El saqueo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Costa Atlántica.
Allan Enrique Bolívar Lobato
Un nuevo escándalo de corrupción emerge en Colombia. En $12.745 millones grabó la Contraloría General de la República el detrimento patrimonial vinculado al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el que fueron saqueados los recursos con los que se pretendía asegurar complementos alimenticios para niños en condición de “vulnerabilidad” en la Costa Atlántica. Hasta el momento han sido detallados 210 hallazgos de malos manejos, 45 de ellos de origen fiscal. El 87.9 por ciento de los Operadores Alimenticios ganaron licitaciones siendo los únicos oferentes, los mismos que entregaron apenas el 57 por ciento de los alimentos contratados y cobraron la totalidad de los recursos. Comida en descomposición, incumplimientos en la entrega, raciones alimenticias por fuera de estándares de cantidad y calidad establecidos, malos manejos administrativos y ausencia de todo tipo de control técnico, algunos de los (ho)errores que vulneraron derechos a miles de niños y adolescentes en la Región Caribe.
No hay fronteras para la corrupción en Colombia. Cuando pensábamos que la apropiación privada de recursos públicos había llegado a sus límites con el caso aún por esclarecer de Reficar , con los más de USD $7.000 millones del Cargo por Confiabilidad “embolatados” por las generadoras de electricidad y con el asunto de SaludCoop , un nuevo caso de corrupción es la gota de agua que reboza la copa de la paciencia de ciudadanos que han visto desfilar ante sí verdaderas comparsas, carteles, y hasta carruseles de corruptos quienes bajo las sombras de la impunidad y del olvido continúan apropiándose de los recursos de los colombianos y colombianas.
Un hálito de infamia recubre a este nuevo escándalo de corrupción cuyas victimas no fueron contribuyentes, tampoco usuarios de servicios de salud, sino niños de escasos recursos y elevadas condiciones de vulnerabilidad que en siete departamentos fueron despojados del derecho a un complemento alimentario, suministrado gratuitamente en escuelas oficiales de todos los departamentos del país para contrarrestar la deserción escolar, donde el factor alimenticio tiene profundas incidencias.
La revisión de este nuevo caso de corrupción en el contexto de la serie “Dos Dedos” proporciona la posibilidad de explorar los detalles de este nuevo escándalo por apropiación de “lo público” a cargo del denominado “cartel de la infancia” , compuesto por operadores alimenticios que en los departamentos de la Costa Caribe robaron parte significativa del presupuesto destinado a la alimentación de niños en colegios oficiales, ofreciendo alimentos por fuera de cualquier especificación técnica en cuanto a cantidad, calidad e inocuidad. Es muy probable que empresas, Ongs e instituciones vinculadas al saqueo tengan oscuras relaciones con políticos regionales y hayan aprovechado la ausencia de control del Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuyas políticas laxas e improvisación en la ejecución del programa lo hacen uno de los principales responsables de este lamentable caso de corrupción.
A mediados del 2015 el iceberg asomó su punta
El Programa de Alimentación Escolar fue creado en el año 2007 (Ver recuadro 1 ). Aunque en años anteriores habían sido registradas frívolas denuncias respecto a malos manejos de los recursos entregados para el PAE en estos departamentos, la problemática comenzó a emerger entre julio y agosto del 2015. El diez de julio el periódico El Heraldo de Barranquilla publicó una nota titulada “Más del 80% de centros dan alimentos contaminados”. Esta noticia daba a conocer un estudio desarrollado entre mayo de 2014 y mayo del 2015 por la Secretaría de Salud y el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico sobre los alimentos suministrados a niños en hogares comunitarios, comedores escolares y Centros de Desarrollo Infantil. Tal estudio reveló que un 80 por ciento de 1.386 muestras tomadas en 17 poblaciones del Atlántico, estaban contaminadas con “hongos y levaduras que afectaban la integridad de los jóvenes”. Coliformes fecales y salmonela eran otros de los microorganismos presentes en dichas muestras.
