Neo-paramilitarismo: principal amenaza para la paz territorial
No son apenas “BACRIM”, como las llama el gobierno. Son organizaciones armadas que repiten la historia del paramilitarismo e impedirán que haya paz en Colombia. El acoso del pueblo Zenú en el sur de Córdoba es una muestra dramática.
Catalina Serrano Pérez*
Del sueño a la realidad
Mientras los medios nacionales debaten los últimos puntos de la agenda de La Habana o analizan los resultados de las llamadas “últimas elecciones en medio de la guerra”, en regiones como el sur de Córdoba las organizaciones herederas del paramilitarismo consolidan su control territorial y amenazan con torpedear la tan anhelada “paz territorial” y la participación política de las poblaciones vulnerables.
Este es el caso del pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge, que habita en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el sur de Córdoba. Hoy por hoy este pueblo sigue sufriendo amenazas y ataques directos de grupos armados surgidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, como son el Bloque Gaitanista y el conocido como “Clan Úsuga”.
Según voceros de la comunidad, esas organizaciones armadas se han fortalecido durante el último año y son causantes de incontables amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, además de haber institucionalizado la extorsión sobre ganaderos, grandes comerciantes, mineros artesanales y hasta moto-taxistas.
Las pruebas presentadas por los líderes Zenú dan cuenta de 49 asesinatos a partir de 2008. Los últimos hechos violentos se produjeron entre junio y agosto de este año y acabaron con la vida de tres jóvenes menores de 25 años de edad. De los 49 casos, apenas 31 se han denunciado ante la Fiscalía y solamente uno se encuentra en investigación.
En palabras de la gobernadora local del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, (Montelíbano), “el 17 de junio llegaron 2 hombres a mi casa, me dijeron que yo patrocinaba muchas cosas y que iba a tener muchos problemas, a las dos semanas asesinaron a un joven que hacia parte del proceso de Consulta Previa. También tuvimos que sacar al secretario del Cabildo, que fue declarado objetivo militar. Por acá hay una violencia grande, ahora estamos obligados a pagar una vacuna (...) el que no paga “se va de cajón” nos dijeron anteayer”.
Testimonios como el anterior fueron recolectados durante la Mesa de Trabajo y Seguimiento a la Situación en Derechos Humanos del Pueblo Indígena Zenú del Alto San Jorge, que sesiono el pasado 8 de septiembre en el Municipio de Montelíbano.
La situación resulta aún más preocupante cuando los líderes indígenas aseguran que dichos actores armados patrullan calles y caminos utilizando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.
La guerra sigue
Indígenas Zenú en el municipio de Pueblo Nuevo en Córdoba. Foto: Ocha Colombia
Al contrastar las declaraciones de la población local con los registros del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP) resulta claro que el conflicto armado no solo no ha cesado sino que ha tenido momentos de mayor intensidad tras la desmovilización de las AUC en este mismo territorio, que ocurrió hace 10 años.
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP
Como puede observarse en la gráfica anterior, aunque se registran violaciones de derechos humanos por parte de las FARC, en la región dominan las acciones de los grupos paramilitares posteriores a la desmovilización de las autodefensas.
La última edición de Revista Noche y Niebla, dedicada a difundir los hallazgos del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP alerta sobre el aumento de las amenazas de estos grupos contra los defensores de derechos humanos en todo el país. El contenido de estas amenazas, así como el de panfletos y comunicados de aquellos grupos armados muestra un grado creciente de sofisticación ideológica y organizacional, que cada vez los aleja del fenómeno de bandas criminales o “BACRIM” – como el gobierno insiste en denominarlos- para acercarse a lo fue el paramilitarismo
En todo caso, para las poblaciones locales el paramilitarismo sigue siendo un hecho subvalorado por el gobierno.
Sin protección
Vista aérea del río San Jorge en su paso por el municipio de Montelíbano en Córdoba. Foto: Kool
En todo caso, para las poblaciones locales el paramilitarismo sigue siendo un hecho subvalorado por el gobierno. Esta actitud se traduce en la desprotección de las víctimas y particularmente de las comunidades organizadas de la región.
Frente a la situación del pueblo Zenú del Alto San Jorge la única entidad del Estado que ha intervenido hasta ahora es la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de medidas aisladas en materia de transporte, teléfonos celulares y chalecos antibalas para algunos de sus líderes. Y estas medidas por supuesto son insuficientes ante amenazas tan bien organizadas.
