El asesinato de líderes sociales en Colombia: una realidad negada pero ineludible
ulie Massal
El hecho de que El Espectador haya decidido nombrar “personajes del año” a los líderes sociales asesinados o que resisten es una señal alentadora, en el contexto de la precaria implementación de la paz, un año después de la firma de los Acuerdos de la Habana (2016). Aun cuando no existe una política pública oficial para enfrentar el asunto, y persiste la negación oficial de la gravedad y sistematicidad del asunto.
Fuente: www.telesurtv.net
Un mejor cubrimiento en la prensa: el tema sale de la invisibilidad
El mes de octubre de 2017 ha sido uno de los más fúnebres desde la firma de los Acuerdos de la Habana: entre el 1 y el 23 del mes de octubre pasado, 23 líderes sociales fueron asesinados, uno por día[1]. Cifra que al fin parece prender las alarmas, aunque el fenómeno no es para nada inédito: la cifra de asesinatos y amenazas a líderes sociales ha ido incrementándose cada año, desde el principio de la negociación de la paz en 2012. Un ritmo mayor se registra actualmente, frente al promedio registrado por los organismos que han denunciado el asesinato de líderes sociales: ese promedio, en los últimos meses, oscilaba cerca de un asesinato cada tres o cuatro días[2]. Asunto que ya era sumamente indignante y preocupante.
La diferencia tal vez más sustancial respecto a los años o incluso meses anteriores, fue que esta vez el tema no pasó desapercibido, incluso en la prensa “mainstream”, aun cuando ésta no registra dichas noticias con tanto empeño. Esta vez fue algo diferente, quizá por la frecuencia elevada y por el contexto de enfrentamiento en el área de Tumaco, donde murieron al menos seis campesinos cocaleros, a principios de octubre, en circunstancias aún no esclarecidas[3].
Si bien es cierto que la prensa alternativa ha venido realizando un creciente cubrimiento del asesinato de los líderes sociales o de las amenazas dirigidas a ellos, desde hace ya varios años, se evidencia un indudable incremento en la cantidad de noticias publicadas al respecto durante el 2017, especialmente en los últimos tres meses; aunque persiste un desfase, pues la prensa de gran difusión se enfoca en periodos de alta tensión, mientras que la prensa alternativa se ha dedicado a esta tarea de registro y conteo de manera más sistemática[4].
También se puede resaltar una reflexión mucho más cualitativa sobre este fenómeno mediante el uso o la referencia a más fuentes de información, procedente de organismos independientes de investigación, de organizaciones internacionales (ONU, ACNUR, Amnistía Internacional) o de ONG colombianas y organizaciones de defensa de derechos humanos. En términos analíticos, también se ha ganado en detalles y precisión. Aunque persistan cifras muy dispares entre todas aquellas fuentes, metodologías de conteo también distintas, así como períodos de análisis divergentes[5], la reflexión gana en claridad y contundencia con esta mayor visibilidad del tema en el cubrimiento periodístico. El homenaje del Espectador en alianza con el medio alternativo Pacifista, es una clara prueba que el tema empieza a salir de la confidencialidad de la prensa alternativa. Esto permite aseverar que la labor constante, desde tiempo atrás, del ProgramaSomos Defensores en denunciar la magnitud del desangre, es cada vez menos aislada[6].
Una realidad que ya no se puede disfrazar, ocultar o negar
Organismos independientes y organizaciones internacionales que vigilan el proceso de paz han recogido cualquier cantidad de datos, en todo el país, que evidencian a cabalidad dicha sistematicidad y señalan la recurrencia del perfil de líderes o activistas asesinados[7]: miembros y jefes de juntas de acción comunal[8], defensores de derechos humanos o del ambiente, lideres afrodescendientes o indígenas, cocaleros[9] y, en general, defensores de los defensores han estado entre los principales blancos.
