Como se observa el proceso de la llamada Paz Total al tiempo que es una apuesta audaz es compleja por la multiplicidad de las violencias que ejercen distintos grupos armados
Por CAROLINA CORCHO MEJÍA*
La Paz total ha sido el concepto que ha utilizado el actual gobierno para proponer que en Colombia se superen todos los conflictos, guerras y violencias que se llevan a cabo por parte de diversos grupos armados al margen de la ley, es decir, poner en marcha un proceso complejo que combina la negociación política con actores a quienes se les reconoce su naturaleza política y un proceso de sometimiento a la justicia para otros actores armados. En ese sentido se pueden distinguir tres tipos de grupos: Los que tienen reconocimiento político, entre los que se encuentran la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC-EP denominados el Estado Mayor Central y los rearmados de las FARC que se denominan la segunda Marquetalia. Un segundo grupo que operan en el marco del paramilitarismo en donde se encuentran el Clan del Golfo y los Pachengas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para definir este grupo apelaremos al concepto de Bisagra acotado por la Jurisdicción Especial de Paz, en el cual estos grupos tienen funcionarios que operan para el Estado, sin que sean reconocidos oficialmente, pero ejercen funciones ilegales en coordinación con sectores de la fuerza pública y organismos del Estado.
El carácter político de estos grupos paramilitares ha sido negado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia desde el proceso que dio origen al tribunal de Justicia y Paz. El tercer grupo lo constituyen las bandas ligadas al narcotráfico que operan fundamentalmente en zonas urbanas como lo son los grupos de Buenaventura, el Valle de Aburrá y Quibdó que mantienen diálogos con el gobierno.
Dada la diversidad de origen de estos grupos armados ilegales, el marco jurídico y el tratamiento político debe ser diferenciado. En ese sentido, el gobierno nacional presentó un proyecto la ley que fue aprobado por el Congreso de la República y que es la ley 2272 de 2022, declarada exequible por la Corte Constitucional con modulaciones en el comunicado del pasado 29 de noviembre, en el cual se reconoce el marco general de la paz total, no obstante declaró inexequible las facultades que el Congreso otorgaba al Presidente de la República para establecer el marco de sometimiento a la justicia con grupos sin reconocimiento político, lo que implica que en la actualidad existe un vacío legal respecto al marco jurídico para negociar con estos grupos.
Esto implica que se valida el marco general para establecer las negociaciones con los grupos con reconocimiento político, pero se insta a que sea el Congreso de la República quien defina el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los otros tipos de grupos armados ilegales. Desde esta perspectiva se ha explorado la posibilidad de que se retome la Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005 que caduca el próximo año y se presente una reforma a la misma que permita desarrollar desde allí el marco jurídico para el sometimiento de grupos armados sin reconocimiento político.
Situación actual y retos de la negociación con los grupos sin reconocimiento político (Bandas criminales ligadas al narcotráfico y Clan del Golfo)
Hasta el mes de noviembre de 2024 en Buenaventura se ha extendido el acuerdo de no agresión entre las bandas criminales Shottas y Espartanos, además se adelantan mesas con las bandas criminales de Quibdó y Medellín; en este espectro también se ubican de bandolas de Jumbo, de Barranquilla y en el Eje Cafetero, como la de la Cordillera y la Inmaculada, el tren de Aragua en Bogotá que se dedica al “boleteo de comerciantes en el norte de la ciudad” y los pascuales que controlan el transporte ilegal de bicitaxis en la zona nororiental, con estos últimos no se han establecido diálogos sociojurídicos. En el caso del Valle de Aburrá estas bandas multicrimen cuenta con 300 combos que comprometen aproximadamente a 12 mil jóvenes con salarios de 1.300.000 mensuales, de lo que se conocía anteriormente como la oficina de Envigado, que se fragmentó por luchas por el territorio.
