El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso
Paro Nacional:
exigencias y finanzas públicas
Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza
Libardo Sarmiento Anzola
Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.
El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.
El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.
No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).
Los puntos en la mesa de negociación
El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).
Indicadores de sufrimiento social
Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.
La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.
Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.
El presupuesto General de la Nación 2020
El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).
El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.
La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).
De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.
Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.
En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.
El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).
¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?
Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.
El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.
El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.
La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?
________________
** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.
Recuadro
Esmad, violencia, represión y educación
El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.
Recuadro
Las 13 reivindicaciones en litigio
Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:
1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.
Fuente:
