Hay que atender las causas de las protestas agrarias y mineras
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Jorge Enrique Robledo
De todo puede acusarse a los colombianos, menos de precipitados e intransigentes, incluso ahora que las protestas agrarias y mineras sacuden el país. Por el contrario. Según lo mal que funcionan las cosas para tantos en Colombia, más bien parecen reencarnaciones de Job, el paciente personaje bíblico. Notorio contraste con los países del vecindario.
Luego lo sensato, en vez de que Santos, sus ministros y sus paniaguados arrecien los ataques contra los que con razón reclaman, es preguntarse: ¿cómo explicar que campesinos, indígenas y empresarios del café, la papa, el cacao y el arroz acometan la muy dura faena de apostarse en las carreteras y en medio de la represión oficial? ¿Por qué mineros artesanales y empresariales toman la misma decisión? ¿El problema se reduce a una mezcla de malos colombianos con idiotas, manipulados por guerrilleros, paramilitares y politiqueros?
Desde César Gaviria, el país sufre por la plaga del libre comercio, la peor política agraria imaginable para Colombia. En ese lapso, con la sal en la herida de tanta demagogia barata, desaparecieron el trigo, la cebada y el sorgo, agonizan el algodón, el maíz y los granos, estamos inundados de frutas y hortalizas extranjeras y en 2012 se importaron casi todo el café de consumo nacional y más de 300 mil toneladas de azúcar, que también lesionan a la panela. Y avanzan los TLC contra el arroz, las oleaginosas, los lácteos y los cárnicos. Cuánta ruina y pobreza. Ante este desastre, ¿el deber es sonreír y darle gracias a Santos?
Las gentes del campo cumplen con su deber de producir de la mejor manera, pero los gobiernos no cumplen con el suyo de propiciar las condiciones necesarias para que puedan hacerlo. Es obvio que ningún esfuerzo campesino o empresarial puede contrarrestar una revaluación del 40 por ciento ni los altos costos del crédito, los combustibles y la electricidad, la falta de vías y los subsidios extranjeros, el nulo respaldo del Estado a la ciencia y los precios abusivos de los insumos. Y cuando los productores protestan, el santismo los cubre de improperios y les incumple los acuerdos, como no se los ha cumplido a cafeteros, paperos y arroceros (bit.ly/197vydP). Cuánta agresividad, además, contra los empresarios corrientes, mientras los neoliberales imponen un capitalismo subdesarrollado, de banqueros y trasnacionales, experto en ordeñar al Estado, en llenarse de rentas y en descalificar a todo el que no sea de su rosca.
En el caso de los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, las cosas son, si cabe, peores. El editorial de Portafolio del 18 de julio de 2013 dice que el Decreto 2235 del 2012 “permite la destrucción de la maquinaria que se encuentre presente en áreas en donde sus operadores no posean licencias ambientales o títulos mineros”, verdad que muestra que se la dinamita, no por ser de guerrilleros o paramilitares, sino porque hace falta un papel. Con un agravante inaudito: ese decreto –que no una ley, para evadir la revisión de la Corte Constitucional– elimina por completo el debido proceso. Sin que medie acto judicial, la policía investiga, acusa, condena y hace de verdugo, destruyendo los equipos, entre los que están los escasos de los mineros artesanales.
Y a este horror contra todo criterio democrático se le suma la campaña de mentiras para presentar a cada minero informal como criminal, cuando se trata de personas respetables, con frecuencia hijos y nietos de mineros, que no logran formalizarse porque no se lo permite la insondable corrupción de las entidades mineras del Estado, la voracidad de las trasnacionales que acaparan los derechos y sobre todo la decisión de Santos de reservarles la minería a los extranjeros, a quienes les permite destrozar el medio ambiente, maltratar a los trabajadores y no pagar las regalías y los impuestos que deberían pagar.
Con la mente puesta en la afirmación del cura párroco de Caucasia de que allí “sin minería no hay economía”, hay que promover una política minera que lleve a hacer bien las cosas en todos los aspectos, una política en la que quepan los pequeños mineros artesanales y empresariales, así carguen con el “crimen” de no ser monopolistas extranjeros.
Coletilla: el embajador en Washington dice que no responde a las preguntas sobre su papel en las compras ilegales de tierras, porque no tienen que ver con su cargo. ¿La corrupción no tiene que ver con la estabilidad de los funcionarios del cuerpo diplomático? (bit.ly/1bO5iEK).
Jorge Enrique Robledo
Senador PDA
