Más cerca y a comienzos de este Siglo XXI el objetivo retomó en fuerzas sociales y políticas que imaginaron un nuevo tiempo para un proyecto emancipador de carácter regional.
Por Julio C. Gambina
La novedad por estas horas es la movilización popular en Paraguay, uno de los territorios habitados con una población empobrecida, sea por la historia corta o la larga. Historia larga remite a la guerra de la triple alianza, desatada por la entente entre Uruguay, Brasil y Argentina entre 1864 y 1871, contra el intento más interesante de desarrollo autónomo en el marco de la lucha contra la “colonialidad” de entonces.
La independencia y autonomía como proyecto, más allá de su posibilidad de materialización, devino en subordinación y condicionamiento cultural de la población asentada en territorio de los guaraníes al orden capitalista. Pero también debe sumarse a ese registro la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que data de 1932-35. Son casi 70 años (1864 a 1935) marcados a fuego por dos guerras devastadoras en términos de vidas y condicionante de las formas de organización económica, social y política.
Más grave aún, cuando en la historia corta, no tan corta, tenemos la dominación de la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, la que se proyecta en el presente gobierno constitucional del Paraguay. Este presente está asociado al “golpe parlamentario” en junio del 2012 al gobierno de Fernando Lugo (2008 a 2012). El principal objetivo del golpe fue restablecer el poder oligárquico en el gobierno del Estado nacional, y así despejar los obstáculos de un gobierno crítico a las políticas hegemónicas. El gobierno Lugo concentró años de protestas y organización popular, que con sus luchas habilitó la posibilidad de un gobierno que generó expectativas en todo el Cono Sur de la región. Ese intento por articular un proyecto alternativo encontró la respuesta del poder local, mundialmente articulado, para restablecer el orden. Esas fuerzas que dieron sustento a ese breve interregno de búsqueda de alternativa es lo que hoy se manifiesta en las calles, sin un eje articulador de proyecto socioeconómico para el futuro cercano y más allá. Se trata de un abigarrado movimiento sociopolítico con fuerte raíz en la tradición cultural de esa historia larga comentada.
Paraguay importa por su carácter de país empobrecido por su élite y sus vecinos y aquellas confrontaciones de la historia que deben ser cerradas sobre la base de un proyecto compartido y común que recoja la tradición originaria y la emancipadora contra el colonialismo y el imperialismo. Es más, la provincia argentina vecina al Paraguay, Formosa, también se encuentra en estas horas movilizada y en protesta contra el orden económico y político. En la provincia argentina existe menos articulación popular alternativa que en Paraguay, y por eso es la oposición macrista, la que intenta, oportunismo mediante, disputar la representación de la protesta para recuperar esferas de gobierno. No lo logra porque la complicidad política asocia a gobernadores radicales y peronistas en todo tiempo constitucional, siendo alternadamente oposición u oficialismo. En Formosa u otras provincias argentinas, como en Paraguay se juegan dos planos de la discusión. Uno remite a la ofensiva política de las “derechas” y sus dependencias de la estrategia intervencionista, ejemplificada en todos los “golpes”, de viejo o nuevo tipo, financiados y pensados desde la política exterior de EEUU. Otro nos lleva a la estructura económico social asentada en un patrón primario exportador subordinado al agronegocio dominado por las transaccionales de la alimentación y la biotecnología, que se complementa con negocios ilegales.
No solo es Paraguay, ya que, con su especificidad, Haití experimenta una nueva ola de protestas y demandas contra las nuevas formas del autoritarismo de facto. Es algo que hoy se manifiesta en la extensión temporal autodefinida del gobierno, más allá de cualquier legalidad y sostenido por la represión. La violencia represiva es lo común a considerar ante los levantamientos que pongan en discusión el futuro del orden social, sea en Paraguay, Argentina, Haití o en cualquiera de los territorios de Nuestramérica. Recientemente, las protestas en Chile desafiaron el orden constitucional, legado de la sangrienta dictadura que plantó el tiempo originario de eso que ahora llamamos “neoliberalismo” en todo el planeta y que aún en crisis continúa dando letra del rumbo a seguir, con liberalizaciones diversas y ajustes que golpean a los sectores de menores ingresos.
La búsqueda no es nueva y como sostenemos, tiene historia larga y corta. A lo lejos reaparece cada tanto el proyecto de la “patria grande”, derrotado a manos de burguesías locales que privilegiaron sus negocios asociados al capital externo y al imperialismo emergente a fines del Siglo XIX. Más cerca y a comienzos de este Siglo XXI el objetivo retomó en fuerzas sociales y políticas que imaginaron un nuevo tiempo para un proyecto emancipador de carácter regional. Ese imaginario fue golpeado por los golpes de Honduras, Paraguay, Brasil o Bolivia, pero también por cambios devenidos en las urnas, los que se manifestaron en Argentina (2015) y luego Brasil (2018), incluso ahora, contradictoriamente, en Bolivia (2021). En las elecciones sub-nacionales recientes, la “derecha” boliviana mostró su capacidad de consenso electoral más allá del fracaso del golpe y el consenso para el retorno del MAS al gobierno del país andino. En el medio de este relato largo o corto aparece la demanda por el socialismo, inaugural en el pensamiento y acción del amauta José Carlos Mariátegui y muchos otros en los 20/30 del Siglo XX y materializadas con la revolución cubana a mediados del XX, la que sostiene el proyecto estratégico pese a las dificultades del bloqueo y las sanciones del poder mundial, especialmente desde EEUU.
Entre el proyecto de la patria grande o la aspiración socialista cubana se puede resolver un imaginario de horizonte concreto para el presente y futuro de la región latinoamericana y caribeña. Más allá de los límites de los diversos procesos nacionales en la región, ellos inspiran expectativas esperanzadas para recomponer un proyecto viable de transformaciones del orden económico y social para el “vivir bien” o el “buen vivir” al que nos convocan las constituciones boliviana y ecuatoriana, de reciente factura y que pueden alumbrar un camino en el marco de la oscuridad de la convergencia de la crisis sanitaria y económica en curso.
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