DOSSIER:
1. El Cauca y la paz negada
"A este gobierno poco le ha importado la histórica desigualdad económica y social, enmarcada en la exclusión de las mayorías étnicas de esta región"
omar orlando tovar trochez
Foto: Twitter @CRIC_Cauca
120 indígenas asesinados en lo que va de año, 188 líderes firmantes de la paz asesinados; 88 de ellos “dados de baja” en el gobierno de Duque. La pax romana que desea la ultraderecha colombiana y que implementan los delincuentes de toda índole.
Iván Duque, el encargado de Álvaro Uribe en la Presidencia de Colombia, incumplió su palabra de no hacer trizas el acuerdo de paz estable y duradera, firmado en La Habana y Bogotá, entre el Estado y la exguerrilla de las Farc. Su partido y las otras agrupaciones políticas de derecha, desde la comodidad de las grandes ciudades, han hecho hasta lo imposible por ir desmontando lo pactado y ponerle todas las trabas a lo poco que se había avanzado en la implementación del acuerdo.
La doctrina de seguridad, según la cual, todo aquel que levanta su voz para reclamar sus derechos, exigir el cumplimiento de lo pactado o reclamar el mínimo ejercicio de gobierno, es sindicado de ser castrochavista, enemigo del desarrollo o terrorista y, por lo tanto, debe ser judicializado o dado de baja, a cualquier precio, es el leitmotiv impuesto por los gobiernos nacionales. La comunidad indígena del Cauca sabe muy bien que es sujeta de estas denominaciones.
Bajo el amparo de esta doctrina, el actual gobierno de Colombia ha venido narcotizando su endeble relación con este grupo étnico. Así lo demuestra su último acto presidencial en Santander de Quilichao al declarar con toda la pompa que la solución a la problemática social que padece el departamento del Cauca consiste en incrementar el pie de fuerza en esta zona del país para acabar con el narcotráfico, el único culpable, según su entender, de todos los históricos males que ha padecido y padece la sociedad caucana.
A este gobierno, como a todos, incluidos los de origen caucano, poco le ha importado la histórica desigualdad económica y social de la sociedad caucana, enmarcada en la también histórica exclusión de las mayorías étnicas de esta región. Ni mucho menos le importó o le importa la exagerada y grosera inequidad en el acceso a la tierra productiva, ni los elevados niveles de atraso y pobreza, que generan el desbalance social, origen de muchos, por no decir todos, los conflictos que azotan a esta comunidad colombiana, para ellos, los gobiernos departamentales y nacionales, todo se soluciona con el Esmad y el Ejército. La institucionalidad al servicio del fascismo hecho gobierno.
El Cauca se volcó en torno de la búsqueda de la anhelada paz, no la pax de la derecha colombiana, sino aquella que reconoce las diferencias, étnicas, culturales y económicas, la que busca la equidad económica y social, la de la verdadera reforma agraria, incluida la restitución de tierras a los millones de desplazados, esa paz que permite el disenso, la crítica, la protesta, pero también las oportunidades y el apoyo por parte de un Estado que cumpla exegéticamente lo prescrito en los artículos 2, 3 y 22 de la Constitución Política de Colombia. Una paz estable y duradera, no la de ruido de fusiles, gases lacrimógenos y falsos positivos. Esa paz, actualmente negada para el Cauca.
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2. Militarizar más al Cauca es una propuesta "desatinada y arrogante": ACIN
Foto: @IvanDuque
Integrantes de los pueblos indígenas señalaron que militarizar Cauca no resolvería los problemas de seguridad que se viven en el territorio, y más bien obedece a una forma de responder mediáticamente a lo ocurrido en el norte del Departamento. La respuesta surge luego del Consejo de Seguridad realizado en Santander de Quilichao, Cauca, donde el presidente Iván Duque anunció que al territorio llegarán otros 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas, para evitar que ocurran masacres como la registrada en Tacueyó.
Más militares, ¿una solución para Cauca?
Luego de la masacre de Tacueyó que cobró la vida de cinco integrantes de los pueblos indígenas, y la posterior respuesta del Gobierno se ha ampliado la discusión sobre tres asuntos: La militarización del territorio, las propuesta de establecer una ‘Carpa Blanca’ y la autonomía de los territorios indígenas. Eduin Capaz, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) habló sobre las tres situaciones.
Respecto al envío de 2.500 hombres al territorio por parte de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) N° 4, Capaz sostuvo que «es una decisión desatinada, apresurada y a aveces, hasta arrogante por parte del Gobierno Nacional», porque no es la primera vez que se insiste en una medida militarista para un problema que es de tipo estructural. El líder indígena manifestó que en varias oportunidades han manifestado algunos de los problemas y no han sido escuchados, en cambio, se insiste en «este tipo de acción que no deja de ser mediática», pero que en el pasado no ha presentado resultados porque la situación del Cauca sigue igual.
Algunas de las peticiones que han surgido de los encuentros con el Gobierno se manifestaron durante la Minga indígena de este año en la que se reclamaban, entre otras cosas,presencia de organismos de control que tengan presencia en el territorio, el respeto por los acuerdos alcanzados en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y una acción conjunta entre instituciones y comunidades para la toma de decisiones.
Adicionalmente, han pedido que se revisen las actuaciones de la Fuerza Pública en el territorio, porque a pesar de que se calcula que en el territorio hay cerca de 13 mil hombres de las FF.MM., su acción no ha sido eficaz y por el contrario, se ha visto cuestionada en cuanto a la protección que brindan a las comunidades.
Carpa Blanca, o la interacción entre entidades y comunidad
La propuesta de Carpa Blanca también fue apoyada por el presidente Duque, se trata de una interacción entre entidades del Estado y comunidades para encontrar soluciones conjuntas a los distintos problemas identificados. La Defensoría del Pueblo propuso esta solución, cuyo resultado también estaría enfocado en lograr la confianza en las instituciones del Estado por parte de los pueblos indígenas.
Capaz sostuvo que en algunas comunidades indígenas ya se ha evaluado el tema, y se está pensando participar en el esquema «pero necesitan la certeza y el requerimiento explícito de que no esté la fuerza pública«. Según el coordinador de derechos humanos, este pedido tendría dos razones: La coordinación debe tener un enfoque civil y no militar, y la confianza de las comunidades respecto a los uniformados se ha visto afectada por distintos hechos, que no se resolverán al estar en la misma organización.
Y sobre la autonomía indígena…
El tercer elemento que ha entrado a jugar, y se suele mencionar como un problema para hacer control efectivo de los territorios, es que el autogobierno indígena no permite a la Fuerza Pública ingresar armados a sus territorios y por lo tanto, son espacios ‘incontrolables’. Sin embargo, Capaz aseguró que esta afirmación no es cierta, porque actualmente «existen unidades de Fuerza Pública en territorios indígenas, los hay y seguramente los seguirá habiendo», aún si no cuentan con el consentimiento de las autoridades.
A ello se suma que, aún con presencia militar al interior de los territorios o cerca a ellos, la violencia en Cauca no ha sido solucionada y las causas estructurales que la generan siguen vigentes. Por esta razón, Capaz concluyó que los ataques a su autonomía ven que es «una tesis más para ocultar las ineficiencias por parte del Estado«.
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