1. Las marchas campesinas y andinas se
dirigen a Lima
Las acusaciones de terroristas contra los manifestantes no frenan el reclamo social que comenzó en diciembre, y el saldo de muertos se eleva a 49. Exigen la renuncia de Dina Boluarte.
Por Carlos Noriega
. Imagen: AFP
Desde Lima
Van 41 días del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y 41 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la represión contra las protestas antigubernamental. Una estadística de espanto. El total de fallecidos desde el inicio de las protestas en diciembre cuando cayó Pedro Castillo y asumió Boluarte son 49, incluyendo un policía, que murió golpeado y quemado por una turba enardecida después que la policía mató a 18 personas durante la protesta en la ciudad andina de Juliaca, y siete pobladores por no poder llegar a un centro de salud o por accidentes por los bloqueos de vías.
Los heridos son más de 600, buena parte por disparos. La renuncia de Boluarte, acusada por las muertes causadas por la represión, el adelanto para este año de las elecciones programadas para abril de 2024 y el rechazo al Congreso que controla la derecha, son las demandas que unifican a una protesta de liderazgos locales y múltiples, que no responde a partidos políticos. Es una protesta fundamentalmente andina y campesina.
La cruenta represión, el estado de emergencia, las detenciones, las acusaciones de terroristas contra los manifestantes y la campaña desde el Gobierno, el Congreso y los medios para criminalizarlos, no detienen las masivas protestas exigiendo la renuncia de Boluarte. Comenzaron en el sur andino -la zona más pobre y discriminada, y también la más identificada con el destituido y encarcelado expresidente Castillo-, donde son masivas y han paralizado la región, y se van extendiendo al resto del país. Se ha llamado a un paro indefinido en varias regiones. Este lunes, los bloqueos de vías, numerosos en el sur, llegaron al norte. La carretera Panamericana Norte fue bloqueada en la región La Libertad, a unos 500 kilómetros al norte de Lima. Regiones amazónicas también se han sumado a las protestas.
La toma de Lima
Desde los Andes, donde hay movilizaciones diarias contra el gobierno, comunidades campesinas y pobladores de las ciudades anuncian “la toma de Lima”, una masiva marcha a la capital para masificar la protesta en el centro político y económico del país. Ya iniciaron la movilización a Lima desde distintas regiones. Las autoridades, temerosas que masivas protestas en Lima sean el capítulo final de un gobierno que muestra fuerza para la represión pero una gran debilidad popular y política, han amenazado con no dejarlos llegar a Lima, donde los pobladores de la capital ya se vienen movilizando exigiendo la renuncia de Boluarte. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) tiene un 71 por ciento de rechazo y solamente 19 por ciento de aprobación. El Congreso que la respalda y contra el que también se protesta, tiene un rechazo del 88 por ciento y solamente 9 por ciento de aceptación.
Entre el dolor y la indignación, las calles de poblaciones andinas, como las de Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, y Ayacucho, donde las fuerzas de seguridad han matado a disparos a dieciocho y diez pobladores, respectivamente, han sido colmadas por masivos cortejos fúnebres para despedir a sus muertos. En los últimos días, en Cusco hubo una multitudinaria despedida al dirigente campesino Remo Candia, presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta, muerto el pasado miércoles de un disparo durante la represión a una protesta en esa ciudad. Bandas musicales se han sumado a las movilizaciones diarias de protesta, en las que a ritmo andino se canta “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
Uno de los presentes en la multitudinaria despedida a los 18 muertos de Juliaca en la plaza principal de la ciudad fue el sacerdote argentino Luis Humberto Bejar. Ha sido su última actividad pública en Juliaca después de más de 25 años de sacerdocio en esta ciudad andina. La Iglesia Católica le ha ordenado dejar su parroquia por apoyar las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y calificar de “asesinatos” las muertes causadas por las fuerzas de seguridad. Bejar dice que la jerarquía católica lo comenzó a acosar después de esas declaraciones. El obispo de Puno, Oscar Carrión, le ha retirado la licencia como párroco de Pucará, donde oficiaba, y le dijo que debía retirarse durante un año “para reflexionar”. En una carta dirigida al obispo Carrión, el sacerdote argentino volvió a cuestionar la represión, señaló que Juliaca “tiene aroma a muerte” y defendió su intervención durante las protestas diciendo que estuvo cerca a las familias de las víctimas y la defensa de “los derechos fundamentales de los pueblos quechua y aymara”.
