LA CAÍDA DE PEDRO CASTILLO

Aldo Anfossi

La Jornada

Lima. Es feriado religioso en Lima y los creyentes cumplen con sus ritos de la procesión y las batucadas para homenajear a la Virgen en las inmediaciones de la iglesia de La Merced; también algunas familias llevan a sus hijos a hacer sus primeras comuniones. No pareciera que a pocas cuadras, en la Casa de Gobierno, se desarrollan cambios políticos trascendentes y un gobierno surgido de una crisis sustantiva, arrastrada por meses, trata de echarse a andar.

Pero un poco más allá, en la céntrica plaza San Martín, a los pies del monumento al libertador argentino, se concentran decenas de partidarios de Pedro Castillo. Están entre frustrados y rabiosos, exigen la restitución del profesor rural que soportó siempre tambaleante la presidencia durante turbulentos 16 meses. Se rumora que la próxima semana vendrán a Lima muchos partidarios del ex gobernante, provenientes de las serranías rurales y campesinas, donde radica masivamente la fuerza electoral que le dio la victoria en julio de 2021.

¡Desde esta plaza se está convocando a todo el país, a todas las regiones, movimientos, frentes de defensa, colectivos, ronderos, campesinos. Tenemos que formar una vanguardia que va a asumir la responsabilidad de dirigir a todos, dejémonos de mezquindades y vamos a avanzar unidos!, clama por un megáfono un dirigente anónimo que arranca aplausos.

Continúa: No caigamos en actos de provocación, no hagamos actos de violencia, tenemos que ser inteligentes y debemos avanzar como un pueblo sólido, compactado para romper el cerco que nos va a poner la policía, la Constitución nos ampara el derecho a insurgencia, vamos a tomar ese Congreso.

Luego de su discurso y al conversar directamente con él, quien dice llamarse Fernando Picatoste Romero explica que nos convoca reponer en el cargo y repudiar la forma abusiva y de proceder ilegalmente contra el presidente Pedro Castillo Terrones.

–¿Realmente cree que es posible?

–Dentro de los cánones democráticos, entre comillas, posiblemente no lo van a permitir, pero la fuerza del pueblo, que es el poder que constituye los demás poderes, sí; este Congreso ha violentado el poder del pueblo, han modificado la Constitución para no permitir que haya un referendo donde el pueblo se manifieste en temas de Estado; ellos por más que hayan sido electos, no pueden estar por encima del poder constituyente.

–¿Vendrán marchas desde las zonas de la sierra?

–Estamos haciendo las convocatorias abiertas y públicas, dentro del derecho que nos asiste, para restituir a nuestro presidente, no tenemos miedo y van a venir.

–¿Qué dice de las acusaciones de corrupción?

–Es como si yo le dijera o me dijeran que soy el dueño de Marte.

En otro rincón de la ciudad, una mujer que atiende un kiosco y que se identifica como Vicky, dice sentir mucha pena y que le han traicionado los militares y los que están en el Congreso, unos delincuentes que desde que él entró sólo han pedido la vacancia.

Diana, una auxiliar contable, cree que la destitución era previsible porque no permitían ninguna labor de él y la prensa influenciaba mucho, siempre salían noticias malas, además plantea que se debe llamar a nuevas elecciones y que se vayan todos, el Congreso sólo ha visto sus intereses, vacar y vacar, mientras aquí hay mucha delincuencia y nadie se preocupa.

Pedro, un trabajador independiente, dice que lo sucedido es un abuso de poder total en contra del gobierno. Castillo es un presidente inexperto pero no tiene nada de malicia como para estar haciendo tantas cosas que le involucran. Ahora hay que poner paz al percance que estamos pasando, hay que poner paños fríos.

Pero no sólo hay partidarios de Castillo, muchas personas están de acuerdo en la destitución, respaldan las denuncias de corrupción y juzgan que su gobierno fue un gran fracaso.

Nazareth, un joven que trabaja en call center, manifiesta que no estaba ejerciendo su mandato y considera verídicas las denuncias de actos ilícitos. Respecto del periodo de Boluarte, cree que se debe llamar a una nueva elección pronto.

