LATIFUNDIO Y NEGACIÓN DEL DERECHO A LA TIERRA EN COLOMBIA

La concentración de la tierra en Colombia, cada vez en menos manos, recuerda y hace evidente lo dicho por el papa Francisco: “La reforma agraria es además de una necesidad política, una obligación moral...”. Según él, la solidaridad universal, invocada ampliamente como solución general a los problemas del mundo contemporáneo es “insuficiente si no se acompaña de justicia en la distribución de las tierras, en los salarios agrícolas o en el acceso al mercado”.

Según el análisis de Oxfam* sobre la propiedad y uso de la tierra en Colombia, publicado el pasado 4 de julio de 2017 bajo el título “Radiografía de la desigualdad”, estudio elaborado a partir del análisis del más reciente censo nacional agropecuario y su comparación con censos de varias décadas atrás, resalta el hecho de que después de 50 años de guerra Colombia permanezca como el país más desigual de Latinoamérica en materia de distribución de tierras. El 1 por ciento de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícola, UPA, de más de 500 hectáreas) manejan más del 80 por ciento de la tierra, mientras que el 99 restante se reparte menos del 20 por ciento. Dichas cifras son alarmantes teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está en las raíces más profundas del conflicto armado colombiano y que tal aspecto figura como uno de los puntos centrales en la agenda de los acuerdos pactados entre las Farc y el gobierno nacional.

Proceso histórico de despojo y concentración

El análisis compara los censos agropecuarios realizados en 1960 y 1970, así como datos del Instituto de Geografía Agustín Codazzi, concretando una síntesis de la estructura agraria nacional entre 1960 y 2014, análisis que muestra como en las últimas dos décadas la ampliación de la superficie productiva se ha concentrado en las UPA de mayor tamaño. Las explotaciones de más de 500 hectáreas pasaron de 5 millones en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%), su tamaño promedio también ha aumentado pasando de menos de 1.000 hectáreas en 1960 a 5.000 hectáreas en 2014.

Esto no es todo, si vamos más allá, es decir a la punta de la pirámide, encontramos que las UPA mayores de 5.000 hectáreas en promedio tienen 17.195 hectáreas de tamaño y ocupan el 60 por ciento del área total censada. Por otro lado la tierra de los minifundios campesinos se ha disminuido a la mitad: en 1970 los minifundios de menos de cinco hectáreas representaban el 64 por ciento del total de UPAs y ocupaban el 5 por ciento de la superficie censada. Hoy componen el 70 por ciento pero apenas manejan el 2,7 por ciento de la tierra productiva. (Ver gráfico 2).

Relacionado con esto, según el informe, la informalidad en el régimen de propiedad es uno de los problemas más extendidos, pues aunque la mayoría dice vivir en una tierra propia apenas el 2 por ciento de los municipios del país cuenta con la mayoría de propiedades registradas. De ello llama la atención que el 42.7 por ciento de las UPAs, de más de 2.000 hectáreas haya declarado no saber la situación de tenencia, sabiendo que estas ocupan 40,6 millones de hectáreas, se trata de una extensión muy significativa donde no hay certidumbre acerca del régimen de tenencia. Según Oxfam, esto podría estar relacionado con dos problemas: por un lado, irregularidades en la forma de apropiación y, por otro, la evasión fiscal, pues no se estarían recaudando impuestos prediales por estas tierras. Preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones y acaparamiento de una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas.

Conflictos en el uso del suelo

El censo comprendió 111,5 millones de hectáreas, 43 millones de ellas, el 38 por ciento, tiene un uso agropecuario, y el 56,7 por ciento bosques naturales. Adicional a esto, se registra que a finales de 2012 fueron suscritos 9.400 títulos mineros que ocupan 5,6 millones de hectáreas. 3.760 se encuentran en explotación utilizando 2 millones de hectáreas.