Criminaliza la protesta
En su afán de desacreditar y criminalizar las protestas, Boluarte ha dicho que desde Bolivia han ingresado fusiles y municiones para los manifestantes. Acusa de ese supuesto contrabando de armas a la organización boliviana los ponchos rojos y lo relaciona con el expresidente Evo Morales. Una grave acusación lanzada sin presentar una sola prueba, pero repetida con amplitud por los medios. Las evidencias dejan sin piso esta afirmación de la presidenta. No ha podido explicar cómo si los manifestantes estaban armados como ahora denuncia el gobierno todos los muertos y heridos por disparos son los propios manifestantes y no hay un solo policía muerto o herido por arma de fuego. Las necropsias a los 18 muertos en Juliaca encontraron proyectiles en nueve cuerpos -los otros nueve también murieron por armas de fuego, pero no se encontraron rastros de los proyectiles-, los resultados confirman que todos recibieron proyectiles de armamento utilizado por la policía, en seis casos de fusiles AKM-47, dos por escopetas de perdigones y uno por un disparo de pistola. Hay videos que muestran a policías y militares disparando contra los manifestantes, en Juliaca y otros lugares.
Detenciones arbitrarias
Se denuncian detenciones arbitrarias. Más de 300 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas. En Ayacucho fue detenida Rocío Leandro, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y otros siete dirigentes, acusados de tener vínculos con Sendero Luminoso, organización armada maoísta activa en los años 80 y 90, que hace más de 20 años está desactivada como grupo armado -con la excepción de una columna disidente aislada en una zona montañosa- y que tiene como herederos a un grupo de actividad marginal que ahora actúa políticamente y no militarmente. En los años 90, Leandro cumplió condena acusada de formar parte de Sendero, pero en la acusación policial por la que ha sido detenida ahora no se han presentado evidencias de que haya promovido acciones terroristas durante las protestas. Con este caso se pretende vincular al conjunto de las protestas con el senderismo y el terrorismo. La policía presenta como “prueba” de terrorismo contra los detenidos, libros de Marx, Lenin o Mao que les encontraron. Así de absurdo y peligroso.
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2. Las protestas avanzan hacia el norte en Perú con piquetes, bloqueo de carreteras y más represión
Los manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones. La violencia y los disturbios siguen en aumento.
Imagen de un grupo de manifestantes con la pancarta 'Perú Libre' en el seno de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, a 12 de enero de 2023. — Alessandro Cinque / REUTERS
MADRID
PÚBLICO
Perú continúa sumido en una escalada de protestas y violencia que no deja de crecer. Los manifestantes, que piden la disolución del Gobierno de Dina Boluarte, la convocatoria de elecciones anticipadas y el fin de los disturbios, se dirigen hacia el norte del país. Por ahora, las marchas mantienen bloqueado un tramo de la carretera Panamericana, vía que conecta a prácticamente todos los países del continente americano.
La profunda crisis democrática que atraviesa el país estalló hace un mes, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, decretó el cierre del Congreso y fue encarcelado como presunto autor de un golpe de Estado. La reacción del pueblo peruano fue tomar las calles, para pedir la liberación del maestro rural y exigir el cierre de las Cortes. Desde entonces, medio centenar de personas han fallecido y otras muchas han resultado heridas, fruto de la avalancha de represión que inunda las principales ciudades de Perú.
Este lunes, los manifestantes han colocado piquetes en las pistas para impedir el paso de camiones, autobuses y vehículos particulares en la provincia de Virú, 500 kilómetros al norte de Lima. En la zona de San José también se han notificado bloqueos, en este caso promovidos por el sector agroindustrial. Las revueltas afectan al tránsito normal de la circulación y la Policía trabaja para tratar de evitar el desorden.
Según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hay 99 puntos de tráfico con interrupciones en el país. Esta cifra se traduce en un total de 18 vías nacionales afectadas en hasta diez regiones diferentes. Varias compañías de transporte han suspendido los viajes por carretera entre las poblaciones del norte y la capital.
Las movilizaciones también se mantienen en el sur. Según apuntan diversos medios locales, los cortes en Arequipa y Cuzco hacen que sea imposible visitar el Machu Picchu o celebrar las fiestas de la Candelaria en Puno. Las pérdidas económicas de la región se estiman, tal y como apuntan estas emisoras, en cinco millones de soles (1,2 millones de euros).
Estado de emergencia
El Gobierno de Perú publicó este sábado un decreto en el que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno y el Callao, además de otras tres provincias y un distrito. El ministro de Justicia, José Tello, ha asegurado que la decisión responde a que hay "situaciones de violencia que obligan a tomar estas medidas para evitar los actos vandálicos" en las localidades más afectadas.
La represión deja 50 personas muertas
Este fin de semana, la cifra oficial de muertos a raíz de las revueltas se fijaba en 50 personas. La última víctima, un hombre en la ciudad de Moyobamba, que falleció tras un accidente de tránsito supuestamente vinculado al bloqueo de las vías. Del número total de manifestantes fallecidos, 41 han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas policiales, es decir, la mayoría son víctimas de la violencia institucional.
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