LAS CONTRADICCIONES POLÍTICAS DEL ‘CENTRO’

El 13 de diciembre de 2021 salió a la luz un informe independiente acerca de la represión policial desatada entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, en respuesta a las protestas ciudadana, impulsada en su mayoría por jóvenes, como rechazo al violento asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía. El informe independiente, acompañado por la ONU, confirma lo que era evidente para todo el mundo: la represión policial fue una masacre que cobró la vida de 14 personas. La alcaldesa rompió en llanto y reconoció su responsabilidad en lo ocurrido.

Muchos sectores progresistas de opinión señalaron la ambivalencia en la actitud política de López frente a la protesta: lágrimas por un lado, estigmatizaciones y acusaciones generalizadas de vandalismo por el otro. Ante esto, los reproches por cinismo e hipocresía no se hicieron esperar. Parece como si la alcaldesa quisiera ganar por cara y por sello.

Para entender la ambivalencia de las actuaciones de López no debemos preguntarnos si ella es hipócrita o no. La razón de sus ambigüedades no se halla en el cálculo o el interés político, sino en la forma contradictoria en que el autodenominado ‘centro’ comprende y asume la política. Son estas contradicciones las que permiten al mismo tiempo el estremecimiento por la represión y una actitud estigmatizante frente a la protesta.

Uno de los lugares comunes del autodenominado centro, perceptible claramente en los pronunciamientos de López, es la condena absoluta de la violencia; como se dice, venga de donde venga. En principio, sería razonable pensar que la condena del vandalismo y las lágrimas frente a la violencia policial demuestran una aplicación consecuente del principio de reproche a toda violencia sin condición: al fin y al cabo, tanto los ‘vándalos’, como los policías que disparan, son sujetos que exceden sus derechos y jurisdicción. Ambos son igualmente violentos: unos a la hora de protestar, otros a la hora de reprimir. Podría decirse entonces que no hay cinismo ni hipocresía en la alcaldesa, sino la firme e incondicionada aplicación de un mismo principio moral a situaciones diversas.

Pero si esto es así, ¿por qué las lágrimas de la alcaldesa parecen inconsecuentes? La respuesta está en que el principio moral de condena absoluta y sin condición de toda violencia es en sí mismo inconsecuente. La razón es sencilla. Aplicado al caso de la protesta, el principio de condena absoluta de la violencia asume que quienes protestan producen o crean la violencia. Este presupuesto ignora que la protesta existe porque la violencia ya está establecida. Está establecida en la pobreza, en la desigualdad y en el hecho de que para muchos habitantes de este país vivir su vida significa sufrir un permanente daño contra sí mismos.

Ante este razonamiento se puede objetar (una objeción, por lo demás muy típica del ‘centro’) que equiparar la pobreza, la desigualdad y la miseria con la violencia es inexacto; que no es lo mismo sufrir de carencias materiales que padecer un daño físico directo a manos de otra persona. Pues bien: si esto es así, sería muchísimo más inexacto equiparar la violencia ejercida sobre el cuerpo de quienes protestan con el daño a las paredes, los vidrios y las cosas. Sin embargo, esta equiparación, que llama ‘violento’ al grafiti y al vidrio roto, pulula por todos lados: en el sentido despectivo de la palabra ‘vándalo’ y en lo que se nos quiere hacer entender por ‘protesta pacífica’. Que no se considere violenta la pobreza, pero sí los daños a la infraestructura y a las cosas, habla precisamente de la violencia establecida contra la que se levanta la protesta: las cosas humanizadas y las personas cosificadas.

En un contexto de violencia establecida, el principio moral absoluto de la no-violencia es inevitablemente cómplice de la violencia establecida. Quien condena toda violencia sin condición o restricción tiene que sacar a la violencia establecida de su ecuación, tiene que invisibilizarla y hacerse el de la vista gorda con ella. Habiendo expulsado la violencia establecida del paisaje complejo en el que existe y se desenvuelve la protesta, esta última puede aparecer y ser pensada como un hecho meramente delictivo. La pureza de los principios, gracias a la trama demoníaca de la opacidad del mundo, termina afirmando la violencia establecida y, con ello, un tratamiento meramente violento de la protesta.

Es esto lo que está en la base de la actitud ambivalente de López frente a la protesta. La condena absoluta y sin condición de toda violencia lleva necesariamente a tratar la protesta como un hecho delictivo. Establecida la premisa, solo hace falta que actúe la policía. Incluso se justifica retirar a los gestores de convivencia por razones de seguridad. Como paréntesis, podemos decir que este último gesto revela la completa inutilidad de la figura del gestor de convivencia: solo hace presencia cuando la marcha es pacífica y no está amenazada la seguridad y la convivencia, es decir, solo hace presencia cuando no hay nada que gestionar. Naturalmente, como buena persona de ‘centro’, la alcaldesa espera que la policía haga su trabajo, pero dentro de los límites de la ley y la constitución; que se reprima, pero en sus justas proporciones. Pero eso es, en realidad, pedirle peras al olmo. Su propia concepción de las cosas, influenciada por el principio absoluto de la no-violencia que invisibiliza la violencia establecida, implica que la Policía solo está respondiendo a una violencia inicial provocada e iniciada por los ‘vándalos’ que transgreden todo código de convivencia, incluso el que determina la sana y razonable protesta.

