"¿Se está buscando desatar una deriva regresiva que retorne el poder del gobierno a un representante de la violenta ultraderecha colombiana"
Todo partió de los anuncios hechos por el presidente de poner en libertad a casi 300 lideres sociales que han sido objeto de montajes y retaliaciones policiales y judiciales con ocasión de las protestas y actos de rebelión sucedidos en la explosión popular del mes de abril del 2021
Horacio Duque
Foto: Presidencia de Colombia
Los más poderosos medios de comunicación colombianos están posicionando entre la opinión pública nacional una guerra jurídica y política (lawfare) contra el doctor Gustavo Petro, el primer líder de izquierda que accede a la presidencia con un programa de cambios y transformaciones sociales y democráticas. Para la muestra estos dos titulares de Semana y El Tiempo, respectivamente: Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea. No se puede y "Habrá que respetar las decisiones de los jueces sobre los gestores de paz".
Esta acción coincide con diversas manifestaciones de reconocidos dirigentes de la ultraderecha uribista que piden la salida del presidente Petro de su cargo como jefe de Estado en funciones, con manifestaciones callejeras, discursos en las redes sociales y en la actividad parlamentaria, especialmente en los días más recientes a raíz de los sucesos presentados en el Perú con el “golpe de Estado” derechista al presidente Pedro Castillo; quien ha sido encarcelado y enjuiciado luego de haber sido vacado por el parlamento de dicho Estado, utilizando los más pervertidos argumentos y las más descabelladas acusaciones sobre su insolvencia moral.
Desde donde lo veo, los núcleos más regresivos del uribismo y el propio jefe del Centro Democrático han sacado las uñas para direccionar un proceso que destituya y judicialice con narrativas pseudojurídicas al presidente Petro. En estos menesteres la ultraderecha colombiana (como la de todo el mundo, ahora que está en auge) no se pone con rodeos y va directo encaminada a un golpe de Estado blando, como son conocidos los procedimientos políticos utilizados para abortar cualquier intento de reformas que alteren la composición del poder oligárquico que controla los resortes principales del Estado y del modelo neoliberal.
Todo partió de los anuncios hechos por el presidente de poner en libertad a casi 300 lideres sociales que han sido objeto de montajes y retaliaciones policiales y judiciales con ocasión de las protestas y actos de rebelión sucedidos en la explosión popular del mes de abril del 2021. Una vez se anunció el triunfo electoral de Petro, este pidió a la Fiscalía levantar las órdenes de captura contra los jóvenes y dejarlos en libertad. Luego, en días recientes, materializó sus palabras al señalar que antes de la Navidad los presos de la insurrección social regresarían a sus hogares en calidad de “gestores de paz” (en los términos de la ley de orden público (2272), recién aprobada por el Congreso de la República como la base de la paz total).
Pues bien, esta decisión desató la vocinglería reaccionaria. Para la clique fascista la oportunidad estaba servida, le vino como anillo al dedo. Enseguida, armó el cuadro de una guerra jurídica contra el presidente, la cual prevé incoar un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara (el juez del presidente), argumentando que Petro se propone alterar la división constitucional de poderes y desconocer la autonomía de los jueces, los fiscales y de la Rama judicial (ver: Pecar o prevaricar). Y como si esto no fuera suficiente, está promoviendo en los medios de comunicación a los jueces y magistrados de las cortes como los árbitros definitivos del juego político en curso, ignorando la descomposición ética que carcome la rama judicial envuelta en fechas recientes en graves escándalos de sobornos y coimas multimillonarias, tanto en las cortes como en los tribunales, los juzgados y la Fiscalía.
Nada nuevo. Lo que se ha perfilado es una ruta muy difundida en el escenario latinoamericano. Se trata de lo que se conoce como un lawfare (o sea, una guerra jurídica) para destruir a Gustavo Petro y desatar una deriva regresiva que retorne el poder del gobierno a un representante del campo reaccionario de la violenta ultraderecha colombiana. Para saber de qué se trata este paquete golpista cito acá con fines políticos y pedagógicos a los expertos en este tema como un aporte al movimiento popular. Esto para que se tomen con urgencia las medidas necesarias por parte del gobierno, el Pacto Histórico y sus aliados para evitar una tragedia que desate más violencia y una guerra generalizada en la sociedad colombiana como ocurrió con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando despegó la guerra fratricida de los años 50 del siglo XX, en la que murieron más de 500.000 personas y se armó el caldo de cultivo del segundo ciclo de la violencia nacional (1965-2014).
De acuerdo con Romano, el lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática que incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros):
Esta guerra opera 'desde arriba', por medio de un aparato judicial que se 'eleva' por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley, su instrumentalización para acabar con el adversario político. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks gringos) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales.
Los expertos recalcan que el concepto de lawfare hace referencia al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país (ver: ¿Qué es el lawfare?) La palabra combina los términos law (ley, derecho) y warfare (guerra, conflicto), que juntos se traducen del inglés como guerra jurídica. Esta estrategia consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho. En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial.
Entre las tácticas más habituales del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para controvertir las acusaciones y defender sus derechos. Su objetivo es desprestigiar y desacreditar a una autoridad política, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarla de la vida política. En ese sentido, las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la divulgación de información vinculada a guerras jurídicas, pues afectan a la opinión que el público se forma de quien está siendo víctima.
Ahora bien, se ha comparado el lawfare con un golpe de Estado blando, llamado así porque no es violento y evita la presencia directa de los militares, como en los clásicos golpes de estado latinoamericanos. Como quiera que el fin de un golpe es tomar el poder de manera ilegal, en una guerra jurídica lo que se pretende es deponer a la persona precisamente con procesos legales. En esa lógica, estas guerras jurídicas se enfocan en la persecución de las protestas y los movimientos sociales para criminalizar y encarcelar a sus lideres con el fin de blindar el modelo neoliberal y los sistemas oligárquicos de gobierno.
Los casos más emblemáticos de este tipo de guerras jurídicas han sido los de Lula y Dilma Rousseff en el Brasil; el de Cristina Kirchner en Argentina, quien acaba de ser condenada por jueces corruptos del impotable poder judicial de Buenos Aires; el de Lugo en Paraguay; y el de Jesús Santrich, el líder guerrillero de las Farc que fue sometido a un entrampamiento judicial. Así que estamos en una muy grave guerra jurídica contra el presidente Gustavo Petro en la que se han concertado varios actores importantes.
Estamos a tiempo para desenmascarar esta tramoya antidemocrática. Hay que actuar con agilidad, especialmente desde el Pacto Histórico, el instrumento político del bloque popular que lidera las transformaciones de nuestra sociedad. Evitemos llorar después sobre la leche derramada; que ciertos dirigentes depongan sus sucios intereses y que todos actuemos pensando en el bien común. La unidad es clave en esta sensible coyuntura. Hay que rodear al presidente Gustavo Petro y confiar plenamente en su inteligencia y habilidad para sortear este tipo de arremetidas, como lo hizo en el pasado en su condición de alcalde de Bogotá, cuando debió manejar la feroz arremetida del procurador Alejandro Ordóñez que pretendió destruirlo y barrerlo de la faz política.
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