A este primer campanazo se sumó un informe de la Defensoría del Pueblo dirigida en aquel entonces por Jorge Armando Otálora, el cual revelaba que en 13 municipios de los departamentos de Atlántico, Guajira y Chocó se incumplia con las normas sanitarias especificadas en los lineamientos técnicos para el suministro alimenticio dentro del PAE. Entre los alimentos proporcionados a los menores se encontraron frutas en descomposición, comida con cargas bacterianas elevadas, materia fecal, menaje y utensilios contaminados (cucharas, tenedores, etcétera) raciones de comida miserables y terribles situaciones laborales experimentadas por trabajadores/as encargados de suministrar los alimentos a los niños. Un caso representativo de este tipo de explotación laboral se encuentra en el municipio de Ovejas, Sucre.
Problemas en la infraestructura de las escuelas, el incumplimiento de los operarios alimenticios y el pésimo manejo administrativo de los recursos, eran dificultades adicionales a la terrible situación del PAE en estos departamentos. Es pertinente resaltar que durante las vigencias del 2014 y 2015 este programa contó con 2 billones de pesos para asegurar que las comidas llegaran hasta infantes y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad del país sin que los alimentos suministrados contribuyeran, de manera paradójica, a poner en riesgo su vida y su integridad física. Pero en Colombia tristemente nos acostumbramos a que todo puede ser posible.
Las indignantes imágenes de Aguachica, Cesar.
Como llevadas por el viento habían quedado las irregularidades denunciadas en agosto del 2015 . Una vez pasó el chaparrón en los medios de comunicación y nuevas desgracias se precipitaron sobre la cotidianidad de nuestro cándido pueblo, la terrible situación del PAE y sus niños victimas quedó relegada al olvido hasta finales de marzo del 2015 cuando a través de redes sociales fue publicado un video que despertó la indignación del país: en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica (César), un grupo de niños hacía una fila para sostener y alternarse de forma consecutiva una misma ración de alimentos y un mismo vaso de jugo al tiempo que eran tomadas fotografías como “evidencia” de cumplimiento, poco después los mismos niños hacían otra fila donde les era entregada su “verdadera” ración de alimentos que consistía en una pequeña tajada de plátano y tres tiras de pollo entregadas a “mano limpia”.
El video fue grabado y publicado por la valiente Claribel Rodríguez, educadora especialista en ética, ejemplo de ciudadanía, quien desde entonces padece problemas de seguridad pues los mismos que saquearon los recursos de la alimentación, han pretendido asesinarla por hacer pública la denuncia. El escándalo fue suficiente para poner tras las rejas al alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, a quien la Fiscalía imputó por los cargos de “interés indebido en la celebración de contratos”, “contratación sin el lleno de los requisitos legales” y “tentativa de peculado por apropiación”, tres delitos por los que pudieran encarcelar al noventa por ciento de la clase dirigente del país, pero en esta oportunidad el alcalde será el chivo expiatorio con el que el MEN y el gobierno nacional otra vez lavarán su responsabilidad en estos lamentables acontecimientos, maquillándolo como un asunto de orden local en el que su políticas y su administración figuran como otros victimarios, nunca como responsables.
Ante el estupor ciudadano la justicia no se hizo esperar. También fue dictada orden de captura contra la representante legal de la Fundación Porvenir, encargada de operar el PAE en el municipio, así como contra el Secretario de Educación Municipal, el Secretario de Planeación en tiempos del contrato, al Asesor Jurídico de la Alcaldía y a la supervisora del contrato. Cinco órdenes de captura proferidas solo en este municipio del César, el cual no maneja los mayores recursos, ni el que mayor cantidad de raciones contrataba. ¿Sucederá lo mismo en otros departamentos y municipios vinculados al escándalo? Muy poco probable pues se trata de apagar un incendio proporcionando un justo y mediático castigo a los implicados en el hecho, mientras son dejadas intactas las causas estructurales que provocaron el lamentable acontecimiento. Habitual proceder del Gobierno y la justicia en Colombia.
Los rostros de los responsables
El MEN, en cabeza de la Ministra Gina Parody anunció el pasado 22 de abril los resultados del grupo de monitoreo y control del PAE en la Costa Atlántica. De manera sorpresiva y con una inusitada eficiencia que hizo al Ministerio superar en términos investigativos a todos los organismos de control del Estado, anunció el “descubrimiento” de tres grandes redes de corrupción encargadas de la operación de la alimentación escolar en la región y en Norte de Santander.