Cuando pensamos que la Policía simplemente está respondiendo a una violencia producida y creada por sujetos inadaptados, ya establecimos el suelo sobre el que una respuesta de tipo militar tiene sentido. Porque creemos que estamos simplemente frente a una amenaza contra el orden público. Y si hay un concepto demoniacamente ambiguo, que nos coloca en una zona de indistinción entre el derecho y la violencia, ése es el del orden público: el orden público no es la ley o la Constitución, sino la condición fáctica que permite la aplicación de la ley y la Constitución; es un requisito pre legal para que la ley pueda ser aplicada. De ahí que, si hay una amenaza al orden público, es decir, si las condiciones para aplicar la ley y la Constitución no están dadas, podemos concluir en un dos por tres que la situación amerita tomar medidas extralegales y extra constitucionales para asegurarlo. Ese es el tipo de conclusiones a las que llega la Policía, el Ministro de Defensa y el presidente Duque. Y si bien puede decirse que hay distancia entre la actitud de Duque y la alcaldesa frente a los acontecimientos, no es cierto que haya un mundo como pretende ella. Ambos, tanto el Presidente como la Alcaldesa, invisibilizan la violencia establecida.

Pero la ambivalencia de López frente a la protesta no es su única ambigüedad. Muchos, tanto progresistas como del mismo ‘centro’, recibieron con perplejidad las declaraciones xenofóbicas de la alcaldesa, en las que culpaba a los venezolanos por el aumento de la situación de inseguridad. Que no se nos pase: las declaraciones son abiertamente xenofóbicas, no solo porque, como se demostró en ese entonces, la incidencia de los venezolanos en el aumento de la delincuencia es mínima, sino porque estando en un contexto de pandemia y de subida de las cifras de pobreza, culpar a los venezolanos del aumento de la criminalidad solo puede ser concebido como mala fe. Aquí, incluso más que en el caso de las lágrimas por la represión policial, es tentador acudir a la hipótesis del interés y del cálculo político: querer ganar por la izquierda y por la derecha. Pero, de nuevo, soy de la opinión de que tenemos que ir un poco más al fondo para entender este tipo de salidas en falso de la funcionaria.

El sociólogo alemán Max Weber, refiriéndose a los políticos en general, distingue entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción nos dice que un buen político es aquel que es coherente y sigue sus principios, incluso si no logra nada y no logra transformar el mundo. La ética de la responsabilidad, por el contrario, plantea que el buen político es el que es capaz de lograr transformaciones efectivas en el mundo, incluso si eso implica sacrificar sus principios: el político guiado por la ética de la responsabilidad es el que piensa que es mejor hacer algo –así sea a medias, así sea algo muy lejano a lo que originalmente pensaba– a no hacer nada. Al final de su conferencia, Weber mismo plantea que el buen político debe tener una mezcla entre ambos tipos de ética, pues un político con solo ética de la convicción es un payaso intelectual que solo quiere ser juzgado por sus convicciones, y un político con solo ética de la responsabilidad es un burócrata cínico (como Fouché, el legendario funcionario francés que trabajó para la Revolución, Napoleón y la restauración monárquica), que lo que le importa es hacer algo, independientemente de lo que sea o para quien sea. El sociólogo alemán, sin embargo, olvidó analizar una tercera opción que cuadra muy bien con algunos (valga decir por honestidad: no todos) especímenes políticos del autodenominado ‘centro’ en Colombia: aquellos políticos cuya convicción ideológica es la responsabilidad.

Estos políticos se precian de no tener ideología, de que su convicción íntima y personal es la administración por la administración; ellos critican a los extremos por ‘mesiánicos’ y por introducir de contrabando elementos religiosos en la política, pero ignoran que su dios es el statu quo, el no causar molestias a nadie; su religión es la administración, tranquila y sin sobresaltos de las cosas.

En esta línea, lo hecho por López con los proyectos urbanos de Peñalosa nos indica claramente que es un espécimen político de esta clase. Solo que en vez de la palabra administración o eficiencia (término preferido por Peñalosa), López utiliza hábilmente el término ‘cuidado’ reivindicado por el feminismo. Pero, lastimosamente, las circunstancias actuales no les sonríen a aquellos políticos, cuya convicción es la administración por la administración. Como lo dice Merleau-Ponty en Humanismo y Terror, la administración tranquila de las cosas solo puede tener lugar cuando los fundamentos y cimientos de una sociedad o una época histórica están asegurados. Si estos fundamentos están en cuestión o disputa, la administración tranquila solo puede manifestarse como cinismo y complicidad con alguna de las fuerzas en juego en el escenario histórico: porque en época de crisis, una decisión parcial y administrativa puede convertirse en una decisión política, total y extremista. Obviamente, no estamos frente al fin del capitalismo, pero la pandemia y el paro sí suponen un sacudón de muchos de los fundamentos de la sociedad colombiana.

El devenir está abierto y la clave de la estabilidad puede ser progresista o reaccionaria, pero el punto es que el político, cuya convicción es la administración por la administración, carece de elementos en su repertorio para responder a las situaciones excepcionales. Por eso López echa mano, al mismo tiempo, del feminismo y de la xenofobia, de la derecha y de la izquierda. Esto último es una muestra de los límites del ‘centro’ para afrontar situaciones excepcionales, fenómeno que está manifestándose en los resultados electorales en la región.

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* Profesor de ciencia política en la Universidad de los Andes.