Se sigue asesinando a líderes políticos y sociales, sobre todo en las zonas rurales más apartadas.
Quedan en evidencia los vínculos de algunas grandes corporaciones multinacionales que operan en Colombia con las acciones del sicariato contrainsurgente
El conflicto colombiano no se puede disociar de la desposesión territorial a los campesinos, ni de la existencia de una oligarquía intransigente que ha hecho de la aniquilación física del adversario su razón de ser
ARANTXA TIRADO
Hace dos semanas se ha producido una noticia que no ha acaparado suficiente atención en los medios pero que tiene una gran trascendencia política. Un tribunal de EEUU ha dado la razón, después de un largo proceso judicial de 17 años, a ocho familias víctimas del paramilitarismo colombiano en su demanda contra la empresa estadounidense Chiquita Brands. El jurado ha acusado a la compañía bananera, heredera de la tristemente célebre United Fruit Company, famosa por su participación en varios golpes de Estado durante el siglo XX en América Latina, de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los principales grupos paramilitares del país.
Se trata de una sentencia histórica porque evidencia los vínculos de algunas grandes corporaciones que operan en Colombia con las acciones del sicariato contrainsurgente que, durante décadas, ha matado a líderes sociales, luchadores medioambientales o militantes políticos. Pero, además, su importancia radica en que, por primera vez, un tribunal estadounidense responsabiliza a una empresa de EE.UU. de crímenes contra los derechos humanos realizados fuera de sus fronteras. La financiación de Chiquita se ha probado gracias a la desclasificación de documentos llevada a cabo por el National Security Archive, con sede en Washington.
Como explica uno de los abogados de las víctimas, Chiquita llegó incluso a enviar mercenarios a Colombia para que se encuadraran en las operaciones paramilitares, financiándolos con la exportación de cocaína. El resultado fue el asesinato de 11.147 personas, el desplazamiento fuera de sus territorios de más de un millón de personas y la desaparición forzada de más de 4.000 personas, además de la destrucción de cientos de organizaciones sindicales para allanar el camino al agronegocio.
Si bien las acusaciones de presunto asesinato de sindicalistas usando al paramilitarismo planean desde hace años sobre empresas como Coca-Cola, esta sentencia ha reactivado el debate sobre los vínculos entre el capital y las fuerzas de choque paraestatales que han sembrado el terror entre la izquierda colombiana. El ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, ha desvelado también en una entrevista reciente las relaciones entre su extinta organización y la petrolera estatal Ecopetrol, cuya gerencia ayudaba a los paramilitares a financiarse permitiendo el robo de combustible.
Tanto la sentencia como las confesiones de Mancuso serían buenas noticias para avanzar en el proceso de "verdad, justicia, reparación y no repetición" previsto tras los Acuerdos de Paz de 2016 firmados entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno del derechista Juan Manuel Santos, que está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo creado ex profeso para ello. Sin embargo, el avance no es tan rápido, ni definitivo, como muchos quisieran pues el paramilitarismo y el conflicto político no son todavía cosa del pasado.
A pesar de la victoria de Gustavo Petro en 2022, en la Colombia actual gobernada por la izquierda del Pacto Histórico se sigue asesinando a líderes políticos y sociales, sobre todo en las zonas rurales más apartadas. Algunas fuentes hablan de más de 50 personas asesinadas en lo que va de año. Por este motivo, varias organizaciones sociales, aglutinadas bajo el Congreso de los Pueblos, protagonizaron hace unos días movilizaciones en todo el país para exigir el fin del paramilitarismo y garantías para su vida.
El conflicto colombiano no se puede disociar de la desposesión territorial a los campesinos, ni de la existencia de una oligarquía intransigente que ha hecho de la aniquilación física del adversario su razón de ser y que, en esa labor, ha contado con el apoyo del capital transnacional instalado en el país, así como de la cooperación y amparo de la principal potencia del mundo, EE.UU. Durante décadas, además, el Estado de Israel ha sido un aliado preferente del Ministerio de Defensa de Colombia, a cuyas fuerzas militares ha armado y asesorado a través de diversos acuerdos de cooperación en materia de asistencia militar y de inteligencia. El Gobierno colombiano es también altamente dependiente de la tecnología y armamento proporcionado por las empresas israelíes. Estos elementos sirven para dimensionar el impacto político interno, pero también geopolítico, de la ruptura de relaciones con el Estado de Israel que anunció Gustavo Petro así como sus recurrentes declaraciones de denuncia sobre el genocidio contra el pueblo gazatí.
Se podría afirmar que los líderes de la izquierda no son los únicos que padecen en Colombia la persecución política de sectores del Estado, o paraestatales, que, como denuncian algunas organizaciones, siguen operando con la misma lógica contrainsurgente que concibe a los luchadores sociales como "enemigos internos". El propio presidente Petro está en el punto de mira de unas fuerzas económicas, políticas y judiciales que tratan de impedir que despliegue su agenda de políticas sociales. El Congreso está obstruyendo varias de sus reformas legislativas y se ha abierto un proceso para iniciarle un juicio político por la presunta violación de los topes de financiación durante su campaña electoral.
Además, como en otros casos de lawfare que se han producido en América Latina, el tema de la corrupción ha aparecido, buscando vincular la imagen de Petro con varios escándalos de esta naturaleza. Aunque Petro no esté acusado directamente, los casos salpican a su entorno y se posiciona una agenda mediática de sospecha e ingobernabilidad. Este clima político llevó al presidente a denunciar hace unos meses que se estaba fraguando un "golpe blando" en su contra, también a lanzar la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para realizar cambios institucionales que permitan sortear el aparente impasse político. La simple propuesta, aunque no detallada por Petro, ha sido suficiente para que los tres expresidentes que le antecedieron, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, hayan salido a rechazarla o desacreditarla inmediatamente.
Una vez más asistimos a una situación ya harto conocida a escala global para la izquierda: llegar al Gobierno no equivale a llegar al poder y cambiar el Estado desde adentro puede ser una quimera en países donde las oligarquías llevan siglos controlando las instituciones y los resortes del poder real, como son el poder militar o el poder judicial. Ahora bien, Colombia nos deja asimismo otras lecciones importantes: que la batalla por la justicia siempre proporciona sus frutos en la historia, aunque llegue tarde, y que ninguna fuerza reaccionaria puede detener la determinación de las personas conscientes y valientes. El desmontaje del paramilitarismo puede que sea difícil en Colombia, pero acabar con la lucha de su pueblo, mientras exista injusticia, será imposible.
lamarea.com
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