En rueda de prensa anunció la ministra Parody: “La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales. Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE”.
La primera red de corrupción, entre las descubiertas por el Ministerio, era articulada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y por la prestante María Angélica Araujo Noguera, quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas celebraron contratos por un monto de $449.613 millones de pesos. Esta es la red de corrupción vinculada al caso de los niños de Aguachica Cesar a través de la Fundación Provenir.
En la segunda red de contratación figuran los nombres de Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y otras entidades celebraron desde el año 2012 contratos en el seno del PAE por un total de $129.011 millones. En la tercera red de corrupción destaca el nombre de José Antonio Manrique, quien a través de similares estrategias constituye fundaciones, consorcios, etcétera para acceder a contratos que desde el año 2012 suman un total de $262.426 millones; Paz y Futuro, una de las fundaciones constituidas por Manrique, fue denunciada ante la Fiscalía por el Ministerio porque en una auditoria realizada en Córdoba y Norte de Santander encontró 7.638 niños inexistentes a los que supuestamente suministraba complementos alimenticios.
No sobra mencionar en esta lista de la infamia a empresas como: Fungescol, quienes en un contrato por 4.800 millones de pesos suministró comida descompuesta a niños de Ungía, Chocó; Fundaenlace y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica) quienes de acuerdo a El Tiempo : “[...] han firmado –en unión o individualmente– millonarios contratos con el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba y Santander, entre otros, y con alcaldías”.
Precisa el Ministerio: “El llamado que se hace desde el Ministerio de Educación es para que alcaldías y gobernaciones conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación pluralista, es decir con varios oferentes que garanticen la transparencia y una buena prestación del servicio a los niños y jóvenes del país”. Pero es evidente que ni estas empresas, ni sus representantes legales son los rostros de los verdaderos responsables de este caso de corrupción, pues es de absoluto conocimiento que “ni una hoja” de la contratación pública en la región se mueve sin la participación de gamonales y familias prestantes adueñadas desde décadas del poder político en la región.
Muy seguramente este escándalo tampoco llegará al nivel de esclarecimiento necesario para develar cuáles favores políticos, cuáles financiamientos de campaña, cuántas alianzas políticas, cuántas alcaldías y gobernaciones fueron conseguidas años atrás mediante la apropiación de los recursos, a través del engaño, de la sarcástica burla a niños con hambre, en condiciones de vulnerabilidad socieconómica y alto riesgo de deserción escolar en municipios empobrecidos del Caribe colombiano.
El tamaño del detrimento y los mecanismos de apropiación develados por la Contraloría.
En el mes de abril de 2016 la Contraloría General de la Nación publicó un informe de resultados sobre la actuación especial de fiscalización al PAE durante las vigencias del 2014 y 2015 en los departamentos de la Costa Atlántica, desarrollado mediante una labor de supervisión en 143 instituciones educativas. Los objetivos de esta actuación especial consistieron en verificar el cumplimiento de la normatividad en las vigencias 2014-2015, el cumplimiento de los lineamientos técnico–administrativos del programa PAE y la correcta ejecución de los recursos asignados al programa. Algunos de los relevantes hechos encontrados fueron:
* En las vigencias señaladas las gobernaciones Atlántico, Bolívar, La Guajira y Magdalena no aceptaron los recursos que el MEN debía transferir. Señala el documento: “Debido a esto, el MEN contrató directamente la prestación del servicio, presentando debilidades en la labor de supervisión y control, originados entre otras cosas en ser unidad centralizada, sin estructura para realizar este tipo de actividades”.
*Solo fueron entregados en promedio el 57 por ciento del total de las raciones contratadas a los operadores, pero se pagó por todas. El número de estudiantes era falseado mediante la inflación de los estudiantes focalizados, el relleno de las planillas de entrega por manipuladoras a las que les pagan por raciones servidas, entre otras.
* Labores de supervisión y seguimiento ineficaz a la entrega de la totalidad de las raciones entregadas a los beneficiarios del PAE.
* Ausencia de todo tipo de controles en la instituciones educativas sobre la calidad y cantidad de los alimentos recibidos, el número de porciones, el gramaje, la correspondencia entre los alimentos y el menú establecido.
