¡NO PASARÁN!

Alberto Herrera

Director de La Bagatela, Edición #99

Septiembre 2024

El clamor contra el intento de dar un golpe para desalojar de la presidencia a Gustavo Petro fue unánime. Fueron casi 10.000 representantes provenientes de los 32 departamentos que se encontraron en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad quienes se expresaron con voz decidida y dispuestos a jugarse hasta la vida para que se cumpla el período del actual mandatario como la voluntad popular lo decidió y lo contempla la Constitución.

La instalación de la asamblea corrió por cuenta de las organizaciones citantes. El primero en intervenir a nombre de las y los trabajadores, las centrales obreras y las organizaciones de pensionados fue el presidente de la CUT, Fabio Arias, quien hizo una férrea defensa del gobierno de Petro, de las reformas sociales presentadas al Congreso, de los esfuerzos para alcanzar la paz y de la unidad de todas las fuerzas progresistas para mantener el rumbo del cambio. Hizo un llamado para la ciudadanía participe masivamente en la movilización popular del próximo 19 de septiembre, considerando la presencia en la calle como el instrumento indispensable y poderoso para defender el gobierno. Le siguieron en el uso de la palabra Junior Romero por la Coordinadora Nacional por el Cambio, Germán Avirama y Javier Uscué por la Minga Social y Comunitaria quienes afirmaron “esta asamblea nos une aún más”. Terminó a nombre del Pacto Histórico la senadora Gloria Flórez quien manifestó el apoyo al plan de lucha y movilización ante las amenazas de la derecha más retrógrada para dar un golpe al presidente Petro. A nombre del gobierno intervino Alexander López quien en detallada explicación con cifras e indicadores mostró los logros que se han obtenido en materia social y política.

Siendo casi las 5 pm se desbordó el entusiasmo de quienes asistieron a la asamblea por la presencia del presidente Petro en el recinto. Fue recibido con el coro “no pasarán” refiriéndose a los golpistas. En formidable exposición el presidente hizo un balance de su gobierno y reafirmó su propósito de continuar actuando a favor de las mayorías que han sido marginadas y olvidadas.

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo el público conformó mesas cuyos ejes temáticos comprenden asuntos vitales para la población, las regiones y la nación. Sus conclusiones se publicarán en la siguiente entrega.

La Asamblea también acogió con unanimidad la participación en la movilización del próximo jueves 19 de septiembre propuesta desde el primer día, que se realizará a lo largo de todo el territorio nacional.

 

Por JOSÉ ARNULFO BAYONA*

19 Septiembre, 2024

Las mafias del poder económico y político, en alianza con narcotraficantes y los medios de comunicación hegemónicos, han mantenido por cerca de 20 años al presidente Gustavo Petro como el mayor perseguido político de Colombia en lo que va del siglo XXI. La persecución, sin contar los años de su militancia en el M19, se inició en el año 2005 cuando él era representante a la Cámara y destapó ante la opinión nacional e internacional la alianza entre el gobierno de Uribe, sus mayorías en el Congreso, las fuerzas armadas y demás instituciones del estado, el narcotráfico y los paramilitares. La denuncia hizo visible lo que aún hoy se conoce como la parapolítica. Desde entonces, puso su vida en riesgo y la de su familia. No obstante, se convirtió en figura prominente de la política, captó la simpatía y el apoyo mayoritario de la ciudadanía, lo eligió como presidente de la República, al costo de seguir siendo el personaje mas odiado por la extrema derecha del país y sus aliados contrabandistas y narcotraficantes; quienes derrotados políticamente han arreciado sus campañas mediáticas de aniquilamiento moral y estructurado planes de desestabilización, golpe de estado y genocidio.

Se habla de conciliábulos conspirativos en los cuales han planeado campañas de desprestigio y acciones para “impedir que Petro termine su mandato constitucional en agosto de 2026”, palabras más, palabras menos, de lo dicho por la senadora Paloma Valencia, en reunión de su partido grabada en video que circuló en redes sociales. Es tal el sectarismo y el odio contra el presidente, que la senadora Cabal hasta en la celebración de su cumpleaños, puso a sus contertulios a gritar alternadamente “fuera Petro” “muera Petro”. El bloqueo sistemático, de las mayorías neoliberales a los proyectos de reformas sociales en el congreso y las acciones de los ministros de la derecha liberal y conservadora que participaron en el primer gabinete, las campañas de desprestigio y calumnias, así como el fallido atentado contra la vicepresidenta Francia Márquez, hacen parte del golpe de estado en curso.

El pasado 7 de junio de 2023, el presidente denunció, ante la multitud congregada en la plaza pública, la existencia de un plan cuidadosamente diseñado para propinarle un golpe de estado que él llamó “blando” que incluyó el saboteo en el congreso de las reformas sociales, campaña de noticias falsas sobre expropiaciones de terratenientes, cierre de empresas y despidos masivos, quiebras de MIPYMES por causa del proyecto de reforma laboral para sembrar pánico entre la clase trabajadora, ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, causante de la quiebra de las EPS. Además, convirtieron la fiscalía y la procuraduría en plataformas de la oposición política y de campañas de desprestigio contra el presidente e inter pusieron denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial. Todo esto en el marco de la guerra mediática declarada por la gran prensa propiedad de los mas ricos banqueros del país que forman parte de la conspiración.

