DOSSIER:
1. ONG colombiana denuncia tratamiento de guerra a la protesta social por parte del Gobierno
2. Dilatar Para Desgastar a los Manifestantes es la Estrategia de Duque
3. Gobierno de Colombia da trato de guerra a la protesta social: ONG
4. Prosigue la represión en Colombia: Duque impone régimen militar a una cuarta parte de la población
****1. ONG colombiana denuncia tratamiento de guerra a la protesta social por parte del Gobierno
© REUTERS / Juan B Diaz
BOGOTÁ (Sputnik) — La respuesta del Gobierno de Colombia a las movilizaciones en el marco del paro nacional ha sido militarizar la protesta social y darle un tratamiento de guerra; el viernes en Cali se vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia por parte de la fuerza pública, dijo el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
"El día 28 vivimos uno de los días más críticos en Cali (…) fue uno de los peores días donde se ha intensificado la violencia por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes, y esto ha aunado a que la respuesta por parte del Gobierno haya sido continuar militarizando la vida diaria de la movilización social y darle un tratamiento de guerra a la protesta social", denunció Lanz.
El viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso el "máximo despliegue de asistencia militar a la policía" para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca (suroeste) debido a las manifestaciones al cumplirse un mes del paro nacional contra el Gobierno.
En ese marco, la ONG que lleva un registro de las denuncias de violencia policial ha documentado entre 13 y 14 homicidios el fin de semana solo en Cali, y en total ya son 45 en esa zona desde el inicio de las movilizaciones.
"El saldo que tenemos en Cali confirmados y verificados por la organización son 20 homicidios cometidos por la fuerza pública y otros 25 homicidios, incluyendo los del (viernes) 28 (13/14), que están en proceso de verificación para determinar el presunto actor agresor; tenemos 45 homicidios en total en todo Cali" desde el inicio de las protestas, precisó Lanz.
Desde Temblores y otras organizaciones sociales insisten al Gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que suspenda las amas de fuego en el marco de las protestas y restrinja el uso de armas de aparente "letalidad reducida" con las que, por mal uso o intención, se ha asesinado o mutilado manifestantes.
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"En general es un llamado a que se respete y se diferencie la protesta social de los actos vandálicos, porque mientras el Estado colombiano no diferencie lo que es la protesta pacífica de lo que es un acto ilegal justificado en el código penal y dé el mismo tratamiento discursivo y material en las calles a ambas eso es lo que está generando tanta violencia y que no se respete el artículo 37 de la Constitución política", dijo Lanz.
El artículo 37 hace referencia al derecho a la protesta pacífica, algo que para las organizaciones sociales no se está respetando en Colombia.
Las organizaciones sociales también denuncian, además de la violencia policial, la existencia de civiles armados que actúan en connivencia con la fuerza pública en contra de los manifestantes.
Para Lanz, la respuesta del Gobierno a las manifestaciones demuestra que cada vez hay menos posibilidades de diálogo de su parte.
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Los últimos datos de Temblores publicados el viernes señalan que en el primer mes de paro nacional se han registrado 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, y otros 28 que están "en proceso de verificación de circunstancias de tiempo, modo, lugar, contexto social y presunto agresor".
Además, se registran al menos 47 manifestantes con lesiones oculares y 22 víctimas de violencia sexual, así como 1.445 detenciones arbitrarias.
Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lanzaron recientemente la plataforma BIDA (Búsqueda de identidades desaparecidas) con el que pretenden, por un lado, consolidar la cifra de desapariciones en el marco de la protesta social, y, por el otro, documentar lo que está sucediendo en los traslados cuando la gente está bajo la custodia de la policía en los camiones, en las patrullas y en los centros de detención, explicó Lanz.
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2. Dilatar Para Desgastar a los Manifestantes es la Estrategia de Duque
Recibimos un escrito de uno de los lectores del Portal de Revolución Obrera. Le agradecemos inmensamente su esfuerzo por llevarle a las masas, sus opiniones con ocasión de haberse cumplido un mes de esta histórica jornada de lucha en Colombia.
Por A.E.P.
Transcurrido un mes de las protestas en el Paro Nacional, ha quedado en claro la estrategia del sub presidente Duque: dilatar las conversaciones para desgastar a los manifestantes.
El gobierno y sus asesores, en una actitud arrogante, no han querido reconocer la magnitud de la coyuntura actual encabezada por los jóvenes y quienes los acompañan y respaldan en la lucha; el gobierno uribista se niega a darle crédito a los justos reclamos colectivos, que están integrados por múltiples expresiones, las cuales pueden variar temáticamente en las distintas regiones de nuestra geografía, pero son en general las mismas contra el Estado.
