EL ESTADO ILEGAL

POR ROCCO CARBONE

La filosofía política marxista organiza uno de sus grandes núcleos en torno al debate del Estado en tanto fuerza especial de represión de clase. En las reflexiones propias de una filosofía de la praxis –una teoría que aprende de la experiencia de los grandes movimientos de luchas populares–, el Estado es un órgano de dominación. Este nace de la necesidad de limitar y controlar los antagonismos de clase. La clase económicamente dominante, al hacerse del Estado, se vuelve también políticamente dominante. Y, dentro de la sociedad burguesa, el poder político es la expresión oficial del antagonismo de clase. Cuando esa clase económica se vuelve políticamente dominante adquiere nuevos modos para la represión y la explotación de los sectores oprimidos.

El Estado feudal era un órgano de explotación de los campesinos convertidos en siervos de la gleba o vasallos. El colonial, órgano de explotación de esclavos racializados. El moderno representativo, herramienta de explotación del trabajo asalariado por el capital. De esto desciende que el Estado es una organización especial de la fuerza, de la violencia para la represión de la clase productora. Esta dimensión, sin embargo, debe ser matizada. Si bien es cierta en términos generales, también se verifica que el Estado moderno representativo actúa de forma distinta si se encuentra dirigido por un gobierno reaccionario procaz o por uno popular. En función de esto, la remuneración al trabajo asalariado pierde o gana participación –junto con una amplia batería de derechos– frente al excedente de explotación, frente al capital. Y si bien la emancipación económica del trabajo necesita de una forma política comunal, no es lo mismo que el Estado se incline hacia una forma capitalista excluyente que hacia una (tendencialmente) inclusiva.

El poder mafioso es concurrente con el poder del Estado. Más precisamente: la mafia está estructurada con las mismas lógicas que la estatalidad. Se trata de instituciones complementarias. Cuando un poder con lógicas mafiosas coloniza el Estado, activa un doble poder permanente, despliega un doble plexo normativo. Este mantiene un viso de legalidad que conecta con un estatuto ilegal. El poder que despliega es expresión oficial y extraoficial del antagonismo de clase. Por más que parezca una paradoja, un gran contrasentido, y por más que el sólo hecho de reconocerlo nos dé miedo, se despliega el Estado ilegal.

Las mafias son organizaciones más antiguas que el Estado moderno representativo. Han recorrido un arco histórico más amplio. El poder y los saberes que arrastran compiten y son mayores respecto del órgano de dominación que rige en mayor o menor medida las sociedades contemporáneas. Las mafias son antiguas organizaciones gentilicias, menos de tribus que de clanes. Gens es una palabra que remite a varias familias que se identifican a través del apellido. Las mafias son, entonces, sociedades que agregan personas sobre una base familiarista. Los miembros de la sociedad tributan un respeto libre y voluntario a los órganos del régimen gentilicio (el jefe de un clan, digamos). El padrino retrata muy bien esta escena: il portare rispetto. No es necesaria una ley que exija ese respeto, como sí lo es en el caso de la estatalidad. Como dije: son poderes más antiguos que el Estado nacional, caracterizado en primer lugar por la agregación de súbditos (orden monárquico) o de ciudadanos (orden republicano), según una división territorial. Esto nos indica que el mafioso es un poder más líquido que el del Estado. Una familia se mueve (de ahí lo líquido) más fácilmente que un Estado, y cuando este se expresa en otra unidad soberana lo hace con sus instituciones que, generalmente, son visibles y legales: una embajada, un consulado. El otro rasgo que define la estatalidad en tanto poder público son los impuestos. Las mafias también exigen sus impuestos de protección sobre sus territorios y los requieren de personas, actividades y cosas. Se trata del pizzo, un pago periódico y fijo que responde a un impuesto de protección o la tangente, que es una suma de dinero a cambio de favores ilícitos. El otro distintivo del Estado es la instauración de un poder público. Son “destacamentos especiales de hombres armados, que tienen a su disposición cárceles y otros elementos”: el ejército permanente y la policía [1] a los cuales hay que adosar la burocracia, el clero, la magistratura.

También en este caso podemos corroborar la mayor antigüedad y, por ende, un mayor grado de poder de las mafias respecto del Estado, puesto que son organizaciones que –históricamente y aún hoy– se articulan alrededor de la violencia privada, organizada estratégicamente alrededor de la famiglia, que la emplea como una forma de poder social. Esta violencia se ejerce como expresión de poder para controlar y dominar a seres considerados inferiores –o, a veces, ni siquiera seres– por otros que se creen superiores y que se encuentran legitimados por la organización para ejercer esa violencia. La mafia, en este sentido, es una forma de chauvinismo.

¿Qué se entiende por famiglia? “La definición más interesante es la definición ampliada, entendida en función no sólo de las relaciones de consanguinidad, sino de la pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés (e ideológicos), que conforman una malla de relaciones tejida a partir de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad”. Es una definición elocuente de María José Sarrabayrouse Oliveira [2]. La autora se refiere a la “familia judicial”: “Cabe preguntar de dónde surgen sus integrantes, cuál es su origen. En este sentido, el trabajo de campo realizado (…) ha permitido reconocer la existencia de espacios de sociabilidad compartidos por quienes conforman esa ‘familia’: colegios, clubes, barrios, lugares de veraneo. Por un lado, existen estos espacios (…), pero también otros que dan cuenta del espacio público y profesional: las universidades, los estudios jurídicos, las asociaciones profesionales. (…) Es en ellos donde se reclutará a quienes podrán conformar la ‘familia judicial’ (…). En la década de los ’70, la procedencia de los miembros del Poder Judicial estaba circunscripta a tres localidades del Conurbano bonaerense: Bella Vista, San Isidro y Adrogué” [3]. Esos topónimos indican menos una ubicación geográfica que una procedencia utilizada como rasgo identitario. Los Abrojos –la quinta del ex Presidente Mauricio Macri que hospedaba al equipo Liverpool, integrado (entre otros) por el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes intervinieron en el juicio de la obra pública en Santa Cruz– está a escasas sesenta cuadras de Bella Vista.

Hasta tanto el Estado popular no se haga realidad y mientras las funciones del Estado no sean asumidas por la mayoría de la población –cuando eso suceda, según el Marx de Miseria de la filosofía, ya no existirá un poder político propiamente dicho porque este es la expresión oficial del antagonismo de clase en la sociedad burguesa–, “somos partidarios de la república democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún: todo Estado es una ‘fuerza especial para la represión’ de la clase oprimida” [4], puesto que la mafia y estatalidad se complementan, si esa fuerza especial de represión no se propone contener/reprimir el poder mafioso, este termina colonizándolo. Y colonizar significa que el poder mafioso interviene en la ejecución de las funciones propias del Estado. Se crea así el Estado ilegal, una mafialización del Estado, la institucionalización de la criminalidad. Se dispone una naturaleza dual del Estado sobre la base de un doble poder permanente.

En la Argentina, esto tiene un emergente complementario en la experiencia del horror. Bien se explica en el trabajo “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política”, que Emilio Mignone elaboró junto con Augusto Conte en 1981. Quizá su tesis más relevante radique en la categoría de “paralelismo global”, que remite a los dos plexos normativos –una naturaleza dual– que activaba el Estado desaparecedor: “El análisis de la acción represiva desarrollada por las Fuerzas Armadas argentinas (…) permite advertir la existencia de dos niveles de normatividad. El primero, de carácter público, está configurado por el conjunto de normas sancionadas antes y después del 24 de marzo de 1976, dirigidas a enmarcar formalmente dicha acción. El segundo, de carácter secreto, pero susceptible de ser reconstruido con los datos, testimonios, examen de las características operativas y textos disponibles, se encuentra constituido por órdenes y pautas de organizaci6n y acción (…) propuestas por los servicios de inteligencia y por los estados mayores de las tres fuerzas y aprobadas por sus respectivos comandos. El primer plano de normatividad, de carácter excepcional y a partir del 24 de marzo de 1976 emanado de un poder absoluto, colocado por encima de la Constitución Nacional y de los principios jurídicos universalmente reconocidos (…). En cambio, las medidas de carácter secreto, que configuran el segundo plano de normatividad (…) fueron aplicadas sin restricciones desde la fecha indicada y caracterizan el tipo de represión política”. De esto desciende que una de las consignas populares entre 2015 y 2019, “Macri, basura, vos sos la dictadura” es todo excepto un insulto.