Fernando, un operador logístico que pasea con su pequeño hijo Donato, considera que el ex presidente fue mal asesorado y las consecuencias las está pagando, debió tomar otras medidas desde que comenzó, el resultado hubiera sido otro, pisó el palito, llegó a la confrontación, todos sus aliados lo han dejado solo, por todo lo cual la vacancia, cuando todo está destruido, tenía que hacerse.

Elba Huisa, propietaria de un kiosco, opina que Castillo es un profesor que nunca ha trabajado, es un sindicalista, no voté por él porque no es preparado y está bien destituido por el mal gobierno, él no da confianza, no invierten las grandes empresas. Boluarte debe terminar, es mujer, hay que darle una oportunidad y es estudiada.

Su amiga y colega Nancy López admite tener la misma opinión que mi amiga, la gente se dejó llevar porque todos somos de provincia y necesitábamos desesperadamente que el país cambie, pensábamos que económicamente él iba a sacar a flote las cosas, pero no, nos estábamos hundiendo más, no me alegra, pero me siento tranquila porque gobernará una mujer, él no hizo nada, ella debe retomar todo.

Manolo de los Santos*

El 6 de junio de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro Castillo Terrones, maestro rural que nunca había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más de 50.13 por ciento de los votos. Más de 8.8 millones de personas votaron por el programa de Castillo –que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva Constitución– frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador Alberto Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.

Desde ese día, aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un periodo de gran hostilidad para el nuevo presidente, intentando desestabilizar su gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a botar el comunismo, la Sociedad Nacional de Industrias (principal grupo empresarial de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo.

En octubre de 2021, se hicieron públicas grabaciones que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del gobierno y a periodistas de izquierda.

La derecha en el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. Desde mi toma de posesión como presidente el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano, señaló Castillo en marzo de 2022. Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político; sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, enfatizó. Resulta que varios de estos legisladores, con apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución con el fin de destituir rápidamente a Castillo.

La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante esos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda.

La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos en favor, seis en contra y 10 abstenciones.

La votación se produjo poco después de que el país recibió el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por incapacidad moral permanente debido a las denuncias de corrupción que se indagan. Castillo también anunció el inicio de un gobierno excepcional de emergencia y la convocatoria de una asamblea constituyente en nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la asamblea constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó toque de queda a partir de las 10 de la noche. Ésta, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.

Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En Lima estallaron manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.

El golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.

______________________

* Codirector ejecutivo de People’s Forum y miembro del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Artículo producido para Globetrotter

POR CARLOS NORIEGA /

Acosado por una derecha que buscó siempre su salida y debilitado por falencias de su gobierno, Pedro Castillo Terrones anunció este miércoles 7 de diciembre una decisión inconstitucional como el cierre del Congreso, lo que precipitó su salida, siendo reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, que se convierte en la primera mujer en asumir la Presidencia en la historia del Perú.

Boluarte ha solicitado una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de “todas las fuerzas políticas”. Minutos antes de su juramentación, el Congreso había destituido a Castillo con 101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones, por haber intentado el cierre inconstitucional del Congreso, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.

Mientras Boluarte juraba en el Congreso como Presidenta de la República, Castillo estaba detenido en una dependencia policial. Hubo manifestaciones, no muy concurridas, a favor y en contra de Castillo. Se dieron enfrentamientos entre ambos grupos. Manifestantes pidieron que se vayan el Congreso y la recién juramentada Presidenta y se convoque a elecciones generales adelantadas.

El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo tuvo una Presidencia convulsionada en grado superlativo. Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Pero también se debilitó por el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas, las serias falencias de su gestión, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción.

Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021. En unos comicios atomizados pasó a la segunda vuelta con 19 por ciento de los votos y en el balotaje derrotó ajustadamente a la cuestionada dirigente de la ultraderecha peruana Keiko Fujimori. Hasta ese momento era un personaje ajeno a la clase política, que se había hecho conocido por encabezar una larga huelga magisterial en 2017. De origen campesino y andino, la mayoría de los sectores históricamente excluidos se identificaron con él, lo veían como uno de los suyos llegando por primera vez a la Presidencia. Ganó las elecciones con un discurso de cambio del modelo económico neoliberal y reivindicación de esos sectores marginados. Y con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista. Esas promesas no se cumplieron. Castillo mantuvo el discurso de cambio, pero no aplicó medidas de gobierno para llevarlas a la práctica. Y la Asamblea Constituyente no pudo despegar por la oposición del Congreso controlado por la derecha.