En el marco de la Asamblea Nacional Popular por las Reformas Sociales, la paz y la Unidad, realizada en Bogotá, durante los días 14 y 15 de septiembre, que congregó a cerca de diez mil participantes, delegados y delegadas de las fuerzas políticas que integran el Pacto Histórico y de otras fuerzas de izquierda democrática y progresista, de los movimientos sindicales de trabajadores y trabajadoras, de pensionados y pensionadas, feministas, movimientos comunales y comunitarios, campesinos y campesinas, pueblos originarios y afrodescendientes, raizales y palenqueros, juventudes populares y estudiantiles, intelectuales, del movimiento cultural, LGBTIQ+, el Señor Presidente, Gustavo Petro Urrego, en su discurso de saludo a los y las asambleístas, ratificó las denuncias que ha venido haciendo sobre el golpe de estado o su asesinato, que se viene fraguando desde su posesión como primer magistrado de la República.

Dijo que claramente la sala de consulta del Consejo de Estado, lo despojó de su fuero presidencial, para autorizar al Consejo Nacional Electoral, carente de facultad constitucional, para que adelantara investigación, en cabeza de dos magistrados declarados enemigos políticos suyos, sobre la superación de los topes electorales en su campaña presidencial, con el fin de llevar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a iniciarle un juicio que llevaría al Senado a discutir su destitución. Se trataría de un golpe de estado judicial, tal como ya sucedió en el pasado reciente, con la presidenta del PT, Dilma Rousseff en Brasil, con el presidente Evo Morales, del MAS, en Bolivia y el presidente de Perú Pedro Castillo, quien está a punto de ser condenado a 35 años de cárcel. En los tres casos anteriores se trató de procesos basados en las prácticas del Lawfare o juicio con falsas acusaciones y pruebas inexistentes. De concretarse el proceso en Colombia sería el cuarto presidente defenestrado mediante un golpe de estado judicial y parlamentario, que degeneraría, como sucedió en los casos precedentes, en la instauración de sanguinarias dictaduras y brutales matanzas y masacres a manos de las fuerzas armadas al servicio de las mafias del poder restauradas en el gobierno de facto.

Resulta sospechoso que el expresidente Uribe, en medio de las denuncias y la confusión sembrada desde los medios hegemónicos, haya enviado un lacónico mensaje desde su red X en el que señala que “el pueblo añora su política de seguridad”.

La disyuntiva quedó planteada, o tumban al presidente o lo matan. Así lo confirma la denuncia que hizo Gustavo Petro ante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional Popular, para señalar que por información de “un abogado gringo a la DEA la cual, a su vez, informó al embajador de los Estados Unidos, quien notificó al presidente para alertarlo de que “un contrabandista preso y sus amigos pusieron un billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre de este año. Para cumplir su cometido compraron dos volquetas que serían llenadas de dinamita y explosivos; las cuales, “conocedores de mis rutinas, las harían explotar a mi paso”, afirmó el mandatario; además, recibieron más dinero aportado por “el dueño de las esmeraldas en Colombia, enviado desde Dubái” para garantizar el cumplimiento del operativo de la muerte del presidente.

Llama poderosamente la atención la actitud de los medios de comunicación hegemónicos, que pese a estar enterados de esta criminal tentativa, confirmada además por tres fuentes distintas, por la DEA, vía embajador de los Estados Unidos, un señor en una cárcel que dio información de haber escuchado a presos del tren de Aragua sobre el camión lleno de explosivos, para volarlo a su paso y luego de “un pastor en un aeropuerto que, junto a otros religiosos, que dijeron lo mismo; “en tres meses el presidente sale de la presidencia o se muere”, fue la sentencia; así mismo, saben de los fusiles comprados y guardados para ejecutar el operativo, que, según sus palabras, “sigue hoy en curso”; solo se limitan a descalificar las informaciones y a tildar a Petro de loco.

Tiene razón el señor presidente al afirmar que “se trata de una alianza entre el poder y el narcotráfico” “La mafia en sus diferentes versiones, incluida la política, dio una orden, no se aguantan a Petro y sus verdades, la orden mafiosa del poder en Colombia”.

El pueblo colombiano, las organizaciones sociales, los movimientos sindicales, campesinos, juveniles, afrocolombianos, feministas, LGBTIQ+, el Pacto Histórico y las fuerzas democráticas y de izquierda democrática, deben condenar el golpe de estado que la extrema derecha ha vendido ejecutando de manera progresiva, en cámara lenta, contra el presidente Gustavo Petro y convocar al pueblo colombiano a permanecer en estado de alerta para atajar el golpe y el crimen contra Petro mediante la movilización y la lucha en las calles y exigir, a la fiscalía que investigue, aclare y denuncie a los responsables intelectuales y materiales de las acciones anunciadas: Así mismo, a los altos mandos de las fuerzas armadas, a las altas cortes y al congreso de la República, que condenen públicamente, en defensa de la democracia y la legitimidad del presidente de la República, este criminal propósito que, de ser llevado a cabo, podría desencadenar una nueva guerra civil.

Saludamos la declaración final de la Asamblea Nacional Popular por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, que se ha pronunciado en el mismo sentido.

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*Miembro de la Red socialista de Colombia.