De las hectáreas en uso agropecuario 34,4 millones, es decir el 80 por ciento, están dedicadas a la ganadería, frente a 8.5millones (el 20%) dedicadas a la producción agrícola. (Ver Grafico 4). Este fenómeno tiene relación con el tamaño de las UPAs pues el uso del suelo varía mucho en función del tamaño de la explotación: las pequeñas fincas son las que mayor superficie dedican a la producción agrícola, el 60 por ciento en el caso de las UPAs de menos de 10 hectáreas. Mientras que las grandes fincas, por el contrario, destinan la mayor cantidad del suelo a la ganadería, hasta un 87 por ciento en fincas de más de 1.000 hectáreas.

Oxfam recomienda que, de acuerdo a las características del suelo, solo 15 millones de hectáreas estén dedicadas para ganadería dejando un excedente de 19,4 millones de hectáreas que podrían ser utilizadas para otros usos, 13 millones para agricultura y 6 millones para conservación.

El estudio también evidencia que en Colombia hay más tierra para las vacas que para los campesinos. En efecto, como ya dijimos 34,4 millones de hectáreas se dedican a la ganadería, si el hato ganadero se compone de 20,4 millones de cabezas de ganado, cada vaca dispone de 1,6 hectáreas de tierra. El grueso de los habitantes del sector rural que tienen una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) menor a 5 hectáreas, representan el 70,9 por ciento del total y apenas ocupan el 2,4 por ciento del área productiva (un millón de hectáreas), es decir un promedio de 1,4 hectáreas por residente. En contraste, en las grandes fincas de más de 500 hectáreas, hay vacas que pueden pastar en áreas superiores a las 3,5 hectáreas cada una, las cuales representan el 0,4 por ciento de las UPA y abarcan el 65,1 por ciento del área productiva. De esta manera, casi la mitad de las UPAs –excluyendo los territorios indígenas– tiene menos de 1,6 hectáreas, lo que significa que un millón de explotaciones campesinas tiene un tamaño inferior de tierra de la que dispone una vaca en Colombia.

También se evidencia que hay más tierra para cultivos agroindustriales –café, palma africana y caña de azúcar– y menos para alimento humano. En las últimas décadas, los cultivos permanentes destinados en lo fundamental a la exportación, ocupan el 75 por ciento de la superficie total cultivada, desplazando a los cultivos transitorios que ocupan hoy apenas el 16 por ciento de la superficie total cultivada. Como consecuencia de esto, Colombia tiene que importar una gran cantidad de alimentos para suplir la demanda interna intensificando su pérdida de soberanía alimentaria.

Los grupos étnicos, otro enfoque del informe, habitan el 35,7 por ciento del área total censada, 39,9 millones de hectáreas, de las cuales los indígenas agrupan el 84,2 por ciento, y las comunidades negras el 15,7. En este caso, tanto para unos como para otros, predomina el cuidado de los bosques, el 90,8 por ciento del suelo que habitan –36,2 millones de hectáreas– respecto a un 6,9 por ciento –2,8 millones de hectáreas– dedicadas a uso agropecuario, hecho que demuestra el rol protagónico que juegan las comunidades en la conservación del medio ambiente.

Brechas de género

El 26 por ciento de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres, el 61,4 por ciento a cargo de hombres y el restantes 12,6 por ciento es mixta. Pero las explotaciones a cargo de mujeres son más pequeñas: predominan de menos de 5 hectáreas y con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.

¿Éxito en la política agraria de las elites?

Si lo vemos en perspectiva, el acaparamiento de la tierra y el desplazamiento de los pequeños y medianos productores rurales responde a una estrategia histórica, consciente, de las elites y el gran capital en Colombia. El desarrollo del campo nacional, mediante la gran empresa y el desplazamiento del campesinado, fue la propuesta presentada en los años 60 de siglo XX por el economista canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios gobiernos, cuyas concepciones aún dirigen la política agropecuaria del país y marcan la visión de destacados economistas y políticos criollos.

Para Currie el problema agrario colombiano estaba configurado por la debilidad de la demanda de la producción agraria y el exceso de población campesina. El camino para conseguir “el desarrollo económico acelerado” consistía en atraer población rural hacia las ciudades, utilizando para ello programas que generaran empleo urbano masivo (construcción), con salarios más altos que los ingresos campesinos, de manera que la agricultura comercial se deshiciera de la competencia campesina al mismo tiempo que obtenía una mayor demanda de sus productos por el incremento de la demanda urbana.

