La destitución arbitraria de Petro:
la derecha quiere reconquistar a Bogotá
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
La suerte de Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá, se selló el día que el presidente candidato Juan Manuel Santos escogió a Germán Vargas Lleras como su fórmula para la vicepresidencia de la República. Si en el mes de enero Santos públicamente señaló que acataría las decisiones de la Justicia tanto nacional como internacional y respetaría los derechos de Petro, esto varió cuando Vargas Lleras ingreso de lleno a la campaña presidencial. Y esto tiene que ver con el papel que Vargas Lleras ha asumido en la campaña reeleccionista. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que quien conduce la campaña en temas trascendentales es Vargas Lleras. Y justamente Vargas Lleras hizo de la destitución de Petro una de sus banderas. La muestra más fehaciente de que iba por la cabeza del Alcalde la constituyó la firma en acto de campaña del llamado Pacto por Bogotá que en realidad es un programa alterno de desarrollo y de gobierno para la ciudad. Tomando los problemas principales de la ciudad en algunos puntos de manera claramente oportunista, Vargas Lleras y Santos lanzaron un pacto que toma como puntos centrales entre otros el tema de la seguridad en que se minimizan los grandes e importantes logros de la política de desarme que implantó Petro y que por los graves problemas de comunicación que la Alcaldía ha tenido para comunicar sus aciertos mantiene una sensación de inseguridad aunque las cifras y la realidad sea otra.
En este Pacto que debería llamarse “Vamos por el gobierno de Bogotá” se tratan problemas en los cuales la administración Distrital ha enfrentado es verdad serios retos a los cuáles no ha sabido responder con prontitud como el problema de la movilidad y allí asume banderas que esta administración viene trabajando como el metro y los cables aéreos para Ciudad Bolívar y Usaquén, por ejemplo. En otros temas como la jornada única escolar hay reconocer el atraso en la ejecución de dicha política que fue una bandera de Petro, pero que ha tenido serios tropiezos en su implementación así como el tema de la niñez. Todo ello se adoba con demagogia frente a la vivienda de interés social y prioritario, las llamadas casas gratis en el cual la confrontación entre el gobierno nacional y el Distrital es de público conocimiento. Menos creíble resulta el compromiso con la Salud en donde este gobierno ha sido incapaz de aprobar una política que realmente garantice los derechos de los ciudadanos a una salud digna y en dónde el Distrito ha mostrado aciertos en medio de un sistema nacional de salud que se montó no para la garantía del derecho sino de las ganancias de los operadores del sistema vale decir de las EPS.
Pero el mensaje central de dicho evento realizado en la localidad de Kennedy era sumamente claro: vamos por Bogotá y si ello pasaba por no reconocer las medidas cautelares que la Comisión le otorgó a Petro pues no importa, este mensaje del pacto por Bogotá finalmente fue el que decidió la suerte de Petro y del proyecto político que él encarna. Y aquí no se trata de ocultar las fallas de este gobierno y del propio Petro con muchas limitaciones para conformar un equipo de gobierno audaz pero eficaz. Es evidente que hubo improvisaciones en el nuevo esquema de recolección de las basuras y eso se ha hecho evidente a lo largo de todo el proceso. El último episodio el de los camiones recolectores comprados a la firma Daewoo, que no contaba con talleres para su mantenimiento en la ciudad.
Pero, el proceso a Gustavo Petro demostró la crisis de la Justicia colombiana. Lo que existe es una pugna entre una justicia que trata de velar por los derechos como la expresada en los fallos de las tres salas del Tribunal de Cundinamarca y del Distrito de Bogotá que avalaron el uso de la tutela para proteger los derechos de Petro y sus electores y una justicia formalista como la expresada en los fallos del Consejo de Estado en que no se protegen los derechos de Petro, pretextando que la tutela no es la vía para su protección sino que debe demandar el falló del Procurador ante el propio Consejo de Estado. Ignorando que el fallo del Procurador como lo dicen bien las sentencias de los tribunales regionales que lo destituyó e inhabilitó por 15 años, fue un proceso amañado, arbitrario, sin segunda instancia negando pruebas que la defensa había solicitado y a pesar que la propia justicia contencioso administrativa ha dicho que el decreto que puso en marcha el nuevo esquema no viola la Constitución Política, que es uno de los argumentos de Ordoñez para la destitución de Petro. Esto es lo que dice la parte motiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el pronunciamiento que le concedió las medidas cautelares que Santos no acató. El fallo del Procurador no resiste un análisis serio entre otras cosas porque como bien lo dijeron los magistrados del Tribunal de Cundinamarca el esquema nuevo de recolección de basuras es una política pública y como tal sus resultados no son ciento por ciento predecibles. La extralimitación del poder y el uso arbitrario del mismo son motivos que en un sistema judicial serio que no tenemos en Colombia -con honrosas excepciones- terminará examinando la Corte Interamericana a donde finalmente llegará el caso del Alcalde de Bogotá.
La decisión de Santos es política sin apego a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que en por lo menos cinco sentencias ha dicho que las medidas cautelares son vinculantes para el Estado colombiano y no meras recomendaciones como los señaló el Gobierno, por boca del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez. La defensa jurídica de Petro ha emprendido dos acciones que serán resueltas antes de que se realicen las elecciones para sustituirlo, que deberán realizarse en los próximos 55 días. La primera, ya interpusieron una acción de Tutela en el Tribunal de Cundinamarca por el no acatamiento por parte del gobierno de las medidas cautelares otorgadas a Petro por la CIDH. La segunda solicitarán a la Comisión que pida unas medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los dos últimos recursos extraordinarios que tiene Petro para recuperar su cargo como alcalde mayor de la Ciudad.
Entretanto los despojadores del poder se frotan las manos por recuperar el segundo cargo más importante del país con un presupuesto que supera los 14 billones de pesos al año. Quieren ingresar por la puerta de atrás. Por ello las salidas que tienen los progresistas que eligieron a Petro no son otras que enviar a Santos una terna de muy buena calidad para que asuma transitoriamente y cuanto antes los destinos de la ciudad y en segundo lugar presentar una candidatura que recoja la indignación y defienda la Bogotá Social que se ha construido durante los últimos 20 años. La lección que los ciudadanos deben dar a quiénes pretenden asaltar las reglas de la democracia por la vía de una justicia venal no es otra que convertir la indignación en votos, en decisión ciudadana para refrendar un mandato que deje a los grandes medios de comunicación y a las élites con un palmo de narices. Este es el reto y Petro y los progresistas deben entender que ese es el camino.
Edición N° 00392 – Semana del 21 al 27 de Marzo – 2014
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0392/articulo01.html