Fachada de la sede del Congreso de Perú en Lima.

La derecha intentó desconocer el legítimo triunfo electoral de Castillo aduciendo un inexistente fraude electoral. Ese primer intento golpista de impedir que asuma la Presidencia fracasó. Pero los ataques no cedieron. Desde el primer día de su gobierno, esa extrema derecha maniobró para destituirlo. Castillo asumió con minoría en un Congreso controlado por diversos grupos de derecha. Ganó las elecciones como candidato del partido Perú Libre (PL), que se define como marxista-leninista, aunque Castillo siempre negó ser comunista. Su gobierno se inició como un frente progresista, al que se sumaron otros sectores de izquierda ajenos a PL. Pero las divisiones internas estallaron rápido y en seis meses se rompió ese frente. Luego fue separado de PL. Se rodeó de un entorno que lo aisló políticamente y lo complicó seriamente con sucesivos escándalos de corrupción.

Cuando apenas había cumplido cuatro meses de gobierno, la ultraderecha presentó un primer pedido para destituirlo alegando “incapacidad moral permanente” del Presidente por denuncias de corrupción que estaban en investigación. Esta ambigua figura se presta para la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios. Las denuncias contra Castillo estaban basadas en testimonios no corroborados. Con 46 votos, ese primer intento de destitución quedó lejos de los 87 necesarios, dos tercios del Congreso unicameral, para ser aprobado. En marzo la derecha volvió a intentar sacar al Presidente por la misma causa y los mismos argumentos. Volvió a fracasar al lograr solo 55 votos.

La soledad política de Pedro Castillo durante su conflictivo año y medio de gobierno.

En octubre la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia contra Castillo acusándolo de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas. La acusación se sustentó en testimonios de exfuncionarios de su gobierno y empresarios que sindicaron a Castillo de cobrar sobornos. Los acusadores de Castillo están siendo procesados por corrupción y han canjeado sus testimonios acusatorios contra el hasta hace poco Presidente por beneficios judiciales. Esta denuncia fiscal dio lugar a que en el Congreso se le abra un juicio político, otro camino para destituirlo, a pesar que la Constitución no permite acusar a un mandatario en ejercicio por los delitos que la Fiscalía le imputa a Castillo, solo puede ser procesado por traición, cerrar inconstitucionalmente el Congreso o impedir las elecciones. En base a esta denuncia fiscal, la oposición parlamentaria armó un tercer proceso de destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, que se debía ver este miércoles 7 de diciembre, pero antes Castillo cerró el Congreso. Había una gran incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos para destituirlo.

Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica. A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento.

Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al Presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución. La Constitución permite una suspensión temporal del Presidente, pero referido a problemas de salud u otros que le impidan ejercer temporalmente la presidencia. La derecha pretendía aplicarla alegando las denuncias de corrupción contra Castillo. Era el Plan B de la derecha si no lograban los 87 votos para la destitución por “incapacidad moral permanente”.

En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, así como de denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.

La decisión que tomó Castillo le salió muy mal. Lo suyo fue un suicidio político televisado. El “gobierno de emergencia excepcional” no duró nada. Tres horas después de ese intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso -el Presidente puede cerrar el Congreso pero solamente si antes éste niega dos votos de confianza al Ejecutivo, lo que no había ocurrido- Castillo era destituido y apresado.

Mientras en el Congreso se ponía a votación su destitución y estaba cantado el resultado, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno. Circuló el rumor que iba a la embajada de México a pedir asilo, pero fue detenido y llevado a una dependencia policial. Su derrota estaba consumada. Le espera un proceso penal por intentar dar un golpe de Estado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido asilo.