El gobierno además persiste en ignorar a los verdaderos luchadores, y por el contrario sostiene diálogos con el autodenominado Comité de Paro Nacional que no tiene la representación de la mayoría de los marchantes. La estrategia es, en resumidas cuentas, dejar pasar el tiempo buscando desgastar al pueblo movilizado, mientras a través de los medios de comunicación, áulicos del actual gobierno, se deslegitima la protesta social acusando a los jóvenes de vándalos y culpables de los bloqueos.
En medio del desespero que le ha causado al gobierno el alto número de manifestantes, se ha conocido la oferta de matrícula cero para los estudiantes de estratos 1,2 y 3 de las universidades púbicas, así como programas de financiamiento de vivienda, y otras promesas que no pasan de ser demagogia, pues no tiene reflejo alguno en medidas concretas y reales.
La visión recortada y sobre todo amañada del gobierno represor de Duque, no le permite dar importancia alguna a las banderas de lucha del pueblo encabezado por la juventud luchadora, de donde se ha ido configurando unas claras razones por las cuales protestan y que bien pueden enumerarse de la siguiente manera:
- No quieren ni desean el país desigual e inequitativo que habitamos los colombianos actualmente.
- Están cansados de un gobierno corrupto elegido ilegalmente por los super ricos y los narcotraficantes que financiaron su campaña, que no ofrece respuestas claras a las peticiones del pueblo.
- Se cansaron de las elecciones compradas con tamales, tejas, cemento y con la complicidad de jurados y registradores.
- Los jóvenes se cansaron de la clase política tradicional mentirosa, inepta y corrupta.
- Se cansaron de la deforestación de más de 220 mil hectáreas de bosque anuales.
- No quieren que se implemente el Fracking, ni que se siga implementando las fumigaciones con glifosato.
- Se cansaron del sistema de salud en manos de privados que a través de las EPS amasan fortunas por causa de nuestras enfermedades mal tratadas.
- Se cansaron de que el 1% más rico del país sea el mayor evasor de impuestos e igualmente que el 52 % de la tierra productiva del país le pertenezca al 2.5 % de la población terrateniente que tampoco paga impuestos.
- Se cansaron de las masacres contra los líderes sociales y de la única respuesta del gobierno consistente en ofrecer recompensas.
- Se cansaron de soportar a las hordas asesinas, militares y paramilitares, que se sacian contra la población y sus dirigentes, a quienes persiguen, violan, desaparecen y matan por el simple hecho de expresar su inconformismo con el gobierno.
- Se cansaron de la falta de oportunidades para acceder a las universidades y de que en el país haya más cárceles que universidades púbicas.
- Se cansaron de que la mayoría de niños que concurren a las escuelas públicas no tengan la misma calidad que sus similares de las escuelas privadas.
- Se cansaron de gobiernos como el actual, que se apropió de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para evadir el control.
- Se cansaron de que el actual gobierno haya seguido con su carrera de guerra contra el pueblo, dejando más claro la gran mentira que se incubaba en los falsos acuerdos de paz.
- Se cansaron de que entre representantes del sector privado y del sector público se roben cada año 50 billones de pesos por diversos actos de corrupción.
- Se cansaron de los congresistas que en su mayoría están empeñados en defender sus privilegios y actúan a espaldas de las necesidades del pueblo.
- Se cansaron de un sistema judicial injusto y corrupto.
- Se hastiaron de que gobierno tras gobierno, se siga descargando todo el peso de la crisis sobre los trabajadores del campo y la ciudad, dejando en claro que cualquiera que gane en las elecciones, no es más que el nuevo administrador del negocio de los ricos a través del Estado como aparato de dominación de una clase sobre otras.
A los jóvenes, que encabezan la lucha del pueblo, el gobierno los ha estigmatizado señalándolos de vándalos, terroristas, delincuentes asesinos y muchos otros apelativos, y con ello justifica el asesinato de más de 50 jóvenes y centenares de heridos durante el paro. En medio del desarrollo de la lucha, las masas han dado rienda suelta a su creatividad, y las formas de lucha se han diversificado, tomando cuerpo en varias partes del país, y sobre todo en el Valle, las acciones que afectan directamente la ganancia de los ricos, una de las cuales ha sido el bloqueo en varios puntos estratégicos y muchos enfrentamientos violentos con las fuerzas asesinas al servicio del gobierno.