La minoría de la minoría que pretende imponer una naturaleza dual del Estado y asumir su comando luchará para impedir la república democrática y para evitar que la ejecución de las funciones del Estado sea asumida por las grandes mayorías. Por eso mismo se ufanan en propagandizar la idea de un Estado “mínimo”, “funcional”, “racional”, “sin grasa”, con “austeridad” y vía libre para la privatización y el libre mercado.

El Estado ilegal conlleva la idea de Estado. Un Estado para ellos, donde quepan sólo ellos. El Estado ilegal es un Estado excluyente. Un gran símbolo que sintetiza esta realidad es Lago Escondido: sólo Lewis (y Los Huemules), a la manera de la duquesa de Alba (de negro), que indica imperativa la inscripción en la arena a sus pies: sólo Goya.

Esta reorganización del Estado –que aún no se ha impuesto, pero que luchan para llevar a cabo, por eso quieren volver este año– es organización política de la sociedad y de los “recursos naturales”. A propósito, bien haríamos en empezar a pensarlos como “bienes naturales comunes”, tal como viene insistiendo con la agudeza que le es propia Amado Boudou, para ponerlos a disposición y hacer negocios en función de las ideas expuestas por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. La generala explicó la relevancia de América Latina para el imperialismo: “Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tenés el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: la Argentina, Bolivia, Chile (…) tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región. Con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer” con sus socios del Estado ilegal a 200 años de la doctrina Monroe: “América para los (norte)americanos”.

En la Argentina todo esto se evidencia, se revela si tomamos como índice la violencia, cuyas funciones son múltiples, pues tiende a separar, a alejar, a discriminar, a dispersar y a matar. En su versión privada, es la herramienta nuclear del poder mafioso, que tiene una aversión hacia la democracia liberal (porque es un poder plural, diseminado, reconocible en su diversidad) y que la considera una especie de cáscara formal que pretende vaciar a través de la captura del Estado por el campo criminal.

Sobre estas cuestiones, bien vale leer a Rita Segato [5]. La violencia es un Jano bifronte, que tiene una dimensión material y otra expresiva. Si nos remitimos a la expresividad, la violencia posee su propia estilística y, como tal, implica una comunicación. El magni-femicidio que se trató de despegar el 1° de septiembre del año pasado es un mensaje del poder mafioso a la democracia. Dice –sospecho, suponiendo acertar– lo que ese poder no está dispuesto a tolerar en un momento en el que el gobierno expresa un sentido popular democrático débil. Y el magni-femicidio tiene un correlato: la proscripción, que debe ser resistida con los modos vitalistas del campo popular. Aceptarla significa inaugurar un drama para la vida política nacional, de efectos inmediatos en el presente político y un destino aciago de efectos incalculables para las grandes fuerzas democráticas, de tradición peronista y de izquierda. Desde ya, romper la proscripción abre profundos interrogantes sobre qué tipo de democracia, qué tipo de Estado, qué tipo de intervención estatal, qué tipo de reformulación de los mecanismos de representación política son necesarios en la Argentina.

Esto también concierne al Poder Judicial, que aún expresa una forma monárquica de la dominación de clase a través del Derecho. Ya en 1871, la Comuna de París había postulado que el funcionariado judicial debía ser elegido públicamente (responsable y públicamente revocable también).

[1] Lenin, El Estado y la revolución, 1917, p. 14.

[2] Juan Pablo Bohoslavsky, ¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, Siglo XXI Editores, 2015, p. 184.

[3] Bohoslavsky, p. 185.

[4] Lenin, p. 23.

[5] Rita Segato, La guerra contra las mujeres, Prometeo, 2016.