La verdadera joya de la corona es derribar los obstáculos que les impide apoderarse de todo el presupuesto público educativo
Rayando en la demagogia, la senadora ponente busca el respaldo popular a su iniciativa dando a entender que los más pobres ingresarán a los colegios de la élite
Invitamos a las bancadas parlamentarias alternativas y democráticas a la juntanza para defender el derecho que tiene la nación a contar con un fortalecido sistema educativo público, lo que significa lograr la universalización del derecho, la apropiación y generación de conocimiento avanzado en favor del desarrollo del país y del bienestar de la población; como también, la dignificación de la labor pedagógica.
Miguel Ángel Pardo Romero
Secretario de prensa, propaganda y publicaciones de FECODE
Destruir el sistema educativo público,
apropiarse de su presupuesto y reversar su carácter democrático
El proyecto de ley 192 de 2022, “Por la cual se crea el Bono Escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones”, liderado por la senadora Paloma Valencia, constituye un nuevo intento de la derecha criolla de entregarle el presupuesto público de educación a los particulares, revivir el clientelismo y el negocio a costa de destruir el sistema educativo público y de reversar su carácter laico y democrático.
Estas motivaciones ideológicas y financieras se complementan con su desinterés por universalizar el derecho, su intención de disolver el magisterio estatal por ser un protagonista social incómodo, eliminar cualquier estatuto docente que dignifique la profesión, generalizando la pauperización salarial y la contratación a destajo.
No sobra resaltar que la versión anterior de los “bonos escolares”, fueron los “convenios” que se convirtieron en un verdadero carrusel de corrupción, el cual consistía en que algunos políticos a través de unos funcionarios lograban asignar a un colegio privado un número de estudiantes y un monto nada despreciable por cada uno de ellos. Favor que se retornaba con apoyo electoral, presionando indebidamente a las familias “favorecidas”. Por esta, entre otras razones, los gobiernos alternativos en Bogotá se propusieron y lograron pasar de 146.000 a 15.000 “convenios”, entre 2004 y 2015.
La gravedad es mayúscula. De aprobarse el proyecto de ley de marras, obraría en contravía de los avances consignados en la Ley General de Educación y en la Constitución Política, tales como la libertad de cátedra, el ejercicio de la autonomía, la democracia, el gobierno escolar y otros conquistados por la comunidad educativa en nuestra agitada vida republicana. La verdadera “norma” sería, la imposición de los currículos, especialmente de contenidos, la amenaza permanente del despido por ejercer los derechos civiles, como también, los inherentes al ejercicio académico.
La difícil existencia del sistema educativo público tendría su golpe de gracia. El establecimiento neoliberal procede con alevosía y premeditación porque, a la expropiación de más de 256 billones de pesos a la educación de los municipios de Colombia, entre 2002 y 2022 como resultado del regresivo acto legislativo 01 de 2001, ahora pretende apropiarse de los pocos recursos del deficitario Sistema General de Participaciones. (art.9).
Más grave aún. La verdadera joya de la corona es derribar los obstáculos que les impide apoderarse de todo el presupuesto público educativo. Me explico. Aunque el paro nacional del magisterio y de la comunidad educativa que realizamos en 2001, no logró atajar la regresiva reforma constitucional, sí limitó la contratación con entidades públicas o privadas, solo donde se demostrara insuficiencia de las instituciones educativas oficiales para garantizar el servicio educativo (art.27 de la ley 715 de 2001). Diez años después, la conjunción de movilización social y movimiento pedagógico logró hundir el proyecto 021 de 2021, presentado por la senadora María Fernanda Cabal que pretendió eliminar este “articulito” que les estorbaba y, ahora su copartidaria, lo intenta nuevamente con los artículos 10 y 15 del proyecto de ley 192/22.
Tal como lo hemos advertido en propuestas similares, la regresiva consecuencia adicional es la suplantación y/o debilitamiento de la función social de la escuela al ser remplazada por confesiones religiosas, cajas de compensación u otras organizaciones a las cuales la sociedad les asignó otro tipo de fines.
Rayando en la demagogia, la senadora ponente busca el respaldo popular a su iniciativa dando a entender que los más pobres ingresarán a los colegios de la élite. Lo cierto es que podrían elegir entre instituciones educativas ya definidas, a las cuales no se les exige enfáticamente infraestructura apropiada para desarrollar la labor pedagógica en condiciones dignas. Pese a que el proyecto de ley dice que los colegios no podrán pedir “pagos extras”, ¿quién protege a las familias de los “bonos voluntarios” que aún exigen no pocas instituciones educativas del régimen privado, dejándolas a su suerte y vulnerando la gratuidad plena.
El negocio – socio, “mejora” con el bono escolar “aditivo”, es decir un pago adicional para quienes cuenten, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad. Pero no obliga a la institución a garantizar una verdadera educación inclusiva. Se ocupa de porcentajes para fijar el alcance del negocio en general (art. 6) pero no para establecer el número de docentes con las especializaciones requeridas para “atender” este tipo de población. Tampoco aulas y parámetros definidos pedagógicamente.
Llama la atención que, para ser seleccionado, el colegio debe tener una “…oferta de formación religiosa” (art. 7) y, de ñapa los padres, madres o quienes ostenten la patria potestad de los “beneficiados”, deben asistir a “talleres obligatorios”, orientados entre otros por los contratistas. ¡Se siente el aroma de adoctrinamiento y sujeción!
En fin, la historia de los convenios escolares parece reditarse porque todo compele a que el acto democrático y de “calidad”, es conformarse con matricular a niñas, niños y jóvenes en colegios particulares de segundo orden, con las “características” mencionadas y, por si las dudas, en donde el que manda es el dueño y punto. Mientras que la responsabilidad del Estado para garantizar los factores asociados al proceso pedagógico sale “convenientemente” del debate y se eleva a categoría de sinónimo de calidad, el fracasado referente de las pruebas de Estado o las internacionales.
FECODE, ya alertó a la comunidad educativa y académica, coincide con los comentarios del viceministro de Educación expuestos en su cuenta de Twitter pero lo que exige la gravedad del regresivo proyecto de ley, es fijar posición oficial del Gobierno y obrar en consecuencia. Invitamos a las bancadas parlamentarias alternativas y democráticas a la juntanza para defender el derecho que tiene la nación a contar con un fortalecido sistema educativo público, lo que significa lograr la universalización del derecho, la apropiación y generación de conocimiento avanzado en favor del desarrollo del país y del bienestar de la población; como también, la dignificación de la labor pedagógica. Para el efecto, es indispensable garantizar su carácter democrático, la financiación estatal adecuada y la administración de la educación pública.
Por las transformaciones que requiere la educación, seguimos fortaleciendo la poderosa conjunción de movilización social y movimiento pedagógico.
Edición 829 – Semana del 17 al 23 de junio de 2023
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