LA MATRIZ DE LA CORRUPCIÓN ES LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO CAPITALISTA

Por JOSÉ ARNULFO BAYONA*

31 Enero, 2025

En Colombia, los funcionarios públicos elegidos por voto popular, presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, invierten en sus campañas miles de millones de pesos aportados, previos acuerdos sobre la repartija burocrática, por los gremios empresariales; industriales, terratenientes, banqueros, narcotraficantes, etc. más los caudales saqueados al Erario. Una vez elegidos o elegidas, nombran en los altos cargos a las “fichas” previamente pactadas con sus financiadores, ministros, presidentes y gerentes de empresas e instituciones del Estado, como Ecopetrol, Colpensiones, superintendencias, DAPRE, UNGRD, SAE, etc. y, adjudican lucrativos contratos, previamente comprometidos. Repartida la fronda burocrática, el elegido, junto con su equipo de gobierno, adjudican mediante licitaciones amañadas, mega contratos de obras de infraestructura y de prestación de servicios, con los cuales recuperan el capital invertido en la campaña, acumulan colosales ganancias y entregan la correspondiente coima al gobernante y sus funcionarios. En este círculo vicioso se concreta y se reproduce cada cuatro años el saqueo de los recursos del Erario, con el consentimiento y bajo el control de sus respectivos partidos.

La corrupción es una práctica criminal exclusiva del establecimiento. La llamada institucionalidad, ha sido construida a la medida de los intereses de los amos del poder económico y político. Los corruptos son los de arriba, la “gente de bien”, los que administran el erario, los presupuestos de las instituciones, los negocios y los bienes de la nación.

Durante el Frente Nacional y su prolongación hasta la última década del siglo pasado, la corrupción fue patrimonio exclusivo del bipartidismo; liberales y godos, se repartieron milimétricamente los cargos públicos y convirtieron sus partidos en dos grandes empresas electorales, que, mediante las prácticas corruptas del clientelismo y la compra de votos, costeada con los dineros saqueados del Erario, amén de las coimas recibidas por los mega contratos adjudicados a sus financiadores se perpetuaron en el poder.

Los gobernantes del bipartidismo y de la nueva alianza de extrema derecha neoliberal, conformada por los partidos liberal, conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, de la U, etc. han cometido todos los delitos contra la administración pública y el patrimonio público, tipificados en la ley penal; peculado, cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude administrativo, conspiración o colusión, tráfico de influencias, conflicto de intereses, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, nepotismo, uso indebido de información privilegiada, extorción, desvío de recursos públicos, falsificación y alteración de documentos públicos. No conformaron una simple alianza política, sino una verdadera asociación para delinquir.

Además de enriquecerse y acrecentar las arcas de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, amén de lavar las fortunas de las mafias del narcotráfico, han continuado con inveteradas prácticas tipificadas como delitos políticos en código penal, manipulación electoral, fraude electoral, inaugurado por Carlos Lleras Restrepo con el robo de las elecciones al General Gustavo Rojas pinilla en 1970, clientelismo político, compra de votos, coerción o constreñimiento, armado y paramilitar a poblaciones enteras para obligarlas a votar por Álvaro Uribe y los candidatos y candidatas de la alianza mafiosa y neoliberal, financiamiento legal e ilegal de las campaña electorales. Delitos que, en su inmensa mayoría, quedaron sepultados en la impunidad

La práctica de los delitos políticos es de vieja data; documentos recientemente desclasificados por el gobierno gringo, revelan las advertencias del presidente Jimmy Carter, (1977 – 1981), “La lista negra de Jimmy Carter en Colombia” (julio de 1977) mediante carta dirigida al presidente Alfonso López advirtiéndole sobre vínculos de por lo menos 30 altos funcionarios de su gobierno, entre ministros y generales de las FF.AA y policiales con organizaciones de narcotráfico, además, del entonces candidato Julio Cesar Turbay y el propio hijo del mandatario, Juan Manuel López Caballero. Ernesto Samper, presuntamente recibió dineros del Cartel de los Rodríguez Orejuela (Proceso 8.000) para financiar su campaña presidencial; lo propio ocurrió con el expresidente Andrés Pastrana, según lo declaró, en su momento, uno de los integrantes del clan mafioso de los Rodríguez Orejuela. No se puede olvidar que, por orden de Uribe, compraron los votos en el congreso (yidis política) para garantizar su relección.