Aunque desde 2013 la UNP firmó un acuerdo con las autoridades indígenas para ofrecer protección al pueblo en su conjunto, las respectivas medidas no se han llevado a la práctica. Según la asesora de la Dirección General asignada a esta región, el retraso se debe a la ya anunciada crisis financiera de la institución.
Por otro lado, la estrategia conocida como de “zonas de consolidación territorial” presenta fallas muy serias. Incluso en su documento diagnóstico se cometen errores, como ubicar el resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento en inmediaciones del Nudo de Paramillo, confundiendo a la población indígena costera de los municipios de Tuchín y Tolu Viejo con sus hermanos del sur. Este desfase de 150 kilómetros es muestra del desconocimiento por parte del Estado de la realidad que vive el pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge.
Como están las cosas, el sur de Córdoba se perfila como una de las regiones más difíciles durante el posconflicto. La firma de la paz y la consecuente desmovilización sin un adecuado manejo integral por parte del Estado pueden llevar a repetir los hechos del pasado: reacomodamiento de fuerzas que se disputan el control del territorio sin que disminuya o se acabe la victimización de la población civil y de las organizaciones sociales y étnicas.
La situación es grave y hasta ahora ninguna entidad pública central, regional o local ha mostrado ser capaz de proteger a las comunidades. La persecución sistemática del pueblo Zenú del Alto San Jorge despierta serias dudas sobre las garantías de seguridad de toda la región y frente a la participación en el escenario público de las poblaciones más vulnerables del departamento.
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*Antropóloga e investigadora del equipo Movilización Tierra y Territorio del CINEP/Programa por la Paz
http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8982-neo-paramilitarismo-principal-amenaza-para-la-paz-territorial.html?
Denuncian que paramilitarismo amenaza la paz en Colombia
El paramilitarismo busca entorpecer los avances de paz, con sus diferentes actos violentos en Colombia, alertó un dirigente.
David Flórez, representante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, denunció que el paramilitarismo en Colombia amenaza el proceso de paz en la nación, luego que ésta ha avanzado en el proceso de paz con la guerrilla.
De acuerdo con el dirigente, estas acciones violentas de los paramilitares entorpecen el fin del conflicto, que tiene más de 50 años; considerado el más largo de la historia.
Durante un contacto en Agenda Abierta de teleSUR, Flórez habló sobre los desplazamientos que se siguen generando gracias a las operaciones de estas fuerzas que a su juicio actúan en conjunto con la Fuerza Armada.
“Además las grandes masacres en Colombia del paramilitarismo, han tenido participación directa e indirecta del Ejército”, señaló el representante de la Marcha Patriótica.
Comentó que hasta la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), ha demostrado esto, sin embargo, “ el Gobierno colombiano no ha querido reconocer a dicha organización”.
Recordó que el Estado ha catalogado a esos grupos que generan desplazamientos y asesinan campesinos, como bandas criminales (badcrim).
Según Flórez, el paramilitarismo debe asumirse tanto en Colombia como el resto de América Latina, como algo que engloba “más de 200 ó 300 hombres armados”.
A su juicio, el paramilitarismo posee un control económico, social y político, que va desde “el dominio de la minería, ganadería, contratación pública hasta representantes en la Cámara de diputados”.
En ese sentido, aseveró que se debe “castigar a los partidos políticos que siguen aupando a estos grupos”.
Asesinato de campesinos; otra amenaza a la paz
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Lorena Hoyos, señaló que los campesinos de Casanare, departamento del noroeste de Colombia, han expresado su rechazo por el asesinato de su líder Daniel Abril el pasado viernes.
El crimen estaría asociado al amedrentamiento de los grupos paramilitares, sobre los habitantes de las zonas rurales que aspiren a participar en movimientos a favor de los acuerdos de paz.
Cabe recordar, que Abril era integrante del movimiento social del Centro Oriente colombiano, que entre sus objetivos promovía la defensa de derechos humanos.
Además, Hoyos indicó que los campesinos en Colombia han denunciado diferentes casos de extorsión.
En contexto
En La Habana, Cuba fue firmado un acuerdo de 13 puntos entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), para lograr la paz en ese país, luego de tres años de diálogos.
En Colombia, nació el proyecto “Mesa Social”, que busca conocer las denuncias de los más afectados por el conflicto, centrado en los habitantes de localidades rurales además, de permitirles brindar sus propuestas para materializar el proceso de paz.
Colombia Acuerdos de paz Paramilitarismo Extorsión
Por: teleSUR/sg-JA
http://www.telesurtv.net/news/Denuncian-que-paramilitarismo-amenaza-la-paz-en-Colombia-20151116-0024.html.
