales, cuyas actividades han sido incesantemente atacadas por la delincuencia. Ese organismo hoy ha ampliado sus servicios de protección estatal a todo tipo de personas y con el tiempo se convirtió en una agencia secuestrada por el crimen, la política y al narcotráfico.

Durante una conversación con el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, establecimos informaciones como estas, que la Fiscalía se niega a investigar a fondo, como lo pudo comprobar La Nueva Prensa:La UNP ha estado alquilando esquemas de protección a delincuentes de todo tipo, argumentando que tienen amenazas.Los vehículos blindados de la UNP, todos alquilados a empresas privadas de dudosa reputación, prestan servicios ilícitos en todo el país de transporte de armamento, drogas, dinero, cadáveres, personas secuestradas, etc. Lo hacen con facilidad porque esos vehículos no pueden ser requisados en las calles por la policía, a menos que exista orden de un juez.La mayor parte de los escoltas y otro personal administrativo y de seguridad de la UNP proviene de la desaparecida y corrupta policía política DAS, la cual fue abolida debido a que se había convertido en un cuerpo delincuencial incontrolable. Llegó a organizar los magnicidios más sonados de los últimos tiempos en Colombia.Los vehículos blindados que la UNP toma en alquiler para el transporte de los ciudadanos protegidos, durante el pasado gobierno de Iván Duque fueron de equipos rastreadores GPS con el objeto de espiar a los usuarios y de controlar los embarques de droga que mueven en ellos, principalmente las organizaciones criminales de Medellín conocidas como “Oficina de Envigado” y “La Terraza”. Esto se debe a que la Fiscalía también está penetrada por el crimen organizado y funcionarios corruptos que pertenecieron al DAS.El director de la UNP ha pedido en vano que la Fiscalía General de la Nación le reciba las pruebas que posee acerca de cómo las más poderosas organizaciones criminales tienen infiltrada la entidad y, en la práctica, la manejan mediante maniobras mafiosas y amenazas.

La penetración del crimen en la UNP ha ocurrido en buena parte a través del sindicato de la entidad dirigido por Wilson Devia, proveniente del DAS. Hoy maneja el área de Análisis del Riesgo y es desde ella que concede esquemas de protección a bandas criminales que las utilizan para abrigar sus actividades y le pagan por ello a Devia, quien también alquila armamento amparado por el estado e insignias policiales legítimas.

Quien fuera subdirector de la UNP hasta agosto de 2022, Ronald Rodríguez Rozo, tenía su propia red de transporte y distribución de cocaína y aun así la Fiscalía General se ha negado a judicializarlo.

La UNP tiene 10 mil escoltas y solamente 10 por ciento de ellos son de planta. Los demás provienen de las empresas privadas, como las del zar de la seguridad privada Jorge Arturo Moreno Ojeda. La UNP, nos dijo su director, no puede responder por la idoneidad de ninguno de esos escoltas ni por el blindaje de los carros.

Colombia produce y vende el 80 por ciento de la cocaína que consume el mundo. Una proporción desconocida de las utilidades de ese negocio retornan ilícitamente al país en efectivo o mediante contrabando de productos. Entre los operadores del narcotráfico hay constantes guerras. Esto da la medida de la importancia de la seguridad privada en el país y del interés estratégico que tiene en ella la gran delincuencia. Así, mientras más sectores cubra la seguridad privada, mayor será la capacidad de espionaje, reacción armada y control social que tendrá el crimen organizado sobre la sociedad colombiana.

El presidente, Gustavo Petro, quien parece tener conocimiento amplio de la problemática de la seguridad, en 2023, trinó: “El narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas. Se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias”.

EstadísticasSegún el expresidente Iván Duque, para 2021 se registró el mayor crecimiento del siglo en Colombia en este sector de la seguridad privada y su comportamiento proyectaba un gran aumento para 2022, como, en efecto, ocurrió.Para 2022 el sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada llegó a aportar el 1.2% del PIB nacional, alrededor de $10,5 billones anuales.

Para 2022, este sector generaba más de 39.000 empleos legales de manera directa.

Durante la pandemia del Covid-19, entre 2019 y 2022, se dio un incremento en la prestación de servicios de seguridad privada que pasó de 8.000 en 2019 a más de 10.500, en 2022.