Resulta inexplicable cómo Castillo se lanzó a anunciar el cierre del Congreso sin tener respaldo para sostener esa decisión. Se quedó solo inmediatamente después de hacer ese anuncio. Sus ministros comenzaron a renunciar uno tras otro denunciando que rechazaban lo que calificaron como un golpe de Estado. No fueron consultados antes que Castillo decida cerrar el Congreso. Todas las instituciones rechazaron el intento golpista lanzados desde el Ejecutivo. Por algo más de una hora hubo incertidumbre sobre la postura que adoptarían los militares, si apoyarían a Castillo en el cierre del legislativo o se opondrían a una medida inconstitucional. La incertidumbre se disipó cuando los militares se pronunciaron anunciando que no obedecerían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso. La derrota del todavía Presidente estaba consumada.

Dina Boluarte asume como nueva mandataria de Perú.

Caído Castillo, asumió la Presidencia de la República la abogada y defensora de derechos humanos, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 60 años, oriunda de la ciudad Chalhuanca en el departamento del Apurímac. Lo hizo ante el Congreso.

“Como todos conocemos se ha producido un intento de golpe de Estado”, comenzó Boluarte su primer mensaje como Presidenta inmediatamente después de juramentar. Antes ya había tomado distancia del intento de Castillo de cerrar el Parlamento en un mensaje por Twitter.

Boluarte felicitó que “todas las instituciones” hayan rechazado esa decisión de Castillo.

“Asumo el cargo de Presidenta constitucional siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca. Mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, señaló Boluarte en ese primer mensaje como primera mandataria.

“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”, pidió a los legisladores que acosaron sin pausa al gobierno de Castillo. “Solicito -agregó- un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”. Está por verse si la derecha que desde el Congreso apostó a la desestabilización y al golpismo contra Castillo está dispuesta a darle esa tregua.

La nueva Presidenta anunció “un gabinete de todas las sangres donde estén representadas todas las fuerzas democráticas”.

Boluarte era poco conocida en el ambiente político hasta que llegó a la Vicepresidencia de la República de la mano con Castillo. Ha sido militante de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo al gobierno, pero hace unos meses fue expulsada. Asume la Presidencia sin tener un partido que la apoye, sin una bancada propia, enfrentada a PL y con una derecha parlamentaria que ya ha demostrado estar dispuesta a todo para defender sus intereses subalternos. La tiene muy complicada.

Página/12, Buenos Aires.

Por Daniel Kersffeld

La abrupta caída de Pedro Castillo revela una vez más la compleja situación en la que desde hace más de tres décadas se debate la política peruana, en un proceso que va más allá de la simple “crisis de representación” para convertirse en una generalizada y profunda crisis estructural de todo el sistema político.

En este sentido, la candidatura de Pedro Castillo, proveniente del interior profundo y sustentada en un partido minoritario de la izquierda radical, se convirtió en el principal emergente del agotamiento de una clase dirigencial históricamente constituida en torno a las tradicionales élites limeñas y que, al decir de Julio Cotler, fungían como organizadoras de la política en todo el territorio nacional.

De igual modo y, por su mismo origen plebeyo y campesino, Castillo se convirtió él mismo en una ofensa al esquema de poder construido desde los principales centros urbanos del país y que, bajo argumentos clasistas y racistas, repudió la llegada al gobierno de quien hasta ese momento era considerado como un perfecto desconocido.

En junio de 2021, su principal rival, Keiko Fujimori, directamente invalidó el recuento de la segunda vuelta en la que el maestro rural abatió a su oponente de Fuerza Popular por apenas 44 mil votos. Así Castillo se convirtió en presidente bajo acusaciones de fraude que, aunque infundadas, contribuyeron a resquebrajar su legitimidad de origen.

Una vez en el gobierno, las propuestas ambiciosas y maximalistas, como una amplia reforma constitucional, progresivamente dieron paso a medidas de corto plazo, de mera supervivencia política, en un día a día marcado por la necesidad de asegurar la propia continuidad bajo el constante asedio de una derecha cada vez más fortalecida y desafiante.

