Las lecciones del patrullero Zúñiga
Edwin Cruz Rodríguez
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/
La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.
El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.
El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:
“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.
El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.
Deconstruyendo el heroísmo
De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.
En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.
En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.
Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.
La corrección política se oficializa
Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:
“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.
En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.
La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.
Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.
La ley y la ideología
Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.
En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.
Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.
Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.
En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.
Otra noción del deber
y del profesionalismo
De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.
La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.
Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.
Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.
Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.
En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.
¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?
El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.
La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.
En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.
Fuente:
Periódico desdeabajo Nº269, junio 20 - julio 20 de 2020