Salvatore Mancuso, Jorge 40, Alias “Mono leche” y otros jefes paramilitares, traicionados por su creador y patrocinador, declararon que hicieron campañas, a punta de bala, para obligar a la ciudadanía a votar en dos oportunidades por Álvaro Uribe, que aportaron sumas millonarias a sus campañas y que asesinaron líderes y lideresas de oposición por orden del exmandatario. Por otra parte, Juan Manuel Santos, candidato del Partido de la U y Oscar Iván Zuluaga, candidato del matarife, según revelaciones de la Justicia gringa, recibieron recursos de la multinacional Odebrecht para sus respectivas campañas presidenciales en2014. Iván Duque logró su elección como presidente de la República en 2018 mediante la compra de votos con dineros recolectados entre narcos de la región, por el narcotraficante, alias “El Ñeñe Hernández” y, con capitales aportados de los clanes Char y Gerlein en la costa atlántica.

El poder hegemónico, ha recurrido a la violencia para impedir, bajo amenaza de muerte, que líderes y lideresas de oposición participen como candidatos/as a cargos de elección popular; han cometido prevaricato, porque mediante resoluciones contrarias a la ley, beneficiaron intereses propios o de terceros; bajo protección de su padre en la presidencia, se enriquecieron los hijos del matarife; Jueces, magistrados, la comisión de acusaciones y los organismos de control, absolvieron a expresidentes, ministros, gerentes y directores de entidades estatales por delitos cometidos contra el patrimonio público. La fiscalía General de la Nación, en no pocos casos, ha cumplido la misión de cubrirle las espaldas a los mandatarios y sus respectivas pandillas gobernantes, mediante el cierre de investigaciones con el recurrente argumento de “falta de pruebas”; así ha ocurrido “presuntamente” con los últimos gobernantes, Pastrana, Uribe, Santos y Duque.

El más reciente ejemplo, es el caso de los sobornos, en miles de millones de dólares entregados por la multinacional Odebrecht y el Banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, tanto al candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, como a Juan Manuel Santos (reelegido), para sus respectivas campañas presidenciales en 2014, delitos que salieron a la luz porque la justicia norteamericana hizo pública la multa de US$80 millones que, por soborno a funcionarios públicos, fue obligado a pagar el billonario banquero dueño del grupo AVAL. Pero que, pese a contundentes evidencias, los corruptos fiscales, Humberto Martínez y francisco Barbosa, les cerraron y archivaron las investigaciones, o, dilataron los procesos para lograr su preclusión. Gracias al servilismo cómplice de los corruptos fiscales generales y al “tapen, tapen” de los medios corporativos, la impunidad sigue reinando en las altas cumbres del poder.

Queda claro que las raíces de la corrupción se encuentran en el andamiaje jurídico e institucional, cuidadosamente diseñado y construido a lo largo de la histórica hegemonía de la alianza multipartidista de la extrema derecha neoliberal. Con el pretexto de reducir el tamaño del Estado, superar su supuesta ineficiencia, atraer inversión privada y modernizar los sectores estratégicos, los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, a lo largo de tres décadas, despojaron al Estado de su misión de administrar los bienes y recursos públicos y desarrollar obras públicas de infraestructura y prestación de servicios esenciales a la población; para ello dictaron normas que dieron vía libre a la privatización de lo público y a su hermana gemela la corrupción.

Con la ley 100 de 1993, entregaron “en administración” los recursos de la salud al capital financiero que, con inversiones irrisorias, conformó las EPS como entidades aseguradoras y promotoras de salud, que durante más de 30 años recibieron miles de billones de pesos, para que los invirtieran en la salud de la clase trabajadora y las poblaciones vulnerables; pero, los destinaron al lucro y la acumulación, arruinaron la red hospitalaria pública, llenaron las arcas de empresarios y políticos corruptos, precarizaron el trabajo de médicos y trabajadores de la salud. En el más reciente hallazgo de la ADRES, se encontró que las EPS reportaron datos falsos sobre gastos en 2023, como la supuesta atención a 23.000 personas fallecidas entre 2020 – 2022 a un aparente costo de $80.000 millones, los sobrecostos en compra de medicamentos por $138.000 millones, procedimientos realizados, cuyo precio real era de $3.800.000, los pagaron a $780 millones. Con estas prácticas, arruinaron el sistema de salud y lo sumieron en una crisis prácticamente insuperable.

Con las leyes 142 de 1994, 226 de 1995 1508 de 2012 privatizaron la prestación de servicios públicos esenciales de agua potable, energía eléctrica, telefonía, aseo y saneamiento ambiental y crearon las APP (Alianzas Público – Privadas), enajenaron la participación accionaria del Estado en empresas públicas, privatizaron activos estatales y reglamentaron la participación del sector privado en la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública. Uribe vendió activos del patrimonio público, como Telecom (hoy Movistar) al grupo español Telefónica, Bancafé al hoy banco Davivienda; además de empresas del sector energético como Ecogas (vendida a empresa privada Promigas), ISAGEN, Electrocosta, Electro Huila, Centrales eléctricas del Norte de Santander, de Nariño, Electricaribe, etc. Igualmente, desmantelaron los Ferrocarriles Nacionales y liquidaron el Banco Central Hipotecario. Fueron billones recolectados con dichas enajenaciones, con destino a la contratación de obras de infraestructura, muchas de las cuales se convirtieron en elefantes blancos y la plata se esfumó en las arcas de los contratistas y sus cómplices funcionarios del alto gobierno.