Así, el recambio ministerial se hizo constante frente a un legislativo que no dudaba en cuestionar o en rechazar cada acto de gobierno, incluso los más básicos, como los permisos de viaje al exterior. En el medio, dos mociones de censura contribuyeron a debilitar todavía más a un presidente que se mostraba errático, aislado frente a quienes lo habían apoyado en un inicio, y que, además, sumaba acusaciones por corrupción.

La amenaza de una tercera moción de censura sólo pudo sumar mayor inestabilidad y fragmentación. Frente a la acusación de que el Congreso buscaba “destruir el Estado de derecho y la democracia”, Castillo asumió la opción del “decisionismo”. Intentó salvar su presidencia, aportar previsibilidad a la nación y resguardo a la democracia, aunque para ello, tuviera que cancelar el funcionamiento del Legislativo mediante la instauración de un “estado de excepción”.

De igual modo, el gobernante dispuso la reorganización total del sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. El poder ejecutivo asumía así la suma del poder público, en tanto que Pedro Castillo obraba como un impensado discípulo de Carl Schmitt y de Thomas Hobbes.

Pero Castillo cometió el error de cálculo de suponer que, si bien el Congreso era una entidad fuertemente desacreditada, una medida como la clausura le iba a proporcionar inmediatamente un aumento en su propia popularidad. Imposible no recordar el “autogolpe” de Alberto Fujimori concretado hace justo treinta años.

Las consecuencias fueron inevitables: si Castillo pretendió adelantarse al Congreso por temor a que se aprobara su destitución, en cambio, fueron sus decisiones las que motivaron y justificaron la votación en la que se lo terminó removiendo.

La estrategia fue clara y las provocaciones fueron efectivas. A nivel de medios y redes sociales, el presidente depuesto y repudiado se convirtió en sinónimo de dictadura y autoritarismo, en tanto que la oposición encarnada por la derecha cerril, pasó a ser considerada como la defensora de la democracia y de los valores cívicos y republicanos…

Depuesto Pedro Castillo, asumió el gobierno Dina Boluarte, quien hasta ahora se desempeñaba como su vicepresidenta. A partir de la experiencia inmediata, probablemente elija una vía componedora y de transición, sin propuestas de máxima y en la constante búsqueda de la autopreservación para llegar a cumplir su mandato.

Por una parte, y como fiel vocera de establishment, no se debe descartar una nueva candidatura de Keiko Fujimori, por más gastada que esté su controversial figura, envuelta en procesos judiciales como organización criminal, obstrucción a la justicia y falsas acusaciones.

Por otro lado, es probable que asuma contornos más definidos una candidatura de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala y que, desde una base agraria, propugna un nacionalismo radical y antiglobalización, muy a tono con las derechas de estos tiempos, al que algunos analistas han calificado como “fascismo andino”.

Pero tampoco se debe descartar a otro presunto referente de la “antipolítica” como es el caso de Rafael López Aliaga, quien triunfó en las recientes elecciones como alcalde de Lima a partir de una ideología ultranacionalista, violenta y basado en teorías conspirativas y en discursos de odio.

De este modo, y sin que por el momento brillen las candidaturas progresistas y de izquierda, la etapa crítica en el que se desenvuelve la política peruana no parece encontrar algún viso de solución ni en el corto ni en el mediano plazo.

Resulta fácil calificar lo ocurrido en Perú con los eventos de los últimos días. Fácil, pero engañoso. La mirada ofrecida en este editorial del diario mexicano La Jornada sirve para entender más a fondo el cataclismo institucional e interpretarlo en su contexto latinoamericano.

Por La Jornada

9 de diciembre de 2022 - 00:39

Opositores y algunos funcionarios del derrocado presidente peruano Pedro Castillo –entre ellos, la hasta el miércoles vicepresidenta, Dina Boluarte– calificaron de “golpe de Estado” la decisión del mandatario de disolver el Congreso, decretar un gobierno de excepción, llamar a elecciones para una constituyente y emprender la “reorganización” del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En respuesta a tales determinaciones, el Legislativo destituyó a Castillo por una abrumadora mayoría y la fiscal Patricia Benavides ordenó la detención del hasta entonces mandatario, quien fue retenido en la Prefectura de Lima por la Policía Nacional. De inmediato, un portavoz del Departamento de Estado declaró en Washington que Estados Unidos considera a Castillo un “ex presidente”.

