El terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes
Las prácticas militares y paramilitares contra los jóvenes en Colombia en el Paro Nacional
evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.
Begonia D.
Sicariato, desaparición forzada, tortura, entre otras prácticas militares y paramilitares para acallar la lucha de los y las jóvenes colombianos y la complicidad de la Fiscalía para ocultar la magnitud de la represión y el terrorismo de Estado del gobierno de Iván Duque.
La juventud colombiana ha dado muestras de rebeldía y aguante frente a la represión de la que ha sido víctima al ser declarado objetivo militar. Pero el terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes, pero también que evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.
El sicariato durante los tiempos de Pablo Escobar entreno a personas cuyo encargo era asesinar opositores en el negocio de las drogas o en la política. La elite caleña y el narcotráfico siguen haciendo uso de este modo de operar, por lo que el día 14 de junio sicarios asesinaron a líder social y músico Junior Jein oriundo de Buenaventura, a quien le dispararon en repetidas ocasiones con un fusil y una pistola.
Otro conocido caso fue el del asesinato de Lucas Villa, en el que dos sicarios dispararon contra él y otros dos manifestantes que también resultaron heridos en el viaducto de Pereira el 5 de mayo. Se supo días después del hecho que fue una operación ilegal conjunta entre la banda de microtráfico Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional, más precisamente de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.
Asimismo, son muchos los casos en los que los paramilitares han llegado a las zonas rurales con el objetivo de desplazar a la población campesina e indígena de sus tierras, para forzarlos hacen uso de aberrantes prácticas que se retoman en el marco del Paro Nacional como decapitar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Estos asesinatos atroces tienen el objetivo claro de amedrentar a los manifestantes.
El día 19 de junio fue encontrada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, la cabeza del joven Santiago Ochoa que integraba la primera línea de manifestantes en Tuluá. Se sabe que fue retenido de manera arbitraria por el ESMAD la mañana del 19 de junio cuando iba en bicicleta y luego encontrado su cuerpo por partes.
La desaparición forzada durante el conflicto armado se convirtió en una cifra cotidiana y en constante aumento. Se calcula que hay en el país alrededor de 80.000 personas desaparecidas, más los mal llamados falsos positivos que son 6.402 jóvenes que fueron engañados por el Ejército con aparentes promesas de empleo y asesinados, luego fueron disfrazados como guerrilleros y mostrados como bajas del ejército en combate.
En este cuadro tenemos ahora los desaparecidos del Paro Nacional, las cifras siguen siendo distantes entre la Fiscalía y las ONGs que están recaudando los datos desde el principio del PN. El informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Temblores ONG, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS reportaron 346 personas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Entre tanto la Fiscalía que nombra a las personas desaparecidas como “No ubicadas” afirma que hasta el pasado 10 de junio eran 572 registros de los cuales se encontraron 328 personas, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos. De acuerdo con este conteo según la Fiscalía quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84.
Pero no solo está la desaparición forzada sino el daño hecho a los manifestantes, las tortura y las amenazas a las que son sometidos, estas también son lesión considerable que se da en la retención arbitraria.
La organización Liga Contra el Silencio afirma que de acuerdo con la fiscalía en “documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos”, sin embargo, este procedimiento que debe ser informado se está ocultando a los abogados y familiares de los retenidos de manera arbitraria dando lugar a la desaparición forzada que no necesariamente es desaparición definitiva pero que entre medio puede exponer la integridad física y mental ante la brutalidad policial que actúa de manera impune y cuyo fin es amedrentar a los jóvenes para que abandones las calles y dejen de reclamar sus derechos.
Uno de los relatos de la organización Liga Contra el Silencio demuestra la brutalidad con la que son tratados los jóvenes cuando son retenidos y la complicidad entre el actuar de la Policía y los paramilitares: “El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”.
Los policías que reprimen y retienen a los manifestantes van uniformados algunas veces acompañados de paramilitares de civil o con un uniforme como lo afirma el relato anterior, pero sin número de identificación, con armas de fuego y armas blancas reprimiendo a los manifestantes con total impunidad; otro ejemplo es el del pasado 28 de mayo en el que civiles en compañía de la policía dispararon en contra de la Minga indígena en el barrio ciudad jardín de Cali. Esto en concordancia con la Fiscalía y la Defensoría que muestra cifras disminuidas de asesinatos, detenciones, desapariciones y que permite la impunidad de los agentes de Policía, ESMAD y Ejercito, pero también de paramilitares que actúan en su presencia.o que el pueblo colombiano grita en las calles es que “esto no es un gobierno son los paracos en el poder”, tal cual lo dice la consigna, cuando se escribe en las calles Colombia antiuribista, quiere decir Colombia antiparamilitar.
El terrorismo de Estado está encarnado en el actuar entre los paramilitares y los militares, que cuenta a la Policía y el ESMAD, que son los encargados de proteger y mantener a este gobierno narco paramilitar. Por eso no basta la negociación, ni los comités de paro, se debe buscar la salida del gobierno de Duque, que además de declarar objetivo militar a los manifestantes y mantener el terrorismo de Estado de la mano con los paramilitares, propondrá el próximo 20 de julio en la sesión ordinaria del Congreso la supuesta reforma a la Policía que dará continuidad a la impunidad y otra reforma tributaria consensuada con los partidos de derecha que son mayoría y con los empresarios.
Solo una huelga general y la organización de los y las trabajadoras, junto con los y las docentes, indígenas, campesinos, y la fuerza de la juventud moverán del poder a Duque y permitirá hacer justicia por los asesinatos, torturas, desapariciones y abusos y demás actos del terrorismo de Estado.
Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá
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