EL TEMA LABORAL EN LA REFORMA A LA SALUD
Nancy Jeanet Molina Achury*
El 13 de febrero el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley por el cual se transforma el sistema de salud en Colombia. El texto se organiza en 18 capítulos y 152 artículos sobre la premisa de guardar coherencia con los contenidos de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, que regula este derecho fundamental.
El propio ministerio de la protección social, en cabeza de la ministra Carolina Corcho, ha identificado como pilares ordenadores de la reforma la administración pública de los recursos; la atención primaria; el abordaje de los determinantes de la salud; un sistema público de información con acceso universal a toda la población y un régimen laboral especial para los trabajadores del sector.
En relación a este último pilar, la ministra planteó que se trata de la “generación de un régimen laboral especial que dignifique a los y las trabajadoras de la salud que en este momento se encuentran en situación de informalidad y precarización”. Sin embargo, más allá del total compromiso con esta intención por parte del gobierno, es necesario entender la magnitud del reto que al respecto se presenta para el país. En este sentido, a continuación, se reflexiona en torno a tres cuestiones centrales: ¿cuál es la situación que se pretende cambiar?, ¿Cuáles son los elementos centrales de la propuesta de reforma para responder a esta situación? y ¿cuáles son los retos que enfrenta la propuesta para ganar viabilidad?
Situación laboral en el sector salud
La crisis en salud generada por la pandemia covid-19 permitió visibilizar la dramática situación en materia laboral que viven quienes laboran en el sector. En este sentido, las propias organizaciones que los representan destacaron el hecho de que la pandemia se enfrentó en un contexto de graves problemas en la organización del empleo, lo que sumó a la ya existente desprotección y precarización laboral, bajos salarios y meses de retrasos en el pago, una mayor carga de trabajo y nuevos contratos sin prestaciones, sin seguridad social, con equipos de protección personal insuficientes y, con frecuencia, poco pertinentes e incumplimiento en la adopción de protocolos de bioseguridad.
Hoy se reconoce claramente que la contratación en el sector presenta una diversidad de formas que transgreden el contrato laboral, con modalidades por prestación de servicios (OPS), contratos sindicales, por honorarios, por cooperativas de trabajo asociado, entre otros; lo que afecta entre el 60 y 80 por ciento de los trabajadores según diversas fuentes1/2. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación en el 2020 estableció que “Los contratos tercerizados constituyen así el 71.37% de los puestos de trabajo en el sector y los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades del sector de la salud pública sólo constituyen el 28.63%, lo que contradice a todas luces el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es, que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”3.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia a través de su sala laboral en la Sentencia SL-3086 del 2021, calificó los contratos para el personal de la salud como “precarios” y llamó en varias ocasiones a las autoridades judiciales y administrativas a formalizar los puestos de trabajo. Por trabajo precario se entiende “la incertidumbre que acarrea en cuanto a la duración del empleo, la presencia de varios posibles empleadores, una relación de trabajo encubierta o ambigua, la imposibilidad de gozar de la protección social y los beneficios que por lo general se asocian con el empleo, un salario bajo y obstáculos considerables tanto legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente”4.
Se suma a esto una diversidad de componentes relacionados con la organización del trabajo en el sector, caracterizada por pérdida de autonomía, insatisfacción, relaciones verticales, violencias y acoso laboral que plantean la necesidad de que, junto con la formalización del trabajo, se propenda por la construcción de ambientes de trabajo dignos y seguros para los y las trabajadoras. Asimismo, las relaciones laborales en el sector salud reproducen la discriminación por género y se “aprovecha de ella” con menores salarios a igual trabajo entre mujeres y hombres; menor participación en cargos de dirección y poder, entre otros aspectos.
Esta crítica situación en sus relaciones laborales, es el resultado esperado de una lógica impuesta en las políticas nacionales y los sistemas de salud, promovida desde finales de los años 90 por los organismos internacionales y actores externos que ejercen dominio y control en el marco del desarrollo del capitalismo global, que afectó inicialmente al sector privado y que hoy definen también las relaciones laborales en el sector público.