Para 2022 existían en Colombia más de 8.000 empresas dedicadas a la seguridad privada, entre legales e ilegales.

Para finales de 2021, el Superintendente de la época señaló que durante la Pandemia este Sector había generado más de 40.000 nuevos empleos. Cuando empezó la pandemia tenían 350 mil guardas registrados en el aplicativo de personal operativo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a finales de 2021 sumaban 390.000. Esto, sin contar con las empresas blindadoras de vehículos, arrendadoras de vehículos, escuelas de capacitación, empresas de transporte de valores, empresas de asesoría, consultoría e investigación en temas de seguridad. Tampoco incluía los departamentos de seguridad con personal armado de grandes conglomerados empresariales ni el personal administrativo de todo el sector de la seguridad privada, en su mayor parte provisto de armamento.

Para finales de 2021, la Superintendencia estaba vigilando más de 10 mil empresas en el país.

Las utilidades y la producción de armas y municiones de la estatal Industria Militar –INDUMIL– crece de manera notable de un año a otro y esto, en concepto de los expertos consultados, solamente indica que el mismo gobierno colombiano está contribuyendo a acrecentar los conflictos armados internos.Para la vigencia de 2021 se proyectó que la economía mundial crecería 5,9% y 4,9% en 2022. Como se evidencia en la gráfica que aparece más adelante, tanto la utilidad neta como la operacional presentan un incremento significativo en la vigencia 2021 respecto al año inmediatamente anterior de 43% y 48%,A diciembre de 2021 se evidencia el resultado más representativo de utilidad neta y operacional de los últimos cinco años con un incremento del 33% y 30%.Durante el 2021, a pesar de las condiciones de mercado por el COVID-19, la Industria militar logró una utilidad neta acumulada a diciembre por $92.904 millones y un EBITDA de $157.710 millones.[1]Con respecto a las inversiones, el valor más representativo se encuentra en la banca en Certificados de Depósito a Término, CDT, debido a los excedentes de efectivo que se presentaron durante el año. Con la Financiera JURISCOOP y el Banco Mundo Mujer los títulos que se adquirieron en la vigencia 2020 por $60.000 millones y $10.000 millones respectivamente. Del superávit de INDUMIL también hay dinero que, inexplicablemente, se convirtió en 371 unidades accionarias de Acerías Paz del Río, segunda empresa siderúrgica más grande de Colombia, privada, propiedad del grupo empresarial Trinity Capital. Esa participación consta en un registro contable administrado a través de la Bolsa de Valores de Colombia.Frente a las exportaciones de volumen y valor, el comportamiento en el pago consolidado de divisas en los últimos cinco años oscila entre 43,5 y 50,5 millones. Durante la vigencia 2021 ingresaron a la cuenta de compensación USD28,2 millones, provenientes principalmente por compra de divisas (USD27.000.000), reintegro por exportaciones y servicios (USD1.206.576,65) y rendimientos financieros (USD 3.629,01); se giraron USD (31 millones) por pago a proveedores por importaciones y demás servicios en divisas como suscripciones, ferias y afiliaciones del exterior.Frente a las ventas, las netas conforman la situación financiera, económica y social de la Industria Militar. Para la vigencia 2021 presentó un incremento del 23% al pasar de $ 480.487 millones en el 2020 a $ 590.796 millones en 2020.

Las ventas netas a 31 de diciembre de 2021 presentaron un incremento por $110.099 millones, al pasar de $480.697 en el año 2020 a $590.796, en año 2021.