* Deficiencias en la supervisión y el control de los entes territoriales, el sector educativo, al proceso de suministro de insumos.
* Ausencia de infraestructura básica como acueducto y alcantarillado en las Instituciones Educativas Distritales donde se ejecutaba el PAE.
* No disponibilidad de información para determinar la cobertura real del programa en una fecha determinada. Precisa el documento: “El Ministerio no registra en sus informes un cálculo o estimación de la población (número de estudiantes) potencialmente beneficiaria u objeto de priorización del PAE según los criterios establecidos en los lineamientos”.
* “El ministerio como rector de la política educativa y en el marco de las funciones asignadas en la Ley 1450 de 2011, Artículo 136, no ha efectuado un seguimiento eficaz a la ejecución y articulación del programa”.
Los anteriores, solo algunos de los principales hechos relevantes en torno al caso que contiene 210 hallazgos de la Contraloría, entre los cuales figuran 45 fiscales que representaron un detrimento por $12.745 millones de pesos, nimia cantidad que seguramente inflarán subsecuentes y profundas investigaciones sobre lo sucedido, si es que acaso son llevadas a cabo. Hasta entonces los responsables permanecerán en la impunidad despilfarrando los recursos acumulados durante años de saqueo.
¿Los determinantes del caso? Una vez más remiten a una confluencia de factores que remiten al orden estructural de los procesos de contratación y del funcionamiento del sistema político del país erigido sobre apropiaciones de “lo público” para el beneficio de unos pocos que tranzan con recursos para asegurar su estatus preponderante, su condición de dominio en la sociedad nacional.
En esta oportunidad fueron infantes y adolescentes quienes, en absoluto estado de indefensión, fueron robados, vulnerados en sus derechos consagrados por la Ley, pisoteadas sus dignidades como humanos y ciudadanos colombianos bajo la connivencia y permisividad del Gobierno, del Ministerio de Educación Nacional, que tal como puede constatarse en el informe revelado por la Contraloría, es otro de los responsables de este insultante hecho al permitir que la clases políticas locales terminaran atragantándose con golosos mordiscos dados al alimento de los niños, pecando por excederse en las mordidas autorizadas y estimuladas desde el mismo Estado a través de políticas que continúan colocando enormes cantidades de recursos al alcance de redes de corrupción y clientelismo en las diversas regiones del país, con el único objetivo de “lubricar” la maquinaria electoral nacional, la hegemonía política y económica de las élites en cada territorio y región de la nación.
Pero en esta oportunidad el Gobierno también “pasará la fiesta en cueros”, fungirá como víctima y no como responsable, lavará sus manos castigando a unos pocos, sabrá sacar réditos políticos y propagandísticos a semejante situación.
(Recuadro 1)
Nace y se consolida el Programa de Alimentación Escolar (PAE)
El PAE fue creado por la Ley 1176 de 2007 (Ver Recuadro 2) (Artículos 16 al 19) que estableció: 1. múltiples fuentes de financiación; 2. lineamientos técnicos administrativos definidos por el Icbf (complementación alimentaria, estándares de alimentación, planta física, equipo, menaje, recursos humanos, condiciones de la prestación del servicio); 3. Distribución de los recursos basado en equidad (95%) y eficiencia (5%); 4. Focalización del servicio a cargo de distritos y municipios basados en la densidad de alumnos en los establecimientos educativos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben.
A partir del 2007 comenzó a operar el PAE bajo la dirección del Icbf encargado de su gestión y administración hasta el 2010, año en que el gobierno de Juan Manuel Santos al promulgar el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, transfirió la responsabilidad de este programa al Ministerio de Educación Nacional desde septiembre del 2013. De acuerdo a una evaluación desarrollada por el MEN en el 2015, el PAE en manos del Icbf se caracterizaba por: A. Ser ejecutado a partir de una Operación Centralizada con contrataciones desarrolladas a partir de cada Dirección Regional (bajo criterio de cada Director Regional del Icbf); B. Había una profunda desconexión entre el PAE con el territorio (Rectores, etc. comunidad); C. Existía ausencia de seguimiento e identificación del niño atendido; D. Se encontraron raciones asignadas superiores al número de niños del municipio y de Instituciones Educativas; E. Las selecciones de instituciones educativas y el número de beneficiarios solo estaban a cargo el Icbf.
