"Ese consenso del 'Nunca Más' hoy está siendo cuestionado desde la legitimidad que otorga una victoria electoral. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos ha mostrado fortaleza incluso en situaciones más adversas", remarcó el analista
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Juan Lehmann
Desde Argentina
El 10 de diciembre de 1983 finalizaba la dictadura más sanguinaria de la historia del país. Con los derechos humanos como bandera reconocida globalmente, Argentina inauguró un período de sinuoso recorrido. El aniversario de la recuperación democrática se inscribe en una frágil coyuntura socioeconómica que deberá administrar Javier Milei.
La asunción de Milei como presidente coincide con la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, el período más extenso que registra su joven historia. Navegando entre sucesivas crisis económicas, el país austral supo hacer de la lucha por los derechos humanos un hito mundialmente celebrado.
En 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicó el Nunca Más, un informe centrado en los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) que llegó a su fin con el arribo al poder de Raúl Alfonsín (1983-1989), considerado como el "padre de la democracia".
Luego de seis golpes de Estado en el siglo XX (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), Argentina logró asentar las bases para una institucionalidad a prueba de crisis. Además, durante las cuatro décadas transcurridas, el país consolidó su perfil de pionero en materia de derechos civiles: la ley matrimonio igualitario (2010), la de interrupción voluntaria del embarazo (2020), la patria potestad compartida (1985) y la ley de divorcio (1987), son algunas de las marcas que posicionaron al país en la región y el mundo.
Avances y retrocesos
"Argentina se transformó en una democracia sólida, con fuertes pilares de diversidad y respeto a la ley, y con una marcada participación ciudadana", indicó a Sputnik el analista político Sebastián Lacunza. Según el especialista, la defensa de los derechos humanos "se ha mantenido vigente y fortalecida durante estos 40 años".
"La decisión política argentina de trazar un 'Nunca Más', que ha resistido retrocesos institucionales por parte de los diferentes Gobiernos, logró llevar a juicio a quienes habían perpetuado el terrorismo de Estado, convirtiendo al país en uno de los primeros del mundo en hacer esto", indicó Lacunza.
Por supuesto, la historia nunca es lineal. Fue bajo el mandato del propio Alfonsín cuando se promulgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecieron la prescripción de los delitos de desaparición forzada de personas durante la dictadura y la no punibilidad de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas con rangos inferiores al de Coronel.
Sin embargo, ambas disposiciones serían derogadas en 2003 por iniciativa de la entonces diputada Patricia Walsh, hija del célebre periodista Rodolfo Walsh, desaparecido y asesinado en 1977, tras denunciar públicamente los crímenes del Gobierno de facto.
"Los retrocesos en materia de derechos humanos casi siempre fueron o meramente discursivos o finalmente anulados. A pesar de las diferencias entre los Gobiernos, nunca se avanzó institucionalmente contra esas banderas", remarcó Lacunza.
La deuda interna
Las conquistas del plano legal y simbólico no se han visto complementadas con la adquisición de la tan preciada estabilidad económica. Los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, o incluso la dramática crisis desatada en 2001 —que terminó con la sucesión de cinco presidentes en 11 días— marcaron a fuego la memoria colectiva. Sin embargo, la democracia no se vio amenazada en ninguna de las experiencias, a pesar del grito popular del "que se vayan todos".
Consultado por Sputnik, el historiador Alejandro Galliano remarcó que "Argentina ha resistido eventos dramáticos como los de 1989 y 2001, siempre manteniendo la institucionalidad pese a la inestabilidad, y ese es un dato para nada soslayable".
"La historia argentina se mide en sus crisis. La primera fue la de 1989, que suscitó un adelantamiento de las elecciones. Luego, la del 2001, que arrastró un estallido social pocas veces visto, con represión y muertos. Son esas las 'fronteras' de la democracia", indicó el investigador.
Sin embargo, la insatisfacción de las necesidades materiales de la población —reflejadas en el 40% de pobreza que registra el país, agravada por el 142,7% de inflación interanual— contrasta con la promesa que Alfonsín realizó frente a la Asamblea Legislativa al asumir: "Con la democracia no solo se vota, sino también se come, se cura y se educa".
"Las promesas de Alfonsín se cumplieron solo parcialmente. En términos de estándares económicos, hubo incluso retrocesos en distintas instancias. La deuda de la democracia es, sobre todo, económica", señaló Lacunza.
"Hoy hay derechos sociales que no se han consagrado, situaciones laborales que se han precarizado y, sobre todo, una noción de progreso social que aparece cada vez más distante, a la luz de una pobreza estructural asentada en valores altos", indicó el analista.
Naturalmente, la responsabilidad no es atribuible a la democracia. Galliano se encargó de aclarar que "fue el último Gobierno militar el que empeoró todas las variables económicas originariamente, y desde ese punto la democracia ha tenido que reconstruir la institucionalidad. La hiperinflación de Alfonsín no se explica sin el desastre que heredó".
"Es tan cierto que los fracasos económicos no son culpa de la democracia, y que la preceden, como que este régimen no ha logrado corregirlos", apuntó el historiador.
El Estado, bajo la lupa
La irrupción de la figura de Javier Milei, como un outsider cuya campaña se centró en el ataque a la "casta política", puede concebirse como el producto de una creciente crítica hacia la administración del Estado, calificada desde el sector libertario como ineficiente.
"Con el tiempo, fue consolidándose un discurso que cuestiona el funcionamiento de las empresas estatales, asociándolas con la corrupción e ineficiencia. Ese conjunto de ideas permeó mucho en la sociedad. Parece haberse coronado un proyecto insultante hacia el Estado en su conjunto, que trasciende a los distintos gobiernos", explicó Lacunza.
El desprestigio de ciertas instituciones estatales —tales como la justicia, el poder republicano con peor imagen pública, según una infinidad de encuestas— puede haber incidido en el desencanto social respecto a la dirigencia. "Muchos estamentos del Estado funcionan mal, llegando incluso a incrementar el desapego por la democracia. Sin embargo, el apego por los derechos y libertades en el país sigue siendo uno de los más altos en toda Latinoamérica", aclaró el analista.
"Bajo la dictadura, el Estado era capaz de cometer los peores delitos con la fuerza brindada por las instituciones establecidas en la Constitución. Es decir que no había una fuerte legitimidad. Ahora, en tanto articulador de políticas y proveedor de soluciones parece haber un deterioro, pero es imposible compararlo con la experiencia predemocrática", indicó Lacunza.
El día después
Las declaraciones públicas de Milei y de su vice, Victoria Villarruel, relativizando el accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, son concebidas por Galliano como un evento disruptivo.
"En las últimas elecciones parece haberse quebrado un balance común a los últimos 39 años, que es la estabilidad institucional y el compromiso con el sistema de partidos asentados", dijo el historiador.
Lacunza coincidió con el diagnóstico y apuntó que "hay ciertos consensos en jaque. El discurso de Milei avanza contra muchas de las libertades y derechos adquiridos, tales como el de la protesta. A su vez, su discurso casi negacionista de la dictadura apunta directamente contra un eje muy sensible en la sociedad".
"Ese consenso del 'Nunca Más' hoy está siendo cuestionado desde la legitimidad que otorga una victoria electoral. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos ha mostrado fortaleza incluso en situaciones más adversas", remarcó el analista.
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