Manejo del gobierno Duque respecto del sector de vigilancia y seguridad privada y su crecimientoLas decisiones tomadas por el pasado gobierno en el marco de la emergencia social declarada por el Covid-19, a través de la expedición de distintos decretos que facilitaron condiciones para las empresas pertenecientes a este sector mantuvieran la normalidad en nómina y crecieran en inversión, comprometiendo vigencias futuras a través de la apertura de líneas de crédito de Bancoldex de largo plazo, con los que se garantizaba que de cada $100 pesos que se pidieran prestados, $90 estaban garantizados por el gobierno.Por otra parte, se encuentra también que entre 2018 y 2022, pero especialmente en 2021, distintas entidades del orden nacional, departamentales y municipales, así como instituciones públicas de educación superior y hasta canales regionales de televisión firmaron compromisos de vigencias futuras para garantizar la inversión en vigilancia y seguridad privada, en una figura que implicaría asegurar negocios por miles de millones anuales para las empresas de vigilancia y seguridad privada, con cargo a varias anualidades del presupuesto de la nación, los departamentos y municipios.Asimismo, se encuentra que el gobierno de Duque, a través del Decreto 2106 de 2019 (Decreto anti-trámites, Art. 73 y subsiguientes) modificó la norma que establecía un período de entre uno y cinco años para que las empresas pertenecientes al sector tuvieran que renovar sus licencias. Con el argumento terminaría con la manipulación, el chantaje y la extorsión, definió que las licencias sólo necesitarían ser renovadas cada 10 años.De la mano de lo anterior, Duque firmó el Decreto 1589 de 2021, en el que se eliminó la especificidad de los centros especializados autorizados para practicar exámenes de aptitud psicofísica para escoltas, guardas, vigilantes y supervisores que tuvieran acceso a armas. También, autorizó que cualquier Institución Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con un certificado ISO (International Organization for Standardization) y registrada ante la corrupta división de Sanidad Militar pueden expedir certificados de idoneidad para escoltas, vigilantes, guardianes, etc. Adicionalmente, definió que, desde la entrada en vigencia del Decreto, quienes hubieran resultado no aptos podrán tomarse un nuevo examen en otro centro diferente, incluso en un plazo menor a un mes.Por otra parte, Duque amplió las posibilidades de contratación y licitación públicas para empresas del sector de la seguridad privada. Mediante la Ley 2197 de 2022, promulgada por el Congreso de la República, en su Título XI, modificó la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), permitiendo la celebración de contratos por parte de entidades territoriales con empresas del Sector para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y para apoyar el cumplimiento de funciones “en materia de creación, fusión, o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles”. Asimismo, se adicionó el artículo 34 a la mentada Ley, por medio del cual se abrió la puerta para que tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales contraten con empresas del sector el diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria. Es decir, que las empresas de vigilancia y seguridad privada puedan quedar a cargo de cárceles, penitenciarías y centros de reclusión desde su diseño y construcción hasta su operación. Sobre esto y antes de la modificación y adición de artículos a la Ley 65 de 1993, a través de la promulgación de la Ley 2197 de 2022, ya se habían adelantado pilotos de este proyecto en una cárcel de mujeres y otra de hombres en Barranquilla y estaban por comenzar otro plan piloto en una cárcel de Medellín.También, se adelantaron pilotos en los que se ha prestado servicios de vigilancia y seguridad privada a centros y establecimientos de reclusión transitorios, para supuestamente desconcentrar los comandos y bases militares, para combatir el hacinamiento y para descongestionar a la Policía, de manera que pueda encargarse de la protección de la ciudadanía.El anterior gobierno había elevado la propuesta de también contratar a las empresas de este sector para ocuparse de la seguridad y vigilancia en eventos de fútbol y conciertos, entre otros, para relevar de esa ocupación que despliega a un alto número de policías y logística.Por otra parte, mediante la Ley 1979 de 2019 (Ley de Veteranos), reglamentada por el Decreto 1345 de 2020, otorgó un incentivo para que las empresas privadas del Sector vinculen a miembros de la fuerza pública, una vez pasen al retiro, siendo el Estado el que asuma el pago del equivalente al pago de prestaciones sociales de cada uno de los vinculados. Esto, con la condición de que sean contrataciones nuevas e incrementen la nómina. No aplica para reemplazos ni veteranos ya contratados. Existe afán e interés por en incrementar significativamente el número de personas vinculadas al sector privado de la seguridad, a pesar de la corrupción que lo caracteriza).De la misma manera, se definió que los veteranos pueden ingresar a trabajar a empresas del sector una vez retirados, sin necesidad de presentar exámenes, pasar por capacitación ni entrenamiento, al menos en los primeros 18 meses.Así como en el caso anterior, se dispusieron incentivos para las empresas del sector que contraten personas en condición de discapacidad, bajo las mismas condiciones arriba citadas de que sean nuevas vinculaciones.Igualmente, con la reglamentación del artículo 6 de la Ley 1920 de 2018, se incluyó un estímulo adicional de 3% de puntaje en los procesos de contratación pública para las empresas de vigilancia y seguridad privada que vinculen mujeres, personas en condición de discapacidad y mayores de 45 años.También, Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, mencionaron una alianza o convenio con las empresas del sector dedicadas a la capacitación para que, en alianza con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), desarrollen un Esquema de Formación Integrada y con ella amplíen la oferta y se encarguen de capacitar a todo el personal con miras a incrementar la capacidad humana operativa en el Sector.Por otro lado, se firmó un convenio con la controvertida universidad Sergio Arboleda para otorgar un descuento hasta de un 30% a guardas, empresarios y a su núcleo familiar para que se profesionalicen.Asimismo, un convenio adicional con el Grupo Éxito (supermercados) vinculó al programa Carné Colombia a los trabajadores del Sector, eso les permite acceder a descuentos en todas las tiendas de la Cadena, descuentos de los que solamente gozaban los miembros de la Policía Nacional y que fueron ampliados para todo el personal operativo del Sector.