La intención central en este contexto ha significado colocar los derechos al servicio del capital vía la utilización de los recursos públicos y la venta de servicios, como en el caso de salud, con alta rentabilidad para quienes ejercen las posiciones dominantes, en este caso las aseguradoras que, vía la integración y el creciente monopolio, controlan gran parte de la contratación. Con esto el valor de la fuerza de trabajo ha decrecido, inserto en una estructura de organización capitalista, que obedece a una lógica orientada a la extracción de plusvalor.
Esta perspectiva permite definir a la organización social del trabajo como la categoría clave en la comprensión de la situación laboral, razón por la cual el debate laboral sobrepasa los límites tanto de la reforma en salud como del propio sector salud.
Propuestas centrales de la reforma para la dignificación del trabajo en el sector
El proyecto propone la laboralización de trabajadores/as de la salud y formula propuestas diferenciadas para los sectores público y privado. Los trabajadores de las instituciones de salud estatales (ISE)5 serán trabajadores estatales de la salud y contarán con contratos que, según necesidad y trabajo requerido, serán por término definido, indefinido o por obra / labor.
En este vía va el proceso de laborizaciòn en las 928 Empresas Sociales del Estado (ESE) existentes. Según los datos del Ministerio de Salud el 27 por ciento (47.243) de los trabajadores misionales y administrativos se encuentran formalizados, y faltaría el 73 por ciento (128.643), que están vinculados por prestación de servicios. Se estima que dicha formalización tendría un costo de 9 billones de pesos y se haría de forma gradual y tomaría 4 años para el sector público.
Vía Twitter, 28 de abril de 2021
Para el sector privado explícita el compromiso de avanzar en la dignificación del trabajo vía la vinculación mediante contrato de trabajo cumpliendo el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que tengan relación. Asimismo, plantea que el presidente Petro podrá “expedir las disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar los conocimientos del talento humano en salud, tanto del sector privado como del sector público”.
Este régimen laboral propenderá por incentivos salariales y no salariales diferenciando zonas apartadas y dispersas; sistemas de bienestar social; criterios técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; políticas sobre educación continuada y formación profesional.
Otro aspecto que se destaca es la creación de una Dirección en el Ministerio del Trabajo que debe hacer un proceso de seguimiento a esa laboralización de los trabajadores de la salud, la cual deberá rendir un informe anual a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara de Representantes sobre la marcha de la laboralización de tales trabajadores, tanto en el sector público como en el privado.
Posibilidades de viabilidad para la propuesta
Hasta acá buen propósito. Sin embargo, en el marco del debate de reforma emergen una serie de dificultades para asumir de forma clara esta cuestión.
En primer lugar, se requiere claridad en cuanto al número y condiciones de precarización de quienes laboran en el sector, de tal suerte que las propuestas sean incluyentes. Las organizaciones que los representan son claras en plantear que deben ser incluidos técnicos, tecnólogos y profesionales, tanto del área asistencial, como administrativa y de apoyo del sector público y privado. Los datos del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), a corte 30 de junio de 2020, refieren 1.389.787 profesionales vinculados en todo el país6. De este grupo aproximadamente el 80 por ciento son mujeres, lo que implica pensar en una reforma laboral con enfoque de género. En todo caso, la información disponible no es lo suficientemente clara para proyectar con precisión, por ejemplo, los costos de este proceso.
En segundo lugar, se requiere un abordaje articulado que integre a los trabajadores de los sectores público y privado, máxime cuando el privado representa aproximadamente el 80 por ciento del empleo. En este aspecto, las organizaciones que los representan proponen avanzar hacia un régimen especial de los trabajadores de la salud en el marco de la reforma laboral y garantizar la participación de las organizaciones en el diseño del mismo.
Esta propuesta ganará viabilidad si se logra articular a los ministerios de salud y trabajo, como ya se viene dando a partir de las declaraciones de la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez: “El diálogo entre el ministerio de salud y el ministerio del trabajo, hoy tienen un marco fundamental que es el proyecto de la reforma laboral, donde efectivamente queremos dar los derechos y la centralidad al tipo de contratación que sea a término indefinido y no como se tiene hoy, que son contratos que de alguna manera están contra la dignidad de aquellos héroes que llama Colombia y nosotros lo que queremos hacer es darle una dignidad y para eso hemos venido trabajando y construyendo con las propuestas que tienen las organizaciones sindicales y hoy desde la institucionalidad del ministerio de salud estamos trabajando para que sea una realidad”.