De otro lado se encuentra el ejército Gaitanista, Clan del Golfo, que a diferencia de las AUC es un bloque con un comando central en Antioquia y con franquicias en otras zonas del país, se estima que tiene entre 9 mil y 10 mil hombres fusil y aproximadamente 3 mil milicianos, en un momento esta organización estaba pidiendo reconocimiento político, pero han admitido reconocerse como grupo No rebelde.
Para este tipo de organizaciones el reto mayor es el diseño y la constitución de un marco jurídico de justicia, paz, verdad y reparación, en este sentido se está contemplando la reforma a la ley 975 de 2005 de Justicia, Paz y Reparación que sirvió de marco jurídico para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que prescribe el próximo año. Para ello es preciso analizar los errores y dificultades de la implementación de dicha ley, uno de ellos es que esta jurisdicción quedó como una sala más de la justicia ordinaria con tres tribunales en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Los procedimientos fueron creados por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República sólo avanzó en esto con la ley 1592 de 2012, lo que implica que justicia y paz sólo haya iniciado en el año 2012, sólo lleva 12 años en operación.
Otra dificultad es que, a diferencia del tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en el marco del acuerdo Estado-FARC EP, en donde se optó la metodología de macrocasos, es decir agrupar hechos y territorios en donde confluyeron diversos delitos para ser juzgados, en Justicia y Paz, el desarrollo se da caso a caso, lo que significaría que para cerrar Justicia y paz se requeriría por lo menos 30 años más.
En ese sentido el exmagistrado de Justicia y Paz José Axel de la Pava se suma a la propuesta que se evalúa por parte del gobierno nacional y el Senado de la República de reformar el sistema de justicia y paz, es decir la ley 975 de 2005, para dar posibilidad de que esta sea un instrumento de justicia transicional para el sometimiento a la justicia de los grupos sin reconocimiento político, esto implicaría una reforma a la ley donde deberían considerarse los siguientes elementos: el desmantelamiento de estas organizaciones criminales, el sometimiento a la justicia con la confesión de todos sus delitos, la entrega de armas, la ubicación de fosas con desaparecidos, las versiones del funcionamiento de la estructura criminal en función de modus operandi, políticas, prácticas, que permita establecer los casos de macrocriminalidad, es importante además la reparación con entrega de bienes y recursos para reparar a las víctimas y los territorios en donde generaron las operaciones delictivas.
Otros planteamientos que han surgido, conforme a los acumulados y aprendizajes históricos en este tipo de procesos es el que tiene que ver con la apelación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo que supone que aquello que se juzgue y condene en Colombia, no puede ser juzgado de nuevo por autoridades internacionales bajo la figura de la extradición. Es importante anotar que para que este marco de sometimiento a la justicia funcione realmente debe contar con las consultas y perspectivas de los grupos armados ilegales, dado que se puede aprobar un marco jurídico sin evaluar estas perspectivas, y será inane porque no habrá sometimiento.
Al respecto, algunos de estos grupos han expresado que están dispuestos a someterse a penas de hasta 7 años, con condiciones de estudio para su resocialización, entregarían el 90% de sus bienes para inversión en los territorios y reparación de las víctimas. Sobre la mesa está la discusión que, en el marco de la verdad, se develen las estructuras políticas y empresariales que han estado ligadas a los ilícitos de tráfico de drogas y multicrimen. Como todo proceso de negociación, será la sociedad colombiana a través del gobierno y el Congreso de la República quienes definan los límites y concesiones que se puedan hacer en un proceso de justicia restaurativa para lograr el derecho a la Paz. Existen unos límites infranqueables que son los referidos a los acuerdos internacionales del Estado Colombiano consagrados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Al respecto, las exploraciones que se han hecho con los grupos armados de Antioquia han mostrado que algunos expresan que les asiste el interés de aplicar a un sometimiento a la justicia, en donde estarían dispuestos a entregar sus bienes y recursos financieros para reparar a las sus víctimas en un 90%, a las comunidades afectadas por su accionar delictivo, pagar pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, además de suministrar verdad que permita el desmantelamiento de las estructuras criminales. Esto implica que el Congreso de la República se aboque a escuchar estas posibilidades que ofrecen estos grupos criminales, no porque tenga un carácter de negociación política, sino porque cualquier política pública que expida el legislador, debe tener la aspiración a ser eficaz, debe lograr movilizar la voluntad de estos grupos criminales a someterse a cesar la violencia contra la ciudadanía, a detener más amordazamiento y derramamiento de sangre. Esta es una aspiración legítima del Estado social y democrático de derecho que no debería admitir posturas moralistas inanes, que sólo coadyuvan a perpetuar la muerte y la violencia.