La ausencia de una destacada organización política revolucionaria que le ponga dirección a todo este torrente de lucha, permite que se mezclen gran cantidad de actores políticos, desde las fuerzas asesinas paramilitares, pasando por las disidencias de las FARC y el ELN, el mismo Estado con sus ejércitos de asesinos uniformados, grupos de extrema derecha, etc. muchos de los cuales están interesados en azuzar los enfrentamientos violentos e intensificar la acciones armadas; así, las masas continúan poniendo una enorme y dolorosa cuota de sangre, mientras de manera hipócrita, se sientan a la mesa para hacer la parodia de una supuesta negociación de las “partes en conflicto”
Una solución pronta, no se ve, pues la militarización desde el 28 de mayo, ordenada por el gobierno asesino, en lugar de aplacar la lucha de los jóvenes, la acrecienta, es como pretender apagar con gasolina un incendio; y así ha quedado muy claro, la juventud aguerrida ha hecho saber que seguirán movilizándose hasta obtener cambios sustanciales en sus reivindicaciones.
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3. Gobierno de Colombia da trato de guerra a la protesta social: ONG
Bogotá. La respuesta del gobierno de Colombia a las movilizaciones en el contexto del paro nacional ha sido militarizar la protesta social y darle un tratamiento de guerra; el viernes en Cali se vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia de la fuerza pública, señaló ayer el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
El presidente Iván Duque ordenó el viernes el “máximo despliegue de asistencia militar a la policía” para la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, al cumplirse un mes del paro nacional contra el gobierno.
Temblores, que lleva un registro de las denuncias de violencia policial, documentó entre 13 y 14 homicidios el fin de semana sólo en Cali, y en total 45 en esa zona desde que empezaron las marchas.
Temblores y otras organizaciones sociales han pedido al gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que suspenda las amas de fuego en las protestas y restrinja el uso de armas de aparente “letalidad reducida” con las que, por mal uso o intención, se ha asesinado o mutilado a manifestantes.
Temblores publicó el viernes que en el primer mes del paro nacional se registraron 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, y otros 28 que están "en proceso de verificación...". Además, de al menos 47 manifestantes con lesiones oculares y 22 víctimas de violencia sexual y mil 445 detenciones arbitrarias.
Por otra parte el gobierno advirtió que a las afectaciones generadas por los bloqueos en algunas zonas del país, como el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), se sumaría ahora el desabasto de energía por las dificultades para transportar combustible, mientras se informó que la CIDH viajará a Colombia entre el 8 y el 10 de junio para verificar las denuncias durante el paro nacional y la represión de las protestas.
Además, ayer se reportó el asesinato de nueves personas en el departamento de Huila, en la finca Palmira, vereda Quebradón Sur del municipio de Algericas, la matanza 41 registrada en lo que va del año (que han dejado 158 víctimas hasta ayer) según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Sputnik y Reuters
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En Cali hay 25 "puntos de resistencia". Sesenta horas después del decreto reina allí la zozobra, porque "lo que el presidente dijo fue que los va a quitar (desmontar), pero los jóvenes quieren continuar en la protesta, entonces es como decir: los vamos a matar"
4. Prosigue la represión en Colombia: Duque impone régimen militar a una cuarta parte de la población
"O sea: es a muerte. Porque no vamos a dialogar (prosiguió, describiendo la posición del gobierno), no nos interesa nada, nos interesa quitarlos, ustedes se quitan o los matamos. Y muchos jóvenes están tan desesperados, que a algunos no les importa morir por defender un espacio que el presidente está ordenando quitar"
Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la "asistencia militar" en ocho departamentos y 13 ciudades.
Una joven sostiene un cartel en favor de la Policía de Colombia, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda. — Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
CONSTANZA VIEIRA @CONSTANZAVIEIRA
El presidente de Colombia, Iván Duque, prefirió darle una patada al tablero. Optó por militarizar, lejos de tomar en serio un preacuerdo construido durante nueve días entre plenipotenciarios de su gobierno y el Comité Nacional de Paro (huelga), el CNP.
Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la "asistencia militar" en ocho departamentos y 13 ciudades, incluidas seis capitales departamentales.
El senador de izquierda Iván Cepeda indicó que, en la práctica, esto sería ni más ni menos que "un golpe de estado", porque "sustituye la autoridad civil por autoridades militares" en un área habitada por unos 12,7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población.
Los departamentos militarizados abarcan el suroccidente de Colombia (Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) y el nororiente (Norte de Santander). De ellos, Cauca, Nariño y Putumayo han sido escenario de docenas de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros firmantes de la paz desde 2018, así como de masacres, pero esos hechos no fueron invocados por el presidente para emitir su polémico decreto.