De otra parte, la propuesta de laboralizar a los trabajadores de las instituciones del sector público como trabajadores estatales con contratos de trabajo por obra/labor, como aparece en el texto, deja abierta la posibilidad del uso de esta figura para mantener la precarización laboral, como en efecto ha sucedido en el actual sistema, lo que termina por ser contrario al espíritu mismo de la reforma en esta materia, al tiempo que contraviene al conjunto de Sentencias que prohíben este tipo de contratación para el sector. Esta formulación desconoce que hoy existen compromisos en el marco de la negociación estatal, adelantada previamente, en la vía de la formalización con lo cual se esperaría el cumplimiento, avance y proyección de estos logros para el sector público y su extensión para el sector privado.
En tercer lugar, se argumenta la inviabilidad de esta propuesta por escasez de recursos, tanto para el sector público como privado. Si bien la creación de las nuevas ISE vinculan la contratación laboral para todos sus trabajadores, no se especifica su financiamiento y se remite a normas previas que se orientan por la lógica de sostenibilidad por venta de servicios lo que no es garantía para avanzar en un proceso de dignificación laboral. Para el caso del sector privado, el debate sobre la inviabilidad crece, vinculándose con la idea de que genera riesgo fiscal. Desde las organizaciones de trabajadores, si bien se reconoce la necesidad de asignar recursos complementarios, se especifica que su magnitud no genera riesgo fiscal, al tiempo que se propone llevar esta discusión al proceso de debate del plan de desarrollo y allí asegurar los recursos necesarios para la dignificación del trabajo en salud.
Como se aprecia, la intención de formalizar el trabajo en el sector, aunque validada, aún requiere recorrer un largo trecho. Esta será tarea de toda la sociedad, en particular de los propios trabajadores y trabajadoras en la búsqueda de allanar las rutas y encontrar los mecanismos que aseguren que la intención gane materialidad en el contexto de esta reforma y que, además de formalizar el empleo, se avance en una transformación de la reorganización del mismo abordando la complejidad de aspectos que garanticen un trabajo protector de la vida y el bienestar, con perspectiva de género.
En todo caso, una nueva organización del sistema y un nuevo modelo garante del derecho a la salud, no podrá ser sin que esto incluya la justa reivindicación de quienes en últimas con su trabajo cotidiano acompañan y viabilizan estos propósitos.
1 Molina Achury, N. J. (2020, August 20). El COVID-19 y el sector salud: desprotección, precarización laboral y exceso de carga mental. Periódico UNAL. Retrieved from https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-covid-19-y-el-sector-saluddesproteccion-precarizacion-laboral-y-exceso-de-carga-mental/
2 Colegio Médico Colombiano. Encuesta de Situación Laboral 2019. https://epicrisis.org/2019/09/20/encuesta-de-situacion-laboral-para-los-profesionales-de-la-salud-2019/
3 Procuraduría General de la Nación. Circular 007 del 10 de diciembre de 2020 https://www.periodismoinvestigativo.com.co/wp-content/uploads/2021/01/Circular-007-trabajadores-salud-revisada-DJGA-10-12-2020.pdf
4 OIT. 2012. Del trabajo precario al trabajo decente. Documento final del simposio de los trabajadores sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario, Ginebra, pg. 32.
5 Se denominaría de esta forma, las que venían llamándose Empresas Sociales del Estado
6 Consultorsalud SA. Aprobado proyecto de ley que busca la dignificar la labor del talento humano en salud, 1 diciembre de 2022. https://consultorsalud.com/proyecto-busca-dignificar-talento-humano-salud/
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* Fisioterapeuta, PhD Ciencias de la salud, Mag. en Salud de los Trabajadores. Docente programa de Fisioterapia Universidad Nacional de Colombia, presidenta del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas COLFI.
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Fuente:
