Un gobierno elegido por los votos comprados por los carteles colombianos del narcotráfico no puede ser legal.
Por Tony López R.
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Es imposible esconder que el gobierno del señor Iván Duque Márquez, está en una profunda crisis, no solo por el estallido social de un pueblo que se ha negado a continuar soportando a un gobierno neoliberal e ilegitimo, qué violando la Constitución se ha convertido en un régimen dictatorial. Su impopularidad lo llevan a que el 79 por ciento de la población desaprueba su gestión presidencial.
Un gobierno elegido por los votos comprados por los carteles colombianos del narcotráfico no puede ser legal. La denuncia de la ex senadora conservadora Aida Merlano, quien formaba parte del clan Gerlein, que participaba en la compra de votos para elegir a Duque, así lo hizo público en la entrevista para la revista Semana.
En la entrevista realizada y publicada por la periodista Vicky Dávila en la edición 971 del 9 de febrero del 2020 de la mencionada revista y por el canal Semana TV. Como resultado de esta entrevista, la periodista Dávila, afirmó: “Su relato es tan tenaz, que no sé cómo la justicia de Colombia podrá no investigar”.
Hasta hoy la Justicia colombiana, no ha movido un dedo y se esconden en el argumento que Aida Merlano está presa en Caracas y Colombia no reconoce al gobierno de Venezuela. Según la periodista, sus declaraciones no tienen efectos judiciales. Por supuesto en Venezuela no tiene efectos legales, pero en Colombia sí y es una muy grave acusación. Ella acusa y precisó que “fue secuestrada y la intención era asesinarla, y que detrás de ese plan estaban el presidente Duque y el clan de la familia Gerlein y Char”. Ella dice y afirma tener todas las pruebas de los hechos.
Por supuesto que, al gobierno de Duque, no le conviene que Aida Merlano sea entrevistada por la justicia colombiana. En realidad, y hablando en derecho, por la gravedad del caso, el Poder Judicial colombiano está obligado a solicitar a través de la cancillería, la extradición de la exsenadora, a la que tienen que dar garantías absolutas de seguridad física y personal y abrir una investigación que llevaría al estrado a los implicados, quienes, por su jerarquía, convertirían a este juicio en el Watergate colombiano. Y eso no lo puede permitir la clase narco-dominante en Colombia.
Unas semanas después, se conoció lo que se ha denominado el escándalo de la “Ñeñe política”. El periodista Gonzalo Guillén dio a conocer que en medio de una investigación por homicidio se interceptó el celular de un hombre llamado José Guillermo Hernández Aponte, conocido como El Ñeñe. Entre todas las conversaciones interceptadas hubo algunas que sugerían una posible compra de votos para favorecer la elección del ahora presidente colombiano, Iván Duque.
El Ñeñe está probado que era amigo del presidente Duque y del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Se imaginan el nivel de amistad, con el narcotraficante asesinado en mayo de 2019 en Brasil, que, en uno de sus acostumbrados trinos, Álvaro Uribe manifestó que «causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”. Buena amistad le unían, este trino así lo demuestra.
De acuerdo a las acuciosas investigaciones del periodista Guillen, la muerte de Ñeñe Hernández, se produjo en medio de una vendetta entre narcotraficantes. Las interceptaciones fueron guardadas durante meses, a pesar de que los propios investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DJIN) habían separado el pliego sobre la posible compra de votos. ¿Dolo o complicidad de la DJIN? Interprételo y saque sus propias conclusiones amigo lector.
Aquí tienen pruebas y corrobora lo que declaró la ex senadora conservadora Aida Merlano, sobre la compra de votos para Duque por los capos del narcotráfico. Es aquí donde se fundamenta de porque el gobierno de Duque, no solo es ilegitimo, tampoco es democrático, no solo por la compra de votos, es un régimen dictatorial, lo demuestran y sustentan los elementos que le voy a referir.
El concepto democracia viene de la época greco-romana, solo que tenía muy poco de democracia, porque los esclavos y la mayoritaria población no podían gozar de esa democracia. El concepto democracia toma más seriamente su ejecutoria, cuando el Barón Charles de Montesquieu, teórico de la división de poderes, en su tratado El Espíritu de las Leyes, (1748) estableció las “ciencias de las leyes”. Esas ideas influyeron notablemente en la Revolución Democrática Burguesa en Francia y se introdujeron en la Asamblea Constituyente de 1789.