De la misma manera, fue suscrito un convenio interadministrativo de cooperación, No. 258 de 2022, entre la Superintendencia de Vigilancia y la Policía Nacional, para el enlace permanente mediante medios de comunicación propios. La unión de los dos sectores le da acceso a la Policía ‑sin orden judicial– a todos los sistemas eminentemente privados de circuito cerrado de televisión de los lugares donde haya servicios de vigilancia y seguridad privada. Esto ocurre mediante el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles (App 123) y viola la intimidad de condominios en la medida de que sus actividades privadas quedan a disposición de Policía en tiempo real y geo-referenciado desde todos los lugares del país conectados a esa red. Cuando se retiró en agosto pasado, el exministro Molano estimaba que ese programa estaba por alcanzar un cubrimiento nacional de 80%. Y acciones de fortalecimiento mediante encuentros, eventos e iniciativas de condecoraciones a miembros de las empresas del Sector que se destaquen en los servicios y colaboración con la Policía. Para este punto se ha creado un micrositio específico.

Se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas de seguridad privada están ligadas a la delincuencia organizada, esta última puede tener acceso permanente a la red nacional de circuitos cerrados en condominios y otras instalaciones.

También se reporta una inversión en capacidad digital para la creación de un observatorio de vigilancia y seguridad privada que es hoy, según el controvertido ex ministro de Defensa Diego Molano, un centro estratégico de gestión orientado a la recolección, análisis y suministro de información. Sin embargo, no existe claridad en la actualidad respecto del avance del mismo y la cantidad y tipo de información que ha sido sistematizada y el nivel de acceso al mismo.

Mientras tanto, en el 2020 tuvo lugar el lanzamiento del Cluster de Vigilancia y Seguridad Privada para Bogotá-Región, una iniciativa impulsada por una asociación privada que convoca a 25 empresarios privados del sector, y que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Busca hacer uso de los avances significativos en materia de adquisición y desarrollo de tecnologías e inteligencia artificial, con el fin de levantar información propia, independiente de la que puede producir el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la Policía Nacional y la Personería de Bogotá, aduciendo que tienen mayor capacidad de acceso a la información en ciertos sectores en donde las estatales pueden tener limitaciones. En este sentido, poseer cifras y estadísticas propias con miras a ser fuente primaria de información para el Estado y “coadyuvar en la lucha contra la criminalidad”, así como para producir documentos que sirvan de soporte para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad pública y de vigilancia y seguridad privada, y buscando un ejercicio de intercambio activo de información con el sector púbico de vigilancia y seguridad privada, así como con la policía, para fortalecer la red de información y la capacidad de acción. Esto implica el acceso a circuitos cerrados de televisión en viviendas, conjuntos, empresas y a espacios residenciales y comerciales, en general, así como las de control de las vías y espacios públicos.

Uno de los precursores del desarrollo de este clúster es el representante a la Cámara por Bogotá por el partido Centro Democrático José Jaime Uscátegui, hijo del famoso ex general del ejército Jaime Uscátegui, condenado por la justicia colombiana por una masacre paramilitar que se dio producto de la connivencia entre este grupo armado ilegal, comandado por Vicente y Carlos Castaño Gil, y el Ejército Nacional. Cuando se cometió este crimen de lesa humanidad Uscátegui era comandante de las Brigada VII. Esta atrocidad marcó la expansión de la organización ilegal en varios municipios de Colombia.