Situación actual y retos de la negociación con los grupos con reconocimiento político (ELN, EMC, Segunda Marquetalia)
En cuanto a la apertura de una mesa de negociación con el grupo armado ilegal con reconocimiento político denominado la Segunda Marquetalia, negociación que cuestionan algunas voces opositoras incluidos voceros del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que adelantaron el proceso de paz con las FARC-EP por considerarlos “traidores” del acuerdo de paz, esta encuentra su justificación en el informe que presentó recientemente Antonia Urrejola, delegada por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responder a la solicitud realizada por el canciller Álvaro Leyva y ratificada por el Magistrado de la JEP Roberto Vidal, quien interpuso una serie de denuncias penales ante la Fiscalía por obstáculos que ha presentado para cumplir su función, lo que incluye el caso de Santrich que compromete a varios funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
El informe de Urrejola que fue presentado en su totalidad el pasado 24 de marzo, señala que ha habido inestabilidad jurídica para los ex combatientes de las FARC, existe un recrudecimiento de la violencia y existe la necesidad de una oficina de alto nivel que coordine la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Pero tanto las denuncias penales de la JEP contra funcionarios de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez como el informe preliminar de Antonia Urrejola indican que en el caso de Márquez y Santrich habría habido un entrampamiento urdido por la Agencia de Drogas de los Estados Unidos con la Fiscalía de Colombia lo que de alguna manera habría llevado al rearme de este sector de las FARC. Ello daría justificación para abrir una mesa de negociaciones con esta facción rearmada que se autodenomina Segunda Marquetalia.
Como se observa el proceso de la llamada Paz Total al tiempo que es una apuesta audaz es compleja por la multiplicidad de las violencias que ejercen distintos grupos armados. Por una parte, esta la negociación con actores políticos que avanza muy lentamente y que en el caso del ELN se encuentra estancada y muestra avances con un sector del autodenominado Estado Mayor Central, el sector que comanda Alias Calarcá, mientras que con el sector de alias Mordisco con presencia en el Cauca y en algunas zonas del Caquetá y el Guaviare hay una confrontación violenta a raíz del rompimiento del cese al fuego con este sector. Con los grupos sucesores del paramilitarismo que son principalmente el Clan del Golfo y los Pachenga de la Sierra Nevada de Santa Marta se han reanudado recientemente las mesas de diálogo sociojurídico y se discute con ellos la reforma a la ley 975 de Justicia y Paz para un proceso de sometimiento a la Justicia igual que con los grupos multicrimen de Buenaventura, Valle del Aburrá y Quibdó. Hay que insistir y respaldar este esfuerzo del gobierno nacional por encontrar salidas negociadas al conflicto armado para lograr cimentar una paz estable y duradera en nuestro país. Ojalá estos actores armados entiendan que los tiempos apremian y que con este gobierno más que con cualquier otro es posible avanzar si se tiene la decisión real de cesar la confrontación armada y abandonar los negocios ligados al narcotráfico, la minería ilegal y la criminalidad en nuestras ciudades.
16 Septiembre, 2024
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* Exministra de Salud. Médica Psiquiatra.
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