La clase trabajadora ha sufrido las consecuencias de la corrupción; con la ley 789 de 2002 del gobierno de Uribe, incrementaron la sobrexplotación laboral, despojaron a los trabajadores de derechos laborales, para reducir costos a los empresarios, ampliaron la jornada diurna hasta las 10 pm, para no pagar trabajo nocturno, disminuyeron las indemnizaciones por despidos sin justa causa, eliminaron los contratos a término indefinido, remplazados por contratos temporales, incluso por horas, subsidiaron a empresarios que crearan empleos que nunca crearon, precarizaron el empleo y redujeron el pago de horas extra y los recargos nocturnos. Con estas contrarreformas favorecieron la acumulación de capital a costa de despojar la clase trabajadora de sus derechos y someterla a salarios de miseria. Con el cínico argumento de que “a Colombia la está matando la pereza”, el matarife sometió a la clase trabajadora a largas jornadas laborales con salarios irrisorios; así les ahorró billones a los explotadores.

Los casos de corrupción han sido y seguirán siendo del diario acontecer mientras impere el sistema capitalista y el estado liberal con sus instituciones en Colombia; un informe reciente de “Transparencia por Colombia” habla de que, entre 2016 y 2022, se registraron más de 1243 casos de corrupción 207 casos por año, que le costaron al erario $137,65 billones de pesos, no se refieren a los ocurridos durante los dos periodos de gobierno de Uribe que deben sumar otros tantos, mencionarlos todos sería una tarea interminable; pero referimos algunos que alcanzaron la categoría de mega escándalos: Los miles de billones de pesos saqueados al sistema de salud, REFICAR (Refinería de Cartagena) en el que Ministros y Gerentes de Ecopetrol y multinacionales gringas, despojaron al estado $17 billones, el carrusel de la Contratación, de los nietos del General Rojas Pinilla y el Clan de los Nule que defraudaron a Bogotá en cientos de miles de millones, Agro Ingreso Seguro del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que repartió cientos de miles de millones entre terratenientes y empresarios amigos del expresidente Uribe, el Cartel de las marionetas , integrado por el senador liberal Mario Castaño, senadores del Centro Democrático, el partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U y Pierre García, director del DPS del gobierno de Duque, los carteles de la Hemofilia de los gobernadores de Córdoba, el robo de los dineros de la alimentación (programa PAE) de niños y niñas de los centros de educación Pública, la abudineada de los $70.000 millones de el programa de conexión digital a centros educativos de zonas apartadas, el saqueo de cientos de miles de recursos a la UNGRD, en cabeza de su director, Eduardo José González Angulo del gobierno de Duque; así como la millonaria defraudación al DPS, en cabeza de su exdirector Pierre Eugenio García Jacquier (prófugo) y la propia mamá del expresidente, el desvío de billones adquiridos por empréstitos internacionales, para atender la pandemia del COVID, entregados a las grandes corporaciones, con su secuela de muertes que se hubieran podido evitar y el escándalo de la compra del Cyber Espía Pegasus por US$11.5 millones de dólares, que implica no solo al gobierno de Duque, sino al propio gobierno de los Estados Unidos, como una incuestionable acción de lavado de activos de Duque y una violación de la soberanía Nacional. La inmensa mayoría quedaron en la impunidad por preclusión calculada o en proceso, pero con excepciones contadas, todos en la impunidad.

El reciente escándalo de los carrotanques de la UNGRD en el gobierno actual, en cabeza del convicto y confeso Olmedo López del Polo Democrático y el Pacto Histórico, Sneyder Pinilla del Clan uribista de los Aguilar, el Senador Iván Name del partido Verde, Andrés Calle, Representante del partido Liberal, Carlos Ramón González del partido Verde, exdirigente del M19, Pedro José Castro, ex senador liberal y Sandra Ortiz del partido Verde, exconsejera para las regiones de la Presidencia y tantos otros parlamentarios y funcionarios del Congreso, nombrados en el proceso. Según informes del periodista investigador, Alfredo serrano la propia Laura Sarabia, actual Cancillera del gobierno de Petro, estaría implicada en este sonado escándalo. A diferencia del silencio cómplice de gobiernos anteriores, el presidente Petro denunció a los implicados Olmedo y Sneyder y exigió que la pena incluyera la devolución de los recursos robados.

Hasta hoy, las instituciones del estado liberal y sus funcionarios, han estado al servicio de la corrupción como fuente de acumulación de capital y como cómplices de gobernantes y funcionarios corruptos. Mientras exista el capitalismo y los estados liberales, la corrupción será el pan de cada día de la humanidad.

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