Con “Las cuatro estrategias” del presidente Misael Pastrana (1970-74), tal propuesta se convirtió en un programa de gobierno. El intento de reforma agraria liderado por su antecesor (Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970), fue enterrado por el Acuerdo de Chicoral (Ley 4 de 1973), y como vemos en las cifras empieza a tener éxito desde 1984 (ver gráfico 3). El crecimiento de la agricultura empresarial, en realidad, ya había adquirido cierta dinámica en la década de 1960, al principio se proyectó hacia la exportación y tuvo un crecimiento con interrupciones que parecen guardar cierta relación con las espirales de violencia las secuelas de las crisis económicas de 1974, 1981, 1990, 2001 y en forma drástica entre 2007-2012. De igual manera, con la apertura económica decretada durante el gobierno de César Gaviria (1990-94), los cultivos transitorios –en especial los cereales y el algodón– entraron en decadencia.

Adicional a esto, no podemos pasar por alto que la transformación de la estructura agraria tuvo sus repercusiones en el crecimiento urbano vivido durante la segunda mitad del siglo XX, coincidente con las dinámicas del conflicto armado (ver gráfico 5); proceso que conllevó grandes cambios en el reordenamiento social, político y cultural de la ciudad colombiana, la mayoría de ellas expandidas por el arribo forzoso de millones de pobladores rurales usurpados en sus propiedades por terratenientes y sus sicarios, o por los créditos bancarios. Nuestras ciudades fueron construidas, no como resultado de un plan de mediano y largo plazo sino como resultado de la presión de muchas familias por resolver el acceso a techo, construcción hecha a pulso, con grandes improvisaciones, sin conexiones adecuadas para los servicios públicos ni vías para el transporte público. La imagen de decenas de barrios de lata, madera y paroi, verdaderos cinturones de miseria, llenaron el paisaje de todas las ciudades en la década de los 70 y 80.

Tensiones y luchas por el derecho a tierra y techo que no pararon ahí, pues el desplazamiento al interior de las mismas ciudades también tomó forma: miles de familias terminaron pagando arriendo, habitando inquilinatos, y desde allí seguían presionando por el derecho a techo.

¿Y el trabajo? Lo diseñado por Currie no cubrió toda la mano de obra disponible y mucha de ella terminó en la economía informal, dedicada al más craso rebusque, comercializando distinto tipo de alimentos y mercancías, abriendo espacios –sin percatarse de ello– para el sector financiero y para las multinacionales de alimentos que ahora, ante la menor oferta que llegaba desde el campo, encontraba espacio libre para sus productos. Todos estos impactos en lo urbano, son la otra cara de la moneda de dicha política hegemónica sobre el campo colombiano, las cuales aún estamos viviendo.

Ante este panorama, los acuerdos de paz firmados a finales del 2016 entre Gobierno y Farc, apenas si refrescan de manera tenue el modelo agrario dominante en Colombia. La situación es tal que todo parece indicar que el conflicto armado fue funcional a este proceso de acaparamiento de tierra, el cual todavía no culmina –como lo evidencia la ley Zidres y los proyectos hoy diseñados para incorporar a la economía mundial a la altillanura colombiana –vía los monocultivos. Es esta realidad la que hace vigente la máxima del académico Héctor Mondragón (2013): “En Colombia no hay desplazados porque hay guerra, hay guerra para que haya desplazamiento”1.

Por hacer

Según Oxfam, el actual problema del acaparamiento improductivo de la tierra en Colombia no puede ser reemplazado por acaparamiento productivo. La única forma de cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz es situar los objetivos de restitución y redistribución de la tierra en el centro de cualquier política agraria y de desarrollo rural, con medidas mucho más contundentes, eficaces e integrales a las que se adoptaron en el pasado.

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* Oxfam (2017) Radiografía de la desigualdad: Lo que nos dice el último censo nacional agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia.

1 Mondragón H. (2013) La receta Currie. Caja de Herramientas virtual N° 00339

Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/32349-latifundio-y-negacion-del-derecho-a-la-tierra.html