DEBATE
1819-2019, Bicentenario de la Primera República. Bases económicas para una Segunda República
Libardo Sarmiento Anzola
Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)
Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.
Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).
En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.
Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.
La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.
El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.
El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.
Colombia hoy
En la historia del país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.
No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).
Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.
La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.
El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.
A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.
Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).
La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).
Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).
Economía de la Segunda República
La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.
La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).
Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones. En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto paramilitar y a los feroces terratenientes.
Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho, proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.
El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).
El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.
La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura, requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.
Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.
Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.
El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).
La cultura y la educación deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.
La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.
Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y a la participación social democrática (6).
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1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.
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* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.
Memoria de exterminio
En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.
La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.
“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.
El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.
De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.
Libardo Sarmiento Anzola
Fuente:Periódico Le Monde diplomatique Nº190, julio 2019
