¿Ilegalidad al servicio de un pésimo modelo agrario?
Jorge Enrique Robledo
Cuando congresistas del Polo destapamos -porque lo tenían tapado- que poderosas empresas nacionales y extranjeras, asesoradas por firmas como Brigard & Urrutia, del embajador de Colombia en Washington, violaron la ley para despojar al campesinado de decenas de miles de hectáreas de tierras de reforma agraria, algunos nos tratan como cuasiculpables y contribuyen con el tapen-tapen de tres maneras: endiosan la gran producción agraria, declaran a los campesinos un obstáculo para el progreso y señalan a la izquierda democrática de enemiga del agro. Antes Colombia no está peor. Pero vamos al debate.
La primera causa del desastre agrario colombiano es el libre comercio, diseñado para reemplazar el trabajo nacional, de campesinos y empresarios, por el extranjero. Esa política ha avanzado contra la posición del Polo, y mientras se mantenga, el agro no tiene futuro. ¿Quiénes son los enemigos del progreso del campo? ¿Los que con su neoliberalismo lo tienen postrado o los que decimos que hay que cambiar la actual política agraria, la peor posible?
Son prueba reina de la pésima situación del agro que se importen más de 10 millones de toneladas de productos del campo, que apenas haya cuatro millones de hectáreas de agricultura y que, a la par, existan más de 20 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas, en medio de pobrezas y miserias que avergüenzan.
Y Colombia tiene la mayor concentración de la propiedad de la tierra rural del mundo. Luego no resiste análisis decir que la gran propiedad territorial genera automáticamente desarrollo agrario. La verdad es que lo que hoy predomina en el campo no es el negocio de producir bienes agropecuarios sino el de especular con el alza del precio de las tierras, convertidas en “lotes de engorde”. Además, hay muchos estudios, aquí y en el exterior, que demuestran la alta capacidad productiva del campesinado libre (http://db.tt/Iz34qV96), al que quieren despojar para desplazarlo o convertirlo en jornalero.
Quienes silencian o minimizan la gravedad del despojo ilegal de los campesinos, al igual que la actitud del gobierno de Santos de alcahuetearlo, levantan la teoría de la particularidad de la Altillanura para justificar lo injustificable. Al respecto, 1. En esa región también debe regir el Estado de derecho y, ¡ojo!, lo que están aplicando y apliquen allí también se aplica en el resto del país. 2. Es falso que en Brasil sólo haya gran producción, porque un porcentaje importante de su agro es economía familiar (http://db.tt/uB8EbEuI). 3. Tampoco es cierto que en la Altillanura no pueda darse economía de campesinos y de empresarios que no sean magnates, contra quienes también va el discurso excluyente del capital financiero. La consigna debe ser “por un desarrollo democrático de la Orinoquia”, en el que quepan productores de todos los tipos.
Contra el rotundo fracaso de la política agraria de nuestros contradictores, el Polo propone un agro de tipo dual. De campesinos e indígenas, por un lado, y de empresarios y obreros agrícolas con derechos laborales, por el otro. En los dos casos con la suficiente protección del Estado, lo que implica que no haya nuevos TLC y renegociar los firmados. En el campo empresarial merecen especial respaldo los pequeños y medianos, a quienes también maltratan, como al campesinado. También deben fijarse límites cuantitativos a la extranjerización de la tierra, excluirla de los subsidios del Estado colombiano e impedir los fraudes que se hacen en su nombre. José Antonio Ocampo considera “aberrante (...) lo más grotesco que he escuchado (...) los colombianos que se van al exterior para tener protección como inversionistas extranjeros en sus propias tierras” (Semana, Jun.14.13).
Ya habrá espacio para detallar lo que pasa en la Altillanura. Pero dejo una pregunta: ¿por qué hablan tanto de la palma aceitera allí, si según Fedepalma no existe paquete tecnológico para cultivarla en esa región? Bienvenido el debate sobre el agro. Pero no para el tapen-tapen que les sirve a pocos, sino para encontrar las políticas que lo saquen de la pavorosa postración en que se encuentra.
Se supone que Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, no tiene corona. ¿Por qué, entonces, puede violar la Ley 5 de 1992 y no responder las preguntas de este senador? ¿Y por qué la ministra María Ángela Holguín se lo permite? (http://db.tt/HAW7Rtr8).
Jorge Enrique Robledo
Senador PDA