No es precisamente en Colombia, donde reina ese principio democrático de la división de los tres poderes. El legislativo, Judicial y Ejecutivo. Los hechos arriba mencionados con la ex senadora Merlano y el escándalo de la “Ñeñe Política”, así lo demuestra. Y qué decir del escándalo de los “falsos-positivos”, de las masacres y de los grandes incumplimientos de los Acuerdos de Paz. El asesinato de unos 350 combatientes firmantes de la paz y sus familiares. La última masacre ocurrió hace 10 días atrás, en una finca en el Huila, uno de los combatientes firmantes del acuerdo de la paz, fue asesinado con 8 de sus familiares. La aplaudida propuesta del ex ministro Fernando Londoño en la Convención del uribista Centro Democrático, se está cumpliendo, hacer trizas los acuerdos de paz y mostrar con orgullos que ellos son de Derecha y no de Centro.
En síntesis, y para que quede muy claro, que en Colombia existe un régimen dictatorial, tomen en cuenta los siguientes elementos: El Poder Judicial, está subordinado al presidente Duque y lo que ordene el señor Uribe Vélez, y los cuatro o cincos grandes multimillonarios colombianos, quienes son los propietarios de la mayoría de los grandes medios de prensa, y por esos medios manipulan a la opinión pública y solo publican lo que está al servicio de sus intereses.
La Fiscalía de la Republica, Procuraduría, la Corte Constitucional, un gran porciento de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la Nación, todas esas instituciones del Poder Judicial, están dependiendo de las órdenes del Poder Ejecutivo. Mientras que la Registraduría Electoral está al servicio de los Partidos aliados del gobierno.
La burla de fiscales, magistrados y jueces al sistema judicial y constitucional, se ha puesto de manifiesto, en el tratamiento a las acusaciones sobre los grandes escándalos y asesinatos que por años se han cometido contra el pueblo. De igual forma, el trato que se le ha dado a las denuncias por los “Falsos-Positivos” y que es ahora la JEP la que se está ocupando, un caso considerado por la CPI como crímenes de Lesa Humanidad. Tampoco se aprecia ninguna acción legal contra los implicados en el caso Oderbrech, la Ruta del Sol, el caso Reficar de Cartagena, lo ocasionado por la hidroeléctrica de Ituango, causante de varias muertes y que involucra al ex gobernador Sergio Fajardo y también al ex presidente Uribe Vélez.
La postergación o indiferencia en ejecutar el proceso contra los implicados en la masacre del Aro, que involucra al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, al igual que las denuncias de Salvatore Mancuso quien fuera segundo jefe de la AUC en Colombia, quien ha reiterado su interés en entregar información de como la conformación del paramilitarismo fue obra del Estado. También dispuesto a confesar, de quienes están implicados en graves masacres. Esa disposición del temible jefe paramilitar, también ha sido silenciada. Esto sin contar con la cuantiosa información que obran en poder de la Fiscalía, de las confesiones de jefes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz durante el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), como lo hizo saber el ex Jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, (a) Don Berna, hoy cumpliendo prisión en EE:UU.
Por último, las masacres que se han venido cometiendo contra el pueblo colombiano en sus justas demandas, desde el pasado 28 de abril, cuando el presidente Duque y su ministro Diego Molano, ordenaron militarizar el país y reprimir violentamente a los pacíficos manifestantes, un hecho que viola la Constitución de la Republica y lo más grave que ha colocado a las FF.MM y de Policía a combatir a la población civil a las que les ha causado inocentes muertes de varias decenas de jóvenes, cientos de detenidos, desaparecidos y torturados, hechos muy graves, un gobierno democrático nunca enfrentaría a las Fuerzas Militares contra el pueblo. Fuerzas Militares cuya misión es la de defender la soberanía e independencia de su país y la integridad física de sus ciudadanos.
La militarización del país y la orden de utilizar sus armas de guerra contra los manifestantes ha causado al menos según denuncia pública 75 de los manifestantes asesinados, 312 desaparecidos, más de 1200 detenidos y de los desaparecidos, están apareciendo algunos tirados al río y otros como el macabro hallazgo del cadáver del joven Santiago Ochoa decapitado. Según los comentarios ese método usado por los narcos paramilitares, es un mensaje para aterrorizar a la población.
Por último, la carencia de una política gubernamental para enfrentar la Pandemia con responsabilidad, intensidad, respaldo financiero y científico profesional al mortal virus Covid-19, que en Colombia ha causado la muerte de 100,582 colombianos y más de 3 millones de contagiados, un verdadero genocidio por la irresponsabilidad gubernamental. Ese es un grave incumplimiento del gobierno y especialmente de su Presidente y Ministro de Salud, sobre cuya conciencia recaerá el luto causado a su pueblo.
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Tony López R., Periodista, politólogo y analista internacional.
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