En cuanto a las amenazas, estas incluyen no solo aquellas de muerte a ellos o sus cercanos, sino también hurtos o saqueos a oficinas y material de organizaciones de defensa de los DDHH. También hay detenciones arbitrarias, más que todo durante protestas colectivas. Más ampliamente, hay un ambiente de estigmatización o desacreditación a los defensores de DDHD; un fenómeno que varios columnistas de Palabras al Margen han denunciado, una vez más, en el día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
Los actores que investigan o denuncian el asunto han puesto el dedo en la llaga, al señalar la impunidad que reina en un 97% de los casos de violación de los Derechos Humanos[10]. Las razones son múltiples: sea porque, muy a menudo, no se identifican los perpetradores, hay pocas investigaciones efectivas, se desarrollan aún menos juicios, y aun así, cuando hay algún proceso judicial, casi no hay sanciones, tal como lo evidencian entes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De este modo, se señala que: “Como un ejemplo de la idea de impunidad en Colombia, las organizaciones afirmaron que con la Ley 975 de 2005 [más conocida como “Justicia y Paz”] generó 15.743 compulsas de copias para investigar actores militares, políticos y económicos, pero no hubo ningún resultado, lo que, según los defensores de DDHH presentes en la audiencia, podría dificultar la posibilidad de que terceros que hayan contribuido en el los crímenes en el conflicto armado, comparezcan en la JEP”[11]. Este temor se confirmó en noviembre cuando se comprobó que la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP)[12] no incluiría a otros responsables del conflicto sino a los exguerrilleros.
Asimismo se destaca dicha impunidad en cifras como las que siguen: “En otro anexo, la CIDH reporta 456 casos, de los cuales el 74% está en etapa de investigación, el 4,7% archivadas, sobre el 16,2% la Fiscalía no reporta ningún tipo de investigación, solo en 2% hay acusaciones, y el 1,1% cuenta con sentencia, según datos de la propia fiscalía. Esta situación significaría que no hay garantías de No Repetición”[13].
Aún queda por ver qué cambios institucionales, en materia de políticas públicas, traerá esta creciente visibilidad mediática del carácter casi cotidiano del asesinato y amenazas a líderes. Aunque cabe cierto escepticismo cuando los discursos políticos, si bien anuncian el refuerzo de la investigación[14], no demuestran un reconocimiento real de la magnitud del problema. Organismos del aparato judicial, en particular el fiscal N.H. Martínez, se niegan todavía a reconocer la sistematicidad del asunto, aunque de manera un poco menos firme que hace un año, cuando no les endilgan la responsabilidad de su muerte a los propios líderes por meterse en “problemas personales”. Y mientras tanto, el gobierno Santos sigue negando la presencia y el recrudecimiento de actores paramilitares, particularmente en zonas donde la ex guerrilla de las FARC ya no hace presencia.
Los riesgos de investigar el tema para los defensores y activistas
Si, como se ha observado, los defensores de defensores son uno de los mayores blancos de asesinatos y amenazas [15], es porque ellos son los que están en primera línea para denunciar el tema localmente, visibilizarlo, volverlo público o, al menos, sacarlo de la invisibilidad o la negación política, judicial o social aun imperante. Más aun, cuando los activistas operan en zonas del país reconquistadas por los llamados Nuevos Grupos Armados, que no son más que organizaciones paramilitares, con nombres antiguos, como las mismas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o “nuevos”, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo.
Por ende, volver el tema menos confidencial también acarrea varios riesgos para ellos, lo que puede explicar, en parte, el ritmo acelerado de asesinatos en estos últimos meses, cuando no se vislumbran avances en el andamiaje institucional de protección y garantías para el derecho a la protesta y a la participación política para las organizaciones sociales. Más bien al contrario, se cuestionan entre los mismos entes de poder, legislativo o judicial, los aportes de los Acuerdos de la Habana al respecto[16], y se impide la participación a la Jurisdicción Especial de Paz, como magistrados, para los defensores de derechos humanos. Por ende, el hecho de visibilizar el tema mediática y políticamente hablando, incluso en el contexto de implementación, bien precaria, de la paz, no puede hacer olvidar los riesgos que esto conlleva. No son pocas las voces que dicen que las cosas han empeorado en período de “paz”.
En este punto, quisiera resaltar, para ampliar la reflexión más allá de las especificidades del caso colombiano, que la libertad de informar e investigar, meollo del asunto para periodistas, activistas e investigadores, está en debate en zonas de conflicto pero también de “posconflicto” – como suele caracterizarse Colombia a sí misma. A mediados de noviembre, se realizó en la Universidad Paris VII-Diderot el “Foro Internacional: Libertad de investigación: conflictos, prácticas, perspectivas”, que apuntaba a resaltar las amenazas que enfrentan periodistas, investigadores o activistas, en cada vez más países, y no solo los más autoritarios. Por ende, no podemos quedarnos en una mera lectura que opondría países “protegidos” y otros más “inseguros”, pues las cosas son mucho más matizadas. Aunque no se puede negar u olvidar las amenazas de muerte y otras graves agresiones a los derechos humanos fundamentales, que viven investigadores académicos, defensores de defensores y activistas en muchos países del mundo y de América Latina, en especial Colombia o México.