Según la evaluación referida hasta junio del 2015 el Ministerio de Educación Nacional había logrado centralizar el proyecto en 27 entidades territoriales y 65 contratos, entregando cada día por su conducto 3'107.806 complementos nutricionales, y 965.902 almuerzos. Además de lo anterior, contaba con apoyo a la supervisión proporcionado por la Universidad de Antioquia, interventoría para tres zonas del país, un equipo de monitoreo y control, proporcionaba acompañamiento técnico, jurídico y financiero permanente. A pesar de esto, bajo le égida del MEN el desempeño del PAE tampoco sería el mejor.
La Resolución ministerial 16432 del 2 de octubre del 2015 fijó los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE. En estos lineamientos puede destacarse el objetivo general “[...] contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos saludables, a través del suministro de un complemento alimentario”; las fuentes de financiación: Recursos del Sistema de General de Participaciones – SGP, Regalías, Recursos propios, Recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio de Educación, fuentes de financiación privada, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de compensación; los actores, las responsabilidades y las competencias propias de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) entre las que se encuentran:
a. Realizar el diagnóstico y caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el servicio PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos.
b. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar.
c. Liderar la gestión, articulación y ejecución de acciones que fortalezcan las compras locales, con el fin de contribuir a mejorar la economía local.
d. Coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el PAE cuando haya cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común .
e. Adelantar los procesos de contratación, cuando a ello haya lugar, para ejecutar en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y pago de los mismos.
f. Designar la supervisión, la interventoría técnica, en los contratos que suscriba, para el adecuado seguimiento y verificación de su ejecución, así como adoptar las acciones y medidas que le otorga la Ley como contraparte y ordenador del gasto para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de los mismos, del programa y de los lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de Educación Nacional para el PAE en su jurisdicción.
Poco menos para decir que ¡Eureka! Nos encontramos ante algunas de las disposiciones claves para entender este ignominioso desfalco a los recursos de la Nación. Estas competencias y responsabilidades de las Entidades Territoriales Certificadas para administrar los recursos para el PAE en cada uno de los municipios de la Costa Atlántica colombiana proporcionaban una especie de potestad administrativa y un amplio margen de manejo de los recursos destinados para tal fin. Equivalía a encomendar el manejo de miles de millones de pesos destinados a sufragar la alimentación escolar de niños en toda la región, a entidades plagadas de hampa, corrupción, completamente funcionales a las redes clientelares de los políticos del Caribe y distantes a cualquier tipo de control fiscal.
(Recudaro 2)
Antecedentes jurídicos del PAE
La acotación “El PAE fue creado por la Ley 1176 de 2007 [...]” puede ser criticada por infundada pero se efectúa para poder rastrear, en términos metodológicos, el origen de la crisis y el colapso del PAE en la actualidad. Hay que aclarar, sin embargo, que desde el año de 1979 con el Decreto 2388 comienza a esbozarse la posibilidad de programas semejantes. El artículo 73 de dicho Decreto señala: “El Icbf ejecutará los programas de nutrición y alimentación, ajustándolos a las necesidades, condiciones y recursos de cada región y en armonía con el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Así mismo, le corresponde supervisar, controlar y evaluar dichos programas”. Otro precedente se encuentra en la Ley 715 de 2001 que en el Parágrafo 2, Artículo 2, ordena que del total de recursos del Sistema General de Participaciones se dedujera un monto del 0.5% para destinarlo a programas de alimentación escolar; en su Artículo 76.17, responsabiliza a distritos y municipios del funcionamiento de los restaurantes bajo el programa de alimentación, de la gestión de los recursos destinados a ellos. La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) también puede considerarse como otro de los antecedentes del PAE, en esta Ley define la alimentación como un derecho de los niños, niñas y adolescentes (Artículo 24); como una obligación del Estado apoyar a las familias para que puedan asegurarle a hijos e hijas desde u gestación, hasta los 18 años de edad, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual (Artículo 41, Parágrafo 10).
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28739-el-saqueo-al-programa-de-alimentacion-escolar-pae-en-la-costa-atlantica.html