Aportes de las empresas del sector en el acelerado crecimiento recienteLa implementación de servicios y tecnologías que exceden el tema de seguridad y que tienen que ver con evaluación de riesgos en procesos administrativos, análisis de postulantes, en procesos de contratación e identificación y predicción de posibles peligros; el análisis de datos, el reconocimiento facial y la inteligencia predictiva también se suma a esta lista. Asimismo, se ha incrementado la prestación de servicios tradicionales como escoltas, vigilancia y transporte de valores, escuelas de capacitación en seguridad y vigilancia, cooperativas de vigilancia y la prestación de servicios de blindaje y alquiler de vehículos blindados.La integración de lo que hoy llaman “seguridad 4.0”[1], ofrece “servicios avanzados, robótica, inteligencia artificial,drones y softwares que brindan soluciones reales para afrontar las problemáticas de seguridad”, según lo manifestado por el presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), Miguel Ángel Díaz.El uso incierto hasta hoy en Colombia de la “seguridad 4.0” podría tener relación con el ingreso ilícito al país del malicioso y poderoso software espía israelí Pegasus.La mayor parte del personal operativo vinculado al creciente sector de la seguridad y vigilancia privada proviene de las fuerzas militares, la Policía Nacional, la desaparecida policía política DAS y los grupos guerrilleros y paramilitares desmovilizados.

El ex superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Manzur Arrieta (contra quien hoy pesan varias denuncias penales y administrativas), envió el siguiente escrito para este informe cuando aún estaba en el cargo:

“La principal problemática que se presenta en el ámbito de empresas de vigilancia y seguridad privada es la informalidad, pues aunque contradictorio, se genera un inminente riesgo de seguridad, no solo para los que contratan la empresa informal de seguridad, que en su mayoría no cuentan con personal capacitado y peor aún, con armas sin el respectivo permiso expedido por el Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, por lo que si llegara a ocurrir un hecho lamentable, los implicados en el mismo, vale decir, contratante y empresa ilegal, se verán inmersos en diversos asuntos jurídicos, tales como sanciones, querellas, proceso civiles y de mayor envergadura, como penales.

“Otro factor que incide en la informalidad de tales empresas son las pólizas que debe respaldar el ejercicio de su actividad comercial.

“Por otro lado, las personas que prestan sus servicios dentro de estas empresas informales, son vulneradas permanentemente en sus derechos laborales, principalmente en su seguridad social, salario, pago de horas extras, vacaciones y primas”.

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[1] El EBITDA es un indicador financiero (acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro de este, y la amortización de las inversiones realizadas. El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio.

[1] La seguridad 4.0 es un concepto que se refiere a la aplicación de tecnologías y principios de la Industria 4.0 para mejorar la seguridad en diversos ámbitos, como el laboral, el industrial y el de la información.

2. Algunas de las características principales de la seguridad 4.0 son:Conectividad: Los dispositivos y sistemas están interconectados, lo que permite una supervisión y control más eficientes.

Automatización: Se utilizan sistemas automatizados para identificar y responder a incidentes de seguridad de forma más rápida y precisa.

Análisis de datos: Se recopilan y analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias que puedan ayudar a prevenir incidentes de seguridad.

Inteligencia artificial: Se utilizan algoritmos de IA para mejorar la capacidad de detección y respuesta a amenazas.

La seguridad 4.0 se aplica en diversos ámbitos, como:Seguridad laboral: Se utilizan sensores y dispositivos conectados para supervisar las condiciones de trabajo y detectar posibles riesgos.

Seguridad industrial: Se utilizan sistemas de monitorización y control para prevenir accidentes y proteger las instalaciones.

Seguridad de la información: Se utilizan tecnologías como el cifrado y la autenticación para proteger los datos y prevenir ciberataques.

Reducción de riesgos: Permite identificar y prevenir incidentes de seguridad de forma más eficaz.

Mayor eficiencia: Automatiza tareas y procesos, lo que reduce los tiempos de respuesta y mejora la eficiencia.

Mejora continua: Permite recopilar y analizar datos para identificar áreas de mejora y optimizar los sistemas de seguridad.