El panorama mundial de amenazas a las libertades fundamentales, constitutivas de la democracia, y a los derechos humanos, hoy por hoy, es de una extrema gravedad. Una vez se logra dar visibilidad a las denuncias en los medios, aunque sea un paso importante, el problema no se acaba, pues cada vez más espacios públicos de debate, reflexión e información se ven cercados, controlados o neutralizados. Es preciso explorar a fondo las múltiples modalidades de este control, ya que hay claros indicios que incluso países formalmente “democráticos” atentan sistemáticamente, por acción u omisión, contra las libertades de expresión, información o circulación.
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[1] “23 muertos en 23 días: octubre de 2017, el mes más negro de la paz”, El Pacifista, Editorial (Diego Alarcón), Octubre 23, 2017: http://pacifista.co/muertos-octubre-2017-mes-negro-paz-editorial-opinion-pacifista/
[2] Para 2015, Somos Defensores registraba un asesinato cada seis días: “Las cifras inciertas del número de líderes asesinados en 2016”, El Espectador, Enero 4, 2017: http://colombia2020.elespectador.com/pais/lideres-sociales-sigue-la-zozobra
[3] “Tumaco: Una masacre que nos interpela”, Palabras al Margen, Octubre 12, 2017, edición 115, Ana Jimena Bautista : http://palabrasalmargen.com/edicion-115/tumaco-una-masacre-que-nos-interpela/
[4] En particular en Pacifista y Contagio Radio, y en El Espectador, en alianza con Pacifista. Pero también en La Silla Vacía, Verdad Abierta, entre otros.
[5] “Líderes asesinados: ¿por qué no hay una sola cifra?”, Pacifista, Octubre 25, 2017: http://pacifista.co/lideres-asesinados-por-que-no-hay-una-sola-cifra/
[6] “Entre 2009 y 2016 han sido asesinados 458 defensores de DDHH en Colombia”, Contagio Radio, Septiembre 12, 2017: http://www.contagioradio.com/entre-2009-y-2016-han-sido-asesinados-458-defensores-de-dd-hh-en-colombia-articulo-46537/
[7] Por ejemplo : “Hay factores comunes en muertes de líderes sociales: ACNUR”, Contagio Radio, Noviembre 17, 2017: http://www.contagioradio.com/49170-articulo-49170/ ;
[8] “Informe: Más de 120 líderes comunales asesinados en 2017”, El Espectador-Pacifista , Noviembre 20, 2017: http://pacifista.co/120-lideres-comunales-asesinados-2017/
[9] “Uno de cada tres asesinatos de líderes sociales ocurre en zonas cocaleras”, Pacifista, Octubre 18, 2017: http://pacifista.co/uno-de-cada-tres-asesinatos-de-lideres-ocurre-en-zonas-cocaleras-pcrural/
[10] “En Colombia hay una impunidad del 97% en violaciones de DDHH”, Contagio Radio, Octubre 23, 2017:
http://www.contagioradio.com/cidh_estado_no_atenderia_observaciones_cpi-articulo-48296/
[11] “En Colombia hay una impunidad del 97% en violaciones de DDHH”, op. cit.
[12] “Corte constitucional todavía puede corregir el fallo sobre la JEP : Alberto Yepes”, Contagio Radio, Noviembre 21, 2017 : http://www.contagioradio.com/corte_constitucional_fallo_jep-articulo-49316/
[13] “En Colombia hay una impunidad del 97% en violaciones de DDHH”, op.cit. En complemento: “Debe haber diligencia en investigaciones por crímenes contra líderes en Colombia: CIDH”, Contagio Radio, Octubre 23, 2017: http://www.contagioradio.com/situacion-de-lideres-y-defensores-en-colombia-cidh-articulo-48301/
[14] En este artículo se mencionan las intenciones de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia de reforzar la investigación: “¿Quiénes los están matando? La lista roja de defensores de derechos humanos”, El Espectador, Septiembre 16, 2017 https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-lista-roja-de-defensores-de-derechos-humanos-articulo-713488
[15] “Tributo a los defensores de derechos humanos”, Palabras al Margen, Diciembre 9, 2017: Sebastián Escobar: http://palabrasalmargen.com/edicion-118/tributo-a-los-defensores-de-derechos-humanos/
[16] “Balance a un año de la paz: desarrollo legislativo ha sido precario”, Contagio Radio, Noviembre 24, 2017: http://www.contagioradio.com/balance-a-un-ano-de-la-paz-desarrollo-legislativo-ha-sido-precario-articulo-49452/
Fuente: http://palabrasalmargen.com/edicion-119/el-asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-una-realidad-negada-pero-ineludible/