Sin afán de justificar las medidas adoptadas por el antiguo maestro rural, es importante considerar su contexto: en año y medio en el cargo, Castillo no pudo llevar a cabo el mandato que recibió en las urnas en junio del año pasado –y que incluía la convocatoria a un congreso constituyente y la desactivación del Tribunal Constitucional– porque durante ese tiempo su gestión fue sistemáticamente saboteada por la derecha, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y en el mediático. La pertinencia de la reorganización institucional que propugnó el presidente fue dramáticamente confirmada por 15 meses de una ingobernabilidad, que es ya rutinaria en Perú y que se traduce en la inviabilidad del Poder Ejecutivo: de 2018 a la fecha, la nación andina ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Legislativo, e incluso procesados, por acusaciones –verídicas o falsas– de corrupción.

En este contexto, es claro que la remodelación institucional del país y la regeneración de una clase política del todo descompuesta eran y siguen siendo tareas indispensables para dar a Perú un mínimo de estabilidad y certeza política. En el caso de Castillo, la disfuncionalidad de las instituciones fue aprovechada desde el primer día de su gobierno por una derecha corrupta, racista y oligárquica que vivió como un agravio la llegada al Palacio de Gobierno de un sindicalista indígena dispuesto a aplicar un programa de justicia social, soberanía y recuperación de las potestades más básicas del Estado en materia de economía.

Aun antes de las elecciones de 2021, la derecha oligárquica emprendió una campaña de linchamiento en contra de Castillo, para lo cual echó mano de sus medios y de sus partidos y de todas las posiciones de poder que controla, y no dudó en cerrar filas en torno a la candidatura de Keiko Fujimori, hija de uno de los presidentes más corruptos y represores de la historia reciente.

Pedro Castillo durante su campaña electoral, basada en la preeminencia de la educación pública.

El caso de Perú tiene resonancias ineludibles con el acoso mediático y judicial que se realiza en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, con la persecución mediática, legislativa y judicial que depuso a Dilma Rousseff en Brasil y llevó a la cárcel al ahora presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, así como con la ilegal destitución de Fernando Lugo en Paraguay. Más aún, la destitución y el arresto de Castillo evocan las maquinaciones mediáticas y judiciales que antecedieron los golpes de Estado perpetrados en contra de José Manuel Zelaya (Honduras, 2009) y de Evo Morales (Bolivia, 2019). El denominador común de todos los mencionados es que son dirigentes progresistas que han buscado revertir en alguna medida las atroces injusticias sociales que padecen sus países y la vergonzosa sumisión a Washington que practican las oligarquías nativas cuando se hacen del poder político.

Visto desde esa perspectiva, lo ocurrido en Perú no es sino la culminación de una suerte de golpe de Estado en cámara lenta que se había venido construyendo desde el momento mismo en que Pedro Castillo se unció la banda presidencial; un golpe de Estado que tenía como propósito acorralar al gobernante para hacer imposible el ejercicio de su cargo e impedir que cumpliera el mandato popular que recibió de la ciudadanía.

Se confirma que las derechas latinoamericanas han sustituido los sangrientos cuartelazos y las dictaduras militares por campañas de difamación y de siembra de odio y de pánico, por la subversión y la ingobernabilidad inducidas por el llamado lawfare –es decir, el acoso desde estructuras judiciales entregadas a la corrupción– y por las asonadas legislativas.

*Editorial del diario La Jornada de México, especial para Página/12.

Por Mariana Álvarez Orellana

Lo que se produjo en Perú fue un golpe de estado parlamentario con apoyo militar que destituyó al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, detenido y trasladado a un cuartel en Lima, para que asumiera el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte, traicionando el mandato popular al sumarse el golpismo.

Castillo transitó un año y medio de su gobierno bajo la presión de la derecha, la ultraderecha y los medios que buscó permanentemente su salida y debilitado por las serias falencias de su gobierno, el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas en el pueblo, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción, el mandatario anunció una decisión inconstitucional, lo que precipitó su salida.