Las capitales militarizadas son Pasto, Neiva, Popayán, Cali, Pereira y Bucaramanga. Los alcaldes y gobernadores quedan obligados a "coordinar" con el ejército el desmonte de las barricadas en las vías de su jurisdicción, "así como evitar la instalación de nuevos bloqueos, so pena de sufrir sanciones".
También habrá control sobre caravanas de vehículos que hagan parte de la protesta, aunque no estén bloqueando el paso, lo que suena a una advertencia directa contra las multitudinarias y organizadas movilizaciones indígenas que suelen hacerse en docenas de buses rurales.
Miembros de las fuerzas de seguridad colombianas después de la orden de "despliegue máximo" del presidente Iván Duque. — Juan B Diaz / REUTERS
Lo que hizo el presidente Duque fue estrenar una figura aprobada en 2016, paradójicamente el mismo año de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla comunista FARC, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Nobel de Paz 2016. La "asistencia militar" a alcaldes y gobernadores en caso de disturbios es un término que figura en el Código de Policía, vigente desde entonces.
El pasado domingo, dos días después de la polémica medida de militarización, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró desde Ginebra que "solo el diálogo puede resolver las demandas de los diferentes grupos, tanto los que participan en las manifestaciones como los que se oponen a las protestas"; e instó a abstenerse de recurrir a vías violentas, e incluso llamó a los vándalos -considerados integrantes de bandas delincuenciales que no hacen parte de la protesta- a suspender sus ataques.
Asimismo, se conoció que la Cancillería colombiana aceptó el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del 7 junio y por cinco días, "para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril". Es otro pulso que pierde el gobierno, pues había dado largas para que se produjera esta llegada.
Duque ha tenido que retirar en este mes, y obligado por una sostenida protesta ciudadana, la reforma tributaria que encendió la ira del pueblo, y poco después una reforma del sistema de salud en la que cada procedimiento médico tenía que ser pagado del bolsillo del paciente.
Cayó su ministro de Hacienda y también su canciller, quien distribuyó entre los empleados de su empresa farmacéutica un libelo que afirmaba que la huelga era culpa de Gustavo Petro, senador de centro izquierda y aspirante presidencial, según reveló la politóloga Laura Gil en el portal La Línea del Medio.
Tanto a Bachelet como a la CIDH les preocupan las pruebas recogidas por periodistas y docenas de ciudadanos con sus cámaras y teléfonos móviles que muestran a civiles armados parapetados claramente junto a la policía y disparando contra los manifestantes.
Uno de ellos fue presuntamente identificado por los navegantes de Internet. Vive en un sector de Cali de ricas mansiones, a donde se mudaron hace décadas no pocos narcotraficantes para vivir codo a codo con la élite tradicional. El sujeto dice que las armas que usó eran de juguete.
Como Andrés Escobar fue identificado este sujeto que actuó en Ciudad Jardín, lujoso barrio de Cali. Sin proponérselo, la empresa Media Advertising confirmó su identidad al deslindarse de sus actividades contra los manifestantes. La policía informó que tiene a otros nueve civiles armados identificados. — CEDIDA
Sólo en Cali, cuando se cumplió un mes de huelga, el 28 de mayo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos contabilizó 14 muertos y 98 heridos, de ellos 54 por arma de fuego, en hechos relacionados con las manifestaciones, y en un solo día.
Mientras tanto, el preacuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro dormía el sueño de los justos en el escritorio del presidente Duque desde el 24 de mayo.
El documento contiene las condiciones que ponía el CNP para sentarse a negociar: en esencia, detener la matanza, atención estatal para los más de mil heridos por la violencia estatal contra la protesta, ponerle bridas a la brutalidad policial, garantías para la protesta social, cese de las detenciones arbitrarias.
El CNP creyó que iba a lograr comprometer a Iván Duque a no decretar el estado de conmoción interior, que conculca derechos hasta por 90 días. No tuvo necesidad, con el Código de Policía ya lo tiene.
Pues bien: Duque se abstuvo de firmar el acuerdo, cambió de plenipotenciario y entregó unos comentarios que hacen añicos lo avanzado. Ahora, para sentarse a negociar, el gobierno le exige al CNP más de lo que está a su alcance: que ordene levantar las barricadas.
Las barricadas, esa antiquísima forma de luchar de la humanidad que el gobierno llama "bloqueos", el CNP "cortes", y los jóvenes movilizados "puntos de resistencia", se han ido convirtiendo en una cuestión de honor para muchos sectores populares en huelga. El CNP no puede ordenar levantarlos, solo puede recomendar, lo que de hecho hace.
