Estados Unidos cómodamente evalúa los derechos humanos en el mundo de acuerdo con sus intereses geopolíticos y condena a países como Cuba, Rusia, China y Venezuela, pero da luz verde a naciones terroristas como Israel (que masacra al pueblo palestino), Arabia Saudita y Egipto.
Carlos Fernández-Vega
▲ Estados Unidos se autoasignó el papel de líder moral del mundo, con todo y que es uno de los principales promotores de críme-nes, detenciones ilegales y mucho más. En la imagen, marcha por abusos de la policía de Minneapolis, en junio de 2020.Foto Afp
¿Quién vigila al vigilante y quién lo autorizó?, porque alegremente Estados Unidos se autoasignó el derecho a decidir quién viola los derechos humanos en el mundo y quién no, quiénes son autoritarios o terroristas, quiénes merecen sanciones o bloqueos y mucho más, sin que su evaluación incluya sus canallescas prácticas históricas, permanentemente violatorias de los derechos humanos en su propio territorio y a lo largo y ancho del planeta. Y lo hace año tras año, desde al menos medio siglo.
En su Informe de países sobre prácticas de derechos humanos, el Departamento de Estado se presenta como líder moral de la humanidad, con todo y que Estados Unidos es uno de los principales promotores de golpes de Estado, invasiones, cárceles clandestinas, torturas, secuestros, asesinatos, bloqueos, sanciones, detenciones ilegales y mucho más, aunque nada de ello forma parte de su evaluación sobre los derechos humanos –que mide con distintos raseros–, la cual incluye a la comunidad de naciones… menos la suya.
La Jornada (David Brooks y Jim Cason) lo reseñó así: “según el secretario de Estado, Antony Blinken, la intención es evaluar a todos los países por una misma norma. Sin embargo, algunos cuestionaron eso, pues además de criticar con severidad a Rusia, China, Cuba y Venezuela, entre otros, como ‘gobiernos autoritarios’, el resumen no aplica ese mismo lente a Egipto, Arabia Saudita e Israel, pese a que en esos países se anulan los derechos al voto de amplios sectores de población, y en los capítulos dedicados a cada una de esas naciones consideradas aliadas de Washington la crítica sobre sus violaciones a otros derechos es más mesurada”.
En conferencia para presentar el informe, agregan Brooks y Cason, “al secretario Blinken se le preguntó por qué la evaluación no parece impactar la política exterior estadunidense hacia países aliados como Egipto, Arabia Saudita o Israel, que han sido denunciados internacionalmente por sus abusos severos a derechos humanos. Respondió: ‘trabajamos de diferentes maneras con diversos países, tenemos multiplicidad de intereses sobre los cuales trabajamos… Los derechos humanos son un interés central para nosotros, no es el único’”.
Así es: Estados Unidos cómodamente evalúa los derechos humanos en el mundo de acuerdo con sus intereses geopolíticos y condena a países como Cuba, Rusia, China y Venezuela, pero da luz verde a naciones terroristas como Israel (que masacra al pueblo palestino), Arabia Saudita y Egipto.
He ahí al autodenominado líder moral, para quien Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos, dedicó su más reciente informe: Estados Unidos utiliza sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que puede constituir violaciones a los derechos humanos. Este país lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal.
Lo anterior, subraya Douhan, es una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y a un juicio justo, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar a plenitud. Las sanciones se dirigen contra sujetos en el extranjero, incluidas actividades que son legales donde ocurren. Tales sanciones violan los derechos a la libertad de circulación y a no ser privado arbitrariamente de la propiedad. Ese temor ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos, lo que no hace sino empeorar el impacto sobre los derechos humanos, afectando derechos laborales, libertad de circulación y derechos de las personas; además, está el daño causado a los individuos que dependen de los bienes o servicios de ciertas compañías, entre ellos, fármacos y equipos médicos. Este tipo de imposición de jurisdicción extraterritorial viola las normas internacionales de derechos humanos. Claro, ello no forma parte del informe del Departamento de Estado.
Las rebanadas del pastel
Y los bancos no dejan de hincharse de ga-nancias: 25 mil millones de pesos en un mes, enero de 2023, a razón de 34.72 millones ¡por hora!
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