Castillo ha tenido una presidencia convulsionada. Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Este fue el cuarto intento de la derecha para sacarlo de la presidencia antes que Castillo decidiera dar un golpe contra el Congreso, intentando cerrarlo en una decisión inconstitucional que fracasó.

Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica.

A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento. Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución.

Castillo, preso

En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, y denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.

El Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de “una alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada Dina Boluarte como nueva presidenta.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que “si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional”. Dijo que lo ocurrido deja dos temas para analizar, uno de ellos que hubo una “constante conspiración” y “rechazo a un gobierno de extracción popular”.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, pidió defender la democracia e indicó que “seguirá de cerca los acontecimientos” que vayan ocurriendo en el país y que su país “actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano”.

El máximo error de Castillo, su suicidio político televisado, fue patear el tablero de la democracia, pero la apuesta le falló y fuedestituido y apresado, acosado por una derecha que buscaba destituirlo y debilitado por las falencias de su gobierno y las denuncias de corrupción en su contra.

Fue remplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, ahora la primera mujer en asumir la presidencia en la historia del Perú. Al asumir, Boluarte pidió una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de “todas las fuerzas políticas”. Poco después que el Congreso hubiera destituido a Castillo con 101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones, por haber intentado el cierre inconstitucional del Congreso, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.

Hubo manifestaciones, no muy concurridas, a favor y en contra de Castillo. Se dieron enfrentamientos entre ambos grupos. Manifestantes pidieron que se vayan el Congreso y la recién juramentada presidenta y se convoque a elecciones generales adelantadas.

El miércoles, en un sorpresivo mensaje al país dado por televisión, Castillo anunció el cierre inconstitucional del Congreso. Lo hizo tres horas antes del inicio de la sesión parlamentaria en la que se iba a debatir y votar una moción para destituirlopor “incapacidad moral permanente” por denuncias de supuesta corrupción que están en investigación.

Con el cierre del Congreso, Castillo también anunció el inicio de un “gobierno de emergencia excepcional”, declaró en “reorganización” el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que lo investigan y anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses. Decretó un toque de queda desde la diez de la noche, que no se llegó a aplicar.

Recordó los reiterados intentos de la mayoría parlamentaria de derecha de destituirloy aseguró que se le imputan delitos sin pruebas. Acusó a la oposición de derecha de intentar instaurar una “dictadura parlamentaria”. Hoy le espera un proceso penal por intentar dar un golpe de Estado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años.El gobierno de México le ha ofrecido asilo.

Todos los gobiernos regionales reclamaron el respeto al estado de derecho y las instituciones democráticas. Tanto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como el boliviano Luis Arce destacaron el papel jugado por «las élites económicas y políticas que desde el comienzo de la presidencia de Castillo mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución».

José Williams, ultraderechista presidente del Congreso, exrepresor

La Fiscalía de la Nación empezó una investigación preliminar por «rebelión y conspiración» contra el sindicalista docente destituido, quien fue trasladado a la cárcel de Barbadillo donde cumple sus 25 años de pena el exdictador-genocida Alberto Fujimori.

Lo que resulta inexplicable cómo Castillo se lanzó a anunciar el cierre del Congresosin tener respaldo para sostener esa decisión. Se quedó solo inmediatamente después de hacer ese anuncio.Sus ministros comenzaron a renunciar uno tras otro denunciando que rechazaban lo que calificaron como un golpe de Estado. La incertidumbre política se mantuvo por una hora y se disipó cuando los militares se pronunciaron anunciando que no obedecerían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso.

Boluarte, la nueva presidenta de 60 años, era poco conocida en el ambiente político hasta que llegó a la vicepresidencia de la mano con Castillo. Ha sido militante de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo al gobierno, pero hace unos meses fue expulsada.

Asume la presidencia sin tener un partido que la apoye, sin una bancada parlamentaria, enfrentada al que era su partido y con una derecha que ya ha demostrado estar dispuesta a todo para defender sus intereses subalternos. El clamor de la calle sigue siendo el mismo que hace casi dos décadas: que se vayan todos.

Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)