Una vista de la reunión de la semana pasada en Cali con la Primera Línea. — ONU DH
En Cali hay 25 "puntos de resistencia". Sesenta horas después del decreto reina allí la zozobra, porque "lo que el presidente dijo fue que los va a quitar (desmontar), pero los jóvenes quieren continuar en la protesta, entonces es como decir: los vamos a matar", argumenta a Público Johana, de 36 años y portavoz de la Unión de Primeras Líneas de Cali, que ha adoptado la sigla URC (Unión de Resistencias Cali – Primera Línea somos todos).
"O sea: es a muerte. Porque no vamos a dialogar (prosiguió, describiendo la posición del gobierno), no nos interesa nada, nos interesa quitarlos, ustedes se quitan o los matamos. Y muchos jóvenes están tan desesperados, que a algunos no les importa morir por defender un espacio que el presidente está ordenando quitar", advirtió.
La Unión de Primeras Líneas ha sostenido tres reuniones propiciadas por la Arquidiócesis de Cali con presencia de la misión de paz de la OEA (MAPP/OEA) y la ONU Derechos Humano, entre otros. Este lunes se celebra otra. Allí se mantiene siempre una silla vacía para el presidente Duque, pero el mandatario no ha dialogado con los jóvenes. Allí les esperan.
Esas reuniones han permitido entender a algunos muchachos que es necesario abrir el paso a ciertos vehículos. Es el caso del punto de resistencia Sameco, la zona de Johana, donde se permitió el acceso de los camiones recogedores de basura; de todo lo relacionado con la salud y el suministro de alimentos, e incluso se autoriza a autos pequeños y motos. Todo esto con altibajos.
El presidente Iván Duque ordenó eliminar las barricadas a la fuerza, sin tener en cuenta que cuando estas han abierto el paso ha sido gracias al diálogo y la negociación. Una silla con su nombre lo espera en las reuniones de concertación propiciadas por la Arquidiócesis de Cali con asistencia de organismo internacionales. — Johana (Unión de Primeras Líneas de Cali).
"El acuerdo era que nosotros permitíamos que pasaran, pero la policía debía permanecer (a cierta distancia). Por el contrario, atacó la barricada y capturó a siete jóvenes. Después de eso, los muchachos no querían hacer otro acuerdo, porque no confían en la palabra de la policía", contó Johana. Los detenidos ya están libres.
Licenciada en filosofía y educación religiosa, Johana tiene una sola respuesta a la pregunta de qué quieren los jóvenes: "Oportunidades. Aquí nadie está pidiendo que le regalen nada".
Gran cantidad de los y las resistentes son menores de edad que no han tenido acceso a formarse en un oficio: "No saben hacer nada". "Yo no estoy haciendo nada malo, yo no pertenezco a nada, sino que me duele todo. No hay terror en una piedra, o en un palo, o en un escudo de metal. Terror en un fusil, eso sí", puntualizó en diálogo con Público.
El ejército colombiano no tiene buena fama en las barriadas populares. Allí se conocen sus abusos en el campo y su crimen sistemático de los falsos positivos, descubierto en 2008 y que consiste en hacer pasar a jóvenes desempleados como guerrilleros muertos en combate. No es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército.
Entretanto, está claro que el diálogo abre el paso en los puntos de resistencia, mientras la represión los cierra con candado.
En medio de su impotencia, y enfrentando tensiones internas, el CNP en la noche del domingo 30 anunció que en las próximas horas presentaría un nuevo pliego de emergencia, más conciso que el anterior, que lleva un año en Presidencia (desde junio de 2020) sin respuesta.
El motivo de fricción es que los nueve comisionados del CNP que llegaron a acuerdos con el gobierno aceptaron una cláusula de confidencialidad, de tal manera que los demás del CNP no conocieron su contenido. Eso generó desconfianzas.
Al respecto hubo avances, pues el CNP anunció la noche del domingo que en las próximas horas dará a conocer los frustrados acuerdos, así como las acotaciones del gobierno haciendo trizas lo que pactó el plenipotenciario saliente.
El diálogo, del tipo borrón y cuenta nueva, comienza el lunes a las 9 am hora colombiana, al cierre de este escrito. El CNP convocó para este miércoles 2 de junio "a grandísimas movilizaciones pacíficas en todo el país".
El periodista colombiano Félix de Bedout comentó el viernes que a veces una semana en Colombia equivale a siete años humanos. Pues bien, contada a partir del viernes (28 de mayo), esta es una de esas semanas.
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