La muerte fulminante de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia
Francesco Manetto
Medicina Legal asegura que Alejandro Pizano murió por intoxicación de cianuro tras beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre, fallecido tres días antes
La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.
Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.
El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".
"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".
"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.
Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.
Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.
A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.
Bogotá 14 NOV 2018 - 03:45 COT
CASO ODEBRECHT
Las muertes que ponen en jaque la investigación del ‘caso Odebrecht’ en Colombia
El fallecimiento repentino de un testigo y el envenenamiento con cianuro de su hijo redoblan las presiones sobre la Fiscalía
FRANCESCO MANETTO
Trabajadores de la constructora en 2017. En vídeo, las declaraciones de la Vicefiscal General y del Director de Medicina Legal de Colombia en rueda de prensa. FOTO: Y. CHIBA (GETTY) | VÍDEO: EFE
La muerte repentina del testigo principal de caso Odebrecht en Colombia y el envenenamiento de su hijo han puesto en jaque las investigaciones del escándalo de los sobornos millonarios pagados por la compañía brasileña para asegurarse la adjudicación de obras. Este giro redobla ahora la presión sobre la justicia para que la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc. Jorge Enrique Pizano, interventor de una concesionaria de la constructora, falleció el jueves pasado tras sufrir un infarto y su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, murió el domingo por ingesta de cianuro minutos después de beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre.
La Fiscalía de la Nación abrió un expendiente para determinar "el motivo por el cual esa agua tenía cianuro y por qué se encontraba allí". Así lo manifestó la número dos del organismo, Maria Paulina Riveros Dueñas. Al mismo tiempo, en la arena política se multiplicaron las voces críticas con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, porque en 2015 este conoció de la mano de Pizano algunas posibles irregularidades relacionadas con la construcción de un tramo de la Ruta del Sol, el proyecto de una de las principales vías del país entre el departamento andino de Cundinamarca y el Caribe.
Martínez, que más tarde se inhibió en la investigación directa del caso, asumió las riendas de la Fiscalía en agosto de 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Cuando conoció esa información era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, socio mayoritario de Corficolombiana, una corporación de servicios financieros que intervino en la obra. Pero en ese momento no actuó, como reflejan las declaraciones y concedidas por Pizano al informativo Noticias Uno y conocidas tras su fallecimiento. ¿Por qué?
El fiscal general reconoció que "en el segundo semestre" de 2015 habló en su despacho particular con Pizano, quien solicitó una conversación "con el fin de hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo [presidente de la junta directiva del Grupo Aval] el resultado de unas investigaciones sobre contratos del Consorcio Ruta del Sol". El interventor le dijo, además, que "en la administración no le paraban bolas al respecto". El entonces abogado le preguntó si podía asumirse que las inconsistencias detectadas en los contratos podían ser "coimas", esto es, sobornos. La respuesta del auditor de las cuentas, recogida en un comunicado difundido el lunes por Martínez, fue: “Hombre…pues no tengo certeza'. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a paramilitares. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades".
En virtud de la documentación presentada, en cualquier caso, el consorcio que trabajaba en la Ruta del Sol llegó a un acuerdo con Odebrecht, que aceptó devolver 33.000 millones de pesos (más de 10 millones de dólares) de "los contrados cuestionados". "Para ese fin", explicó el fiscal, "me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro".
"Solo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017", continúa Martínez, "se pudo establecer con certeza que los hallazgos de Pizano estaban relacionados con coimas, al punto que fue la Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos de los 33.000 millones, suma a la que habían aludido inicialmente las autoridades extranjeras, y por ello se obtuvieron órdenes de captura contra todos los partícipes, incluidos los representantes legales del Consorcio y la Constructora Ruta del Sol".
No obstante, varios dirigentes de la oposición reclaman ahora el nombramiento de un fiscal específico para seguir con las investigaciones. "Es irrisorio que el fiscal se haya declarado impedido en el proceso sobre Odebrecht para que un subalterno lo adelante. La Corte Suprema de Justicia debe nombrar fiscal ad hocpara el caso de Odebrecht", lanzó a través de Twitter el senador Gustavo Petro, que fue el principal contrincante del presidente Iván Duque en las últimas elecciones. La líder de la Alianza Verde, Claudia López, pidió abiertamente la dimisión de Martínez. "La Corte Suprema tiene la facultad de pedirle la renuncia al fiscal y la Procuraduría de respaldarla en defensa de la sociedad y el Estado de derecho. ¿Cuántas más evidencias y muertos necesitan para actuar? Se los pedimos desde febrero 2017 y se negaron".
Fuentes: https://elpais.com/internacional/2018/11/13/colombia/1542147813_165514.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/14/colombia/1542216742_025841.html
