Protestas en Colombia: la diferencia entre violencia, represión, abuso, vandalismo y tortura
© REUTERS / Luisa Gonzalez
¿De qué hablamos cuando hablamos de represión, violencia, brutalidad policial y vandalismo? Desde que la población colombiana tomó las calles en reclamo de una mejora en sus condiciones sociales y económicas, estas palabras han ocupado los titulares de noticias. Pero, ¿qué significan exactamente?
Organizaciones sociales locales e internacionales, instituciones de derechos humanos e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que el Gobierno de Iván Duque ha respondido con brutal represión a las protestas ciudadanas en Colombia que estallaron el 28 de abril.
El grito aterrado de una mujer desde su ventana —"¡Solo estamos defendiendo nuestros derechos!"— mientras observa a agentes armados disparando contra manifestantes, "resume la impotencia de la población colombiana por la respuesta a las protestas", asegura Amnistía Internacional (AI) en un comunicado en el que pide el cese de la represión y que se garantice el derecho de la población a la reunión pacífica.
Los colectivos cuentan casi 50 asesinatos en manos de las fuerzas represivas, decenas de víctimas de violencia sexual, cientos de personas heridas, desaparecidas, y miles de detenciones. Además de armas letales, la policía y el ejército colombianos también utilizan gas lacrimógeno, cañones de agua y otros materiales prohibidos para la dispersión de protestas.
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No es la primera vez que el Gobierno de Duque, ahijado político del polémico expresidente Álvaro Uribe, sofoca de forma violenta las protestas; las fuerzas represivas colombianas tienen en su haber miles de violencias.
Sin embargo, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, es decir, también de garantizar la protesta pacífica, tal como está estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Cuándo hay control policial de las protestas?
Aunque en Colombia —y en muchos países de América Latina— las protestas sean reprimidas de forma violenta por la policía, AI advierte que existen "directrices internacionales muy claras" sobre la conducta policial durante una protesta.
Una de las directrices alega que la responsabilidad de la policía es "facilitarla", y que nunca deben utilizarse armas de fuego para disipar a una multitud. Incluso se asegura que la decisión de disolver una protesta debe adoptarse como último recurso, cuando hayan fracasado todas las demás medidas menos restrictivas.
Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de represión? Una de las definiciones propuestas por la Real Academia Española (RAE) sostiene que se trata del "acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales".
Mientras, la RAE señala que violencia refiere a la "acción y efecto de violentar o violentarse", y la ONU la define como "el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte".
Tanto violencia policial como represión policial son utilizados para denunciar abusos cometidos por la Policía. Según la RAE abuso es "hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien", o "hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder". No obstante, muchas veces colectivos y organizaciones de derechos humanos internacionales se refieren a estos actos como "brutalidad policial".
¿Cuándo hay brutalidad policial y qué significa?
El término se utiliza para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Según explica AI, la brutalidad policial puede incluir "palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agente de represión de disturbios en manifestaciones".
¿Cuándo se constituye la tortura?
Pese a que ningún Estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni bajo justificación alguna, en los últimos días muchos titulares de noticias han ocupado esos términos para referirse a algunas de las consecuencias de la brutalidad policial, como esta de El Espectador: Los relatos de torturas y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el paro nacional.
El significado dado por el periódico colombiano podría interpretarse, tal como menciona AI, como una noción "tradicional y extendida" de tortura, que centra en el dolor y sufrimiento infligidos a una persona, "normalmente un hombre", bajo custodia del Estado.
No obstante, la Convención de ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".
¿Cuándo hay vandalismo?
Pese a que la gran mayoría de las protestas se están llevando de forma pacífica —e incluso los mismos colectivos ciudadanos convocantes han denunciado casos de personas que destruyen bienes públicos o generan disturbios—, Duque ha estigmatizado las manifestaciones, refiriéndose a ellas como "vandalismo extremo" y "terrorismo urbano".
La palabra vandalismo refiere, según la RAE, al "espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana".
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Al igual que Duque, durante las protestas algunas veces los gobiernos locales o medios utilizan vandalismo para referirse a la destrucción de los espacios públicos mediante actos violentos, como puede ser lanzar bombas caseras. Pero también para referirse a lo que, según colectivos sociales, se debería llamar intervenciones de monumentos, por ejemplo.
Tal es el caso de la administración del municipio de Santiago de Cali, que calificó como acto vandálico el hecho de que personas de colectivos indígenas se acercaran al monumento de Sebastián de Belalcázar, colonizador fundador de la ciudad, enlazan algunas cuerdas e hicieran presión para derribarla.
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