Tras los acuerdos de La Habana se impone abrir canales a la participación de las mayorías
En los últimos 30 años hemos tenido varios procesos de paz, algunos acuerdos firmados entre insurgencias y gobierno, y pocos cambios reales en la forma como se organiza y se construye nuestro país.
Por Sebastián Quiroga Pardo
El paso fundamental que se dio en La Habana aún deja muchos desafíos pendientes si pretende realmente ser un punto de quiebre hacia la construcción de una paz estable y duradera, analiza Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos; propone “un quiebre profundo en la dinámica política colombiana” que de lugar a una […]
El paso fundamental que se dio en La Habana aún deja muchos desafíos pendientes si pretende realmente ser un punto de quiebre hacia la construcción de una paz estable y duradera, analiza Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos; propone “un quiebre profundo en la dinámica política colombiana” que de lugar a una “verdadera democratización del país”.
La violencia que caracteriza el conflicto social, político, económico y armado en Colombia tiene diversas causas y consecuencias, una de éstas es la inexistencia de espacios de participación para las mayorías en la construcción del país. La falta de espacios de participación ha generado violencia, así como la violencia ha cerrado aún más los espacios para participar y construir alternativas.
Conocer la historia
Las múltiples guerras del siglo XIX, cuya historia es preciso conocer, fueron comandadas por las elites del partido liberal y conservador, que enfrentaron a sus ejércitos campesinos por el control de rentas y el dominio territorial, en el marco de una discusión nacional vacía entre el federalismo y el centralismo.
En el siglo XX y lo que va del XXI, desde la masacre de las bananeras hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las detenciones de mis compañeros del Congreso de los Pueblos, pasando por el Frente Nacional y los largos años de dictaduras civiles, la violencia política hizo presencia involucrando cada vez más a las mayorías en su confrontación, y marginándolas de los espacios de participación política.
En este siglo el régimen político colombiano decidió darle tratamiento militar a la protesta y la lucha social. Combatió como enemigos a quienes plantearon, desde la movilización o las urnas, la necesidad de construir un país soberano, equitativo y democrático, distinto al que la oligarquía fue discutiendo con los jefes norteamericanos. De esta manera se cerraron las vías de la discusión democrática, y se abrieron las de la violencia, el exterminio, la persecución y la resistencia.
Por eso Colombia no sólo es un país profundamente desigual e inequitativo; es además un país con altos niveles de violencia hacia los líderes sociales, sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos, y es un país donde las mayorías no confiamos ni participamos de los mecanismos electorales, supuestamente democráticos.
Así, se articula la desigualdad social y económica con la desigualdad política: solo unos actores inciden en los rumbos del país mientras las mayorías estamos al margen, inmersos en situaciones complejas de violencia política, social y económica. Es decir, perseguidas, asesinadas, marginadas, sin oportunidades de vida individual y colectiva, y sin espacios de participación.
Entender que la paz y la violencia en Colombia tienen que ver con esta actitud política e histórica de las elites es fundamental para encontrar las claves que nos permitan superar décadas y siglos de confrontación y derramamiento de sangre.
Quiebre profundo
El proceso de diálogo que hoy protagonizan las FARC y el gobierno nacional tiene retos claves en ese sentido: involucrar al conjunto de la insurgencia armada en una perspectiva de negociación, y no de rendición o imposición; despertar simpatía en las mayorías abstencionistas que desconfían de la política en Colombia, con todas las razones para hacerlo; desactivar a los sectores guerreristas del régimen y desmontar sus aparatos armados, militares y paramilitares.
Pero el reto mayúsculo de este proceso de diálogo, solución política y construcción de la paz con cambios y justicia social, es hacer un quiebre profundo en la dinámica política colombiana, abriendo los espacios y los canales para la participación masiva de las mayorías: es decir, producir un proceso de democratización. Este reto se hace más urgente con la andanada de detenciones, amenazas y asesinatos que se ciernen en torno a los dirigentes sociales en lo corrido de este año. En este sentido diversas organizaciones sociales hicieron un llamamiento a fortalecer la participación (http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/776-llamamiento-a-fortalecer-la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-de-paz.html) y a constituir una mesa social de diálogo, “para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos socio-políticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz”.
Diferentes sectores han dicho que un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sería una revolución política; no obstante, la verdadera revolución política que Colombia necesita es avanzar decididamente en una apertura que vincule de manera masiva a las mayorías en el proceso de construcción democrática de un país en paz.
En los últimos 30 años hemos tenido varios procesos de paz, algunos acuerdos firmados entre insurgencias y gobierno, y pocos cambios reales en la forma como se organiza y se construye nuestro país. Ojalá podamos revolucionar políticamente a Colombia, con amplia participación popular, y aportemos de esa manera a la paz del continente, la unidad latinoamericana y los sueños de un nuevo continente.
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* Sebastián Quiroga Pardo es vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia
http://kaosenlared.net/colombia-tras-los-acuerdos-de-la-habana-se-impone-abrir-canales-a-la-participacion-de-las-mayorias/
