Circunscrito, por tanto, al marco legal heredado, la forma legal que finalmente encontró el Gobierno para proceder con su propósito fue nombrar a los siete sindicados como ‘voceros de paz’
Una realidad que recuerda que estamos ante un Estado carcelero, con cientos de miles de empobrecidos que, padeciendo la violación de varios de sus derechos fundamentales, hacinan las cárceles del país, capturados y sindicados bajo diversos cargos, a pesar que las normas internacionales
Autor/a: Equipo desdeabajo
En lo que parece ser una decisión de honor, el Presidente Gustavo Petro firmó el 15 de diciembre las resoluciones por medio de las cuales designó a siete jóvenes de Primera línea, capturados en el marco de las protestas que conmocionaron al país en el 2021 y aún detenidos o en prisión domiciliara, como Voceros de Paz.
Es necesario recordar que el hoy Presidente, al momento de celebrar su triunfo electoral el pasado 19 de junio reclamó la libertad de todas las personas detenidas en el marco de las citadas protestas. Unas semanas después y ya como jefe de Estado, se encontró con que más allá de las palabras, sin transformar el marco legal jurídico existente, a riesgo de una investigación por usurpación de funciones, es imposible que retornaran a la libertad los más de dos centenares de personas detenidas bajo diversos cargos relacionados con la protesta social y la confrontación con los cuerpos de seguridad del Estado.
Un propósito que se encontró, además, con la oposición del establecimiento que considera imposible tocar el marco jurídico vigente y adelantar los juicios sin necesidad de mantener tras rejas a supuestos “delincuentes”. Una reacción a tono con el culto a la norma que reina en las altas esferas políticas y económicas acostumbradas a violar la ley, manipular las normas vigentes, pero aparentar todo lo contrario.
Una realidad que recuerda que estamos ante un Estado carcelero, con cientos de miles de empobrecidos que, padeciendo la violación de varios de sus derechos fundamentales, hacinan las cárceles del país, capturados y sindicados bajo diversos cargos, a pesar que las normas internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos) recomiendan que hasta no ser vencido en juicio –y si no hay riesgo de escape o peligrosidad– el supuesto delincuente viva su proceso judicial en libertad. Sin atreverse a romper con esa herencia, el gobierno del cambio no da señales de ruptura estructural con la normatividad liberal en que se enmarca la política penal y criminal en el país. Una nueva política en estos campos y de control social aún brillan por su ausencia.
Circunscrito, por tanto, al marco legal heredado, la forma legal que finalmente encontró el Gobierno para proceder con su propósito fue nombrar a los siete sindicados como ‘voceros de paz’, a los que les dan la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de uno de los más importantes propósitos del Gobierno: la Paz Total.
Una decisión que en un principio se consideraba dependía de lo que dijeran los jueces pero luego y según el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, realmente está a cargo de lo que decida el Presidente. Es decir, la decisión está tomada.
Ahora la expectativa es cuántos más de estos detenidos verán la libertad en los próximos días y semanas, o si el Presidente por ahora se da por satisfecho en su honor con la libertad de este primer grupo de Primera Línea y así poner en marcha otra de las facetas de la Paz Total.
Un reto y decisión que también parece cargar una disputa con la insurgencia en negociaciones de paz, que pese a las mismas matienen en marcha su plan militar y con él una política de acercarse y ganar el reconocimiento y liderazgo juvenil.
Una satisfacción parcial, que en procura de alcanzar un ambiente de paz con la juventud colombiana, como lo reclama el Presidente, demanda garantizar en todo momento el derecho a la protesta social, su descriminalización y la misma transformación de todo lo referente al castigo y control social, y la garantía de sus derechos fundamentales, como ya fue enunciado.
Una decisión inconstitucional para leguleyos de todo tipo, por la cual ya interpusieron sus demandas legales. Pero por otro lado un decisión que reclama, según analistas, una política integral que incluya a los ministerios de educación, trabajo y otros, y así ser consecuentes con lo exigido por la juventud lanzada a las calles el 2021
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